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Argentina-China, recreación de la vieja relación especial con Gran Bretaña
Por Rubén Laufer
Fundación Patagonia Tercer Milenio
funpat3mil.com.ar, 26.09.12
China es, desde hace ya varios años, uno de los principales socios comerciales de la Argentina. Las ventas de soja y derivados a la potencia oriental constituyen la columna vertebral de las exportaciones y la principal fuente de divisas del país. Al mismo tiempo, de igual modo que los demás países de América Latina, la Argentina ha experimentado un verdadero aluvión de bienes de la industria china en su mercado interno.
En correspondencia con la intensificación del intercambio se creó un fuerte flujo de inversiones chinas, centradas en ramas extractivas (petróleo y minería), en infraestructuraligada a las exportaciones hacia el país asiático (ferrocarriles, puertos), en el área financiera(bancos, financiamiento de proyectos asociados a capitales chinos) y, recientemente, en el control de grandes superficies de tierras fiscales arrendadas a productores privados para la producción de alimentos destinados a China.
Esta intensificación de las relaciones bilaterales se inscribe en un marco latinoamericano. Brasil, México, Chile y Venezuela -además de la propia Argentina- establecieron en los últimos años“asociaciones estratégicas” con la potencia asiática. Chile, Perú y Costa Rica firmaron con ella tratados de libre comercio de amplio alcance. Corporaciones estatales y privadas de China avanzaron, en forma directa o en asociación con poderosos grupos económicos locales, en áreas decisivas de las economías de la región: petróleo, gas, represas hidroeléctricas, comunicaciones; minería del hierro, cobre, oro, litio; finanzas, grandes obras de infraestructura —rutas, obras ferroviarias, puertos—, comercio interior y exterior, etc.
En la Argentina, con el extraordinario crecimiento del comercio bilateral y de las inversiones chinas, desde la década de 1990 se han constituido y están en plena expansión grupos empresariales que asumen el papel de socios subordinados e intermediarios comercialesdel gobierno de Beijing, o de corporaciones privadas o públicas chinas en grandes proyectos de inversión. Algunos de esos grupos locales son de origen nacional; la mayoría proviene de anteriores vínculos con intereses europeos, rusos u otros, y muchos cuentan con representación directa o fuerte influencia en círculos de gobierno a nivel nacional o provincial. La Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China nuclea a muchos de los mayores consorcios empresariales del país (Spadone, Werthein, Macri, Blaquier, Loeb, etc.). Otros no integran la Cámara pero mantienen vínculos y asociaciones igualmente importantes (Roggio, Elsztain). Al compás de los negocios se multiplicaron los contactos diplomáticos y políticos.
La presencia creciente de intereses de China en la región compite con la “tradicional” influencia en ella de los intereses económicos, políticos y estratégicos de Estados Unidos y de las potencias europeas. La pugna —directa o a través de las mencionadas asociaciones— por influencia o control sobre palancas básicas de nuestras economías y estructuras estatales(elemento vertebral de lo que habitualmente se conoce como dependencia) tiñe y condiciona la evolución de los países latinoamericanos.
En la actualidad, cuando el eje del crecimiento económico y de las relaciones políticas internacionales se desplaza visiblemente hacia Oriente y en particular hacia China, y en momentos en que la crisis económica mundial eclosionada en EE.UU. y Europa en 2008 y hoy en pleno curso destaca el rol económico, político y estratégico de China como potencia mundial, se reactiva el debate sobre:
1) el carácter del sistema social y político que rige los intereses económicos y estratégicos del Estado chino y de sus corporaciones estatales y privadas;
2) la naturaleza de las relaciones que los países latinoamericanos y poderosos sectores de sus clases dirigentes vienen estableciendo con la potencia oriental; y
3) las implicancias que ese relacionamiento conlleva para el desarrollo económico y la inserción internacional de la región y de cada uno de sus países integrantes.
“Potencia” agroalimentaria… en tierras bajo control extranjero
El establecimiento de la “asociación estratégica” con China por el gobierno argentino en el año 2004 significó un salto cualitativo en la relación económica entre ambos países. Sus implicancias políticas también son amplias.
El reciente convenio entre el gobierno de la provincia argentina de Río Negro y una corporación estatal china para la producción de soja y otros productos agrícolas en esa provincia sureña expresa en buena medida ese salto, y la suma de privilegios y concesiones efectuadas al grupo inversor chino es de por sí reveladora de la naturaleza de la “asociación estratégica” que, más allá de algunas fricciones comerciales, se ha ido afirmando entre las clases dirigentes de ambos países a partir de entonces.
A mediados de agosto de 2011, la provincia de Río Negro en la persona de su gobernador Miguel Saiz —integrante de un sector político de filiación radical pero con fuertes vínculos con el gobierno nacional justicialista de Néstor y Cristina Kirchner— suscribió el segundo de dos convenios con la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, la mayor productora de alimentos de ese país, como parte de un proyecto para producir granos y hortalizas bajo riego en el valle medio e inferior del Río Negro. Los acuerdos prevén inversiones por 1.500 millones de dólares en diez años y la construcción del sistema de riego abarcando una superficie final de 320.000 hectáreas, además de obras energéticas y la disponibilidad por la empresa china de una zona portuaria en la localidad de San Antonio Este.
El convenio no supone la compra de tierras: el Estado provincial alquila campos fiscales a productores y compañías privadas en colonias y parajes a lo largo del Río Negro, donde la Beidahuang instalará sistemas de riego para que allí esos productores y empresas cultiven soja, trigo y colza, entre otros productos. El ministerio de Producción provincial indicó que “no se producirá sólo soja” y, ante los reparos acerca de la probable “sojización” de la producción provincial, alegó que “no es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo”[1]. Pero el convenio no establece ninguna prohibición ni limitación en ese sentido.
Por otra parte, ya en el comunicado oficial de abril de 2007, al realizarse en la provincia de Río Negro la primera cosecha de soja en el marco del denominado “Proyecto Soja Patagónica”, el ministro de Producción Juan Accatino reconocía el estímulo oficial a la producción sojera señalando que ahora “podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas”[2]. Por entonces un puñado de corporaciones de agronegocios —entre ellas la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos— impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas.
La corporación china tendrá a su cargo la financiación del emprendimiento, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. La propia empresa comprará en exclusividad y por un lapso de 20 años a precios internacionales la producción, que comercializará en la provincia china de Heilongjiang. Será entonces el demandante externo quien determine las prioridades y los rubros concretos hacia los que estará dirigida dicha producción: “pensamos en granos, maíz, trigo, avena, sorgo, horticultura, fruticultura y carnes. Todo lo que China necesita”, declaró el ministro de Producción rionegrino, Juan Accatino[3] (destacado del autor. RL).
Se trata de la primera incursión de capitales chinos en el negocio agrícola de la Argentina.La superficie bajo riego prevista en Río Negro representa dos veces y media la actual superficie provincial bajo riego dedicada a la agricultura (unas 120.000 has). Alrededor de 60.000 has son hoy destinadas a la fruticultura, y los principales cultivos —peras y manzanas— ocupan unas 40.000 has. El hecho de duplicar con creces el área agrícola y quintuplicar la superficie hoy destinada a la principal actividad económica provincial, da una idea de la vital trascendencia económica y política que conlleva el llamado “Acuerdo Agroalimentario”, y la profunda alteración que significará en las prioridades productivas de la zona, subordinadas de ahora en más a las determinaciones del capital inversor.
Las desiguales implicancias del convenio parecen corresponderse con la asimetría entre las entidades firmantes: de un lado, el gobierno de una provincia de algo más de 600.000 habitantes de la Argentina, un país del “tercer mundo”; del otro la estatal Beidahuang, la mayor corporación china en el rubro alimentario, que cuenta con 800.000 trabajadores y abastece a unos 150 millones de consumidores (más del 10 por ciento de la población total de China y casi cuatro veces la población total de la Argentina). Una compañía con negocios en casi todos los continentes y respaldada por el poderío financiero del Estado chino, por estrategias estatales explícitamente dirigidas a conferir escala “global” a sus corporaciones, y principalmente por el hecho de ser China el primer comprador del principal rubro exportable de la Argentina. La corporación tiene, además, su propia firma intermediaria en la Argentina, Strong Energy, por cuya cuenta corrió la tramitación y firma del Acuerdo.
El convenio —firmado sin previo paso para su debate y aprobación por la Legislatura provincial— suscitó críticas y numerosas manifestaciones de resistencia social en Río Negro como consecuencia de las desiguales concesiones y privilegios otorgados a la corporación china a costa del erario provincial. Según los puntos 6 y 7 del convenio, el gobierno de Río Negro se compromete a exceptuar a la inversión de la compañía china “de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, así como a gestionar ante el gobierno nacional y el Banco Nación que los fondos destinados “no estén alcanzados por encajes bancarios”. A cambio (punto 9), la empresa inversora “se compromete a realizar las tareas correspondientes… a fin de asegurar la siembra de los productos que ella seleccione…” (destacado nuestro. RL).
La provincia se obliga (punto 11) a “poner a disposición [de la empresa china] todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado provincial, y “los estudios que existan sobre el tema” [no se aclara si incluye estudios públicos y privados], así como a solventar todos los gastos originados durante el período de estudio de los especialistas chinos enviados para determinar los aspectos concretos de la inversión. Igualmente la provincia, según establece el texto, cederá sin costo las oficinas necesarias y su equipamiento, viviendas y medios de transporte. También (punto 12) se pone a disposición de la empresa china el uso delaeropuerto de San Antonio Oeste, “el cual está emplazado en una zona estratégica, para que en el futuro pueda operar con sus aviones”. Por el convenio, el gobierno de Río Negro cede “sin cargo alguno” 3.000 hectáreas de tierra para un campo experimental y, también sin cargo alguno, un área de cinco hectáreas en el puerto de aguas profundas de San Antonio Este. Esta última cesión se establece por 50 años, y una vez cumplido el plazo se renovará automáticamente.
Semejantes privilegios —cuyas implicancias políticas son así reconocidas en el propio texto— se completan con otros contenidos en el Anexo del acuerdo. Allí el gobierno de Río Negro se compromete a impulsar legislación específica para favorecer al inversor extranjero: “ofrecer —dice textualmente— la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”. Tal ofrecimiento de garantías apunta, sin duda, a prevenir los cuestionamientos existentes o potenciales respecto de las concesiones de mayor relevancia estratégica en beneficio de la corporación china, incluyendo la mencionada disponibilidad de grandes superficies territoriales e instalaciones portuarias y aeroportuarias.
Al dar al consorcio estatal chino Beidahuang participación en el puerto, por otra parte, el acuerdo colisiona directamente con intereses europeos, ya que hasta el año 2017 el manejo de las instalaciones portuarias está en manos de las grandes empresas exportadoras de fruta encabezadas por Univeg-Expofrut, corporación europea con sede en Bélgica.
Chinese ship containers, o cómo contener a los barcos chinos (je), from gitamarine.com
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