Por Luis Emilio Blanco / La Capital
A menos de un mes de que concluya el plazo establecido por la Justicia para que la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el gobierno provincial —a través de los ministerios de Salud y de Producción— se expidan sobre la toxicidad y los efectos sobre la salud del glifosato y otros plaguicidas utilizados en la región, no hay indicios concretos de que la provincia avance para responder los requerimientos del Poder Judicial.
La situación preocupa sobremanera a los denunciantes de abusos en el manejo y aplicación de agrotóxicos en el territorio santafesino, ante el inminente comienzo de fumigaciones previas a la siembra.
Según declaraciones recientes del ministro de la Producción, José Luis Bertero, se desprende que la cartera a su cargo prepararía una respuesta técnica evasiva que delega en otros organismos nacionales y provinciales la responsabilidad de opinar sobre el asunto.
“Hicimos algunas reuniones con el fiscal (de Estado) provincial, que es quien comanda un poco la respuesta que vamos a dar, pero tiene que quedar claro que hay una autoridad a nivel nacional que reglamenta sobre el tema; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (Senasa). Es allí donde nos vamos a apoyar en este tema”, confirmó Bertero.
“Además —continuó—, en enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández encargó estudios a varios investigadores y nos parece que no tiene sentido abrir un nuevo frente cuando llegaríamos, tal vez, a las mismas conclusiones que ya se dieron”, dijo el ministro al diario Uno, de Santa Fe.
“Insistimos en que el primer paso que hay que dar es que los municipios y comunas fijen su ley agronómica y nos pongamos todos, en serio, a generar conciencia social sobre el uso de plaguicidas, antes de atacar directamente un determinado producto”, agregó Bertero.
Proyecto común. Como contrapartida, el ministro de Salud, Miguel Angel Cappiello, mostró en recientes apariciones públicas su preocupación por el manejo de agroquímicos en la provincia y explicó que se está trabajando entre ministerios para generar un proyecto común sobre la utilización y aplicación del glifosato.
Cappiello comentó que un grupo de técnicos está abordando el problema. “Se trata de una pelea difícil, porque tendremos que llevar adelante lo que el Ministerio de Salud interpreta como necesario en beneficio de la salud de la población”. Dijo que se “está trabajando para no tener que usar este tipo de productos, aunque se presente mucha resistencia”, y que “la provincia está dispuesta a empezar para que luego, la prohibición del glifosato se extienda hacia todo el país”.
Asamblea de fumigados. El 27 y 28 del corriente se realizará en San Justo el Primer Encuentro de Educación Ambiental, del que participarán numerosas organizaciones ambientalistas. En ese marco, los vecinos autoconvocados de la provincia participarán de una Asamblea de Pueblos Fumigados en la que tratarán la urgencia que impone el inicio de una nueva campaña de siembra de soja y la displicencia del gobierno provincial frente al tema.
“Está todo bien; que discutan ministros, legisladores, universitarios, el Ejecutivo y productores, pero, mientras tanto ¿qué hacemos?”, se preguntaron ambientalistas y vecinos preocupados por su salud y y aseguraron que “siguen pasando con los aviones por arriba las casas o con los «mosquitos» a muy pocos metros de la gente”. En ese sentido, señalaron que ya hubo quejas en distintos puntos de la provincia por el inicio de la temporada de aspersión de plaguicidas previa a la siembra de soja.
“Con respecto a la información que abunda relacionada con los efectos de los agrotóxicos, ¿quién se hará responsable de las personas enfermas de acá en más y de las situaciones que se generen a partir de pulverizaciones cercanas a ámbitos poblacionales.
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