Reconquista, 06 de agosto de 2012
La vivienda es un
derecho que se defiende.
La vivienda es un
DERECHO HUMANO
Documento de posición de las
organizaciones sociales e instituciones que integran el Espacio por los
Derechos Humanos, a casi dos meses de las tomas de tierra en Reconquista, Santa
Fe.
La historia de vida y la
toma de tierrass en Barrio Luján, en 2007 –donde afortunadamente no hubo
represión ni desalojos violentos, aunque sí constantes insistencias a abandonar
las tierras y judicialización a las familias –, debería habernos dejado la
enseñanza de comprender a nuestros hermanos obligados a tomar esas medidas.
Pero en cambio, gran parte de la sociedad, en vez de analizar la situación
desde el lugar de quien carece de oportunidades, reproduce el discurso de
criminalización de la pobreza. Por ello, y por el hecho de que no se trata de
un proceso aislado[1], es que desde el Espacio
Encuentro por los Derechos Humanos y las organizaciones que adhieren, queremos
manifestar nuestra posición mediante este documento.
Las más de 600 familias
que toman hoy los terrenos en los barrios Belgrano y Guadalupe Sur y Oeste, La Cortada y La Loma , están conformadas por
trabajadores pobres/desocupados/explotados/sin tierra y vivienda, de nuestra
ciudad. Algunas de ellas provienen del campo; la generación anterior a las
familias jóvenes que hoy toman las tierras son changarines o peones rurales que
emigraron a la ciudad en búsqueda de
mejores oportunidades –que no encontraron -.
Entonces ¿cuál es la
metodología que funcionarios municipales, concejales en su gran mayoría y parte
de esta sociedad repudian? ¿La pobreza? ¿El proceso de expulsión de la gente
del campo? ¿La infancia y la niñez robada de los chicos y chicas de los
asentamientos? ¿La de más de 30 años de gobiernos democráticos que fallaron en
su obligación de dar respuestas a uno de los derechos humanos fundamentales,
que es el de la vivienda digna, el de una tierra para vivir?
La vivienda digna y la
tierra para vivir, para muchos, queda reducida a una necesidad de “casa”, a un
techo y cuatro paredes, obviando lo que implica el derecho al hábitat, a
espacios y equipamientos colectivos como agua, luz, transporte, cloacas, salud,
educación, empleo genuino, esparcimiento, entre muchos otros.
El
derecho a la vivienda es un derecho humano
En nuestro país se ha
ido incrementando de forma notoria el déficit habitacional en los sectores más
pobres. Para el mercado se trata, obviamente, de sectores no rentables, el
crecimiento de los sectores inmobiliarios y de la construcción que se ha
operado en los últimos años se asentó en la lógica de la inversión en
construcción residencial privada suntuosa, en general vivienda comprada sin
crédito[2] y no
en unidades habitacionales para los sectores populares. Mientras que, por su
parte, la inversión del Estado en vivienda, que rondaba el 5,9 por ciento del
Producto Bruto Interno a principios de los años cincuenta, en los últimos diez
años apenas alcanza el 0,3 por ciento[3].
Pero en esta dialéctica
de lo público y lo privado, debemos tener en cuenta que lejos de compararse con
el derecho a la propiedad privada, el
derecho a la vivienda es un derecho humano, y se encuentra, en nuestro
país, ampliamente reconocido por numerosos instrumentos jurídicos. Entre ellos,
podemos mencionar a la
Constitución Nacional Argentina, a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC). Estos últimos son textos internacionales que
nuestro Estado ha ratificado y que desde la reforma constitucional de 1994
gozan de jerarquía constitucional.
Al ratificar textos de
carácter obligatorio, los Estados parte se comprometen voluntariamente a
armonizar la legislación, las políticas y las prácticas nacionales con sus
obligaciones jurídicas internacionales vigentes. También asumen (formalmente)
una responsabilidad ante sus ciudadanos, ante los demás Estados parte en el
mismo instrumento y ante la comunidad internacional en general, puesto que se
comprometen solemnemente a respetar y asegurar los derechos y libertades
consagrados en esos documentos.
La
organización de las familias
Mientras tanto, y aunque
falte la experiencia en hacer ejercicios de sus derechos, en las diversas tomas
de Reconquista las familias se organizan. Los ocupantes marcan calles, lotes,
dejan lugar para futuras salitas de primeros auxilios, plazas o escuelas,
salones comunitarios, piensan formas de regularizar la situación. Demuestran a
la sociedad que con organización y un poco de coraje se pueden conseguir cosas,
conquistar derechos, esperando activamente que llegue la regularización de los
lotes.
El Estado ha asumido una
obligación de hacer, de intervenir, de diseñar y ejecutar políticas públicas
tendientes a hacer efectivo el derecho a la vivienda de todas las personas.
Sin embargo, la
situación de déficit habitacional de Reconquista oscila entre las cuatro mil
familias inscriptas en el Registro Único de Inscripción Permanente, y las 6 u 8
mil que estarían necesitando vivienda –según estimaciones oficiosas de los
funcionarios del área[4]–,
mientras que la respuesta estatal en el último año no llegó a las 150.
La situación actual de
pobreza y marginalidad, donde la falta de trabajo o el trabajo precario son
problemas que aquejan a gran parte de la población, sumada a una política pública ineficiente en materia de vivienda y
hábitat, incapaz de desvincular el costo del acceso a la tierra de los precios
de mercado y la especulación inmobiliaria, han generado que sean muchas las
familias que encuentran como única solución a su problema habitacional la
ocupación de tierras, privadas o fiscales, para establecerse allí, construyendo
una vivienda.
En la mayoría de los
casos la “apropiación” de estos terrenos es la única posibilidad real de acceso
a una vivienda, dada la inexistencia o imposibilidad de transitar por otros
“mecanismos o circuitos legales”.
Ante esto, la respuesta del estado,
hasta ahora de gran incumplimiento -150 viviendas hechas ante una demanda de
4000- no debe ser con actitud represiva.
No se puede judicializar solo la
ocupación de terrenos, debe someterse a justicia la situación de las familias.
Y las fuerzas públicas, como la policía, debe velar en primer lugar, por la
integridad física de las personas.
Es decir, surge evidente
que con lo primero que nos encontramos es con una obligación estatal
incumplida, al menos con respecto a estas familias: la realización del derecho
a la vivienda. Ante esta situación, quienes tenían sus derechos básicos
vulnerados, tomaron la decisión, y la practicaron, de “hacerse” de un pedazo de
tierra, que por lo general se ubica en sectores desfavorecidos.
Un
problema que comienza en el campo
Por otra parte, como ya
lo hemos mencionado, este no es un problema específico de los ámbitos urbanos,
sino que se origina en parte en el modelo de desarrollo rural. El documento de la Mesa de Tierras, actualizado
en el año 2008, da cuenta del problema de la concentración de tierras para la
producción de cultivos industriales a gran escala, que deja a numerosas
familias sin posibilidades de subsistir en el campo y no sólo se genera un
problema de déficit habitacional, sino que al mismo tiempo se convierten en
mano de obra barata y explotada:
“Hay
un cambio de ‘modelo agrario’ basado
en un alto uso de capital, aplicación de paquetes tecnológicos que incluye
grandes maquinarias y la utilización de semillas genéticamente modificadas. ¿A
dónde van las familias obligadas a salir del campo? A las grandes ciudades.
“No
hay política urbana capaz de contener la magnitud de esta situación. No estamos
hablando de Buenos Aires y su conurbano. Hablamos de Posadas, de Corrientes, de
Resistencia, de Formosa, por citar ciudades próximas a nosotros”.[5]
Es inexcusable que las
políticas agrarias, de exportación de la materia prima, celebrada por su
rentabilidad impactan en las arcas gubernamentales. Pero es necesario ponerse a
pensar seriamente en que al mismo tiempo que unos se enriquecen, otros se
empobrecen cada vez más y son sujetos de políticas sociales de asistencia.
“En
los últimos 10 años la concentración de la tierra ha agravado las profundas
desigualdades sociales en el campo.
Entre el 88 y el 2002 han desaparecido 160.000 explotaciones
agropecuarias en su gran mayoría con un tamaño menor a 200 ha , es decir pequeños
productores.
“El 82% de los productores (campesinas,
indígenas y trabajadores rurales) ocupan sólo el 13% de la tierra. Mientras el
4% de las llamadas “explotaciones agropecuarias” ocupan casi el 65 % de la tierra utilizada
para la producción. Mientras menos de
mil personas o grupos económicos poseen un promedio de 35.000 has cada uno, hay
137.000 agricultores a quiénes sólo les tocan 15 ha cada uno. Campesinos y
pueblos originarios son obligados a desalojar sus campos.-
Casi
el 40 % de los poblados rurales están en riesgo de desaparecer. En estas poblaciones viven cerca de 300 mil
habitantes. Hay más de 120 pueblitos o
parajes que prácticamente no han crecido en los últimos 10 años: 90 de ellos ya
no figuran en los últimos censos. Mientras que 8 de cada 10 personas que viven
en el conurbano bonaerense provienen del
campo. La razón: la actividad económica
que les dio vida ya no existe”.[6]
Cuando el Estado no
está, es obligación de nosotros y nosotras como sociedad, hacerlo presente día
a día, en alianza sin recelos con todos aquellos que quieran compartir el
camino.
Este es un gran desafío para
re-imaginar nuevas relaciones y parir una nueva sociedad, donde todos entremos
en la barca, o en la que al menos se repartan mejor los espacios, incluyendo definitivamente
a los excluidos y las excluidas.
Llamamos a toda la
sociedad reconquistense a entender que muchos de estos problemas nos fueron
delegados, pero que no debemos quedarnos de brazos cruzados, sino pensar en
acciones que busquen el bien común. En los tiempos que vivimos, es necesario mostrar
a las generaciones que vienen que vale la pena, que no hay mayor orgullo ni
dignidad posible que ocuparse no sólo del propio destino sino de los sueños
colectivos.
Y que estos sueños
colectivos se inscriban con fuerza en el horizonte de las posibilidades humanas.
“La justificación de las tomas de
tierra tiene que recuperar su densidad histórica, ya que es una recuperación de
lo robado por parte del poderoso al débil”
Periódico “Tierras para Vivir”, 2010
Encuentro por los Derechos Humanos:
Cátedra Abierta
sobre Derechos Humanos del ISP 4
Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Frente Gremial
“4 de Abril” – Departamento Gral. Obligado
Instituto de
Cultura Popular (INCUPO)
Liga Argentina
por los Derechos del Hombre
Mesa de
Gestión Barrio Virgen de Guadalupe
Partido Obrero
Periódico
“Edición 4”, Reconquista
Proyecto Sur
Reconquista
Grupo de Vecinos
y productores rurales de La Lola
Colectivo de
Mujeres
[1] Hay otras experiencias dolorosas que
sucedieron en otras partes del país, como la del Parque Indoamericano en Buenos
Aires y la toma de tierras en el predio de Ledesma de Jujuy, donde muchas
personas han sido privadas no sólo de sus derechos, sino también despojados de
sus vidas, por luchar por un pedazo de tierra.
[2] “Lo vivido hasta el momento es un
régimen de crecimiento sin cambio estructural”, entrevista a Claudio Lozano,
Revista Desafío Exportar, mayo
2012, Buenos Aires.
[3] La ciega, Colectivo de Abogadxs
Populares, Documento “Tierra para vivir. Derecho a la vivienda”, octubre de
2010. Disponible en http://laciegalp.blogspot.com.ar/2010/10/tierra-para-vivir.html
[4] En diciembre del año pasado, el
titular del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda estimaba, en declaraciones
a la prensa, que la cifra de 4.000 inscriptos “aumenta significativamente
cuando se analiza la situación de familias que, por diversos motivos, no se
inscriben en el registro, y que rondaría las 2 mil. De esta manera, el total de
familias que esperan contar con el techo propio en Reconquista llega a los 6
mil”. Unos meses antes, el secretario de Obras Públicas había dicho que el
número de familias necesitadas de vivienda pero no registradas en el registro
duplicaba al sí inscripto: “Es así que 8 mil familias no pueden acceder a la
vivienda propia.” (http://infrapublica.com/noticias/diciembre-2011/en-reconquista-6-mil-familias-esperan-una-vivienda.html)
[5] Documento de la Mesa de tierras del Norte
Santafesino: “PARA QUE EL DERECHO A LA TIERRA SEA
UNA REALIDAD PARA TODOS EN NUESTRA PROVINCIA”. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA
EL ACCESO, REGULARIZACIÓN Y OCUPACIÓN DE LA TIERRA. Reconquista ,
09 de mayo de 2008.
[6] Idem.
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