México: Cacería de activistas?

MEXICO
Cacería de activistas?
Editorial de LA JORNADA

El secuestro y posterior asesinato del líder comunero Trinidad de la
Cruz –ocurridos entre el martes y ayer en localidades de la costa
michoacana–, así como el levantón –en el trayecto de Petatlán a Tecpan
de Galeana, en el estado de Guerrero– de los activistas campesinos
Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, todos ellos integrantes del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), son los eslabones
más recientes de una cadena de agresiones en contra de activistas de esa
organización. Apenas el pasado 6 de octubre, en Santa María Ostula,
Michoacán, fue asesinado a tiros el comunero Pedro Leyva Domínguez,
quien se desempeñaba como integrante de la Comisión por la Defensa de
los Bienes Comunales y de la Guardia Comunitaria, y como representante
del MPJD en ese municipio michoacano. Menos de dos meses después, el 28
de noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez fue abatido en Hermosillo,
Sonora, tras haber recibido amenazas anónimas por parte de presuntos
policías estatales.


La lista, sin embargo, no se circunscribe a integrantes del citado
movimiento: hace casi dos años –en enero de 2010– fue asesinada la
activista juarense Josefina Reyes, quien desde 2008 emprendió
movilizaciones por la desaparición de uno de sus hijos, y el hecho marcó
el inicio de una cadena de agresiones contra varios miembros de su
familia. En diciembre de ese mismo año, Marisela Escobedo, madre de una
joven asesinada, fue ultimada de un balazo frente al palacio de gobierno
de Chihuahua. Y apenas el viernes pasado, Norma Andrade, dirigente de la
organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de
gravedad a las afueras de su domicilio.

Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de
capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen
inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada
a raíz de la “guerra contra el narcotráfico”, el país asiste a una
cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de
ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil
concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por
el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los
sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del
país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la
estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de
sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma
particularmente trágica.
Ante el quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en
amplias franjas del territorio, y frente a los indicios de lo que
pudiera ser una campaña de eliminación de activistas, luchadores
sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de derechos
humanos y ambientalistas, los gobiernos de los distintos niveles,
empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea argumentativa
de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la
adecuada y que no debe, por tanto, ser modificada: la continuidad en las
agresiones comentadas exhibe el carácter contraproducente de la política
de seguridad en curso. Se ha puesto en evidencia que las autoridades no
son capaces de dar protección, cuando menos, a aquellos sectores de la
sociedad a los que han erigido como sus propios interlocutores.

En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos
estatales y federal investigar las muertes y agresiones referidas. En
caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los
saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública –además de
los más de 50 mil muertos y de una creciente descomposición
institucional– son la ampliación de los márgenes de maniobra para la
eliminación de activistas políticos y sociales, y el retroceso del país
a escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos

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 08.12.11 - México

Cultivo de soja transgénica de Monsanto afecta exportación de miel

Natasha Pitts

Periodista de Adital

Adital

La plantación de organismos genéticamente modificados (OGM’s) está poniendo en riesgo la producción y comercialización de miel en México. Hace pocos días, Alemania, principal compradora de la miel producida en el estado de Yucatán – solicitó la realización de testes de laboratorio para asegurar la ausencia de OGM’s en el producto. Lo anterior sucedió porque el Gobierno Federal autorizó a la empresa Monsanto a sembrar 30 mil hectáreas de soja transgénica en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La postura de la Unión Europea fue de rechazar la miel de Campeche. Después de la solicitud de análisis de laboratorio por parte de la Corte de la Unión Europea para probar la presencia de transgénicos, cerca de 40 toneladas del producto fueron rechazadas, aun antes que las pruebas hayan revelado los resultados.

México ocupa el tercer lugar en las exportaciones de miel a nivel mundial. En el Estado de Yucatán, 16 mil apicultores son responsables por el 40% de la producción de miel a nivel nacional. Ante esta situación, el país corre el riesgo de que los mercados se cierren.

Para evitar efectos más graves sobre la producción y la economía local, empresarios, apicultores, ambientalistas e investigadores están demandando del gobierno federal, que la siembra de organismos transgénicos sea prohibida inmediatamente, pues caso esto no se concrete, los productores corren el serio riesgo de sufrir perjuicios incalculables, además de perder definitivamente sus compradores.

En apoyo a los apicultores, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sostenible y Transgénicos de Greenpeace México, reforzó la petición de prohibición de cultivo de cualquier especie de OGM no solo en el estado, sino en todo el país.

"Los cultivos transgénicos no producen más que los cultivos convencionales, no pueden hacer frente a los extremos del clima, no acabarán con el hambre en el mundo y sí están generando nuevos problemas para los agricultores, razones de sobra para decir no a la siembra de transgénicos en el país”, señaló.

El pasado mes, productores del sudeste de México, se reunieron en San Cristóbal de las Casas, para presionar al Gobierno Federal antes que suceda ‘una catástrofe para miles de pequeños apicultores’. Durante la reunión, los productores expusieron que la Corte Europea exige que la miel contaminada sea etiquetada con la identificación ‘esta miel contiene polen de residuos transgénicos’. Pero, al ver esta información los consumidores no comprarán la miel. Es necesario tomar medidas con urgencia, pues 85% de la miel producida en México es vendida en Europa.

Los productores se están movilizando para hacer frente al problema y ya enviaron una carta de protesta al secretario de agricultura. También están buscando el apoyo de universidades, especialistas y movimientos ambientalistas como Sin Maíz no hay País, con la intención de fortalecer la lucha contra los transgénicos.

Espacio para el cultivo de OGMs creció más del doble

El año pasado, la transnacional Monsanto recibió autorización para cultivar 10 mil ha de OGMs. Este año, el espacio mas que se duplicó, serán 30 mil hectáreas sembradas con soja transgénica en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), juzga necesario que el Gobierno Federal revise sus políticas públicas, pues, si por un lado incentiva las exportaciones, por el otro, autoriza la ejecución de acciones que perjudican las exportaciones, como la siembra de transgénicos.

Traducción: Ricardo Zúniga