Salta, un hervidero. Avasallamiento territorial y desmonte

Nuevos coletazos del avance de la frontera hidrocarburífera en Salta


09/06/2010 in Criminalización y represión, NOA, Panoramas, Pueblos Originarios
En la localidad de Coronel Juan Solá criollos y comunidades wichi denuncian atropellos por parte de empresas petroleras de capitales chinos asociados a Daniel Lalín.

Petroleras en Salta. Fuente: Alba Silva
Por OPSur.- Hace aproximadamente un mes los habitantes de Coronel Juan Solá, del departamento de Rivadavia -en el chaco salteño-, despertaron con las topadoras dispuestas a abrir picadas de 8 a 10 metros de ancho en sus territorios para realizar tareas de exploración sísmica. El área de más de 3 mil kilómetros cuadrados se denomina Morillo y fue ofertada en la ronda licitatoria que encaró el gobierno salteño en 2006. La UTE adjudicataria está conformada actualmente por dos empresas chinas –JHP y New Times Energy Corporation- y Maxipetrol-Petroleros de Occidente, del empresario argentino Daniel Lalín. Los relatos de criollos y comuneros sobre criminalización y avasallamiento parecen ser un espejo de lo denunciado recientemente por los pobladores de la cercana localidad -50 kilómetros- Fortín Dragones (1).

Las licitaciones: nuevas áreas para exploración y explotación

La Primera Ronda Licitatoria de Áreas Hidrocarburíferas (2), en 2006, contemplaba la licitación de 6 áreas exploración y eventual explotación -Tartagal Oriental, Hickman, Chirete, Morillo, La Unión y Malvalay (3) -, una superficie de más de 29 mil km2 en el chaco salteño por las que se recibieron ofertas globales superiores a 220 millones de dólares (4). El Secretario de Minería y Recursos Energéticos de Salta, Ricardo Alonso, sostuvo que la ronda “superaba las expectativas” y que la provincia tenía la llave del gas argentino (5).

Morillo, el área que contempla a Coronel Juan Solá, fue adjudicada a Maxipetrol – Petroleros de Occidente y JHP
El área de Morillo es donde se encuentra Coronel Juan Solá. La UTE también es la ajdudicataria de Tartagal Oriental. Fuente: Argentina Concession Handbook Map, IAPG, 2006.

International Petroleum Engineering -empresa de servicios petroleros con sede en Hong Kong- , si bien ya contaba con historial hidrocarburífero al haber sido concesionada a Pluspetrol por parte de YPF a mediados de los ’80 (6).

Daniel Lalín, otrora presidente de Racing Club (7), es uno de los exponentes del fenómeno de pequeñas y medianas empresas surgidas a partir de la privatización de YPF y la licitación de áreas secundarias. Reúne a un sector de la burguesía nacional que no estaba vinculado previamente al sector; desde sectores con fuertes vínculos con el kirchnerismo, como por ejemplo Cristóbal López y Lázaro Báez; a ex funcionarios y afines al menemismo, como Vila y Manzano. A su vez, el avance de inversiones chinas en el rubro energético no es menor, y se verifica no sólo en los casos que analizamos aquí, sino en la que fue la mayor operación entre privados en la industria hidrocarburífera nacional: la venta del 50% de Bridas Corporation -grupo Bulgheroni- a China National Offshore Oil Company (CNOOC).

A través del holding Lalin Global Group el empresario se ha proyectado sobre diversos sectores más allá del petrolero. Su diversificación va desde minería a producción de aceites vegetales, pasando por importación de equipamiento médico chino (8). Debuta a través de Oxipetrol-Petroleros de Occidente, hoy llamada Maxipetrol-Petroleros de Occidente, en las licitaciones salteñas de 2006 a través de la UTE con la china JHP International Petroleum Engineering. En esta provincia obtienen no sólo el área de Morillo sino también de Tartagal Oriental.

Las adjudicaciones se concretan para diciembre del 2006 con los decretos N 3388/2006 –Morillo- y N 3391/2006 -Tartagal Oriental-, comprometiendo áreas de 3.518 y 7.065 km2 respectivamente. Si bien la concesión tenía una duración de 4 años -finalizando el 29 de diciembre del 2010-, los contratos estipulaban la posible prolongación por 9 años más (9), “una práctica usual” (10). Según informes de las adjudicatarias -realizados por consultoras- se estimaba un potencial de entre 83 y 256 millones de barriles de petróleo y entre 31.600 y 144.128 millones de metros cúbicos de gas (11).

El panorama cambia para el 2007. New Times Group Holdings (12), conglomerado con sede en Hong Kong, desembolsa casi U$S 1.300 millones por una importante participación en estas áreas (13). Este monto es del orden de los últimas grandes compras en el sector, como los U$S 1.027 millones que pagó Petrobras por Pecom o los U$S 1.600 millones de Oxy hacia Vintage (14). La nueva UTE, denominada High Luck Group Limited (15), se distribuye en un 60% para New Times, 30% para Maxipetrol-Petroleros de Occidente y un 10% para JHP (16). Según declaraciones del CEO de New Times, el destino de la extracción sería el mercado interno.

En estas operaciones se desprende el fuerte carácter especulativo de los primeros adjudicatarios. JHP International

Daniel Lalín, titular de Maxipetrol - Petroleros de Occidente.
Petroleum Engineering se desempeña principalmente en el área de servicios como subcontratista para perforación más que una operadora y concentra su actividad en China (17). A su vez, Lalin no se ha limitado a Salta únicamente, sino que ha presentado diversas ofertas en otras áreas del país. Junto a Chañares Herrados conforma una UTE que obtiene en Mendoza el área Ugarteche, que en diciembre de 2009 vende por U$S 163 millones a la china Mayer Holding (18). Sin embargo, esta tendencia especulativa inicial se revertiría para 2010. No solamente se puede ver en el inicio del trabajo exploratorio sino también en el reporte final de 2009 de New Times Energy Corporation. Frente al fin del acuerdo de concesión de 4 años firmado con el gobierno salteño, la UTE tiene que realizar las inversiones de casi U$S 36 millones para Tartagal Oriental y U$S 13 millones para Morillo entre los acuerdos y obligaciones pactados (19). Estas obligaciones informaba el grupo serán los objetivos a cumplir.

Salta, un hervidero
A días de la detención de los referentes sociales José “Pepino” Fernández, Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, y Eduardo Paliza, dirigente de comunidades originarias, -acompañada de una fuerte represión y persecución por parte de las autoridades provinciales- y los numerosos casos de conflictos con comunidades wichi y criollas, Salta es un hervidero político y social. Lo que acontece en Juan Solá dista de ser un hecho aislado, sino más bien los coletazos del avance de industrias extractivas promovido por el Estado y acompañado por sus aparatos represivos en busca de atenuar las resistencias sociales. Resistencias a un modelo excluyente, no solamente en una dimensión de ocupación territorial, sino también por la incapacidad del sector de subsanar la falta de trabajo existente en la región. Más allá de las consecuencias en el territorio -sociales, ambientales, políticas- que no son desconocidas por las comunidades y pobladores criollos, la demanda concreta por puestos de trabajo es desoída y criminalizada.

Este avance de las industrias extractivas promete trabajo y prosperidad para la región. Sin embargo, la posición que Salta ocupa en la oferta de gas –segunda a nivel nacional para 2009- no es de usufructo por parte de las poblaciones locales. Como numerosas provincias, y al compás de la caída de los niveles de extracción, la escasez de gas en los últimos tiempos se viene agudizando. Con una red que no llega al 55% de la población -según el INDEC-, especialmente en zonas rurales y de menores ingresos (20), el problema de larga data se agrava en las épocas invernales. El faltante tanto de las garrafas de 15 kilos como las de 10 kilos -subvencionadas por el Estado nacional, llamadas “garrafas sociales”- (21) llevaron a la provincia a la importación de Gas Natural Licuado (22) como también a accionar ante la Justicia Federal por el mismo tema (23). Esto sin embargo, creemos que son “parches” a cuestiones que encuentran sus raíces en el modelo económico que está llevando adelante Salta, en particular, y diversas regiones del país en general.

Avasallamiento territorial y desmonte
El criollo de la localidad Juan Solá, Fidel Sallago relata, en diálogo con OPSur (24), los hechos ocurridos con la empresa WICAP, empresa familiar de la región -subcontratista de la UTE para la primera etapa exploratoria: sísmica y perforación.
-¿Qué es lo que está pasando?
Soy participe de la cooperativa Wichi Ltda., ahora tenemos ese problema que vino la petrolera, y no quiere tomar gente. Lo que estamos reclamando es que no metan máquina. Vimos el mapa, el proyecto que ellos hacen, son 120 kilómetros a lo largo y 55 kilómetros a lo ancho, de 8 a 10 metros tienen los caminos. Al monte lo van a dejar ralo, no respetan los árboles nativos. El algarrobo no se cría de un año para el otro, tarda un siglo para que dé frutos. Para nosotros sería perjudicial, somos familias de escasos recursos, no sabemos cómo defendernos ante esta situación. Nos están amenazando con que nos van a meter presos, yo ahora no puedo ni salir de la casa porque la policía me quiere pillar por ir al frente acá, con los criollos, con los aborígenes; soy perseguido políticamente. Para mi es todo injusto, que nos marginen de esta forma.
Ya entraron en la finca de los aborígenes, ellos pararon las maquinas y no dejan trabajar. A ellos, más que nadie, no quieren darle una respuesta, menos arreglar.

-¿Cuál es la empresa?
WICAP. Ellos contrataron a otra empresa, Aurora de Salta, que tiene las maquinarias, ellos están abriendo picadas nuevas. Acá creo que están para perforar pozos. Lo que más nos duele a nosotros es por el tema del monte, acá nos van a dejar sin nada, sería muy triste.

-¿Les adelantaron qué pasaría si llegan a encontrar petróleo?
No, ellos nos dijeron que solamente vienen a hacer el trabajo, que tienen la autorización de la Nación. Que no intervengamos, por más que hagamos cualquier cosa ellos van a seguir haciendo igual, y si no damos lugar, ellos van a traer la Infantería, la brigada, para que nos repriman. Y eso es todo lo que nos dicen, los mismos trabajadores nos amenazan.
Ellos han contratado acá a un tipo de Salta, un tal Russi (25), que sabe bien la situación de las tierras. Acá muchos no tienen título de las tierras, pero hay una ley que los ampara, ni así la respetan. Tan sólo les quieren dar proyectos, que van a tardar 3 meses, pero de $5.000. No sé qué se puede hacer con eso.

-¿Y tampoco les decían proyectos de qué tipo?
Claro, no nos dicen qué proyecto. Y cuando nosotros presentamos proyectos, por parte de la Cooperativa, nos decían que era muy elevado. Nosotros queríamos hacer la sede, para terminar de obtener todos los papeles. La gente del campo pedía que se hagan pozos someros, para agua, por tema de la sequía. Acá hay muchos animales muertos, estamos con problemas para acceder al agua.

-¿Y con los puestos de trabajo?
También se niegan. Acá el trabajador gana un peso por hora, mire. Haciendo cualquier clase de trabajo. Muy poquito que ni alcanza para comer.

-¿La cooperativa que está haciendo?
Nosotros en la cooperativa somos los más amenazados porque tuvimos un problema con el intendente, [Atta Gerala, Frente Justicialista para la Victoria] que está prendido con el gobierno provincial. No nos dan ningún tipo de trabajo. Estamos ahí peleándola nomás.
-¿Qué tipo de problema hubo con el intendente?
Por aumento del jornal, como pagan un peso. Los grupos familiares son de 8, 10, hay uno que llega a 21 hijos. No hace nada con eso. Cuando reclamábamos por esto el intendente ha autorizado a Infantería a que venga y nos reprima. Acá hubo casi un muerto, vino el comisario local, con la escopeta, casi mató a cinco jóvenes, disparó a un metro y medio. Se presentó frente a la manifestación en el edificio municipal, se acerca y nos amenaza: si no nos retiramos nos va a tener que disparar.
Y ahora, vino la empresa, arregló con el intendente, y nosotros ni enterados de esto, menos los criollos, que estaban trabajando acá. Se despertaron y tuvieron las máquinas encima. Hay un paraje donde una familia se la dejó sin casa, la empresa pasó con la maquina por encima de todo.
Ya hubo un desalojo, propiedades fiscales donde se rompieron los alambres. Nadie le puede decir nada, porque ya mandan Infantería, ya mandan a reprimir.

-¿Y hubo episodios similares?
Si hubo varias familias que están perdiendo sus casas por el tema de la petrolera, con las máquinas y las topadoras. No se está respetando nada.

-¿Y previamente no se les notificó nada?
En ningún momento. Cuando fuimos a preguntar nos dijeron que ellos tenían permiso de la Nación. Que ellos venían a trabajar y nadie podía decir nada.

-O sea que la única presencia del Estado fue la policía
Si, ellos nomás. Y ahora estamos parando las máquinas, hasta que haya una solución. Nosotros no aceptamos que la empresa haga este tipo de trabajos, nos perjudica como lugareños. Ni con la familia puedo salir a dar una vuelta por la plaza porque ya nos quieren meter presos.

-¿Hay antecedentes de empresas petroleras en la zona?
Hace 20 años, pero no como este tipo, que están con el desmonte, no de una forma tan violenta. Hicieron trochas, de un metro cincuenta, había mano de obra, tomaban gente, ahora lo cambiaron por máquinas.
Esta empresa estuvo trabajando en la zona de Tartagal y ahí hubo problemas. La empresa fue a reprimir a la gente. Hubo un enfrentamiento porque iban a entrar en fincas donde estaban sembrando soja y ahí no pudieron trabajar. Se vinieron para acá a realizar el trabajo hasta que ellos traten de negociar allá. Es un proyecto grandísimo.
Hace tres semanas un grupo de 4, 5 personas de Tartagal vino a dar apoyo a la gente por lo que está pasando acá. Vino Infantería a reprimir porque había gente de afuera, 5 detenidos, entre la gente de Tartagal y un criollo de acá. No quieren que venga gente de afuera. Ya nos amenazaron que si hacemos cualquier clase de movimiento nos van a detener. Los llevaron a la ciudad de Tartagal donde está la cárcel. La empresa nos hizo denuncias también.
-¿Para qué se usa la tierra?
Como es una zona de mucho calor acá los criollos se dedican a la ganadería, cría de vacunos, y los aborígenes se dedican a las artesanías o vacunos también. Por ahora no se está haciendo ninguna clase de plantación.
-¿Nos puede contar un poco más de la situación de las tierras?
Son familias que están viviendo hace mucho, pero no tienen títulos. Y eso aprovecha la empresa para echarlos. Hay mucha gente de edad.
Con el tema del intendente, o sea, no es solamente con lo de petróleo sino que con el resto de las cosas es lo mismo, directamente arregla con el poder de Salta. Nosotros no podemos hacer nada sin decirle a ellos, si no somos del mismo partido no tenemos ninguna participación.
-¿Y con el tema de denuncias? ¿Han hecho alguna?
No, porque en Tartagal no nos reciben a nosotros. Y tenemos que viajar a Salta. Acá no van a dejar pasar los aborígenes. Han pasado por alguna parte de la tierra criolla, pero están cerca del pueblo, donde tienen las tierras los aborígenes.

¿Energía a costa de quién y para quién?
Si bien no creemos que la implementación de una red de gas universalizada sea la forma de garantizar la energía al conjunto de la población -en el marco de una discusión sobre la matriz energética que no contempla este artículo- asombra tristemente el caso salteño por dos cuestiones principales. Por un lado, la misma población que se ve afectada por la extracción de gas “para el conjunto del país”, en su territorio no puede acceder a él para consumirlo. Al tiempo que ven perjudicada su tierra, avasallados sus derechos y, en algunos casos, desalojados por tenencias “precarias”, no pueden hacer uso de aquello que se encuentra bajo sus pies. La satisfacción de esta carencia no se encuentra contemplada en ningún contrato adjudicatario, y tampoco se asume como compromiso por parte del Estado hacia sus habitantes. La situación no es exclusiva del chaco salteño sino que se presenta en diversas zonas centrales de extracción, ejemplo de esto son las comunidades Kaxipayin y Paynemil en Loma de La Lata, la mayor reserva gasífera de Argentina, o en la comunidad Logko Puran, también en la provincia de Neuquén.

A su vez, la oferta energética a la que pueden acceder las localidades es sumamente esporádica –problema que puede constatarse en la falta de garrafas- y mucho más cara, ya que existen substanciales diferencias de costo entre el gas envasado y el que se distribuye a través de redes domiciliarias.

Los mayores perjudicados por el esquema son aquellos que viven encima del recurso, sectores con bajos niveles de ingreso que sufren gran parte de los impactos negativos de la industria, y de esta manera “subsidian” el consumo de los principales polos de actividad económica y los núcleos urbanos más concentrados.