2012: Petróleo, droga y territorio

ESCRITO POR JOHN SAXE-FERNÁNDEZ    "Al tiempo que Estados Unidos flexibilizó el tráfico de armas a México en 2004, se intensificó el lavado de dinero", afirma el catedrático d ela UNAM Resumen Latinoamericano/La Jornada - De cara a 2012 enfrentamos un panorama riesgoso ante un complejo contexto de fuerzas domésticas y externas en que la dinámica entre petróleo, drogas y territorio es crucial, tanto para el proyecto histórico de la nación, como para la relación con Estados Unidos y el orbe. El aumento en el precio del crudo, similar al que en 2008 afectó la economía mundial, se atribuye a los eventos en África del Norte y Medio Oriente, así como a operativos político-militares del Pentágono (DdD), la CIA y la OTAN, ahora en Libia, el treceavo exportador mundial de petróleo con 1.4 millones de barriles diarios (mbd), cuya producción se ve mermada y su ausencia se resiente por ser un crudo superligero, muy cotizado. Si bien se reclama a la OPEP no aplacar los precios, la inquietud se torna zozobra ante la duda de que la capacidad ociosa (CO) que se le asigna de 4 mbd (de los que Arabia Saudita maneja entre 3 y 3.5 mbd) esté siendo rebasada: según la AIE en 2010 la demanda mundial creció 2.7 mbd y se prevé que aumetará 1.5 mbd en 2011, y otros 1.5 mbd en 2012 (The Economist, marzo, 2011). Ante esta inusual ampliación de la demanda y los límites físicos por el agotamiento del petróleo convencional (y otros recursos), se profundiza la escasez, impactando la naturaleza misma de la crisis capitalista, acicateando la conflictividad y las guerras, invasiones y ocupaciones por los recursos. En México los efectos son profundos: nación petrolera que, según el gobierno, agregó en cuatro años 5.7 mil millones de barriles equivalentes a su reserva (por certificar), linda con Estados Unidos, importador mayor de crudo, cuya reserva llegó a su techo en los años setenta y que alienta, como notó Cuauhtémoc Cárdenas, la guerra preventiva y los contratos incentivados: asuntos nodales de cualquier programa político. En 2008 PRI y PAN impulsaron una reforma energética que abrió las tareas sustantivas de Pemex y sus campos petroleros al outsourcing y firmas tipo Halliburton, vinculadas al aparato de seguridad estadunidense. Esa hazaña antinacional se consumó cuando ya el esquema de guerra no convencional del DdD, adoptado y perpetrado por Calderón bajo la noción de encontrar lo que tienen en común terrorismo y seguridad, y narco y seguridad (Cable 06-MEX-3081) avanzaba en sus objetivos reales: la entrega a Estados Unidos del proceso de toma de decisiones en materia de seguridad, la fragilización de la jurisdicción territorial y la desactivación de la función de defensa nacional, asignando a las FAM actividades de seguridad pública, con graves e imprescriptibles violaciones al derecho penal internacional, y con desgaste de la base logística ante cualquier hipótesis de agresión externa. Es un imperdonable error histórico que enluta, junto a más de 37 mil familias, a toda la nación. Un crimen de lesa patria bajo auspicio mediático de una oligarquía corrupta; de la Iniciativa Mérida y del Comando Norte de Estados Unidos, ente encargado de captar, en medio del baño de sangre, la función de defensa nacional. Todo a favor de la narco-potencia: primer consumidor de droga y de crudo, principal abastecedor de armas a cárteles y Ejército por igual, y lavadora mundial –junto a Londres– que impulsa su injerencismo sobre Pemex y la renta petrolera: sabe que en 2012 se finiquita la CO mundial y que en 2015 el déficit de petróleo podría llegar a los ¡10 millones de barriles diarios! Al tiempo que Estados Unidos flexibilizó el tráfico de armas a México en 2004, se intensificó el lavado de dinero, con leves sanciones al Wachovia Bank de Wells Fargo, por la transferencia de ¡378 mil 400 millones de dólares! en pocos años, el periodo que, a decir de Ed Valliamy (The Observer, 3/IV/2011)...coincide con la intensificación de la violencia a lo largo de la frontera, que accionó la actual guerra al narco. Desde entonces, banca y operativos tipo rápido y furioso agudizan caos y violencia, el caldo de cultivo para alentar impulsos demográfico-empresariales de corte secesionista/anexionista. ------------------------------ El negocio de los contratistas privados en Afganistán ESCRITO POR PEDRO BLAS GARCÍA

Mercenarios disfrazados de contratistas se encuentran todavía en Afganistán bajo la premisa de asesinar y ganar dinero Resumen Latinoamericano/Prensa Latina -  Desde 2001, cuando se inició la Operación Libertad Duradera en Afganistán, el gobierno estadounidense desplegó una tenaz política para intensificar la participación de mercenarios en esa intervención armada, que es una guerra no declarada. Esos soldados de fortuna han sido presentados con el eufemístico término de "contratistas privados", algo muy aberrante porque los verdaderos "contratistas" son las empresas privadas que conveniaron su reclutamiento mediante pago. Washington justifica el empleo de esos "contratistas privados" con el argumento de que tienen como objetivo garantizar la "seguridad personal" y limpiar de "enemigos" a ciudades y zonas rurales. Después de 10 años de ocupación, fuentes del Congreso estadounidense admiten que en ese país asiático existen más de 70 mil "contratistas privados", una cifra de mercenarios nunca antes empleada en la historia estadounidense. Resulta también destacado que ese número supera a los casi 60 mil militares profesionales mantenidos por el Pentágono en tierras afganas. Empresas como Blackwater - seriamente cuestionada por sus actuaciones en Iraq - o Dyncorp, entre otras, son las que contratan a este tipo de elementos y "entrenan" a la policía del gobierno de Hamid Karzai. También esas firmas son las encargadas de escoltar caravanas de combustible y aprovisionamiento o dar servicios de seguridad a funcionarios afganos o extranjeros, incluyendo a los de Naciones Unidas o de cualquier otra compañía. Las cifras más conservadoras publicadas en medios informativos como la Agencia Kali Yuga o en sitios de Internet de la insurgencia afgana, calculan en más de 90 las entidades financieras que tienen a su servicio "contratistas privados" o mercenarios. Según esas denuncias ese personal se encarga brutalmente de la represión y del desalojo de pobladores de las zonas rurales, donde habitan cerca del 90 por ciento de los afganos. El comentarista radial y escritor estadounidense Jim Hightower afirmó que la compañía Dyncorp tuvo un contrato desde el 2006 por mil millones de dólares para entrenar a la policía de Karzai. A fines del 2010, directivos de la empresa declararon confidencialmente que esos entrenados policías "resultaron incapaces de realizar trabajos rutinarios de mantenimiento del orden", afirmó Hightower. No obstante, agregó, Dyncorp firmó otro contrato por 320 millones de dólares con similares objetivos con el gobierno de Kabul. Otros secretos El gobierno de Estados Unidos, que gasta como promedio unos dos mil millones de dólares mensuales en Afganistán, no ha divulgado de manera oficial que dichos "contratistas privados" intervienen en obras de infraestructuras, trabajan en la seguridad de diversas instalaciones, entrenan a los militares de Karzai y participan incluso en interrogatorios en centros de detención en Kabul y en capitales provinciales. Videos y fotos difundidos en la conocida cadena de Internet You Tube muestran torturas y maltratos a prisioneros, escenas brutales protagonizadas por los llamados "contratistas privados". A ese personal se le asocia, según múltiples denuncias, con el asesinato de medio centenar de civiles en varias regiones afganas entre el 2010 y el 2011. La situación ha obligado al propio presidente Karzai a expresar a las autoridades de ocupación estadounidenses: "esto significa que ustedes están creando fuerzas paralelas a las instituciones afganas y que no quieren que las empresas de seguridad privada se disuelvan". El mandatario afgano ha intentado instrumentar medidas para el cierre de esas compañías y mencionó plazos indefinidos al respecto. Pero la posición de Karzai, calificada de muy débil por la insurgencia afgana, tiene enfrente la de los funcionarios estadounidenses, los cuales han reiterado que se necesitan otros miles de guardias privados para la seguridad en el país. Por otro lado, las denuncias del movimiento Talibán afgano y de otros medios insurgentes, ubican a un buen número de "contratistas privados" o "mercenarios", como les califican, en el tráfico de drogas. Esas fuentes opositoras insisten en que la intensificación del cultivo de amapolas para producir opio se incrementó en más del 40 por ciento en los últimos dos años y eso ocurre precisamente en las localidades urbanas y rurales controladas precisamente por los "contratistas privados". De acuerdo con todas las fuentes políticas afganas, incluyendo las del propio gobierno, ninguna opinión favorece a quienes promueven el incremento de los "contratistas privados" en un país que sufre una crisis peor que la iraquí y cuyo estatus es imposible de clasificar en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, ante la carencia de datos existentes en todos los órdenes. (*) El autor es jefe de la Redacción Asia y Oceanía de Prensa Latina.