El buen tiempo es para pocos y el veneno para todos...

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Paren de Fumigarnos!!
Es una campaña que realiza el Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe. Esta semana denunció que en Rufino vecinos fueron amenazados por aplicadores de agroquímicos. Un hecho que trae cola

El riesgo en la salud que puede causar el impacto provocado por las pulverizaciones y fumigaciones es causa cada vez más preocupante para la sociedad; y es por ello, que muchas poblaciones se han organizado para defender sus derechos.
Si bien en la provincia de Santa Fe existe una ley que, entre otras cuestiones, delimita las áreas donde se prohíbe fumigar, en Rufino existe una ordenanza de 2006 acorde a la legislación provincial para establecer un convenio, pero nunca se hizo efectiva.
Durante los últimos días se conoció públicamente un hecho suscitado en nuestra ciudad entre un grupo de vecinos y un areofumigador que, mientras trabajaba, pasó sobre una vivienda ubicada a la vera de la Ruta Nacional Nº 33 y el acceso a la ciudad. Lo denunciaron y, como contrapartida, el propietario de la empresa fumigadora habría amenazado a quienes intentaron defender sus derechos.

La denuncia de una ONG
El Centro de Protección a la Naturaleza (CE-PRO-NAT) es una ONG de la provincia de Santa Fe creada en 1977, que cuenta con un amplio reconocimiento en la opinión pública y viene bregando para que la ciudadanía y, fundamentalmente el Estado, tome conciencia sobre los riesgos en la salud de la población y en el ambiente que provoca la fumigación. Para esto ha implementado una campaña denominada “Paren de fumigarnos!”.

Esta semana, la ONG hizo público un hecho ocurrido en nuestra ciudad, donde un grupo de vecinos radicó una denuncia en el destacamento de la Guardia Rural “Los Pumas”, porque un avión estaba fumigando en un área vedada por la Ley 11.273. La denuncia habría causado la reacción del propietario del avión que habría concurrido al domicilio de los denunciantes para amenazarlos verbalmente. Incluso, las amenazas se habrían repetido.
“El 13 de enero se radicó una denuncia ante la Policía ya que aviones fumigadores estaban trabajando en áreas vedadas próximas a la ruta 33. Más tarde, el aerofumigador se hizo presente en el domicilio de una vecina y ante la negativa de retirar la denuncia, la amenazó en forma verbal y, posteriormente, la intimidó con el llamado telefónico de una abogada que le mencionó futuras acciones legales por lucro cesante”, manifestó Carlos Manessi, del CE-PRO-NAT consultado por RufinoWeb.

En Santa Fe la Ley 11.273, entre otras cuestiones, instituye claramente los límites que deben respetar las personas que tengan como actividad las pulverizaciones y fumigaciones. En el Artículo 33 se prohíbe las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente, podrán aplicarse productos de clase toxicológicos C ó D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3000 metros. El artículo 34, lo fija para las aplicaciones terrestres estableciendo la prohibición de aplicación de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.

Para el Centro de Protección a la Naturaleza, a las recurrentes violaciones a la Ley 11.273 se ha sumado ahora una nueva faceta: “la amenaza lisa y llana a los vecinos que reclaman por los perjuicios a su salud debido a las fumigaciones”.
“A la inoperante actitud de los entes de control, se suma la nula participación de los colegios profesionales involucrados y la autogestión de los productores agrícolas que elaboran peligrosos cócteles de venenos. En los centros urbanos, debemos añadirles la libre circulación de vehículos terrestres (mosquitos o arañas) y el sobrevuelo de aviones fumigadores cargados de tóxicos. Ni hablar del vertido de venenos cercanos a las escuelas o los centros de salud o el abuso de emplear a niños y adolescentes para marcar los límites del terreno ante una fumigación. En síntesis: se respira veneno en Santa Fe”, indican desde la ONG.

“El desconocimiento puesto de manifiesto por las autoridades provinciales y comunales, así como los aplicadores y sus representantes legales, resulta poco menos que llamativo: la provincia de Santa Fe, con una extensa superficie de su territorio dedicado a la agricultura, tiene una ley específica y hasta existen fallos judiciales que impiden las fumigaciones terrestres y aéreas a menos de 1500 metros de las poblaciones en el caso de las aéreas. Hablemos claro: los productos aplicados en los cultivos son tóxicos y tienen un impacto manifiesto en el ambiente y, en concreto, en la salud de la población”, explican.

El artículo de la mencionada ley establece entre sus objetivos “... la protección de la salud humana, de los recursos naturales,.... a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios, como así también evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente”. A lo largo de su articulado y en el decreto reglamentario, se habilita a los particulares a defender ese derecho, realizando las denuncias pertinentes.
“Los vecinos de Rufino denuncian este derecho vulnerado en la sede de la Guardia Rural Los Pumas y, por ello, terminan siendo amenazados con riesgo en su integridad física”, resaltan en el CE-PRO-NAT para finalizar diciendo: “No desconocemos que, de acuerdo al modelo imperante, numerosas poblaciones de la provincia se sustentan en la producción agrícola y en los supuestos beneficios económicos que trae para el país, pero esta actividad -como otras- debe desarrollarse dentro de la ley. Fuera de la ley, sólo se da lugar a que existan conflictos como el mencionado, enfrentando a los vecinos que ven amenazada su salud y la de sus hijos”.

En Rufino
A raíz del hecho ocurrido en nuestra ciudad e invitados por la delegación local del Ministerio de la Producción, el lunes pasado se hicieron presentes en el Concejo Deliberante, representantes de la Dirección de Sanidad Vegetal quienes tienen a cargo el poder de policía en los distritos donde no exista una ordenanza que establezca un acuerdo con la provincia en base a la ley.
La Concejal Ilda Barale informó que del encuentro también participaron el delegado local del Ministerio de la Producción Mario Monti y representantes de la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas” y de la Dirección de Sanidad Vegetal, entre otros.
Allí se decidió tomar contacto con la Secretaria de Gobierno, Daniela Robles porque si bien en nuestra ciudad existe una ordenanza ajustándose a la Ley 11.273 nunca entró en vigencia.
“La Dirección de Sanidad Vegetal trajo un nuevo convenio que sería evaluado por los abogados de la municipalidad y de firmarse, regresarían los representantes de esa dirección para capacitar a personal local con la idea de inspeccionar no sólo el accionar de los fumigadores sino también el comercio dentro del radio urbano de agroquímicos que está totalmente prohibido”, señalo la Edil.
Finalmente, se comprometieron en realizar una charla informativa en las próximas semanas.