Avanza la criminalización de la protesta en las provincias

Tito López, del MTD 17 de julio.

“Quieren cárcel para los dirigentes sociales de los pobres”

En Resistencia, Chaco, en estos momentos se realiza un juicio a tres militantes sociales, en un contexto donde se multiplican las causas contra referentes populares. Hoy, viernes 8, es el alegato de la defensa, luego que la fiscalía y la querella pidieran cárcel efectiva para Adolfo “Fito” Molodezky, del Movimiento Territorial de Liberación (MTL); Emerenciano Sena, del Movimiento de Trabajadores Desocupados y Tito López, del MTD 17 de julio.Los referentes son acusados de agredir a dos docentes, en el marco de un conflicto en la Escuela de Nivel Secundario (ENS) Nº 88. El colegio, llamado “Simón Bolívar”, funcionó hasta mediados de 2008 como un proyecto pedagógico especial, con participación directa de la comunidad en el proceso educativo. De acuerdo a las organizaciones sociales, esto permitió un mejor desempeño de los estudiantes -en general chicos y chicas con altos niveles de pobreza-, pasando de una tasa de deserción escolar del 50% al 1%. Este proceso fue cortado de cuajo al asumir Noris Viña como directora del establecimiento, acompañada por Ana María Blanco como vicedirectora. La nueva gestión decidió dar por terminado el proyecto y despidió a 15 personas que se venían desempeñando como docentes, lo que dio lugar a reclamos sociales, luego de las cuales las directivas fueron desplazadas de su cargo.

Tras una movilización masiva realizada el 2 de julio de 2008, ambas docentes denunciaron que fueron agredidas físicamente. La denuncia penal siguió su curso e imputó a seis personas, en todos los casos referentes de organizaciones, varias de ellas con distintas causas acumuladas, originadas en protestas sociales. Emerenciano Sena, por caso, tiene 65 causas abiertas; Tito López 36 y Fito Modolezky ya ha sido condenado en 2003 acusado de daños a un patrullero”. Las tres personas restantes son Cristina Cantero, también del MTL; Daniel Olmedo y Sergio Quiroz, abogado en causas de derechos humanos, entre ellas la de la masacre de Margarita Belén, durante la dictadura militar.

En conversación con Prensa De Frente, uno de los procesados, Tito López, señaló que “ese día se movilizaron 1.500 personas, había mucha irritación porque cambiaron la directora y lo único que hizo fue echar a todos, sin importar que el programa de estudios estaba funcionando, y era para chicos pobres, muchos repitentes”. Agregó que “en ese tumulto la directora salió lastimada, y a partir de ahí nos armaron una causa a los dirigentes, que se suma a otras que tenemos, siempre por luchar por el que menos tiene. Nadie tiene (causa) por robo, por asesinato, nos quieren meter preso por la protesta”.

López advirtió sobre la posibilidad de que sean condenados con penas de prisión efectiva de entre 2 años y 8 meses y 3 años y 2 meses, y señaló también que el proceso está relacionado con una fuerte interna entre el poder ejecutivo y la justicia de la provincia. “Hoy están discutiendo el presupuesto provincial entre el gobernador, que es peronista, y el poder judicial, dominado por el radicalismo. Nosotros somos rehenes de esa pelea, la Justicia presiona con condenarnos porque sabe que si nos meten presos se va armar un problema, porque mucha gente va a salir a defendernos y el costo hacia fuera lo va a terminar pagando Capitanich”.

De acuerdo a lo explicado por el referente del MTD, la directora y la vicedirectora también son radicales y no comparten el proyecto pedagógico por una razón esencialmente política. La mismas razones por las que, en la provincia, prácticamente todas las referencias periodísticas a la causa condenan de antemano a los militantes, amplificando la voz de la querella y ninguneando la de las organizaciones sociales. Las docentes han admitido públicamente su desacuerdo con el proyecto educativo de la escuela y también han realizado críticas en las que se posicionan más allá del aula: “nosotros enseñamos a estudiar, a tener disciplina, a esforzarse, a no vulnerar el derecho ajeno, a no cortar calles y a no hacer piquetes”, han señalado en más de una oportunidad, pidiendo al Ejecutivo provincial y la Justicia que penalice a quienes identifican como los agresores.

A diferencia de otras causas, esta vez la Justicia parece haber actuado diligentemente en función procesar a los dirigentes de las organizaciones. “Se manda a archivo la prueba de la causa 25 de mayo, en la que nos detuvieron y apalearon. Pibermus -ex vicegobernador-, que se robó 9 millones de pesos, tiene condena en suspenso, no efectiva. Pero en nuestro caso, sin pruebas, nos quieren mandar en cana. Pedimos que a nivel nacional la gente se entere de lo que está pasando acá. Que se enteren también que Capitanich juega con el hambre de la gente. A nosotros que somos pobres nos meten presos y a los que nos reprimen les archivan la causa. Por eso no creemos en la Justicia, no creemos en estos gorilas que nos van a mandar en cana porque lo único que les interesa es la plata”. Por último, Tito López señaló que se van a movilizar el viernes 8 a la fiscalía y convocó a solidarizarse con las organizaciones de Chaco, difundiendo la situación en todo el país.

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