Muy usado. El 2,4-D es el segundo herbicida más utilizado en la producción agrícola del país.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en Inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó el martes que el insecticida lindano –muy usado tiempo atrás en agricultura y como tratamiento para piojos y sarna– provoca cáncer, y fue relacionado con una forma de esta enfermedad denominada linfoma no-Hodgkin; al DDT como “probablemente cancerígeno”, y al herbicida 2,4-D como “posiblemente carcinogénico” en su Grupo 2B, todos ellos para los humanos.
Otro dato –tan importante como el anterior– es que el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, ya en marzo de 2015 había prohibido al 2,4-D en algunos de sus usos y formulaciones, a instancias de un pedido de la Campaña Paren de Fumigarnos y del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) que se presentó en 2014, según informaron a Diario UNO de Santa Fe.
El 2,4-D se utiliza en segundo lugar después del glifosato como herbicida para el control de las malezas en los cultivos de granos, en la provincia y en el país.
Volviendo a la declaración de la OMS, este organismo agregó que el lindano “desde el 2009 ha sido prohibido o restringido en la mayoría de los países bajo la Convención de Estocolmo de Contaminantes Orgánicos Persistentes”; que “se hallaron asociaciones positivas entre la exposición al DDT y el linfoma no-Hodgkin, el cáncer testicular y el hepático”, y que la exposición al 2,4-D “induce el estrés oxidativo, un proceso que puede dañar células en el cuerpo, y hay evidencia moderada de que suprime al sistema inmune”.
Carlos Manessi, del Cepronat y referente máximo de la Campaña Paren de Fumigarnos, recibió con beneplácito la determinación de la OMS y consideró: “A esta altura de los acontecimientos es muy importante que se haya pronunciado de esta manera”.
“De todos modos –agregó– debo recordar que ya en la provincia de Santa Fe se dio lugar a un recurso administrativo presentado el año pasado por el que se prohibió el uso del 2-4 D en determinadas formulaciones”.
Y recordó: “La Resolución Nº 135 de ese organismo fue publicada en el Boletín Oficial del 25 de marzo de 2015. Prohíbe la aplicación del tóxico 2,4-D en la provincia en su formulación gaseosa y restringe severamente la aplicación aérea y terrestre en su formulación sal dimetil amina. El expediente fue iniciado en junio de 2014 por el Cepronat y la ONG Conciencia Solidaria”.
Lejos de la gente
De acuerdo al Ministerio de la Producción, el formulado “sal dimetil amina” solo podrá usarse en aplicaciones aéreas a más de 6.000 metros de las poblaciones y terrestres a más de 1.000 metros.
Manessi explicó que “el 2,4-D es el segundo herbicida más usado por la agricultura en la Argentina y el tercero en EE. UU. con el mismo fin” y destacó: “Santa Fe se convirtió en uno de los primeros Estados provinciales conjuntamente con Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba, en consonancia con la legislación de países del primer mundo como Noruega, Suecia y Canadá”.
Además, precisó que “las restricciones de aplicación se hacen según la resolución con referencia a «las plantas urbanas, asentamientos poblacionales, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, como así de pozos de extracción de agua para consumo humano, sin excepción»”.
Y recordó Manessi que el 2,4-D, “es un componente del tristemente famoso «agente naranja» utilizado por EE. UU. durante la guerra de Vietnam en la década del 60, que sigue provocando secuelas en la salud del lugar todavía hoy”.
—Manessi, ¿qué valoración hacen de esta resolución y ahora de la declaración de la OMS?
—La resolución fue bien recibida por las poblaciones fumigadas de toda la provincia de Santa Fe, quienes albergan la esperanza de mejorar su calidad de vida y su salud al restringirse el uso del herbicida. Esta noticia, junto con los pedidos de prohibición o recategorización del herbicida glifosato, recientemente admitido por la OMS como “probablemente cancerígeno para los humanos”, abonan un debate profundo sobre el modelo agrícola biotecnológico de aplicación en nuestro país. Resulta un avance concreto en la mejora de la salud de la población y del ambiente. Ahora queda en las manos del gobierno controlar la aplicación y en las poblaciones verificar el cumplimiento de la normativa.
—¿Por qué comenzaron pidiendo restricciones con el 2,4-D y no contra el glifosato?
—Porque en ese momento habíamos logrado reunir mayor cantidad de documentación con evidencia inobjetable del 2,4-D. De todas maneras, y como publicaron Diario UNO y La Capital –que son los medios que siempre y más nos acompañaron en esta lucha–, los integrantes de Paren de Fumigarnos hace menos de un mes solicitamos al Ministerio de la Producción que declare la prohibición del glifosato y sus formulaciones comerciales en todo el territorio de la provincia, ya que decenas de investigaciones científicas, nacionales y provinciales, demuestran su peligrosidad. Esto tanto por sus efectos teratogénicos (produce malformaciones en el embrión o feto) como “probable cancerígeno”, según lo que estableció la OMS que recientemente acaba de clasificarlo formalmente. Además, sabemos que con el glifosato la lucha va a ser más difícil. Hay muchos –y muy poderosos– intereses que van a intentar obstaculizarlo. De todas maneras insistimos en que se impone dictar medidas en lo inmediato tendientes a proteger a la ciudadanía del contacto involuntario con ese químico y elaborar un plan para el abandono definitivo de su uso.
La guerra química pierde un misil
Por: Luis Carreras. Arquitecto UNL. Docente del Seminario de Ambiente y Sociedad (LTS-FCJyS/UNL). Integrante de la Comisión Directiva del CeProNat.
El informe del IARC sobre la toxicidad del 2,4-D es de una enorme importancia para el mundo científico, para los que forman parte de los agronegocios, el gobierno y para los ciudadanos en general.
Importancia científica porque pone en tela de juicio aquellos conocimientos que se suponen inamovibles, en la línea propuesta por Andrés Carrasco sobre una “ciencia digna”: justamente, es la nueva evidencia de nuevas investigaciones lo que produce el cambio en los evaluadores del IARC que terminan por reclasificar a este tóxico de “probable” a “posible” agente cancerígeno; para las corporaciones, productores, asociaciones profesionales y hasta universidades dependientes o que participan o que reciben dividendos de los agronegocios.
Porque significa que deberán encontrar productos alternativos –cada vez menos probados y presumiblemente más tóxicos– para seguir manteniendo un modelo de producción a todas luces insustentable; a los gobiernos de todos los niveles, que han cimentado su bonanza de la última década en el reparto de los dividendos de una agricultura química; y para los ciudadanos en general, que ganarán en salud con un tóxico menos incorporado a su ambiente.
El Centro de Protección a la Naturaleza, con sus 38 años de historia a cuestas, y como integrante del Movimiento Paren de Fumigarnos, ha presentado recursos administrativos ante el Ministerio de la Producción por el tema de los agroquímicos. El más reciente, surgido luego del informe del IARC sobre el glifosato, pide directamente la prohibición del mismo.
Debemos recordar que el glifosato, asociado a la Soja RR y al maíz BTh/RR, es el herbicida de mayor uso en el actual modelo de agricultura química biotecnológica y ha sido tratado por sus propagandistas como “agua bendita”: esa aparente inocuidad (caracterizado en la banda verde toxicológica) ahora pasará a ser “ligero” a “altamente tóxico”, con todas las restricciones que le corresponden.
De por sí, esta recategorización toxicológica significaría alejar las nubes tóxicas de las poblaciones urbanas, con una evidente mejoría en la salud. Sin embargo, creemos que resulta insuficiente su recategorización: el gobierno provincial debería poner en la balanza que la salud de la población no se protege solo con más hospitales sino haciendo la adecuada prevención y es este el momento de proponer un giro en una política agrícola que termina por enfermar a una gran parte de los santafesinos.
Nuestra provincia es una de las mayores consumidoras de glifosato y su prohibición acarreará cambios que necesariamente se vislumbran como la única alternativa: pasar de una agricultura insumodependiente de las corporaciones para la exportación a un modelo agrícola sustentable –en serio–, respetuoso de las economías locales, a escala de las poblaciones y que garantice alimentos de calidad superior, trabajo, desarrollo local y excedentes con redistribución tangible.
Las experiencias a nivel internacional hablan de agroecología pero las propuestas son variadas, de distintas escalas y deben ser adaptadas a cada territorio. Por eso hablamos de una etapa de transición hacia estas tecnologías socialmente apropiadas: alejar o prohibir los tóxicos es un primer camino que va dejando campo abierto para la aplicación de estas iniciativas.
Inclusive, la propuesta de modificación de la Ley 11.273 de (mal llamados) “fitosanitarios” establece áreas de protección alrededor de las poblaciones donde se incentiven y estimulen estas propuestas, como un primer paso. La presión ciudadana hará el resto.
Por último, cuando iniciamos este camino en 2006 desde el Cepronat, lejos estábamos de pensar que estaríamos hablando de la prohibición del glifosato o que inclusive un Papa reconocería que la expansión de las áreas agrícolas impacta sobre todo el cuerpo social, en especial, sobre aquellos de menores recursos.
Institucionalmente, cada vez somos más y hemos ampliado nuestra base en las comunidades afectadas, sin cuya persistencia y capacidad de reclamo estos cambios no se producirían.
Mariano Ruiz Clausen / UNO Santa Fe/ mruiz@uno.com.ar
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