“Siento ira contra este sistema político que ha llevado al pueblo griego a sus límites.”
Desde Grecia: Entrevista a Cristina Pantzou periodista del periódico griego Eleftherotypia
`Por Carlos Carcione, Marea Socialista/ para Aporrea.org
27/02/12
Esta es la primera página de la segunda edición del 25 de febrero. Para no tener problemas legales el nombre del diario es Los Trabajadores y en la línea de abajo dice 66 días de huelga en Elefhterotypia. Y el titular es Europa sin futuro, se hunden los pueblos en la austeridad.
Cristina Pantzou es periodista de la sección internacional del periódicoEleftherotypia. Este periódico era uno de los de mayor circulación en Grecia hasta que la crisis lo golpeó. Sus trabajadores, periodistas, técnicos, empleados están en huelga desde hace meses ya que no les pagan sus salarios desde seis hace meses atrás.
Ellos han decidido volver a editar el periódico ahora de manera autogestionaria. Por cuestiones legales se han cambiado el nombre y lo han llamado El Trabajador. El 15 de febrero salió la primera edición convirtiéndose en el más vendido de ese día, y el 25 ha salido la segunda edición. Con la portada de la cuál ilustramos esta entrevista.
En una entrevista que le realizamos en junio de 2010 y que puede revisarse enhttp://www.aporrea.org/internacionales/n159115.html, ella nos adelantaba la situación a la que llevaría a Grecia de aplicarse los ajustes que pedía la Troika. Hoy demuestra como la aplicación de ese plan ya está provocando catástrofes sociales sin precedentes.
Cristina hace aquí un llamado urgente a desplegar una campaña de solidaridad con el pueblo griego para “contrarrestar la campaña política que insulta a nuestro pueblo identificandolo como “perezoso”, “individualista”, “corrupto”, “gente que vive a expensas de los otros como parásitos”....”
¿Cómo estás viviendo esta convulsión que sacude a tu país?
Vivo en un país hermoso de gente aun más hermosa, solidaria, combativa, a la que le han impuesto una realidad desoladora. Y no puedo sino sentir ira contra este sistema político que obedeciendo sin inhibiciones ni escrúpulos a los requisitos de la Troika (FMI, UE, BCE), bajo la falsa consigna de “no a la bancarrota” ha llevado al pueblo griego a sus límites.
Estamos en una profunda recesión por quinto año consecutivo, el desempleo llega al 20% mientras en los jóvenes de menos de 25 años es casi del 50%, los sueldos y las pensiones cada pocos meses conocen nuevos recortes mientras son docenas los nuevos impuestos. Miles de trabajadores llevan meses sin cobrar sus salarios, los convenios colectivos y el sueldo mínimo básico han sido abolidos al igual que la mayoría de derechos de los trabajadores. Casi tres de cada diez ciudadanos viven bajo la línea de la pobreza, el 48% son pobres (no pueden satisfacer plenamente sus necesidades) y el 59% no tiene fondos para enfrentar una situación de urgencia, por ejemplo, un problema grave de salud.
Son más de 65.000 las pequeñas empresas que han cerrado. Los suicidios se han triplicado y en las calles de las grandes ciudades vemos deambular -con una cobija en los hombros y una bolsa con lo poco que les quedó de su vida anterior- a los nuevos sin techo, gente como nosotros, que se quedaron sin trabajo y sin casa. La bancarrota económica y social es una realidad para el pueblo.
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ARGENTINA
Miseria a cielo abierto
Muerte, represión y saqueo. Sin estas tres palabras, el concepto de mega minería no podría existir. Van de la mano al igual que van de la mano el gobierno nacional y las mineras extranjeras, encargadas de llevarse los minerales y las divisas, dejando contaminación, destrucción y migajas. El conflicto generado en torno a la minería metalífera a gran escala desenmascara las políticas reales del kirchnerismo y la burguesía nacional, que solo buscan poner en bandeja los recursos naturales y estirar lo máximo posible el discurso de un progresismo emancipador, que no resiste ningún contraste con la realidad. Gracias a los levantamientos populares, los cuestionamientos hacia esta actividad extractiva y destructora han echado raíces en amplios sectores de la sociedad. Hoy, los pueblos de Famatina, Belén, Andalgala, Tinogasta, Chilecito, entre otros, son los faros a seguir en una lucha por la emancipación. Pese a que muchos intenten enfriar el conflicto con vientos malvinenses, el repudio a la minería a cielo abierto truena más fuerte que las explosiones que mutilan la Cordillera de los Andes.
LA SOPA QUÍMICA Y FINANCIERA
El imaginario cultural asocia a la minería con el trabajador explotado, su típico casco con la linterna, un laberinto de socavones y la imagen de una mujer rezándole a la mina para que no se trague a su marido, hijo, o hermano. Esas imágenes se han quedado en el tiempo, y ahora le han dado paso a otras imágenes: las de un “progreso limpio” de técnicos, químicos, ingenieros, geólogos, miles de toneladas de maquinaria pesada, cianuro y explosivos. La nueva hija prodigio de los saqueadores tiene nombre: minería a cielo abierto. ¿En qué consiste este tipo de método extractivo y contaminante? Todos los elementos de la naturaleza están compuestos por minerales, pero lo que hace rentable su extracción es la concentración del mineral en la zona por explotar. Incluso en nuestro cuerpo podemos encontrar metales como oro, salvo que para una minera no es rentable exprimirnos para extraerlo, o por lo menos no lo es hasta el momento. La minería de socavón -o tradicional- se basa en la extracción de minerales concentrados en las vetas naturales. Pero, cuando se agotan las vetas, cualquier estructura geológica se transforma en una gran fuente de minerales diseminados. Para poder extraer estos minerales dispersos es necesario reducirla a escombros. Cientos de miles de toneladas de dinamita, o incluso millones –como lo estipulado en el proyecto binacional argentino chileno Pascua Lama- pueden transformar grandes montañas en profundos cráteres. Luego, gigantescos montículos de escombros son rociados con sustancias químicas como cianuro de sodio para obtener oro y plata, o con ácido sulfúrico en el caso del cobre. Este proceso químico se llama lixiviación, y en él se logra separar la mena (material crudo compuesto por varios minerales de interés) y la ganga (es decir el resto de los minerales que acompañan a la mena y no representan de interés económico al momento de la extracción) del material estéril. El resultado para las mineras: por cada tonelada de montaña molida, se obtiene un gramo de oro, entre otros minerales. El resultado real: una gran sopa química compuesta por millones de toneladas de material contaminado pasa a formar parte de dudosos diques de contención -que luego logran filtrase en las napas y contaminar afluentes-, peri glaciares y glaciares son destruidos, junto con toda la flora y fauna de la zona, se expiden miles de toneladas de gases de efecto invernadero al cielo y el daño socio ambiental se torna irreversible.
En territorio argentino hay 17 emprendimientos mega mineros en actividad. Los casos más resonantes son la mina Bajo La Alumbrera en Catamarca, Veladero en San Juan y Cerro Vanguardia en Santa Cruz. También existen más de 400 proyectos mineros en diferentes etapas. Entre los proyectos más controvertidos está el de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation en Famatina –frenado gracias a la presión popular-, el proyecto de Agua Rica en Andalgalá, y el de la extracción de litio en los salares de Jujuy y Salta, que amenaza con echar de sus tierras a poblaciones originarias. El mercado minero en Argentina está liderado casi en su totalidad por unas 50 empresas extranjeras, entre ellas Xstrata, Yamana, Goldcorp –estas tres conforman Minera Alumbrera Ltd, la accionista mayoritaria del Bajo La Alumbrera-, Barrick Gold –en la cual tiene acciones la familia genocida Bush-, Anglogold, Yamiri, Río Tinto, y Magauranium. Estas empresas, enceguecidas por el aumento en el mercado financiero de los minerales- desde 2001 hasta la actualidad los precios del cobre subieron más del 204% y los del oro más del 616%-, vuelcan todo su potencial al saqueo, sin importar el costo que deben pagar las poblaciones perjudicadas. Tanto la minería a gran escala, como las pasteras y los agro negocios forman parte de un modelo extractivo contaminante que solo beneficia a las empresas, en convivencia con los gobiernos de turno. Así como gran parte de los minerales extraídos de suelo argentino son utilizados para uso civil, un importante porcentaje es destinado para fines que distan mucho de algún objetivo pacífico. Uno de los minerales de los cuales poco se habla es el molibdeno, que es piedra fundamental en la industria militar. Este tiene la cualidad de endurecer al hierro y es utilizado en la industria de la aviación, armamentística y en la fabricación de misiles. El proceso del saqueo tiene su ruta: el material sin procesar –y sin valor agregado- es trasladado a diferentes puertos donde se los saca hacia destinos donde cuentan con la capacidad técnica de obtener el material puro. El mineral argentino se transforma en miles de millones de dólares de empresas extranjeras depositados en bóvedas de seguridad en Zurich, Londres, New York y cualquier otra metrópolis financiera alejada del cianuro, los escombros y la contaminación.
LA HERENCIA DE PAPÁ
“Menem es el mejor presidente desde Perón” se animó a decir Néstor Kirchner, durante un acto en el cual agasajaba en su carácter de gobernador de Santa Cruz al ex presidente riojano. Era 1993, ya varias empresas habían sido entregadas a la sangría privatizadora y el actual Código Minero estaba siendo pergeñado entre los altos sectores del menemato y el lobby minero trasnacional. Entre las herencias políticas que hoy en día subsisten del “mejor presidente desde Perón”, la política minera es una de ellas. Mientras todos los sectores del kirchnerismo se llenan la boca atacando al neoliberalismo, es responsabilidad de este gobierno que en más de ocho años de gestión no se haya cambiado ni una coma a una jurisprudencia vergonzosa. Y no es casualidad! ¿En qué consiste este Código? Es el sueño de las mineras transnacionales, donde literalmente el Estado pone un cartel de “se vende” a todas las fuentes de recursos mineros. Muchas de las concesiones que se fijan en ese Código son aberrantes. Una de ellas, asegura que una vez comenzada la investigación de base (primera etapa del proceso de explotación minera) la empresa tiene derecho a finalizar todas las etapas. También dispone que la minera goce de un derecho adicional que es el de exigir la venta forzosa del terreno que resulte necesario para la instalación de obras de infraestructura minera y servicios. No solo permite el saqueo, sino que en el Código Minero figura un artículo por el cual el Estado -nacional, provincial o municipal- tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento. Si, ríase o mejor llore.
El Código Minero no está solo, su hermana bastarda es la Ley 24.196 de Régimen de Inversiones Mineras, sancionada en abril de 1993, también con el apoyo de los K. Esta ley otorga más beneficios, como eximir a las empresas de impuestos -el IVA, a las utilidades y gravámenes activos- y permite que se lleven el 100% de las divisas por exportaciones al exterior. También las las mineras son privilegiadas ya que tienen estabilidad fiscal por treinta años, es decir que ni el Corralito del 2001 las afecto. El punto más crítico esta en el artículo 21 de dicha ley, donde se concede un reembolso superior al 5 % del valor total exportado si se lo saca del país por puertos patagónicos. Si tenemos en cuenta que las mineras están obligadas a pagar al Estado solamente un 3 % del valor total del mineral en boca de mina –cifra que surge de las declaraciones juradas hechas por la propias empresas mineras-, no quedan dudas que se legisla y gobierna en pos del beneficio minero y que deja como ecuación un saqueo sin precedentes. Como si fuera poco, las mineras no pagan ni un centavo por el agua, la electricidad y el gas que utilizan porque están subsidiadas por todos los argentinos y argentinas (aparentemente aun no existe el SUBE minero).
Para conocer realmente lo que se oculta detrás del negocio mega minero, no hacen falta investigaciones exhaustivas ni desclasificar ningún tipo de documento secreto: los fundamentos de todos los “eco terroristas o nazis” –como los definió el gobernador sanjuanino Gioja- parten de la realidad cotidiana. Funcionarios públicos en febriles reuniones con los principales accionistas de las mineras, graves contradicciones entre ellos, esfuerzos patéticos y denodados de la prensa fiel a la prebenda oficialista (6,7 y 8, Pagina 12, Victor Hugo Morales, etc.) y una falta de credibilidad sin precedentes del gobierno en la sociedad son los movimientos visibles de un poder que comienza a estar acorralado. Son los pobres recursos con los que el Kirchnerismo está intentando revertir el impacto. El fin: sostener el millonario negocio mega minero que solo beneficia a las multinacionales y a la clase política de turno, es decir a este gobierno y sus aliados. Un ejemplo de la ignorancia y la desesperación por lograr desactivar el conflicto está personificado en la gobernadora K de Catamarca, Lucia Corpacci, quien afirmó que “la Minera Alumbrera no utiliza cianuro en ningún momento de su producción”. Desde estas páginas recomendamos a los asesores de la gobernadora –si es que quieren mantener su trabajo- que le hagan llegar el informe de impacto ambiental elaborado por la propia empresa en donde reconoce que utiliza 700 toneladas anuales de cianuro. Si tenemos en cuenta que este informe no fue auditado ni corroborado por ningún ente estatal o ciudadano, sería poco serio no considerar que la realidad es mucho peor de lo que acusan los tendenciosos “papers” corporativos y que se intenta ocultar una gran tragedia que se llama minería a cielo abierto. Esta convivencia en sociedad llegó a un punto irrisorio cuando el pasado 15 de febrero se creó la Organización de Estados Productores Mineros de la Argentina. Esta “organización” cuasi mafiosa fue lanzada por los gobernadores kirchneristas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, contando con la participación del Ministro de Planificación Federal Julio De Vido. La iniciativa es promovida desde el Gobierno Nacional y busca generar un espacio unificado del discurso pro minero para generar una campaña de desinformación y buscar la tan ansiada “licencia social”. Mientras parte de la estrategia disuasiva apunta a reflotar el conflicto por las Islas Malvinas, el territorio nacional es rematado a las transnacionales. A la hora de encarar esta campaña estatal pro minera, el Gobierno Nacional es capaz de todo, incluso de que la propia presidenta mienta descaradamente en cadena nacional. Así sucedió en la teleconferencia que mantuvo con un “simple” obrero minero llamado Antonio, el cual defendió a la minería. "Antonio, vos no sos dirigente político, sos un trabajador que defiende su lugar...”, le dijo CFK. Lástima que el tal obrero ni se llamaba Antonio ni era obrero, sino un conocido Armando Domínguez, presidente del PJ de Olavarría y reconocido burócrata y traidor sindical de AOMA (mineros), desde donde se ha reunido en reiteradas ocasiones a negociar con todas las patronales mineras. ¿Cómo pretenden que se lleve adelante una “discusión seria” sobre la minería a cielo abierto con tantas y tan patéticas mentiras?
CUANDO LA MUERTE SE DISFRAZA DE PROGRESO
Uno de los enunciados que esgrimen como caballitos de batalla desde los gobiernos Nacional y Provinciales pro mineros es que la mega minería es una fuente importante de trabajo para las poblaciones “incluidas” por el emprendimiento. Una total tergiversación de la realidad. Uno debería preguntarse a lo largo de la historia del capitalismo ¿cuándo una población fue beneficiada por el saqueo contaminante de sus recursos naturales? Las grandes ganancias siempre son para las empresas y no para las comunidades que habitan zonas donde abundan los recursos naturales. Casi todos los proyectos mineros de nuestro país tienen una duración estipulada de 10 a 40 años, después de los cuales las compañías mineras se trasladan a otros lugares dejando contaminación, devastación y pueblos diezmados . Estas comunidades, como el caso de Belén, Famatina o Tinogasta, basan su economía en el trabajo de la tierra, ya sea agricultura o ganadería. Son pueblos que poseen una economía sustentable y una estabilidad socio ambiental ligadas a costumbres y modo de vida heredados de generación en generación. Sería de necio negar que las Provincias “mineras” y sus pueblos cordilleranos soportan índices de pobreza alarmantes pero imponerles como herramienta para la “inclusión social” y fuente de trabajo a la mega minería, es como querer curar un dolor de cabeza con una pastilla de cianuro. Dinamitar montañas enteras o hacer grandes cráteres llenos de agua contaminada no es una actividad sustentable y para colmo de males, aniquila a las otras actividades que si lo son. ¿Qué clase de informe de impacto socio ambiental serio y veraz es el esperable de la minera Bajo La Alumbrera? Uno acorde a un cráter de dos kilómetros de largo y 500 metros de profundidad que utiliza 100 millones de litros de agua por día y es uno de los emprendimientos ubicados entre los mayores consumidores de energía del país. No hace falta ser un gran geólogo ni un erudito en la materia para comprender que esos millones de litros que está utilizando esta mina vacían los acuíferos de Campo del Arenal, fuente hídrica esencial para la actividad productiva de la zona.
La mega minería tampoco es una fuente empleadora de operarios y personal capacitado que signifique una variación en la tasa del índice de desempleo de manera significativa, salvo que las estadísticas caigan en el mágico INDEC de Moreno. La Minera Alumbrera declara que entre cobre, oro, plata y molibdeno ha exportado 43.848 millones de pesos hasta 2010, casi doce veces más que la inversión inicial de la empresa. En el área de impacto del proyecto, que son los departamentos catamarqueños de Belén, Santa María y Andalgalá, se generaron 481 empleos directos por este emprendimiento. Si tenemos en cuenta que la población total entre las tres localidades es de aproximadamente 54 mil habitantes, el porcentaje de empleados de la minera es de 0.89 por ciento. Esta tendencia de “crecimiento” económico y social –que son infladas por los gobiernos y las mineras- se repite en cada uno de los grandes proyectos mineros a escala nacional y mundial, dejando en claro que lo único sustentable y seguro de este negocio son las vergonzosas cuentas bancarias de los accionistas y que la “teoría del derroche minero”, casi con seguridad, está refrescando los ávidos bolsillos de nuestra clase política “nacional y popular”.
Otro enunciado capcioso es que la mega minería genera empleo indirecto. Verdadero, pero ¿qué actividad no lo hace? ¿Cuál es el porcentaje de empleo indirecto creado por la mega minería? Según lo informado por la propia Minera La Alumbrera, en su zona de influencia directa, es un magro 3.5 por ciento por cada obrero de mina. Durante el 2010, la minera compró bienes y servicios por 1220 millones de pesos, pero de ellos sólo 54,6 millones de pesos fueron compras realizadas en Catamarca. Si de salarios hablamos, el cuentito kirchnerista del “fifty-fifty” no lo han escuchado por Catamarca, ya que de los 6390 millones de pesos que la minera afirma haber exportado en el último balance, solo el 2.5 por ciento fue traducido en sueldos a sus trabajadores.
CON EL PALO O CON LA BILLETERA
Para borrar cualquier tipo de dudas, tomemos un caso que ejemplifica la verdadera naturaleza de estas empresas: la masacre de Tanzania, África. En 1996 grupos para policiales y fuerzas de seguridad públicas que respondían a una empresa subsidiaria de la Barrick Gold enterraron vivos a 50 mineros y desplazaron a más de 400 pobladores que vivían de la extracción de oro a baja escala para poder usurpar sus tierras y llevar adelante su proyecto minero. En ese momento, la empresa había entrado al país africano prometiendo trabajo y prosperidad. Hoy el décimo país más pobre del mundo es Tanzania, donde el salario promedio diario es de un dólar y la expectativa de vida es de 51 años. La única solución viable, aquí y allá, es que todas las minas sean declaradas bienes nacionales y sean explotadas por sus trabajadores, y estén controladas por organismos ambientales y de las poblaciones cercanas.
Pero las mineras también tienen su lado “bueno”. O por lo menos, intentan aparentarlo. Varias universidades nacionales reciben fondos producto de la explotación minera y uno de los casos más emblemáticos de esta relación simbiótica es el de la Universidad Nacional de Tucumán, que recibió más de 190 millones de pesos. La accionista minoritaria de Minera La Alumbrera Ltd es Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad compuesta por la provincia de Catamarca, el Estado Nacional y la Universidad de Tucumán. YMAD recibe el 20 por ciento de las utilidades de la mina, de esa suma el 60 por ciento se dirige a las arcas catamarqueñas, un 20 por ciento va para la universidad tucumana y el sobrante para el resto de las casas de estudios superiores nacionales. ¿Cómo podemos interpretar que el lobby minero financie a las universidades? Simple, cambian financiamiento por “lealtad intelectual” y dudosa legitimidad a la hora de elaborar documentos de impacto ambiental o cualquier tipo de informe –que tendría que ser objetivo y abogar por el bienestar de la comunidad- utilizado para defender la explotación y el saqueo de estas multinacionales. Por suerte, algunas otras universidades, con un poco más de dignidad y sentido de la soberanía nacional, rechazan estos fondos, como lo ha hecho, por ejemplo, la Universidad Nacional de Río Cuarto.
EN PIE Y LUCHANDO
Antes, los colonizadores europeos saqueaban al continente americano mediante el fusil y la cruz. Ahora a las transnacionales les basta con comprar a una clase dirigente entreguista y cipaya para que legisle en su antojo y si algún “pueblito” se opone, la respuesta siempre va a ser la macana en una mano y en la otra el Código Penal – con su flamante Ley Antiterrorista- para criminalizar la protesta. Esto es lo que sucedió y sucede en Andalgalá, Belén, Famatina, Tinogasta, Chilecito, etc. La formula es la misma: la fuerza represiva de la policía y sus grupos de elite, -conjuntamente con patotas para policiales- actúan reprimiendo los cortes de ruta, persiguiendo y amenazando manifestantes. Todo esto es posible gracias a una Justicia cómplice que lo único que hace es emitir ordenes de desalojo y mirar para otro lado cuando los derechos de los vecinos y vecinas de las zonas afectadas son pisoteados. La represión más violenta sucedió en la población de Belén, donde una pueblada se manifestó en contra de la mega minería y decidió cortar el acceso hacia la Minera Bajo La Alumbrera para interrumpir el suministro y que detenga sus actividades. El saldo fue de varios heridos -entre ellos mujeres y niños- y más de 30 detenidos. El ensañamiento con el cual se reprimió no terminó con un muerto de milagro, o quizás porque había varias cámaras de televisión transmitiendo en vivo para todo el país. Luego, con el correr de las horas, la represión en Belén se transformó en una persecución sistemática y seguimiento de asambleístas. Esta metodología es muy común y controlada de cerca por las propias mineras, quienes se encargan de financiar estas patotas pro mineras que atemorizan a la población movilizada. Lo mismos sucedió en Andalgalá, donde los matones realizaron un contrapiquete en el principal acceso de la ciudad impidiendo el ingreso de periodistas, referentes políticos y militantes sociales. Hoy en día, este piquete pro minero se levantó gracias a la presión popular, pero el pueblo continuo virtualmente sitiado. Las tareas de inteligencia están al orden del día. Incluso llegan a confeccionar bases de datos con las descripciones de cada uno de los “cabecillas” de las puebladas. Gracias a que el gerente de la minera canadiense Osisko Mining Corporation se olvidó una carpeta con la “lista negra” de asambleístas de Famatina y Belén en una hostería salió a la luz esta práctica digna de la dictadura militar. En esta lista figuraba el apellido, nombre, profesión y nivel de participación en las protestas de los asambleístas. Hasta se animaba a estipular qué suma de dinero sería suficiente para darles un “resarcimiento económico” para que cambien de posición. Todo esto ocurre bajo la tutela de “el gobierno de los derechos humanos”. A este “aparato de inteligencia” se le suma otra faceta represiva que es la de interferir y censurar a los comunicadores sociales que denuncian y pasan el parte diario del conflicto. Así sucedió con la radio El Algarrobo, de la Asamblea de Andalgalá, que tiene interferida la señal y solo puede transmitir vía internet. La pequeña radio era el único medio de comunicación libre que denunciaba el saqueo de la minería a cielo abierto en la zona, al mismo tiempo era un punto de confluencia de todos los pobladores movilizados. Pese a que la señal continúa interferida y la Comisión Nacional de Comunicaciones no hace nada para terminar con esta censura, no han logrado callar su voz. Las decenas de asambleas diseminadas a lo largo de la Cordillera y diferentes puntos del país han servido como caja de resonancia de una lucha en contra de la muerte y a favor de la vida.
Frente a este panorama represivo, los pueblos no dan su brazo a torcer. Las manifestaciones en cada una de las diferentes localidades son multitudinarias, las asambleas crecen y hasta incluso han arrastrado consigo a otros actores sociales –de mucha importancia en la población local- como curas, intendentes municipales, referentes culturales, etc. que se han mostrado en contra de la represión y el saqueo contaminante. Esta lucha no nació hace dos meses, pero si tomó un mayor nivel de impacto y adhesión en la opinión pública. El repudio a la mega minería viene desde hace años y ya tiene varias batallas ganadas. Uno de los casos emblemáticos es el del pueblo de Esquel, que logró frenar mediante un plebiscito un proyecto saqueador de la empresa canadiense Meridian Gold. Esta avanzada de los sectores populares en contra de los proyectos saqueadores y contaminantes no es exclusiva de Argentina, sino que los focos se esparcen por el resto del continente hasta México. El pasado cinco de febrero, la comunidad originaria de Ngäbe Buglé de Panamá ha sido brutalmente reprimida por la policía local, que ha asesinado a dos pobladores por oponerse a un proyecto mega minero. También en Perú y Bolivia, la lucha por el agua y en contra de la minería está adquiriendo dimensiones preocupantes para los gobiernos capitalistas de Ollanta Humala y Evo Morales. El patrón se repite y deja en claro que esto es un plan a escala continental de las multinacionales y sus gobiernos serviles. Cada movimiento en el tablero es un paso más hacia una guerra casi inevitable: la de los recursos naturales. Nuestras clases dirigentes son socias de los intereses extranjeros y si la lucha de los pueblos no acaba con estos socios y sus negocios, ellos no vacilarán en masacrar con tal de mantener su margen de ganancia. Las asambleas, los piquetes, y toda forma de resistencia popular y acción directa son llamadas de atención que deben ser multiplicadas, ya que es la única manera de asegurar la derrota de estos nuevos conquistadores y sus gobiernos. Por suerte, cada día son más las personas que al ver un anillo de oro se preguntan de dónde sale y cuánta sangre contiene.
EL CINISMO DE GOBERNAR
En el San Juan del kirchnerista Gioja, el saqueo da un salto cualitativo sin precedentes. La cordillera sanjuanina es despedazada por varios emprendiemientos mega mineros entre los que se encuentra Veladero de la Barrick Gold -una de las minas auríferas en actividad más grandes del mundo-, firma de la cual la familia Bush es accionista. Pero, Veladero va a quedar chica al lado del proyecto Pascua–Lama, también propiedad de la Barrick. Esta será la prime ra mina que funcionará amparada en Tratado Minero Argentino-Chileno -firmado en 1997 por Frei y Menem- que establece una zona liberada de explotación de metales en beneficio de las mineras transnacionales a los dos lados de la frontera y que ha creado sobre la Cordillera de los Andes, un tercer estado minero cuya bandera es la ganancia a cualquier costo. Pese que la contaminación afectará a comunidades de los dos países, los respectivos gobiernos de Piñera y CFK hacen la vista gorda y dan luz verde para que se ponga en marcha lo que será la mayor mina del mundo y que utilizara la misma cantidad de explosivos que se arrojaron durante la Segunda Guerra Mundial.
El cinismo de CFK llega a tal punto que su mismo gobierno no respeta las leyes que han sido aprobadas bajo su mandato. Es el caso de la ley 26.659/2010 que "prohibe a los estados nacionales, provinciales y municipales contratar empresas que tienen interés, filiales o conexiones con empresas que se encuentren explorando por hidrocarburos en Malvinas". Las mineras transnacionales y las empresas que quieren extraer petróleo en las Malvinas tienen un punto en común fundamental . El caso de la minera Xstrata clarifica: está controlada por el banco ingles Barclays, que es el principal accionista de Desire Petroleum y de Borders & Southerns. Estas dos concesionarias obtuvieron permisos del gobierno de los kelpers para realizar tareas de exploración en un fondo marino que se estima que posee más de 60 mil millones de barriles de petróleo de alta calidad. Cifra que pulveriza las reservas probadas de la Argentina, estimadas en unos 2.600 millones de barriles. El entramado financiero internacional que se puede tejer entre el resto de las mineras que explotan la cordillera y las petroleras con intereses en las islas daría para otra nota. Lo que queda claro es que se está entregando la cordillera a los mismos grupos económicos que promueven la ocupación civil y militar de las Islas del Atlántico Sur. ¿No es de traidor al pueblo argentino decir que este Gobierno Nacional defiende la soberanía territorial?
LA SOPA QUÍMICA Y FINANCIERA
El imaginario cultural asocia a la minería con el trabajador explotado, su típico casco con la linterna, un laberinto de socavones y la imagen de una mujer rezándole a la mina para que no se trague a su marido, hijo, o hermano. Esas imágenes se han quedado en el tiempo, y ahora le han dado paso a otras imágenes: las de un “progreso limpio” de técnicos, químicos, ingenieros, geólogos, miles de toneladas de maquinaria pesada, cianuro y explosivos. La nueva hija prodigio de los saqueadores tiene nombre: minería a cielo abierto. ¿En qué consiste este tipo de método extractivo y contaminante? Todos los elementos de la naturaleza están compuestos por minerales, pero lo que hace rentable su extracción es la concentración del mineral en la zona por explotar. Incluso en nuestro cuerpo podemos encontrar metales como oro, salvo que para una minera no es rentable exprimirnos para extraerlo, o por lo menos no lo es hasta el momento. La minería de socavón -o tradicional- se basa en la extracción de minerales concentrados en las vetas naturales. Pero, cuando se agotan las vetas, cualquier estructura geológica se transforma en una gran fuente de minerales diseminados. Para poder extraer estos minerales dispersos es necesario reducirla a escombros. Cientos de miles de toneladas de dinamita, o incluso millones –como lo estipulado en el proyecto binacional argentino chileno Pascua Lama- pueden transformar grandes montañas en profundos cráteres. Luego, gigantescos montículos de escombros son rociados con sustancias químicas como cianuro de sodio para obtener oro y plata, o con ácido sulfúrico en el caso del cobre. Este proceso químico se llama lixiviación, y en él se logra separar la mena (material crudo compuesto por varios minerales de interés) y la ganga (es decir el resto de los minerales que acompañan a la mena y no representan de interés económico al momento de la extracción) del material estéril. El resultado para las mineras: por cada tonelada de montaña molida, se obtiene un gramo de oro, entre otros minerales. El resultado real: una gran sopa química compuesta por millones de toneladas de material contaminado pasa a formar parte de dudosos diques de contención -que luego logran filtrase en las napas y contaminar afluentes-, peri glaciares y glaciares son destruidos, junto con toda la flora y fauna de la zona, se expiden miles de toneladas de gases de efecto invernadero al cielo y el daño socio ambiental se torna irreversible.
En territorio argentino hay 17 emprendimientos mega mineros en actividad. Los casos más resonantes son la mina Bajo La Alumbrera en Catamarca, Veladero en San Juan y Cerro Vanguardia en Santa Cruz. También existen más de 400 proyectos mineros en diferentes etapas. Entre los proyectos más controvertidos está el de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation en Famatina –frenado gracias a la presión popular-, el proyecto de Agua Rica en Andalgalá, y el de la extracción de litio en los salares de Jujuy y Salta, que amenaza con echar de sus tierras a poblaciones originarias. El mercado minero en Argentina está liderado casi en su totalidad por unas 50 empresas extranjeras, entre ellas Xstrata, Yamana, Goldcorp –estas tres conforman Minera Alumbrera Ltd, la accionista mayoritaria del Bajo La Alumbrera-, Barrick Gold –en la cual tiene acciones la familia genocida Bush-, Anglogold, Yamiri, Río Tinto, y Magauranium. Estas empresas, enceguecidas por el aumento en el mercado financiero de los minerales- desde 2001 hasta la actualidad los precios del cobre subieron más del 204% y los del oro más del 616%-, vuelcan todo su potencial al saqueo, sin importar el costo que deben pagar las poblaciones perjudicadas. Tanto la minería a gran escala, como las pasteras y los agro negocios forman parte de un modelo extractivo contaminante que solo beneficia a las empresas, en convivencia con los gobiernos de turno. Así como gran parte de los minerales extraídos de suelo argentino son utilizados para uso civil, un importante porcentaje es destinado para fines que distan mucho de algún objetivo pacífico. Uno de los minerales de los cuales poco se habla es el molibdeno, que es piedra fundamental en la industria militar. Este tiene la cualidad de endurecer al hierro y es utilizado en la industria de la aviación, armamentística y en la fabricación de misiles. El proceso del saqueo tiene su ruta: el material sin procesar –y sin valor agregado- es trasladado a diferentes puertos donde se los saca hacia destinos donde cuentan con la capacidad técnica de obtener el material puro. El mineral argentino se transforma en miles de millones de dólares de empresas extranjeras depositados en bóvedas de seguridad en Zurich, Londres, New York y cualquier otra metrópolis financiera alejada del cianuro, los escombros y la contaminación.
LA HERENCIA DE PAPÁ
“Menem es el mejor presidente desde Perón” se animó a decir Néstor Kirchner, durante un acto en el cual agasajaba en su carácter de gobernador de Santa Cruz al ex presidente riojano. Era 1993, ya varias empresas habían sido entregadas a la sangría privatizadora y el actual Código Minero estaba siendo pergeñado entre los altos sectores del menemato y el lobby minero trasnacional. Entre las herencias políticas que hoy en día subsisten del “mejor presidente desde Perón”, la política minera es una de ellas. Mientras todos los sectores del kirchnerismo se llenan la boca atacando al neoliberalismo, es responsabilidad de este gobierno que en más de ocho años de gestión no se haya cambiado ni una coma a una jurisprudencia vergonzosa. Y no es casualidad! ¿En qué consiste este Código? Es el sueño de las mineras transnacionales, donde literalmente el Estado pone un cartel de “se vende” a todas las fuentes de recursos mineros. Muchas de las concesiones que se fijan en ese Código son aberrantes. Una de ellas, asegura que una vez comenzada la investigación de base (primera etapa del proceso de explotación minera) la empresa tiene derecho a finalizar todas las etapas. También dispone que la minera goce de un derecho adicional que es el de exigir la venta forzosa del terreno que resulte necesario para la instalación de obras de infraestructura minera y servicios. No solo permite el saqueo, sino que en el Código Minero figura un artículo por el cual el Estado -nacional, provincial o municipal- tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento. Si, ríase o mejor llore.
El Código Minero no está solo, su hermana bastarda es la Ley 24.196 de Régimen de Inversiones Mineras, sancionada en abril de 1993, también con el apoyo de los K. Esta ley otorga más beneficios, como eximir a las empresas de impuestos -el IVA, a las utilidades y gravámenes activos- y permite que se lleven el 100% de las divisas por exportaciones al exterior. También las las mineras son privilegiadas ya que tienen estabilidad fiscal por treinta años, es decir que ni el Corralito del 2001 las afecto. El punto más crítico esta en el artículo 21 de dicha ley, donde se concede un reembolso superior al 5 % del valor total exportado si se lo saca del país por puertos patagónicos. Si tenemos en cuenta que las mineras están obligadas a pagar al Estado solamente un 3 % del valor total del mineral en boca de mina –cifra que surge de las declaraciones juradas hechas por la propias empresas mineras-, no quedan dudas que se legisla y gobierna en pos del beneficio minero y que deja como ecuación un saqueo sin precedentes. Como si fuera poco, las mineras no pagan ni un centavo por el agua, la electricidad y el gas que utilizan porque están subsidiadas por todos los argentinos y argentinas (aparentemente aun no existe el SUBE minero).
Para conocer realmente lo que se oculta detrás del negocio mega minero, no hacen falta investigaciones exhaustivas ni desclasificar ningún tipo de documento secreto: los fundamentos de todos los “eco terroristas o nazis” –como los definió el gobernador sanjuanino Gioja- parten de la realidad cotidiana. Funcionarios públicos en febriles reuniones con los principales accionistas de las mineras, graves contradicciones entre ellos, esfuerzos patéticos y denodados de la prensa fiel a la prebenda oficialista (6,7 y 8, Pagina 12, Victor Hugo Morales, etc.) y una falta de credibilidad sin precedentes del gobierno en la sociedad son los movimientos visibles de un poder que comienza a estar acorralado. Son los pobres recursos con los que el Kirchnerismo está intentando revertir el impacto. El fin: sostener el millonario negocio mega minero que solo beneficia a las multinacionales y a la clase política de turno, es decir a este gobierno y sus aliados. Un ejemplo de la ignorancia y la desesperación por lograr desactivar el conflicto está personificado en la gobernadora K de Catamarca, Lucia Corpacci, quien afirmó que “la Minera Alumbrera no utiliza cianuro en ningún momento de su producción”. Desde estas páginas recomendamos a los asesores de la gobernadora –si es que quieren mantener su trabajo- que le hagan llegar el informe de impacto ambiental elaborado por la propia empresa en donde reconoce que utiliza 700 toneladas anuales de cianuro. Si tenemos en cuenta que este informe no fue auditado ni corroborado por ningún ente estatal o ciudadano, sería poco serio no considerar que la realidad es mucho peor de lo que acusan los tendenciosos “papers” corporativos y que se intenta ocultar una gran tragedia que se llama minería a cielo abierto. Esta convivencia en sociedad llegó a un punto irrisorio cuando el pasado 15 de febrero se creó la Organización de Estados Productores Mineros de la Argentina. Esta “organización” cuasi mafiosa fue lanzada por los gobernadores kirchneristas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, contando con la participación del Ministro de Planificación Federal Julio De Vido. La iniciativa es promovida desde el Gobierno Nacional y busca generar un espacio unificado del discurso pro minero para generar una campaña de desinformación y buscar la tan ansiada “licencia social”. Mientras parte de la estrategia disuasiva apunta a reflotar el conflicto por las Islas Malvinas, el territorio nacional es rematado a las transnacionales. A la hora de encarar esta campaña estatal pro minera, el Gobierno Nacional es capaz de todo, incluso de que la propia presidenta mienta descaradamente en cadena nacional. Así sucedió en la teleconferencia que mantuvo con un “simple” obrero minero llamado Antonio, el cual defendió a la minería. "Antonio, vos no sos dirigente político, sos un trabajador que defiende su lugar...”, le dijo CFK. Lástima que el tal obrero ni se llamaba Antonio ni era obrero, sino un conocido Armando Domínguez, presidente del PJ de Olavarría y reconocido burócrata y traidor sindical de AOMA (mineros), desde donde se ha reunido en reiteradas ocasiones a negociar con todas las patronales mineras. ¿Cómo pretenden que se lleve adelante una “discusión seria” sobre la minería a cielo abierto con tantas y tan patéticas mentiras?
CUANDO LA MUERTE SE DISFRAZA DE PROGRESO
Uno de los enunciados que esgrimen como caballitos de batalla desde los gobiernos Nacional y Provinciales pro mineros es que la mega minería es una fuente importante de trabajo para las poblaciones “incluidas” por el emprendimiento. Una total tergiversación de la realidad. Uno debería preguntarse a lo largo de la historia del capitalismo ¿cuándo una población fue beneficiada por el saqueo contaminante de sus recursos naturales? Las grandes ganancias siempre son para las empresas y no para las comunidades que habitan zonas donde abundan los recursos naturales. Casi todos los proyectos mineros de nuestro país tienen una duración estipulada de 10 a 40 años, después de los cuales las compañías mineras se trasladan a otros lugares dejando contaminación, devastación y pueblos diezmados . Estas comunidades, como el caso de Belén, Famatina o Tinogasta, basan su economía en el trabajo de la tierra, ya sea agricultura o ganadería. Son pueblos que poseen una economía sustentable y una estabilidad socio ambiental ligadas a costumbres y modo de vida heredados de generación en generación. Sería de necio negar que las Provincias “mineras” y sus pueblos cordilleranos soportan índices de pobreza alarmantes pero imponerles como herramienta para la “inclusión social” y fuente de trabajo a la mega minería, es como querer curar un dolor de cabeza con una pastilla de cianuro. Dinamitar montañas enteras o hacer grandes cráteres llenos de agua contaminada no es una actividad sustentable y para colmo de males, aniquila a las otras actividades que si lo son. ¿Qué clase de informe de impacto socio ambiental serio y veraz es el esperable de la minera Bajo La Alumbrera? Uno acorde a un cráter de dos kilómetros de largo y 500 metros de profundidad que utiliza 100 millones de litros de agua por día y es uno de los emprendimientos ubicados entre los mayores consumidores de energía del país. No hace falta ser un gran geólogo ni un erudito en la materia para comprender que esos millones de litros que está utilizando esta mina vacían los acuíferos de Campo del Arenal, fuente hídrica esencial para la actividad productiva de la zona.
La mega minería tampoco es una fuente empleadora de operarios y personal capacitado que signifique una variación en la tasa del índice de desempleo de manera significativa, salvo que las estadísticas caigan en el mágico INDEC de Moreno. La Minera Alumbrera declara que entre cobre, oro, plata y molibdeno ha exportado 43.848 millones de pesos hasta 2010, casi doce veces más que la inversión inicial de la empresa. En el área de impacto del proyecto, que son los departamentos catamarqueños de Belén, Santa María y Andalgalá, se generaron 481 empleos directos por este emprendimiento. Si tenemos en cuenta que la población total entre las tres localidades es de aproximadamente 54 mil habitantes, el porcentaje de empleados de la minera es de 0.89 por ciento. Esta tendencia de “crecimiento” económico y social –que son infladas por los gobiernos y las mineras- se repite en cada uno de los grandes proyectos mineros a escala nacional y mundial, dejando en claro que lo único sustentable y seguro de este negocio son las vergonzosas cuentas bancarias de los accionistas y que la “teoría del derroche minero”, casi con seguridad, está refrescando los ávidos bolsillos de nuestra clase política “nacional y popular”.
Otro enunciado capcioso es que la mega minería genera empleo indirecto. Verdadero, pero ¿qué actividad no lo hace? ¿Cuál es el porcentaje de empleo indirecto creado por la mega minería? Según lo informado por la propia Minera La Alumbrera, en su zona de influencia directa, es un magro 3.5 por ciento por cada obrero de mina. Durante el 2010, la minera compró bienes y servicios por 1220 millones de pesos, pero de ellos sólo 54,6 millones de pesos fueron compras realizadas en Catamarca. Si de salarios hablamos, el cuentito kirchnerista del “fifty-fifty” no lo han escuchado por Catamarca, ya que de los 6390 millones de pesos que la minera afirma haber exportado en el último balance, solo el 2.5 por ciento fue traducido en sueldos a sus trabajadores.
CON EL PALO O CON LA BILLETERA
Para borrar cualquier tipo de dudas, tomemos un caso que ejemplifica la verdadera naturaleza de estas empresas: la masacre de Tanzania, África. En 1996 grupos para policiales y fuerzas de seguridad públicas que respondían a una empresa subsidiaria de la Barrick Gold enterraron vivos a 50 mineros y desplazaron a más de 400 pobladores que vivían de la extracción de oro a baja escala para poder usurpar sus tierras y llevar adelante su proyecto minero. En ese momento, la empresa había entrado al país africano prometiendo trabajo y prosperidad. Hoy el décimo país más pobre del mundo es Tanzania, donde el salario promedio diario es de un dólar y la expectativa de vida es de 51 años. La única solución viable, aquí y allá, es que todas las minas sean declaradas bienes nacionales y sean explotadas por sus trabajadores, y estén controladas por organismos ambientales y de las poblaciones cercanas.
Pero las mineras también tienen su lado “bueno”. O por lo menos, intentan aparentarlo. Varias universidades nacionales reciben fondos producto de la explotación minera y uno de los casos más emblemáticos de esta relación simbiótica es el de la Universidad Nacional de Tucumán, que recibió más de 190 millones de pesos. La accionista minoritaria de Minera La Alumbrera Ltd es Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad compuesta por la provincia de Catamarca, el Estado Nacional y la Universidad de Tucumán. YMAD recibe el 20 por ciento de las utilidades de la mina, de esa suma el 60 por ciento se dirige a las arcas catamarqueñas, un 20 por ciento va para la universidad tucumana y el sobrante para el resto de las casas de estudios superiores nacionales. ¿Cómo podemos interpretar que el lobby minero financie a las universidades? Simple, cambian financiamiento por “lealtad intelectual” y dudosa legitimidad a la hora de elaborar documentos de impacto ambiental o cualquier tipo de informe –que tendría que ser objetivo y abogar por el bienestar de la comunidad- utilizado para defender la explotación y el saqueo de estas multinacionales. Por suerte, algunas otras universidades, con un poco más de dignidad y sentido de la soberanía nacional, rechazan estos fondos, como lo ha hecho, por ejemplo, la Universidad Nacional de Río Cuarto.
EN PIE Y LUCHANDO
Antes, los colonizadores europeos saqueaban al continente americano mediante el fusil y la cruz. Ahora a las transnacionales les basta con comprar a una clase dirigente entreguista y cipaya para que legisle en su antojo y si algún “pueblito” se opone, la respuesta siempre va a ser la macana en una mano y en la otra el Código Penal – con su flamante Ley Antiterrorista- para criminalizar la protesta. Esto es lo que sucedió y sucede en Andalgalá, Belén, Famatina, Tinogasta, Chilecito, etc. La formula es la misma: la fuerza represiva de la policía y sus grupos de elite, -conjuntamente con patotas para policiales- actúan reprimiendo los cortes de ruta, persiguiendo y amenazando manifestantes. Todo esto es posible gracias a una Justicia cómplice que lo único que hace es emitir ordenes de desalojo y mirar para otro lado cuando los derechos de los vecinos y vecinas de las zonas afectadas son pisoteados. La represión más violenta sucedió en la población de Belén, donde una pueblada se manifestó en contra de la mega minería y decidió cortar el acceso hacia la Minera Bajo La Alumbrera para interrumpir el suministro y que detenga sus actividades. El saldo fue de varios heridos -entre ellos mujeres y niños- y más de 30 detenidos. El ensañamiento con el cual se reprimió no terminó con un muerto de milagro, o quizás porque había varias cámaras de televisión transmitiendo en vivo para todo el país. Luego, con el correr de las horas, la represión en Belén se transformó en una persecución sistemática y seguimiento de asambleístas. Esta metodología es muy común y controlada de cerca por las propias mineras, quienes se encargan de financiar estas patotas pro mineras que atemorizan a la población movilizada. Lo mismos sucedió en Andalgalá, donde los matones realizaron un contrapiquete en el principal acceso de la ciudad impidiendo el ingreso de periodistas, referentes políticos y militantes sociales. Hoy en día, este piquete pro minero se levantó gracias a la presión popular, pero el pueblo continuo virtualmente sitiado. Las tareas de inteligencia están al orden del día. Incluso llegan a confeccionar bases de datos con las descripciones de cada uno de los “cabecillas” de las puebladas. Gracias a que el gerente de la minera canadiense Osisko Mining Corporation se olvidó una carpeta con la “lista negra” de asambleístas de Famatina y Belén en una hostería salió a la luz esta práctica digna de la dictadura militar. En esta lista figuraba el apellido, nombre, profesión y nivel de participación en las protestas de los asambleístas. Hasta se animaba a estipular qué suma de dinero sería suficiente para darles un “resarcimiento económico” para que cambien de posición. Todo esto ocurre bajo la tutela de “el gobierno de los derechos humanos”. A este “aparato de inteligencia” se le suma otra faceta represiva que es la de interferir y censurar a los comunicadores sociales que denuncian y pasan el parte diario del conflicto. Así sucedió con la radio El Algarrobo, de la Asamblea de Andalgalá, que tiene interferida la señal y solo puede transmitir vía internet. La pequeña radio era el único medio de comunicación libre que denunciaba el saqueo de la minería a cielo abierto en la zona, al mismo tiempo era un punto de confluencia de todos los pobladores movilizados. Pese a que la señal continúa interferida y la Comisión Nacional de Comunicaciones no hace nada para terminar con esta censura, no han logrado callar su voz. Las decenas de asambleas diseminadas a lo largo de la Cordillera y diferentes puntos del país han servido como caja de resonancia de una lucha en contra de la muerte y a favor de la vida.
Frente a este panorama represivo, los pueblos no dan su brazo a torcer. Las manifestaciones en cada una de las diferentes localidades son multitudinarias, las asambleas crecen y hasta incluso han arrastrado consigo a otros actores sociales –de mucha importancia en la población local- como curas, intendentes municipales, referentes culturales, etc. que se han mostrado en contra de la represión y el saqueo contaminante. Esta lucha no nació hace dos meses, pero si tomó un mayor nivel de impacto y adhesión en la opinión pública. El repudio a la mega minería viene desde hace años y ya tiene varias batallas ganadas. Uno de los casos emblemáticos es el del pueblo de Esquel, que logró frenar mediante un plebiscito un proyecto saqueador de la empresa canadiense Meridian Gold. Esta avanzada de los sectores populares en contra de los proyectos saqueadores y contaminantes no es exclusiva de Argentina, sino que los focos se esparcen por el resto del continente hasta México. El pasado cinco de febrero, la comunidad originaria de Ngäbe Buglé de Panamá ha sido brutalmente reprimida por la policía local, que ha asesinado a dos pobladores por oponerse a un proyecto mega minero. También en Perú y Bolivia, la lucha por el agua y en contra de la minería está adquiriendo dimensiones preocupantes para los gobiernos capitalistas de Ollanta Humala y Evo Morales. El patrón se repite y deja en claro que esto es un plan a escala continental de las multinacionales y sus gobiernos serviles. Cada movimiento en el tablero es un paso más hacia una guerra casi inevitable: la de los recursos naturales. Nuestras clases dirigentes son socias de los intereses extranjeros y si la lucha de los pueblos no acaba con estos socios y sus negocios, ellos no vacilarán en masacrar con tal de mantener su margen de ganancia. Las asambleas, los piquetes, y toda forma de resistencia popular y acción directa son llamadas de atención que deben ser multiplicadas, ya que es la única manera de asegurar la derrota de estos nuevos conquistadores y sus gobiernos. Por suerte, cada día son más las personas que al ver un anillo de oro se preguntan de dónde sale y cuánta sangre contiene.
EL CINISMO DE GOBERNAR
En el San Juan del kirchnerista Gioja, el saqueo da un salto cualitativo sin precedentes. La cordillera sanjuanina es despedazada por varios emprendiemientos mega mineros entre los que se encuentra Veladero de la Barrick Gold -una de las minas auríferas en actividad más grandes del mundo-, firma de la cual la familia Bush es accionista. Pero, Veladero va a quedar chica al lado del proyecto Pascua–Lama, también propiedad de la Barrick. Esta será la prime ra mina que funcionará amparada en Tratado Minero Argentino-Chileno -firmado en 1997 por Frei y Menem- que establece una zona liberada de explotación de metales en beneficio de las mineras transnacionales a los dos lados de la frontera y que ha creado sobre la Cordillera de los Andes, un tercer estado minero cuya bandera es la ganancia a cualquier costo. Pese que la contaminación afectará a comunidades de los dos países, los respectivos gobiernos de Piñera y CFK hacen la vista gorda y dan luz verde para que se ponga en marcha lo que será la mayor mina del mundo y que utilizara la misma cantidad de explosivos que se arrojaron durante la Segunda Guerra Mundial.
El cinismo de CFK llega a tal punto que su mismo gobierno no respeta las leyes que han sido aprobadas bajo su mandato. Es el caso de la ley 26.659/2010 que "prohibe a los estados nacionales, provinciales y municipales contratar empresas que tienen interés, filiales o conexiones con empresas que se encuentren explorando por hidrocarburos en Malvinas". Las mineras transnacionales y las empresas que quieren extraer petróleo en las Malvinas tienen un punto en común fundamental . El caso de la minera Xstrata clarifica: está controlada por el banco ingles Barclays, que es el principal accionista de Desire Petroleum y de Borders & Southerns. Estas dos concesionarias obtuvieron permisos del gobierno de los kelpers para realizar tareas de exploración en un fondo marino que se estima que posee más de 60 mil millones de barriles de petróleo de alta calidad. Cifra que pulveriza las reservas probadas de la Argentina, estimadas en unos 2.600 millones de barriles. El entramado financiero internacional que se puede tejer entre el resto de las mineras que explotan la cordillera y las petroleras con intereses en las islas daría para otra nota. Lo que queda claro es que se está entregando la cordillera a los mismos grupos económicos que promueven la ocupación civil y militar de las Islas del Atlántico Sur. ¿No es de traidor al pueblo argentino decir que este Gobierno Nacional defiende la soberanía territorial?
OTRA VEZ LLEGA GARZON A BUENOS AIRES
Garzón y los intelectuales de izquierda
Baltasar Garzón, extitular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, continuación del TOP (Tribunal de Orden Publico) franquista, y responsable de instruir los casos de terrorismo en el Estado Español, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación en la carrera judicial por un delito de prevaricación, debido a la orden de realizar escuchas ilegales a los abogados de los imputados en prisión preventiva por el caso Gürtel, trama de corrupción ligada al Partido Popular. En el segundo de los juicios en el que estuvo procesado, el referido a las diligencias en torno a las víctimas del franquismo, el ya exjuez Garzón ha sido absuelto por el Tribunal Supremo mediante una sentencia adoptada por mayoría de seis a uno. Tampoco podemos olvidar que Garzón tiene un tercer procedimiento abierto en el mismo Tribunal Supremo por cohecho y prevaricación, debido a los patrocinios que pidió (y obtuvo) a grandes multinacionales y bancos españoles, para financiar sus conferencias y un seminario sobre terrorismo en la Universidad de Nueva York.
Como respuesta a la sentencia, hemos leído con sorpresa pero también con cierta preocupación el pronunciamiento de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad titulado „Contra la impunidad franquista‰1. Sorpresa porque, mientras que en el citado documento se reconoce que Garzón cerró diarios y coartó las libertades del pueblo vasco, se protesta por su condena de 11 años de inhabilitación. Preocupación porque, como militantes de izquierda e internacionalistas que somos, pensamos que no vale cualquier argumento, mucho menos la defensa de un personaje como Baltasar Garzón, para denunciar el fascismo imperante en el Estado Español y el intento de sepultar de nuevo a las víctimas del franquismo. Mucho menos si esta defensa la realizan compañeros y en muchos casos amigos, de la izquierda latinoamericana y europea con los que hemos compartido innumerables eventos, foros, reuniones y publicaciones.
En Euskal Herria, un pueblo milenario que lucha en defensa de su identidad y que no quiere otra cosa más que poder decidir libremente su futuro, conocemos mejor que bien a Garzón. Algunos hemos sido detenidos en aplicación de sumarios por terrorismo instruidos por este juez y hemos pasado por su despacho después de días de tortura por parte de la Policía Nacional en aplicación de la llamada ley antiterrorista, tortura amparada y legitimada por el propio magistrado, que nos ha visto sentarnos frente a él en pésimas condiciones físicas y mentales. Esto no es más que una gota en un océano. A las cientos de personas que Garzón ha enviado a prisión sin más pruebas que declaraciones autoinculpatorias obtenidas bajo tortura, se le suman el cierre del diario Egin y la ilegalización de numerosas organizaciones que trabajaban en diversos ámbitos, desde el movimiento juvenil, a la defensa de la lengua vasca o de los derechos de las y los prisioneros políticos.
Pero no solo eso. En el País Vasco tenemos la legitimidad necesaria para reivindicar la memoria de las víctimas del franquismo, pues son más de 6000 personas vascas las ejecutadas en los meses y años posteriores al alzamiento militar antidemocrático y fascista del 18 de julio de 1936. Según datos del historiador Iñaki Egaña, son 37930 los niños y niñas vascas que tuvieron que exiliarse durante la dictadura franquista, muriendo muchos de ellos en lugares tan alejados como Siberia, mientras más de 100 mujeres vascas eran ejecutadas y numerosas de ellas violadas. No en vano, el pueblo vasco alumbró el nacimiento de la organización político militar Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que permitió que el franquismo no se perpetuara, ejecutando al sucesor de Franco, el comandante Carrero Blanco. Conocemos muy de cerca el sufrimiento causado por el franquismo, dictadura que no permitía siquiera hablar nuestra lengua, el euskara, el idioma más antiguo de Europa, o mostrar la ikurriña, nuestra bandera.
Sin embargo, convertir a Garzón en un símbolo es un error. Es cierto que la impunidad con la que se mueve todo lo que tiene que ver con los crímenes franquistas nos demuestra que si el sistema tiene que apartar a un lado a uno de sus jueces estrella (juez convertido en estrella por su protagonismo en los aparatos represivos del Estado como ariete contra la disidencia vasca) para que no desentierre los crímenes franquistas, lo hace sin dudar. Pero, curiosamente, los juicios contra Garzón siguen de nuevo girando en torno a la figura megalómana del superjuez, que no olvidemos que en las elecciones de 1993 fue numero 2 del PSOE, el partido cuyos dirigentes crearon los paramilitares Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y no en una reivindicación de la memoria de las víctimas del franquismo, cuyos familiares tienen todo nuestro respeto y comprensión.
Pensamos que tanto la izquierda española, como los intelectuales comprometidos en América Latina y Europa, no necesitan apoyarse en un violador de los derechos humanos para enfrentar a una derecha española que tiene en estos momentos los Aparatos Ideológicos del Estado a su servicio contra cualquier posición crítica desde la izquierda. No podemos caer en la trampa de un sector de izquierda que se erige ahora en defensora de los derechos humanos pero nunca levantó la voz cuando en Euskal Herria se violaban diariamente los derechos tanto individuales como colectivos, cuando se intervenían las comunicaciones entre presos políticos y sus abogados vascos, mismo delito por el que ahora han condenado a Garzón, o cuando todavía hoy en día decenas de miles de personas tienen restringidos sus derechos civiles y políticos y ni siquiera cuentan con un partido político que les represente porque Garzón ilegalizó las formaciones a las que votaban.
La falta de propuestas y alternativas programáticas no puede suplirse convirtiendo en adalid de la democracia a un juez torturador. La mal llamada Transición Española obligó a sepultar bajo un impenetrable manto de silencio los crímenes franquistas, obligando a la izquierda a capitular y reformarse si querían entrar en el club de la democracia. Sin embargo, haciendo nuestra la reivindicación de „ni olvido ni perdón‰, Garzón algún día tendrá que pagar por su complicidad en alimentar la maquinaria de la clase dominante, que es tan poderosa que en cuanto el superjuez se ha salido del camino marcado, no han dudado en sacrificarlo por el bien de su democracia.
Esperamos en ese sentido que los compañeros que esta vez han defendido a Garzón comprendan que no hay defensa posible de este personaje desde una ética de izquierda, y que si buscamos el esclarecimiento y la justicia para las víctimas del franquismo, es mucho mas útil el trabajo en torno a planteamientos claros, contundentes e irrenunciables de Verdad, Justicia y Reparación, entendiendo como nos lo explican los compañeros de Ahaztuak 1936-19772 que estas tres máximas no sólo atañen a los responsables del régimen franquista y de sus crímenes desde 1936 hasta 1977, sino también a los que desde diferentes estamentos han sido responsables hasta el momento actual día del modelo español de impunidad cuyas contradicciones refleja hoy día el enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón.
En recuerdo y homenaje a los cientos de torturados y represaliados políticos encausados por el juez Garzón
También firman esta nota Alberto Pradilla (Euskal Herria), Ricardo Bajo (Bolivia), Alejandra Santillana (Ecuador), Juan Contreras (Venezuela), Marco Santopadre (Italia) y Aníbal Garzón (Catalunya).
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ARGENTINA
NUEVA VICTORIA DE LA LUCHA POPULAR:
EL DIRIGENTE OBRERO CARLOS OLIVERA RECUPERA LA LIBERTAD
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