Con democracia se cura, se educa… y se mata
16/03/10
Por Oscar Taffetani
(APe).- Cristián Cicovicci, Walter Bulacio, Cristian Domínguez Domenichetti, Ramón Morinigo, Rodolfo Ríos, Andrés Núñez, Miguel Bru, Sergio Gustavo Durán, Cristian Campos, Sebastián Bordón, Javier Rojas Pérez, Gustavo Norberto Cáceres, Mauro Lohaiza y Gabriel Alejandro Gutiérrez son algunos de los 2.826 casos ya comprobados de muerte por gatillo fácil y torturas, desde la vuelta de la democracia hasta hoy. La estadística, que no es completa (como tampoco lo era la estadística de los desaparecidos, allá por los ‘70) fue elaborada por CORREPI, una de las organizaciones no gubernamentales más activas y necesarias, de las muchas que ha parido la sociedad argentina en tiempos de “normalidad” institucional.
De los 2.82
6 muertos por acción policial que contabiliza CORREPI, sólo 52 corresponden a represión de la protesta social (allí debe contarse a Víctor Choque, Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba, así como a los asesinados en Jujuy, en Corrientes y en Buenos Aires durante la crisis de diciembre de 2001). Las víctimas restantes fueron vistas vivas, por última vez, cuando eran subidas a un patrullero, cuando las llevaban a una comisaría o bien cuando trataban de huir de una persecución policial.
Más de la mitad de esas muertes –leemos en el informe- corresponde a la franja de “varones pobres de menos de 25 años”. Y uno de cada tres, ni siquiera llegaba a los 21. De las 2.826 muertes registradas, 928 ocurrieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007 (presidencia de Néstor Kirchner). De allí en adelante (presidencia de Cristina Kirchner), los muertos sumaban a diciembre de 2009, 392.
Los números de CORREPI (y cada uno de los casos contenidos en esos números) hablan de una realidad: la realidad de un Estado cuyas fuerzas de seguridad se han acostumbrado a la ilegalidad, a la simulación y a la aplicación de una doctrina secreta -pero real- de eliminación sistemática de individuos en un sector de la población que es, no casualmente,
el más expuesto a la pobreza, la marginalidad y el delito.
Ser joven, pobre y contestatario (de cualquiera de las maneras posibles), es la receta infalible, en la Argentina, para conseguir un balazo por la espalda o una “muerte dudosa”, a manos de alguna fuerza policial.
16/03/10
Por Oscar Taffetani
(APe).- Cristián Cicovicci, Walter Bulacio, Cristian Domínguez Domenichetti, Ramón Morinigo, Rodolfo Ríos, Andrés Núñez, Miguel Bru, Sergio Gustavo Durán, Cristian Campos, Sebastián Bordón, Javier Rojas Pérez, Gustavo Norberto Cáceres, Mauro Lohaiza y Gabriel Alejandro Gutiérrez son algunos de los 2.826 casos ya comprobados de muerte por gatillo fácil y torturas, desde la vuelta de la democracia hasta hoy. La estadística, que no es completa (como tampoco lo era la estadística de los desaparecidos, allá por los ‘70) fue elaborada por CORREPI, una de las organizaciones no gubernamentales más activas y necesarias, de las muchas que ha parido la sociedad argentina en tiempos de “normalidad” institucional.
De los 2.82
6 muertos por acción policial que contabiliza CORREPI, sólo 52 corresponden a represión de la protesta social (allí debe contarse a Víctor Choque, Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba, así como a los asesinados en Jujuy, en Corrientes y en Buenos Aires durante la crisis de diciembre de 2001). Las víctimas restantes fueron vistas vivas, por última vez, cuando eran subidas a un patrullero, cuando las llevaban a una comisaría o bien cuando trataban de huir de una persecución policial.Más de la mitad de esas muertes –leemos en el informe- corresponde a la franja de “varones pobres de menos de 25 años”. Y uno de cada tres, ni siquiera llegaba a los 21. De las 2.826 muertes registradas, 928 ocurrieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007 (presidencia de Néstor Kirchner). De allí en adelante (presidencia de Cristina Kirchner), los muertos sumaban a diciembre de 2009, 392.
Los números de CORREPI (y cada uno de los casos contenidos en esos números) hablan de una realidad: la realidad de un Estado cuyas fuerzas de seguridad se han acostumbrado a la ilegalidad, a la simulación y a la aplicación de una doctrina secreta -pero real- de eliminación sistemática de individuos en un sector de la población que es, no casualmente,
el más expuesto a la pobreza, la marginalidad y el delito.Ser joven, pobre y contestatario (de cualquiera de las maneras posibles), es la receta infalible, en la Argentina, para conseguir un balazo por la espalda o una “muerte dudosa”, a manos de alguna fuerza policial.
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