lunes, 13 de mayo de 2013

Militarización en La Rioja

Organizaciones no gubernamentales repudiaron la represión que ejerció la policía contra manifestantes de Famatin.

Organizaciones no gubernamentales y ambientalistas repudiaron hoy la represión que ejerció la policía de La Rioja contra manifestantes de Famatina que rechazan la minería, mientras que diputados opositores presentarán mañana un pedido de juicio político del gobernador kirchnerista Luis Herrera, al que acusaron de "militarizar" la provincia.

La violenta represión que dejó 16 heridos e imputaciones en causas judiciales a algunos pobladores que estuvieron detenidos fue repudiada hoy por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que expresó su "preocupación por la agresión policial" contra "asambleístas que se encontraban realizando un reclamo pacífico".


La FARN advirtió que la violencia demuestra "la creciente conflictividad que produce este tipo de proyectos mineros de gran escala y, en particular el Proyecto Famatina que pretende ser desarrollado por privados y el gobierno riojano ignorando y reprimiendo la opinión y expresión de la comunidad". 

La secretaría de Derechos Humanos de CTERA también repudió la represión y señaló "al titular del ejecutivo provincial, Luis Beder Herrera, por los graves resultados" de la acción policial.
"Los manifestantes fueron agredidos por un grupo identificado con carteles de la Juventud Peronista, que además realizó destrozos en comercios y viviendas residenciales", denunció la secretaría de DD HH de CETERA que dirige el riojano Rogelio De Leonardis.

El sindicalista reclamó también "que se investigue la complicidad policial en las agresiones de la patota del partido oficialista contra los integrantes de la Asamblea que se manifestaba contra los planes mineros de la multinacional Osisko y el gobierno local".

La dirigente del MST nacional, Vilma Ripoll, se sumó a los repudios con un comunicado en el que señaló que "Los K reprimen al heroico pueblo de Famatina que lucha contra la megamineria".
"Violan los derechos humanos para defender los intereses de la minera Osisko", apuntó Ripoll.

En tanto, la diputada radical Inés Brizuela y Doria denunció que Herrera "está militarizando La Rioja" porque "se le fue de las manos el manejo institucional de su Gobierno".

Ante ese realidad, decidió junto a otros colegas presentar mañana el juicio político del gobernador porque, insistió, "tuvo que militarizar con miles de policías un pueblo pacifico, para poder entrar a su propio departamento porque la gente lo declaró persona no grata".

"Detuvieron a cinco personas por contravenciones, cuando fue el propio Gobierno el que agredió, hirió y el lunes seguramente imputará a ciudadanos que solo están defendiendo la forma en la que quieren vivir", denunció Brizuela y Doria.

En ese marco, consideró que "Herrera no puede seguir al frente del Gobierno, cuando declara zona liberada para la represión policial, para enfrentar a un pueblo".
Brizuela, en tanto, concurrirá mañana a las 11 a la Legislatura provincial junto a dirigentes de la UCR y asambleístas para pedir el juicio político del Beder Herrera.

La información fue confirmada a DyN por el diputado nacional Julio Martínez, uno de los que estarán presentes en la ocasión.

Mientras terminan de elaborar el proyecto, Martinez dijo que pedirán la destitución del gobernador por entender que hubo una "organización premeditada" de un operativo "de represión en Famatina" durante la jornada de ayer, con la excusa de un supuesto enfrentamiento entre ciudadanos durante un acto partidario.

La presentación incluirá fotografías y videos probatorios de que conocidos dirigentes políticos y funcionarios provinciales provocaron los incidentes tirando piedras a las personas que habían anunciado que pretendían rechazar con su presencia la asistencia del gobernador a Famatina.

Esta acción, comentó el legislador, generó el contexto adecuado para que una guardia policial inédita en Famatina, con el grupo especial BAO incluido, reprimiera con palos y balas de goma a la mayoría de la población, que rechaza la política oficial minera. Como resultado del operativo, hubo cinco personas detenidas, que fueron liberadas anoche en Chilecito por la presión popular, y unos 15 heridos.

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