miércoles, 11 de mayo de 2011

PORQUE DECIMOS VERDADES RECIBIMOS VIOLENCIA

PORQUE DECIMOS VERDADES RECIBIMOS VIOLENCIA
Comunicado de prensa de la Asamblea Popular por el Agua ante los hechos de violencia en Alvear
El año pasado tres militantes de la Asamblea Popular por el Agua fueron golpeados en la puerta de la Legislatura por barras bravas contratados por la UOCRA en el marco de la aprobación del Proyecto Potasio Río Colorado. En esos momentos se advertía acerca de las mentiras en relación con los puestos de trabajo que surgirían de dicho proyecto, y se denunciaba el enorme consumo de gas que conllevaría.

El dia sábado 7 de mayo José Vilchez, militante gremial y socioambiental del departamento de Alvear, recibió la amenaza de que pondrían una bomba en su casa si participaba de una protesta contra Jaque en la Fiesta Nacional de la Ganadería. Vilchez no se dejó amedrentar y denunció la amenaza sufrida. El resultado: desconocidos incendiaron parte de una finca que comparte con su hermano. Queremos alertar acerca del creciente clima de violencia que se está gestando en torno al intento de instalar proyectos megamineros en la provincia de Mendoza. El proyecto San Jorge todavía no ha sido aprobado, pero parece que ya quiere cobrarse sus primeras víctimas.

¿Queremos los mendocinos una provincia en la que la violencia de las patotas megamineras y de los funcionarios cómplices de éstas sea la regla? La respuesta debemos darla en la calle, en los barrios, en los trabajos:
digámosle:
NO A SAN JORGE,
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA,
NO A LAS PATOTAS DE LAS EMPRESAS Y LOS GOBIERNOS QUE NOS GOLPEAN PARA
QUE CALLEMOS LA VERDAD
Convocamos a todo el pueblo a expresarse de todas las maneras que puedan y quieran, una y otra vez, mientras sea necesario, en pos de la defensa de nuestra agua y nuestra vida:

¡¡SAN JORGE NO TIENE LICENCIA SOCIAL!! ¡¡NO TENEMOS MIEDO!!

¡¡EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA!!

Asamblea Popular por el Agua 9 de mayo de 2011
http://www.asambleapopularporelagua.blogspot.com/
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Una maniobra para ocultar la identidad


La denuncia del defensor del Pueblo de la Nación echa luz sobre la maniobra a través de la cual el inversor inglés Joe Lewis accedió a tierras vedadas por estar en zona de seguridad. Un antecedente para el debate de la nueva ley de tierras.

Por Sebastián Premici
Del medio millón de hectáreas de los distritos Bariloche y El Bolsón, 35 por ciento pertenece a extranjeros.La historia de la venta de Lago Escondido en favor del inglés Joe Lewis, una propiedad de más de 11.000 hectáreas en Río Negro, encubre un entramado legal que le habría permitido a su actual propietario sortear una ley que restringe que las tierras ubicadas en zona de seguridad de frontera sean vendidas a extranjeros. Así lo determinó un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación al que tuvo acceso Página/12. Según este trabajo, que fue enviado a la Auditoría General de la Nación y a la Corte Suprema de la provincia, la operatoria incluyó la creación de una sociedad jurídica conformada por accionistas locales que fue traspasada a Lewis antes de que el Estado nacional otorgara el permiso para comprar.

Este caso podría ser un insumo más del debate que se dará en el Congreso de la Nación relacionado al proyecto para regular la propiedad de la tierra en manos extranjeras, enviado por el Ejecutivo. La iniciativa establece límites y una tipificación precisa de las personas físicas y jurídicas que deberán estar comprendidas por la normativa, cuyo objetivo es preservar un recurso no renovable.

Según se desprende de la información catastral de la provincia de Río Negro, los distritos de Bariloche y El Bolsón suman en total 510.000 hectáreas, de las cuales el 35 por ciento está en manos de extranjeros. En el caso puntual de Bariloche, ese porcentaje llega al 50 por ciento (118.000 hectáreas).

Las llamadas “Zonas de Seguridad” son las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Si bien la ley original prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de previa conformidad ante el Ministerio del Interior, donde deben cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación. Para la Defensoría del Pueblo, la adquisición del predio de Lago Escondido resultó “irregular”, algo que podría “encuadrar en figuras penales”, tal como se explícita en las conclusiones del trabajo.

¿Cómo fue la operatoria? El 17 de junio de 1994 se constituyó la empresa Properties Buenos Aires, con asiento legal en la Capital Federal. Dicha compañía suscribió 12.000 acciones y estaba integrada por Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende. En su carácter de presidente de Properties S. A., solicitó durante los primeros meses de 1996 el pedido de previa conformidad para adquirir un predio de 8063 hectáreas.

La autorización fue otorgada por el director de la Unidad de Proyectos de Radicación el 2 de julio de 1996, a nombre de Properties. Sin embargo, en el registro de la propiedad inmueble de la provincia, la escritura de esa propiedad quedó inscripta bajo la sociedad Hidden Lake S. A., con fecha 30 de agosto de 1996. Según determinó la Defensoría, el cambio estatutario ocurrió en mayo de ese año, es decir, dos meses antes de que se autorizara la venta a Properties.

Según la Inspección General de Justicia, Hidden Lake había quedado conformada por Lago Corp, empresa cuya existencia no figura en la IGJ, ni se tiene registro en Bariloche. Sin embargo, la Defensoría determinó que estaba representada por Rovira. Y el segundo integrante, con una sola acción, era Lewis. Así se dio el ingreso de este empresario británico.

“La fecha en que aparece Lewis en escena y la fecha en que se firmó la escritura de compraventa permitiría determinar que hubo irregularidades en el trámite. Si se demuestra que el Estado estaba al tanto de esta situación, la Justicia podría declarar nula toda la operatoria”, afirmó a Página/12 un funcionario de la Defensoría. Por eso uno de los destinatarios del informe fue el titular de la Corte rionegrina, Víctor Sodero Nievas.

La Defensoría encontró una operatoria similar con un campo aledaño a la primera compra, de 2725 hectáreas. La autorización final para ambas compras la hizo el brigadier retirado Andrés Antonietti, un funcionario emblema de la década menemista. “Si se descubre que hubo mala fe en la operatoria, podría anularse”, agregó a este diario el abogado constitucionalista Gustavo Arballo. Desde la empresa indicaron a este diario que “toda la información referida a la compra de Lago Escondido fue presentada ante los órganos competentes”.

Este caso puede resultar emblemático a la hora de discutir el proyecto de ley que pretende regular la posesión de tierras en manos extranjeras. Más allá del límite físico que se establezca (hasta un 20 por ciento del total del territorio como norma general y 1000 hectáreas en zona núcleo para una única persona), la determinación de la nacionalidad de una sociedad quizá sea uno de los aspectos más complejos.

Para evitar operatorias como las de Lago Escondido, el texto del proyecto abarca la mayor cantidad de figuras societarias posibles: sociedades anónimas, sociedades de derechos reales constituidas en el exterior, fideicomisos, UTE, fondos de inversión, etc. También están comprendidas las personas jurídicas que se encuentren en posición de vinculadas o controladas por cualquier forma societaria o cooperativa extranjera. Y aquellas personas físicas o jurídicas que sin acreditar formalmente calidad de socios, actúan en una sociedad como si lo fueran.

El proyecto de ley espera su tratamiento en las comisiones de Agricultura y Legislación General de la Cámara de Diputados.
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Gioja le hace un guiño de ojo a la Barrick y la minera presenta una de cada tres declaraciones juradas


Publicado por Norberto Costa en 23:33
10/05 – 09:30 – La alegría de Luis Gioja gobernador de San Juan no puede ser más completa. Redireccionado hacia su nueva postulación y posiblemente la extensión de su mandato, la bandera de la Barrick, que ondeó detrás de la cabeza de Cristina Fernández en los actos, envolvió la campaña por el “Sí” y le dio aire al gobernador en pago por los favores recibidos. Desde 2006 a hoy la minera presentó solo 31 declaraciones juradas; sobre eso paga el 3% y aún así le debe 300 millones a la provincia por regalías no liquidadas. Sobran los motivos para que Gioja esté contento con su re-reelección.La primera impresión que causa al lector desprevenido, es que la sociedad de San Juan apoya decididamente la reelección de Luis Gioja, sin embargo, a pesar de los impactantes números por el cual ganó el “Sí” este último domingo (64%) gracias a la desidia de la mayor cantidad de ciudadanos que no fueron a votar, el gobernador pudo manipular los escasos sufragantes que le dieron aire político para posicionarse de cara al mes de octubre.

Y aunque este no sea el tema central de la nota, tiene incidencia directa sobre lo que vamos a hablar: la minería, porque Gioja, que ha sido acusado de corrupción en los contratos firmados con la minera Barrick Gold, en representación de la provincia, advierte que se le abre el panorama político ante la posibilidad de ser reelegido y proseguir con la brutal entrega de las riquezas provinciales, en manos de la minera canadiense y a instancia del gobierno nacional, como lo ha hecho hasta ahora.

Tal como señala un artículo del diario La Nación, Barrickc Gold desde que comenzó a extraer oro en el yacimiento Veladero, en el año 2006, en cinco años solo presentó 31 declaraciones juradas, donde consta el material extraído.

Hay dos cosas graves en esto: primero que sea la empresa quien “da fe” de lo que extraen, porque es en relación a esa estimación, sobre la cual la minera paga el 3% de regalías al Estado; pero más grave aún es quela multinacional le deba a la provincia por regalías no liquidadas, la suma de 300 millones de pesos y que sobre todo esto el Tribunal de Cuentas de San Juan no haya aprobado ninguna de esas 31 declaraciones juradas porque ha considerado que fueron liquidadas con defectos.

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