Entre Ríos: Cambia la mirada oficial sobre el uso de químicos en agricultura

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Cambia la mirada oficial sobre el uso de químicos en agricultura

Descubriendo Entre Ríos: Interesante proyecto presentado en el Senado provincial. Analizarán las sustancias en la provincia, prohibirán las fumigaciones hasta 1.000 metros de casas y cursos de agua, y otorgarán facultades de control a los organismos de ambiente y salud

Uno de Entre Ríos ( Argentina )

Por primera vez en mucho tiempo el oficialismo presentó un proyecto sobre el uso de químicos en la producción agrícola entrerriana desde una mirada integral,ambiental, y con la determinación de que la provincia recupere facultades en el ordenamiento.  La iniciativa aprovecha estudios y advertencias que estaban silenciados, y saca la salud del suelo, el agua, el monte, los humedales, las poblaciones, de las manos de los organismos de la producción para colocarlos, sabiamente, en territorio ambiental y sanitario. Aunque es claro que todos debieran actuar al unísono por lo que debe importarnos: la vida.  Esta semana no fueron pocos los intercambios entre militantes de la ecología y asambleas que habían cuestionado con fundamentos un proyecto anterior, y que ven con buenos ojos el nuevo texto.  El senador que presentó el proyecto, César Melchiori, recibió a investigadores de organizaciones ambientales y profesionales del INTA, y abrió las puertas de su despacho a los diversos aportes, lo que garantiza una participación ciudadana que seguramente permitirá presentar el problema de los químicos del agro, las semillas, las responsabilidades, los controles, la salud, en su dimensión compleja.  Quedan interrogantes, es cierto, sobre las causas de este cambio estimulante de la bancada oficialista, que ocupa el total de la cámara alta. También es una incógnita si el proyecto tendrá aceptación en el conjunto de los senadores.  La lectura de los artículos propuestos permite observar aquí un meduloso estudio de los problemas ambientales. Es cierto que, frente a las consecuencias de una ley de este tipo, el gobierno estará obligado a promover cambios importantísimos en los organismos de contralor, como a establecer planes de incorporación gradual y reacomodamiento, dado que muchos productores no podrán usar, como hasta ahora, algunas sustancias químicas consideradas nocivas para la salud.  Aquellos agricultores genuinos que no encuentran rubros rentables si no es con el uso de agroquímicos y transgénicos tendrán, es de esperar, acompañamiento para la reconversión, aunque esas medidas no estén explicitadas en el proyecto. La apertura de nuevas vías para el trabajo agrario será vital para que el proyecto se concrete.  Glifosato al banquillo  Hay medidas muy originales y saludables, como la recuperación de atribuciones provinciales en materia de salud ambiental y control de químicos.  Otras que ponen en el banquillo, directamente, a sustancias muy usadas que proveen las multinacionales en nuestro territorio. Veamos, por caso, el artículo 6 de la iniciativa:  “Prohíbese el registro y uso de productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento y desarrollo de todas las especies de producción agrícola,forestal, o para la agroindustria, la preparación de los suelos destinados a la siembra y plantaciones y el cuidado de áreas de esparcimiento, en las siguientes circunstancias: a) Cuando no se disponga de métodos de degradación de sus componentes que permitan impedir los riesgos de sus efectos residuales sobre elmedio ambiente y la salud pública. b) Cuando posean características teratogénicas (que producen monstruos), carcinógenas o mutagénicas capaces de provocar disturbios hormonales o daños al aparato reproductor, y se hayan demostrado en ensayos de laboratorios con animales. d) Cuando sus fórmulas sean secretas, sus componentes indefinidos o no se declaren sus características técnicas o de funcionamiento. e) Cuando la ciencia no pueda demostrar la inexistencia de peligro de daño grave o irreversible para la salud, los ecosistemas o el ambiente”.  Vale apuntar que se ha demostrado en ensayos de laboratorio con animales que el producto más polémico del agro, el glifosato, genera malformaciones. La conclusión es clara.  Los mismos legisladores que hoy promueven esta ley hasta hace poco sostenían el sistema de agronegocios, pero más allá de eso, que mostraría un cambio de actitud plausible, hay que reconocer que esta embestida por la verdad, por la salud ambiental, exigirá respuestas por una multiplicidad de efectos. Y aunque las respuestas están, son sencillas, habrá que ver cómo actúan los lobys empresarios, las multinacionales, a través de sus distintas vías, para descalificar y abortar la idea.  También será interesante observar el modo de compatibilizar este proyecto con políticas concretas del propio oficialismo que van en sintonía con el sistema Monsanto.  Recuperan atribuciones  “Artículo 1. Objeto: La presente ley establece el marco jurídico en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos respecto de los productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento y desarrollo de todas las especies de producción agrícola y forestal, la agroindustria, la preparación de los suelosdestinados a la siembra y plantaciones y el cuidado de áreas de esparcimiento, con el fin de resguardar y proteger la salud humana, la biodiversidad y los recursos naturales, teniendo en cuenta los enfoques precautorio y preventivo”.  “Artículo 2. Ámbito de aplicación: Quedan sujetas al contralor del Estado provincial todas las actividades realizadas por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, con los productos químicos y biológicos determinados en el artículo 1°, en las siguientes etapas: elaboración en el territorio provincial, ingreso a la Provincia de productos elaborados o sus formulados, registro, fraccionamiento, almacenaje, envasado, rotulado, comercialización, entrega gratuita, transporte, uso, aplicación y disposición final de envases y residuos”.  “Artículo 3. Autoridad de aplicación y contralor: Desígnase como autoridad de aplicación y contralor del cumplimiento de esta normativa a la Secretaría de Ambiente Sustentable de la Gobernación, la que pondrá a disposición del Ministerio de Salud toda la información que este requiera para complementar los estudios que surjan de los observatorios epidemiológicos y registros que esta ley dispone a efectos de evaluar los efectos que puedan ocasionar sobre la salud humana los productos químicos y biológicos autorizados o sus componentes”.  Como es fácil apreciar, las atribuciones a Ambiente y Salud son determinantes. Hay en el fondo una noción de soberanía. No es común.  Es cierto que hoy por hoy esos organismos no podrían cumplir con esos compromisos, pero resulta obvio que el legislador o el Ejecutivo les darán las herramientas adecuadas para desenvolverse en un terreno tan complejo, con estas nuevas responsabilidades.  Artículos severos  En el artículo 17 se lee: “Prohíbense, en todo el territorio provincial las pulverizaciones aéreas de productos químicos o biológicos autorizados por esta ley, en interés agrícola o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis. Sólo podrán autorizarse, excepcionalmente, pulverizaciones aéreas en casos especiales cuando no exista ninguna alternativa viable o existan ventajas claras en términos de menor impacto en la salud humana y el ambiente en comparación con la aplicación terrestre”. Y en el artículo 18: “Restríngense en todo el territorio provincial las aplicaciones terrestres de productos químicos o biológicos autorizados, cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis, en el área que abarque los mil (1000) metros desde los cursos de aguas y sus nacientes, lagos, lagunas, estuarios, embalses y fuentes de aguas destinadas para uso o consumo humano o animal. La misma distancia deberá guardarse con respecto a viviendas urbanas o rurales, establecimientos educacionales, laborales, de salud o de uso público. Esta distancia podrá reducirse en predios o lotes determinados, con autorización expresa de la Autoridad de aplicación y contralor, si pudieran establecerse y auditarse procedimientos que permitan fundamentar tal decisión sin poner en riesgo la salud de las personas o el ambiente”.  En un territorio avenado por ríos y arroyos, y con viviendas habitadas, no es difícil observar que quedarán pocas zonas libres para la fumigación. Y si a eso se le suma el sinceramiento en torno de los riesgos del glifosato y otros productos, podemos sostener que la ley propuesta provocará un alto impacto en la producción. También en algunos rubros que se desenvuelven en función de un sistema sostenido por el Estado, y que tendrán que reorientarse con acompañamiento, claro está, del Estado que en esta iniciativa parece dispuesto a ponerse los pantalones largos.  ¿Qué hacer? Las organizaciones, los profesionales, antes que desacreditar esta iniciativa por defectos que seguramente mostrará, debieran completarla con otras medidas de similar profundidad, porque estamos ante una posibilidad maravillosa de incentivar la producción sana, promover el arraigo, cuidar la biodiversidad, aventar las sustancias dañinas, hacer valer con todas las letras los derechos precautorios, y adoptar medidas libres de la presión de las multinacionales.  Todo lo que colabore con el arraigo, la distribución, la autonomía regional, la salud, es bienvenido. No debemos olvidar que Entre Ríos es una provincia que destierra a sus hijos, y que los agronegocios no llegaron para encarar ese flagelo sino para entregar una cancha libre a los negocios de los grandes grupos y corporaciones. Si para sostener este cambio hay que hace esfuerzos y sacrificios, valdrán la pena. Y claro que hay que complementarlo, y reorientar otras políticas que están en las antípodas del espíritu de esta norma. Nos gustaría saber cómo se acomodará la oposición, que debió estar al frente en estas ideas.