miércoles, 8 de agosto de 2012

Juicio a las fumigaciones: crónica de los alegatos de la fiscalía


Crónicas desde la audiencia /// Día 15: los alegatos de la Fiscalía

El fiscal instructor, Carlos Matheu, se refirió además a “recomendaciones” para el Ministerio de Salud Pública de la Nación, el SENASA y el Gobierno Provincial. Destacó la prohibición de las fumigaciones aéreas a partir de la creación de una Ley Nacional de Agroquímicos, la recategorización y modificación del manual de procedimientos del SENASA, creación de laboratorios públicos y fiscalización del cumplimiento de la ley. El endosulfán, aclaró, debería estar prohibido “desde ayer”.
Dentro de las penas se solicitó prisión efectiva de cuatro años para el productor Francisco Rafael Parra y tres para el aviador Edgardo Pancello. Para el tercer acusado, el productor Jorge Alberto Gabrielli,  se pidió la absolución por falta de pruebas. Advirtieron al Tribunal que, si no considera pertinente las condenas efectivas, sentencie a Parra y Pancello a realizar trabajos comunitarios en centro de salud estatales, en dispensarios o en un hospital oncológico.
Llegado el mediodía, Carlos Matheu, inicio su alegato enmarcando al relevancia y trascendencia del juicio como “el primer proceso en Argentina por contaminación dolosa con el uso de agroquímicos para la salud humana y los márgenes de seguridad a adoptar para evitar daños en la salud humana”. Aclaró que si bien la actividad de fumigación es lícita avalada por el SENASA, puede transformarse en delictiva por violar leyes de agroquímicos, ordenanzas municipales y el principio precautorio.
Paso seguido enumeró los requisitos para la contaminación dolosa donde según la ley 24.051 está claramente incluido el tema agroquímicos porque son sustancias que cuando se esparcen por tierra, agua o ambiente se convierte en residuos peligrosos. Como antecedente, sitúa el fallo del Tribunal de La Plata donde el petróleo al derramarse sobre el río se transformó de sustancia a residuo peligroso.

También se refirió a la deriva y la dispersión –ejemplificando con el testimonio de Tomasoni – y recordó que la temperatura y humedad alta favorecen la deriva del agroquímico. Por ello puntualizó que “en el informe del 1 de febrero de 2008 del Observatorio Meteorológico el viento soplaba al NO, es decir a Bº Ituzaingó anexo con humedad del 86% y temperatura de 26º favoreciendo la deriva”. Asimismo, explicó que este argumento se vio reforzado por el estudio de derivas de la UNC que dio por resultado que la deriva llegara hasta 700 metros hacia adentro.
En cuanto al otro requisito para considerarlo contaminación dolosa, afirma que se lleva a cabo de un modo peligroso para la salud de las personas.
Aquí recuerda el primero de los hechos donde, entre octubre 2003 a febrero de 2004, Parra fumigó en forma terrestre utilizando DDT, dieldrin, betaclor, endosulfán, violando de esta manera la ordenanza municipal vigente.
Glifosato, endosulfán y la fumigación en ambas causas
En su extensa alocución el Fiscal Matheu destacó la información que biólogos, investigadores y epidemiólogos fueron prestando en la causa sobre los diferentes agroquímicos y su influencia en la salud. Con respecto al Glifosato remarcó la disertación de Carrasco quien afirmó que “es un veneno porque mata organismos vivos”.
A modo de ejemplo citó al Tribunal de Encarnación en Paraguay con el caso del niño Silvino Taravela quien se dirige a hacer las compras y, accidentalmente, un productor en un campo cercano lo roció con Round Up. “Esa misma noche el niño empezó con mareos vómitos, lo llevo al médico y al otro día murió. El Tribunal lo hallo homicidio culposo por el glifosato que había absorbido su cuerpo” relató.
Destaca además la presencia de otros agroquímicos como Clorpirifos y 2-4 D como parte de los productos que estaban presentes en la causa del 2004. “El Clorpirifos esa considerado clase 2 con afecciones al sistema nervioso central, depresión y cáncer de piel. Peligrosidad alta en los niños .El 2-4 D también es categoría 2”, describió a continuación.
Momento siguiente cerró su exposición sobre esa causa y explicó: “entre octubre de 2003 y febrero de 2004 Parra fumigó en forma terrestre utilizando estos productos, violando la ordenanza municipal de metros de fumigación y la ordenanza que declaró en emergencia a Barrio Ituzaingó”.
“Con respecto al 1 de febrero de 2008 se utilizó glifosato y endosulfan violando la ley 9164 que establece las fumigaciones aéreas. Además de violar el Art. 58 de la franja de resguardo de esa ley, se fumigó violando el Art. 64 del Decreto 152 de la Ley Provincial de Agroquímicos donde dice que el día que se fumiga se tiene que controlar el viento y la deriva. El servicio meteorológico da cuenta que el viento soplaba exactamente en dirección a Ituzaingó Anexo”, precisó apenas iniciada su declaración sobre la segunda causa.
Cuando ahondó sobre el endosulfán, citó al biólogo Raúl Montenegro, Premio nobel alternativo en Suecia, quien había resaltado que no deben arrojarse agroquímicos próximos a poblaciones urbanas y máxime si se los arroja en forma aérea. Carrasco también fue claro al explicar que Glifosato destruye las células y el endosulfán esta discutido en todos los foros internacionales.
Recordó que “el Convenio de Estocolmo celebrado en el 2010 en Ginebra suscripto por 127 países recomendó la eliminación total del endosulfán del planeta por su peligrosidad para la salud humana; Argentina resolvió a través del Senasa en el 2011 dos cuestiones: prohibir la importación a partir del 1 de julio de 2012 y la prohibición total del 1 de julio 2013”.
Informes y críticas a la Comisión Nacional de Agroquímicos
“El centro más prestigioso de lucha contra el cáncer establece que cada 100 mil habitantes se espera 1 caso de leucemia, y en Ituzaingó donde hay 5 mil habitantes aparecieron 14”, aclaró el fiscal en su alegato haciendo referencia al estudio del 2005.
El otro estudio referenciado fue el que se le encomendó a Depetris por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donde si bien había contaminantes previos, los determinantes fueron los residuos clorados de endosulfán. También vio que de los 109 casos de cáncer, 40 eran de las zonas mas próximas a los campos (unas cuatro manzanas con cuarenta casos por eso lo llamaron el manchón epidemiológico).También aclaró que el estudio de la cátedra de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC llego a una conclusión similar a la de Depetris, coincidiendo que el factor preponderante de la contaminación fue la utilización de endosulfán por via aérea.
“Los estudios de biomarcadores del 2005 cuando le sacaron sangre a 30 niños, se encontraron 26 con agroquímicos u órganos clorados. Ahí se descartó la presencia de metales pesados tales como cromo, plomo y arsénicos por su insignificancia como marcadores de riesgo. Por eso en el estudio del 2010, la toma de las muestras por doctores de la UPA y el análisis del laboratorio farmacología de la UBA, reflejó que de 144 niños, el 80 % presentaba órganos clorados en sangre, 11 de los cuales tenían endosulfan; mínimo tres plaguicidas en sangre y en algunos 5 a 7 plaguicidas. Cuando se hizo el otro estudio comparativo, en los otros barrios se encontraba 1 o como máximo 3 plaguicidas en sangre”.
Finalmente, criticó a la Comisión Nacional de Agroquímicos porque “fue creada justamente en el marco de este juicio y no tuvo en cuenta importantes informes realizados anteriormente” aclaró. También puntualizó que al investigador Carrasco “ni siquiera lo invitaron a dar su opinión cuando fue Jefe de Embriología Molecular del Conicet”. Aclaró que actualmente, y aún después de tres años, la Comisión aún no se ha expedido de lo que paso en barrio ituzaingó.
“Repito que esta comisión fue creada en marco de este proceso del juicio y aún no tenemos respuesta pese a que el juicio está por terminar”.
Con respecto a la relación entre agroquímicos y salud, destacó el informe presentado por el Congreso de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados donde congregaron a especialistas de todo el país para brindar sus experiencias. Mostraron el crecimiento en los últimos años de abortos y malformaciones de recién nacidos, el aumento de cánceres y problemas de afecciones al sistema nervioso central.  “Por eso compararon los datos con el notable aumento del uso de agroquímicos en nuestro país, vieron que en 1990 fueron 35 millones de litros; en el 2000, 145 millones; y en el 2010 se utilizaron 300 millones de litros de agroquímicos”. Las personas que estaban expuestas por datos de georeferenciación realizadas por la UNC comprometían a 12 millones de argentinos.
También destacó el relevamiento sanitario realizado hasta el 2010 por la Upas y donde en el 2009, sobre 272 defunciones, 82 personas murieron por cáncer, lo que significa que el 33% de las personas murieron por esta enfermedad. Esta información la contrarrestó con el testimonio de la Directora Nacional de Tumores: “acá no puedo dejar pasar por alto la Directora del Registro Nacional de Tumores porque no se comparece para nada con lo que acabo de mostrar. La creación del registro fue en septiembre de 2003 y se baso en lo que le informaban los nosocomios públicos o privados pero no censó casa por casa como lo realizaron los médicos del Upas. Además, por lo general en las partidas de defunción se coloca insuficiencia cardiorespiratoria, y no se especifica si es por cáncer.”
Recomendaciones desde la Fiscalía
Sobre el final de la presentación de la Fiscalía se solicitó, en base del principio precautorio, realizar algunas recomendaciones a organismos del Estado como el Ministerio de Salud Pública de la Nación para que propicie una reforma para que se sancione una Ley Nacional de Agroquímicos.
Dentro de las recomendaciones al SENASA, solicitaron: reclasificar los productor toxicológicos existentes (dejar solo las categorías 3 y 4 en circulación); adelantar la fecha de prohibición del endosulfán ya que en el 2010 el Convenio de Estocolmo prohibió su utilización; y modificar el manual de procedimiento para el registro de productos fitosanitarios y que su toxicidad sea determinada por un laboratorio público y no por informes de laboratorios privados.
Las recomendaciones al Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, por su parte, fueron centralizadas en cambiar Ley Provincial de Agroquímicos para que se prohíba la fumigación aérea con cualquier clase de producto toxicológico y que se prohíba la fumigación a menos de 1000 metros de escuelas, cursos de agua o poblados. También pidieron la realización de una campaña de concientización entre productores y aplicadores sobre el riesgo de aplicación y enfermedades por el efecto de deriva también.

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