CHILE: Comunidades mapuche en alerta por cambios en Ley Antiterrorista

CHILE

Comunidades mapuche en alerta por cambios en Ley Antiterrorista

Paula Correa | Lunes 15 de septiembre 2014

Modificaciones a la Ley Antiterrorista y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no son bien vistas en La Araucanía. Las comunidades denuncian una nueva estrategia para reprimir la protesta social mapuche. En tanto, abogados y especialistas se inclinan por generar las modificaciones, siempre y cuando éstas aseguren una aplicación dentro del marco de los estándares internacionales.

Tensos están los ánimos en el sur luego de que la bomba instalada en el metro en la capital, volviera a ubicar la seguridad y “la lucha contra el terrorismo” como una de las principales prioridades legislativas.

Si bien el Intendente de la novena región Francisco Huenchumilla, en entrevista a los medios locales aseguró que en la Araucanía no existe el terrorismo, sino un movimiento social y político que está pidiendo la restitución de tierras, desde la Asociación Rural de Víctimas de La Araucanía y la multigremial respondieron con fuerza.

Las organizaciones criticaron a la autoridad local  insistiendo en la necesidad de endurecer las leyes y proteger a los parceleros e inversionistas de la zona. De hecho, recordaron que este miércoles 17 de septiembre vence el plazo que se autoimpuso el titular del Interior, Rodrigo Peñailillo, para responder a sus demandas.

Por su parte, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, se mostró respetuoso de los cambios que se van a realizar a la ley que modifica la ANI y afirmó que se requieren más facultades en la Ley Antiterrorista, como es el uso de agentes encubiertos.

“Necesita que haya informantes, que haya gente encubierta y otras medidas intrusivas con una equivalencia con la Ley de Drogas” y añadió que “si como sociedad le damos importancia a reprimir el tráfico de drogas o al lavado de dinero, tenemos que darle la misma importancia a investigar delitos terroristas”.

Pero estas nuevas facultades e instrumentos “más modernos” que se están planteando generan suspicacias en las comunidades. Jorge Huenchullán, werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, en conversación con Radio Universidad de Chile afirmó que están muy preocupados porque lo más seguro es que el cambio se materialice en contra de los mapuche, “lo que es grave cuando la movilización va a seguir adelante y su protesta no es terrorista, es social, política e histórica”.

El senador por la región del Biobío Costa y presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, sostuvo que “la ley se ha usado muy mal” y que “se debe regular la labor de los fiscales”. Es decir, apuntó al uso en la práctica, con lo que coincidió el abogado de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, para quien es relevante el cómo se ocupan las facultades y bajo qué condiciones. “Hoy tenemos instituciones como la delación compensada, los testigos protegidos y han sido cuestionadas como ilegítimas precisamente por la forma en la que se ha actuado y el valor probatorio que se les ha dado”, afirmó.

Millaleo, que también es Director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, señaló que es natural que exista desconfianza de parte de los dirigentes mapuche cuando el gobierno ha avanzado muy lento en los cambios que se requieren para cumplir efectivamente con los estándares internacionales.

“Se dictó una sentencia de la Corte Interamericana donde condena y se declaran ilegítimos todos esos medios y todavía eso no se ha implementado, entonces la gente lógicamente tiene desconfianza de que con esto se obtenga una nueva excusa para seguir con la criminalización de la protesta social mapuche”, dijo y añadió que si lo que se quiere es efectivamente modernizar estos instrumentos y aplicarlos en los momentos correctos y la manera correcta, eso no es un problema, el problema es usarlo como una excusa para reprimir una protesta social.

“El tema siempre son las condiciones con las que se actúa, qué límites y garantías existen”, dijo el abogado.

En ese sentido, José Aylwin, Co-Director del Observatorio Ciudadano, afirmó que uno de los principales problemas de la Ley Antiterrorista es su tipo penal muy abierto y, por ende, sujeto a la interpretación , además del cuestionado el uso de los testigos son rostro y concluyó: “Aquí hay una tensión entre Derechos Humanos y persecución penal. Cualquier delito, por grave que sea requiere que el procesamiento penal, los tipos penales sean consistentes con los Derechos Humanos. Ese es el límite”.