26-11-2013
A poner límites
La Legislatura se prepara para votar una iniciativa consensuada que impone límites a las aplicaciones de agrotóxicos. La prohibición sería de 3.000 metros para fumigaciones y una franja de 700 metros si la aplicación se realiza con métodos terrestres.
Mañana la Cámara de Diputados podría votar una trabajada media sanción para modificar la ley de fitosanitarios, que hoy es casi anacrónica a partir del uso intensivo de nuevos agroquímicos. El debate reaviva la necesidad de preservar la salud pública en localidades donde las fumigaciones llegan hasta los patios de las escuelas y las viviendas.
Son las tres las iniciativas en análisis, una de la socialistas Inés Bertero y las otras de los justicialistas José María Tessa y Aliza Damiani. El primero de esos textos guarda mucha relación con unos cambios aprobados en 2010 y nunca tratados en el Senado. La propuesta de Tessa tiene la impronta de la Multisectorial Paren de Fumigarnos.
Los últimos tres meses fueron muy importantes para consolidar un núcleo de coincidencias básicas y discutir dos aspectos centrales –que aún ahora tienen matices–: cuáles debieran ser los límites para permitir las pulverizaciones y si hay que suprimir por completo las aspersiones aéreas. Allí radica la posibilidad o no de unificar en un solo dictamen todas las pretensiones normativas.
En estudio
Desde Paren de Fumigarnos indicaron que la redacción que está en estudio en la comisión de Agricultura de Diputados plantea “un área libre de fumigaciones aéreas de 3.000 metros y una franja de 700 metros si la aplicación se realiza con métodos terrestres”. En ese punto, la multisectorial ambientalista quería prohibir por completo la aspersión área pero la política se decidió por una postura menos intransigente.
Las entidades intermedias que participan de ese colectivo aclararon que los límites se resolvieron tras un “fluido intercambio de opiniones y consulta de estudios científicos y médicos”. O sea, dotar de un espacio libre de fumigaciones que permita amortiguar el impacto ambiental entre las zonas productivas y escuelas, poblaciones, barrios cerrados y demás áreas rurales sensibles.
La diputada Inés Bertero explicó que en su proyecto de modificación de la ley de uso de fitosanitarios en áreas periurbanas se incluyó la existencia de dos áreas específicas. “Una es la zona de amortiguación, que se divide en dos subzonas: de 0 a 50 metros, donde debe haber un corredor biológico (plantaciones forestales y pastizales, entre otros). Y de los 50 a los 300 metros se puede realizar aplicaciones pero bajo control estricto porque debe estar el veedor”, explicó.
“La aplicación debe ser sólo con productos permitidos para las producciones orgánicas que estipula ley pertinente”, añadió la legisladora en relación a lo que serían huertas y otros espacios productivos similares. La otra zona es la que se denomina “de producción condicionada” y que estaría dividida en tres bandas. Desde los 300 a los 1000 se pueden utilizar productos bandas verde y azul (productos 3 y 4), que son los menos tóxicos; de los 1000 hasta los 3000 metros, productos de bandas amarilla (clase 2) y a partir de allí se aplicarían los productos que ya casi no se utilizan, clase 1A y 1B”.
“Estas aplicaciones deben estar supervisadas por un ingeniero agrónomo matriculado. Ese asesor técnico debe llevar la receta al veedor que es quien autorizará o no la aplicación”. Sobre la aplicación aérea, la propuesta de la diputada lo autoriza “recién desde los 1.500 metros con productos azul y verde”, dijo Bertero.
Glifosato
¿Qué ocurriría con el glifosato? Ese producto químico que es la vedette de la producción sojera es considerado por la Nación (Senasa) como poco contaminante y posa sobre la manera en que se aplica la responsabilidad de que haya o no contaminación. Sobre ese punto, el acuerdo político es dicha fórmula tenga los mismos límites que cualquier producto altamente tóxico.
Ello se justifica con el Principio Precautorio, que es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente. Con esa premisa, en el proyecto se prevé que el Ministerio de la Producción –que será la autoridad de aplicación– introduzca cambios en la clasificación de los productos según ciertas condiciones.
“Esto permitiría renovar la lista de fitosanitarios anualmente”, dijo Bertero, y agregó: “Hemos convenido en que la ley que salga pueda aplicarse y sirva para controlar. Uno puede tener deseos de poder avanzar en proyectos de agroecología, pero sabemos que para eso hace falta capacitación y conocimiento que lleva mucho tiempo”.
Poscosecha
Otro punto de la propuesta de modificación pasa por avanzar “en la regulación de aplicación de fitosanitarios en la poscosecha que la ley actual no contempla –aunque existen resoluciones del Ministerio de Producción que prohíbe la fumigación en camiones o vagones con determinados productos–“. También establece un protocolo de procedimientos, un mayor control y capacitación en el manejo de las maquinarias, tanto de uso propio como de quienes prestan servicios para terceros.
“Se crea la figura del veedor: un ingeniero agrónomo que fiscalice desde el gobierno local no sólo para autorizar la receta o la aplicación, sino que debe ir a terreno para monitorear que la aplicación de los productos sean necesarios”. A su vez a la figura del regente de la empresa, al contrario del asesor técnico, no puede emitir receta” como una manera de ejercer mayor control y menos discrecionalidad.
Por último, Amsafé denunció que unos 700 establecimientos escolares de la provincia conviven con fumigaciones en sus alrededores, incluso hay casos de chicos que tuvieron ardor en los ojos y otras manifestaciones en la salud. El tema se discutió la semana pasada en la ciudad de Santa Fe en una jornada que contó con la organización de la CTA. “La Nuestra posición sobre las escuelas rurales es que se apliquen los mismos criterios que en la periurbana. Que la aplicación aérea se aplique los días en que no están los docentes y los alumnos, desde los 1.500 metros. En la terrestre, utilizar el mismo esquema de restricciones que para las áreas urbanas y periurbanas”, dijo Bertero.
A una cuadra de casa
En 2010 la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que preveía prohibir las fumigaciones con cualquier tipo de agroquímicos a 500 metros de las zonas urbanas cuando se hiciera vía terrestre y a 1.000 metros para el sistema de aspersión aérea. Durante un año el tema no avanzó ni un poco en el Senado hasta que perdió estado parlamentario.
En ese 2011 el legislador socialista Juan Carlos Zabalza (que ya terminó su mandato) reingresó el mismo proyecto en la Cámara alta pero tampoco tuvo suerte, ni él ni las entidades ambientalistas que si bien no estaban en un todo de acuerdo con la iniciativa la preferían a no tener ningún marco legal ajustado a estos tiempos. La única respuesta de la oposición, que tenía y tiene mayoría, fue un texto que sonó a chicana.
Planteos cuestionados
Fue el ex senador del Frente para la Victoria, Hugo Terré (9 de Julio), el que promovió algunos planteos muy cuestionados por los ambientalistas. Por ejemplo, se fijaba “una franja mínima” para que sea el área libre de glifosato y de ahí para adelante cada municipio, “en acuerdo con sus productores agropecuarios, con los ambientalistas, con los encargados de la salud en cada localidad”, definía ampliar o no la restricción.
“La verdad es que cuando fijamos distancia, como no hay una investigación precisa, es todo aleatorio. Es decir, si decimos 100 metros está bien, si decimos 200 metros está bien y si decimos 50 metros también está bien. Entonces estamos buscando algún parámetro que nos parezca que puede darnos seguridad, aunque haya algunos errores, respecto a la aplicación; y creemos que 100 metros es más que suficiente”, fue lo que dijo Terré en aquella oportunidad.
Ante la consulta de Cruz del Sur sobre si la propuesta no le parecía una broma de mal gusto a los ambientalistas y a los propios diputados que votaron una cosa muy distinta, el legislador kirchnerista opinó: “Yo no tengo dudas que por buena que sea la ley que nosotros hagamos de algún lado no vamos a tener conformidad. Hay una distancia muy grande entre lo que piensa el medioambientalista con respecto a lo que piensa algún productor agropecuario”. Así y todo, ese proyecto tampoco avanzó.
“En los últimos tres años hemos intentado sin éxito introducir iniciativas para el debate de estos temas en la Legislatura santafesina, reclamando medidas mínimas e indispensables. Una tras otra fueron ignoradas, ocultadas y en ocasiones confrontadas a proyectos en los que claramente aparece la asesoría del aceitado lobby empresarial-lucrativo y así, el permiso para enfermar aparece junto a expresiones como «buenas prácticas», «responsabilidad» y«“respeto al medio ambiente»”, concluyeron las instituciones de Paren de Fumigarnos.
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