Reforma agraria y agroecología versus latifundio y monocultivos industriales
Ricardo Carrere
RAPAL Uruguay
Adital
La mal llamada modernización del agro se basa en un modelo de tipo industrial que ya ha demostrado ser social y ambientalmente destructivo. En Uruguay, al igual que en el resto del mundo, ese tipo de agricultura continúa expulsando a productores del campo, que pasan a engrosar los barrios marginales de los centros urbanos. Es importante que este tema se incluya en el actual debate sobre seguridad ciudadana, al igual que la alternativa para que los agricultores familiares puedan permanecer en el campo: la agroecología.
El debate sobre inseguridad debe llegar a las raíces del problemaReforma agraria y agroecología versus latifundio y monocultivos industriales
El debate sobre la seguridad ciudadana se ha instalado en el país. Lamentablemente, la discusión no se centra sobre las causas del problema, sino en cómo tratar de evitar sus consecuencias: bajar la edad de imputabilidad, aumentar la vigilancia y represión policial, sacar soldados a la calle, construir más cárceles, aumentar las penas. Si esto sigue así, dentro de poco estaremos debatiendo sobre la pena de muerte.
En ese contexto, resulta imprescindible volver a lo básico: la cadena de causalidad que genera la pobreza, una de cuyas consecuencias es el delito.
Si bien por supuesto dicha cadena es compleja (y donde "pobre” no es sinónimo de "delincuente”), queremos poner sobre la mesa uno de sus componentes originarios: la expulsión de la población rural.
Nuestras ciudades no han crecido por altas tasas de natalidad, sino por la llegada de cada vez más compatriotas imposibilitados de continuar viviendo en el medio rural. En los años 60 el latifundio fue denunciado –con razón- como una de las principales causas del éxodo rural y surgió la bandera de lucha por la reforma agraria.
Desde entonces, el proceso de expulsión ha seguido avanzando de la mano de la siempre creciente latifundización y extranjerización de la tierra resultante del modelo forestal y sojero instaurado en el país, pero la reforma agraria brilla por su ausencia.
Hoy el modelo agropecuario continúa empujando hacia los barrios marginales a muchas familias rurales, algunos de cuyos hijos o nietos serán mañana los "menores infractores” que la sociedad exigirá reprimir.
Sin embargo, estos cambios que están ocurriendo en el campo no solo no son percibidos como la raíz de la problemática urbana marginal (que va mucho más allá de la criminalidad), sino que son exhibidos como símbolos de desarrollo y modernización.
De acuerdo con dicha visión, la ciencia y la tecnología, representadas por grandes máquinas, insumos químicos y manipulación genética parecen haberse impuesto finalmente al "atraso” del Uruguay tradicional.
Los monocultivos transgénicos y forestales constituyen hoy la cara más visible de un modelo que está siendo promovido en todos los sectores productivos del agro uruguayo… y que continúa expulsando a más y más familias hacia los barrios marginales de las ciudades.
Un reciente informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación de Naciones Unidas da por tierra con esa visión de desarrollo agropecuario, al concluir que la agricultura convencional no puede resolver el principal problema de la humanidad (el hambre) y que en realidad la ciencia y tecnología agropecuarias modernas van hoy en una dirección totalmente opuesta: la agroecología.
"Para poder alimentar a nueve mil millones de personas en 2050 necesitamos urgentemente adoptar las técnicas agrícolas más eficientes conocidas hasta el momento”, afirma Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación y autor del informe. Afirma que "los estudios científicos más recientes demuestran en este sentido que, allí donde reina el hambre, especialmente en las zonas más desfavorecidas, los métodos agroecológicos son mucho más eficaces a la hora de estimular la producción alimentaria que los fertilizantes químicos”. Agrega que a través de la agroecología, "el conocimiento ha sustituido a los pesticidas y fertilizantes”.
El Relator Especial exhorta a los Estados a que apoyen a las organizaciones campesinas, las cuales han demostrado una gran habilidad a la hora de difundir las mejores prácticas agroecológicas entre sus miembros.
"El fortalecimiento de las organizaciones sociales ha demostrado ser tan potente como la distribución de fertilizantes. Los pequeños campesinos y los científicos pueden crear prácticas verdaderamente innovadoras cuando trabajan codo con codo”, explica De Schutter.
"No resolveremos el hambre ni pararemos el cambio climático con la agricultura industrial de las grandes plantaciones. La solución reside en apoyar el conocimiento y la experimentación de los agricultores y campesinos y en el aumento de los ingresos de los pequeños propietarios para contribuir así también al desarrollo rural”.
El autor del informe sostiene que con la agroecología "el éxito está asegurado” y que se pueden encontrar historias exitosas en innumerables países de África, Asia y América Latina.
De Schutter informa que "este método también está ganando terreno en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania o Francia” pero agrega que "la agroecología no cuenta con la suficiente ambición ni apoyo públicos, a pesar del impresionante potencial que representa en la realización plena del derecho a la alimentación, y por consecuencia, muy pocas veces supera el mero estadio experimental”.
En el caso concreto de Uruguay, la situación es aún peor, ya que el Estado ni siquiera ha encarado el "estadio experimental”, que ha quedado en manos de productores y personas individuales, que no reciben apoyo alguno de parte del gobierno.
Es muy interesante lo que dice el informe acerca de grandes empresas como las que hoy predominan en el agro uruguayo: "Las empresas privadas no invertirán tiempo y dinero en prácticas que no puedan proteger con patentes y que no supongan una apertura de los mercados hacia nuevos productos químicos o semillas mejoradas”.
Este informe resulta muy bienvenido por quienes venimos denunciando los graves impactos de la agricultura industrial y que abogamos por una agricultura social y ambientalmente sustentable.
Recomendamos a todos su lectura, pero en particular a quienes aún repiten que la agroecología es una utopía irrealizable que solo sirve para aportar comida sana a los ricos y que la agricultura industrial es la única solución posible. El informe dice exactamente lo opuesto.
[Enviado por COMCOSUR Nº 1277 - 03/05/2011].
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En SE PRESUME INOCENTESan Jorge: una decisión judicial que nos invita a profundizar la reflexión sobre el despoblamiento
de nuestro territorio.
HACE ALGUNAS SEMANAS, PUBLICABAMOS UN ARTICULO SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE TRAE –NO SOLO EN LA TIERRA, EL AIRE Y EL SUELO, SINO TAMBIEN EN LA SALUD Y LA MISMA VIDA DE LAS PERSONAS- LA SOJIZACION DE NUESTRA TIERRA Y EL USO DE LOS AGROQUIMICOS QUE, DE LA MANO DE MONSANTO Y CON LA FALTA DE UNA POLICITA ESTATAL INTERVECIONISTA COMPLICE, ESTA TRONCHANDO LA VIDA DE NUESTROS SEMEJANTES.
EN AQUELLA OPORTUNIDAD CITABAMOS EL CASO DEL FALLO JUDICIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JORGE COMO UN ESLABON IMPORTANTE EN LA EXTENSA CADENA QUE DEBEMOS CONFORMAR PARA FRENAR SEMEJANTE ACTO DE VANDALISMO.
A CONTINUACION SE PUBLICA UN DOCUMENTO DEL GRUPO DE REFLEXION RURAL, UNA ORGANIZACIÓN QUE HACE AÑOS VIENE “BATALLANDO” CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA SOJA TRANSGÉNICA.
DESDE YA EL AGRADECIMIENTO A ESTA ORGANIZACIÓN Y A JORGE RULLI POR PERMITIRNOS COMPARTIR CON NUESTROS LECTORES TAN RICO DOCUMENTO.
Una vez más las circunstancias y la confusión a que conducen algunos medios, nos obliga a pronunciarnos en relación a las acciones judiciales llevadas adelante contra las fumigaciones en el Municipio de San Jorge, Provincia de Santa Fe. En esa localidad, a través de un amparo, el juez Tristán Martínez resolvió en febrero de este año, la prohibición de fumigar en los campos de propiedad de dos sojeros, identificados en la resolución como Sres. Gaillard y Durando Facino, en una distancia menor a los 800 metros para las fumigaciones terrestres y 1.500 metros para las fumigaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana (Barrio Urquiza), según se lee en la sentencia del Magistrado. Que quede claro entonces, la condena alcanza tan solo a los campos de propiedad de los mencionados y en la distancia que se indica, tal como lo solicitaran los amparistas, no como algunos suponen, a todo el radio de la ciudad de San Jorge o del Barrio Urquiza.
Ya hemos expresado anteriormente como Grupo de Reflexión Rural nuestra posición frente a ciertas acciones que focalizan la lucha en situaciones parciales y que en muy poco comprometen el modelo productivo de la sojización, establecido en la Argentina desde la década de los años 90. En Julio del año 2009 le expresábamos a los jueces: “¿Tendrá la justicia argentina, su sistema perceptivo lo suficientemente sano como para advertir que la evidencia difusa o incompleta debe disparar el principio precautorio? Si esto no pasa, y sin ánimo de generar una “psicosis colectiva”, va siendo hora que los jueces de la Corte, junto a todos los ciudadanos del país de los argentinos, comencemos a preguntarnos ¿cuánto veneno estamos dispuestos a seguir llevando en la sangre? Desde ya que nuestra respuesta como GRR es nada de nada…”
Ahora, frente a ciertas expectativas generadas entre el periodismo comprometido y cierta militancia ambiental por el fallo de San Jorge, nos vemos obligados a recordar que es preciso persistir en la necesidad de un cambio real del modelo de la sojización, a la vez que reflexionar en lo poco que nos benefician acciones como la de San Jorge.
Aclaramos asimismo, que exceptuamos de estas consideraciones a las víctimas locales que decidieron defenderse de las agresiones, sectores con quienes nos solidarizamos, tanto con las víctimas de San Jorge, como con todas las otras familias argentinas que, a lo largo del territorio de la Soja, sufren a diario los mismos padecimientos y a las que apoyamos en sus justos reclamos por alejar cuanto sea posible de sus viviendas, la llamada línea agronómica. Aún más todavía, nos arriesgamos a expresar que, hasta comprenderíamos el que en alguna oportunidad estas víctimas apelaran a la extrema situación de hacer justicia por la propia mano, dado que la impunidad con que se han movido los sojeros hasta el momento y pese a las innumerables protestas, ha sido escandalosa.
Debemos recordar que hace ya varios años le hicimos llegar un informe a los más altos funcionarios de la República y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en que terminabamos afirmando: “La agricultura industrial de la soja es sinónimo de desmontes, degradación de suelos, contaminación generalizada, degradación del medio, destrucción de la Biodiversidad y expulsión de poblaciones rurales. Sin embargo, puede haber consecuencias aún mucho más horrendas. Creemos haber descubierto a partir del caso de las madres del barrio Ituzaingó, los elementos necesarios para confirmar una vasta operatoria de contaminación sobre miles de poblados pequeños y medianos de la Argentina. Se esta configurando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos motiva a imaginar un genocidio impulsado por las políticas de las grandes corporaciones y que solo los enormes intereses en juego y la sorprendente ignorancia de la clase política logran mantener asordinado. El cáncer se ha convertido en una epidemia masiva y generalizada en centenares de localidades argentinas y el responsable es sin lugar a dudas el modelo rural.”
Concretamente, que consideramos absolutamente positivo que las víctimas se defiendan en la forma en que mejor les sea posible, y por ello estamos contentos por la familia Peralta, a quienes expresamos nuestro respeto y apoyo por defenderse contra las agresiones, pero como GRR no podemos a la vez, dejar de pensar y de luchar por todos aquellos que viven más allá de los 1.500 metros y denunciar las consecuencias que este tipo de acciones tendrían si se instalan como políticas o como objetivos más o menos excluyentes de las luchas, por parte de las organizaciones.
Y decimos esto en momentos en que algunas organizaciones sociales piqueteras, han osado poner en palabras un supuesto derecho que muchos otros comparten aunque no se atrevan a expresarlo: nos referimos al presunto derecho de vivir en la ciudad. ¿Qué mejor servicio podríamos hacerle a las Corporaciones y a los grupos sojeros con esa bandera, cuando ellos necesitan un campo despoblado para extender más allá de los mil quinientos metros que asegura el fallo de San Jorge, sus sistemas de agricultura industrial con agrotóxicos?
Debemos decir, asimismo, que tampoco apoyamos luchas parciales, campo por campo, que minimizan y fragmentan las luchas en medio de un mar de soja de más de 20 millones de hectáreas, a no ser que esas luchas, sean como en tantas localidades, las defensas puntuales por parte de las propias víctimas, en resguardo de sus vidas, pero nunca como acciones o propuestas políticas a generalizarse. Pensemos en que no debemos dar batallas para “controlar las fumigaciones”, de lo contrario no hubiésemos acuñado jamás la consigna “Paren de Fumigar”, que en realidad siempre encerró una crítica profunda a un modelo, más bien nos hubiese quedado más cómoda alguna consigna como “Fumiguen lejos de las ciudades o dejen de fumigarnos a nosotros” y esto no es una simple ironía, se trata de no legitimar con nuestras acciones los designios de las Corporaciones.
Pretender instalar este tipo de acciones en defensa de lo urbano y como luchas políticas es una insensatez que demuestra que las mismas son pensadas y diagramadas en el mejor de los casos, por ciudadanos citadinos, ciudadanos que no conocen de la vida rural ni de la propia historia de la Argentina. Seguir por este camino nos condena a dejar de luchar por repoblar el campo o pretender conservar las tradiciones de nuestros pueblos mestizos; en definitiva, a que renunciemos a cambiar el futuro de nuestra América y el objetivo de conseguir la Soberanía Alimentaria. Aún más todavía, podemos afirmar que, estas acciones ni siquiera logran ser verdadera oposición a las políticas del Gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, quien sostuvo reiteradas veces que: "hay que desmitificar sobre las cuestiones tóxicas de ese producto” y que el glifosato "usado convenientemente, y regulado de acuerdo a lo que se quiere realizar, es un producto que puede convivir perfectamente con el uso racional y la protección de la salud".. "Hay que ver claramente cual es el beneficio y el perjuicio que provoca, y el menor perjuicio a la salud justifica el no uso ante el mayor beneficio económico que puede producir el producto…" De hecho, y tratando de continuar el hilo de pensamiento del gobernador socialista de Santa Fe, podríamos imaginar que, la no aplicación de agrotóxicos dentro del radio de 1.500 metros, podría llegar a presentarse como la forma “responsable” o “racional” en que deberán realizarse las fumigaciones en los campos mencionados de San Jorge. Se fumiga sí, pero a 1.500 metros de las ciudades, simulacro en el que la sojización podría pasar a ser tal vez certificada como “responsable”.
Así gira la rueda del modelo de agronegocios en Argentina y en el mundo. El despoblamiento del campo, una agricultura sin agricultores y la supresión de la vida rural, se continúan profundizando y como si ello fuese poco, se legitima la concentración demográfica. ¿Contra el modelo de exclusión rural, retrocederemos acaso, protegiéndonos en las ciudades y en sus alrededores, donde ya no podremos ser productores ni artífices de nuestra propia vida, sino tan sólo consumidores destinados a la dependencia y a los avatares de los mercados globales? Deberemos acaso con resignación ver como las empresas y los mercados deciden qué se produce allí donde antes crecían nuestras verduras y pastaban nuestros animales? ¿Pelearemos por urbanizar las Villas de Emergencia y “por el derecho a vivir en la ciudad” ahora cada vez más favelizada o tugurizada, y con crecientes cordones de miseria?
Lo que podemos comprobar a diario y desde hace años es que, a los expulsados de sus tierras, los reciben las organizaciones sociales listas para tratarlos como si siempre hubiesen sido urbanos y consumidores. Les asignan unos metros cuadrados como hábitat y un subsidio. y pasan desde ese momento a engrosar los nuevos cordones suburbanos de pobreza. La propia historia queda atrás, ya no son campesinos, ya no son indígenas, dejan de ser trabajadores rurales o vecinos de pequeñas localidades, ahora son tan solo una tabla rasa sobre la que otros reescriben su propia historia, debiendo aprender un nuevo rol como consumidores y asistencializados, a la vez que asimilarse a una urbanidad periférica enferma, dominada por bandas o regidas directamente por el narcotráfico.
Si las luchas que comprometen nuestras acciones fueran todas como la de San Jorge, corremos el riesgo de que el árbol nos tape el bosque. ¿Cómo podríamos desarmar el coloniaje que significa el modelo productivo, y en el que nos encontramos sumidos hasta el cuello? ¿Acaso es posible alterar un sistema desde este tipo de parcialidades que conllevan la doble lectura de regularizar el modelo y a la vez legitimarlo? Pensamos frente a estos desafíos, que debemos continuar planteándonos desde las organizaciones, hacia dónde es que debemos dirigir nuestras acciones. Seamos conscientes que, por delante, y e3n este camino, tenemos la trampa de que se siembre soja certificada, según los acuerdos de la Mesa de la Soja Responsable, mesa en que además de los sojeros, se sientan diversas ONG sociales y ambientales, o acaso en una política nicho de cultivos orgánicos certificados a cargo de las mismas corporaciones que, como Cargill, mantienen a la Argentina dependiente de los mercados globales.
Por lo contrario, se trata en definitiva, para el GRR, de instalar un nuevo pensamiento. Nuestras luchas han estado enmarcadas en un ámbito global, y no justificamos dar simples batallas incesantes que nos conduzcan a callejones sin salida tal como nos proponen ciertas ONG, tales como la WWF, que juegan desembozadamente para la globalización. Ir tras la descontaminación de un río, se justifica desde las luchas locales y no cuando somos conscientes que, son cada vez más las aguas que pasan a estar contaminadas. Lo mismo cuando se nos proponen las luchas por la conservación del puma, o de la ballena austral, mientras sabemos que la civilización industrial nos ha conducido a una pavorosa extinción planetaria de biodiversidad, en que por año se pierden más de 200 especies. Algo parecido ocurriría si lucháramos por conseguir planes sociales para los que día a día llegan expulsados de sus tierras y de sus modos de vida. Nos negamos refutar cada una de las tesis de la sociedad del agronegocio, no queremos seguir y seguir jugando el juego que se nos propone, no se trata de enseñarles a los sojeros donde pueden fumigar y donde no, no podemos creer que la batalla sea contra el Glifosato específicamente o peor aún todavía, sea por obtener su recategorización en el SENASA. En realidad, en nada se distinguen esas luchas que se nos proponen desde espacios “ambientalistas” de lo que usualmente se denominan “Buenas prácticas agrícolas”, y que no son más que la forma en que se traslada la responsabilidad al productor y se legitima el modelo actual y el uso de agrotóxicos.
La realidad es que mientras en el plano global debemos dar la lucha junto con organizaciones hermanas que se oponen a las políticas de la Mesa de la Soja Responsable, por considerarlas nuevos maquillajes verdes, a nivel local nos enfrentamos con la entrega de nuestros territorios, tal como en el caso de Río Negro con China, o en el del Chaco con Arabia Saudita o Qatar. Si hoy nos vamos contentos a casa porque hemos conseguido que a 1.500 metros de la zona urbana no se fumigue, al menos deberíamos levantarnos mañana a pensar cómo haremos para lograr que este modelo de sojización devastadora se revierta y que puedan regresar a su terruño los millones de desplazados que, contenidos por el asistencialismo, viven en los cordones de pobreza de las grandes ciudades.
GRR Grupo de Reflexión Rural
16 de marzo de 2011
Debemos decir, asimismo, que tampoco apoyamos luchas parciales, campo por campo, que minimizan y fragmentan las luchas en medio de un mar de soja de más de 20 millones de hectáreas, a no ser que esas luchas, sean como en tantas localidades, las defensas puntuales por parte de las propias víctimas, en resguardo de sus vidas, pero nunca como acciones o propuestas políticas a generalizarse. Pensemos en que no debemos dar batallas para “controlar las fumigaciones”, de lo contrario no hubiésemos acuñado jamás la consigna “Paren de Fumigar”, que en realidad siempre encerró una crítica profunda a un modelo, más bien nos hubiese quedado más cómoda alguna consigna como “Fumiguen lejos de las ciudades o dejen de fumigarnos a nosotros” y esto no es una simple ironía, se trata de no legitimar con nuestras acciones los designios de las Corporaciones.
Pretender instalar este tipo de acciones en defensa de lo urbano y como luchas políticas es una insensatez que demuestra que las mismas son pensadas y diagramadas en el mejor de los casos, por ciudadanos citadinos, ciudadanos que no conocen de la vida rural ni de la propia historia de la Argentina. Seguir por este camino nos condena a dejar de luchar por repoblar el campo o pretender conservar las tradiciones de nuestros pueblos mestizos; en definitiva, a que renunciemos a cambiar el futuro de nuestra América y el objetivo de conseguir la Soberanía Alimentaria. Aún más todavía, podemos afirmar que, estas acciones ni siquiera logran ser verdadera oposición a las políticas del Gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, quien sostuvo reiteradas veces que: "hay que desmitificar sobre las cuestiones tóxicas de ese producto” y que el glifosato "usado convenientemente, y regulado de acuerdo a lo que se quiere realizar, es un producto que puede convivir perfectamente con el uso racional y la protección de la salud".. "Hay que ver claramente cual es el beneficio y el perjuicio que provoca, y el menor perjuicio a la salud justifica el no uso ante el mayor beneficio económico que puede producir el producto…" De hecho, y tratando de continuar el hilo de pensamiento del gobernador socialista de Santa Fe, podríamos imaginar que, la no aplicación de agrotóxicos dentro del radio de 1.500 metros, podría llegar a presentarse como la forma “responsable” o “racional” en que deberán realizarse las fumigaciones en los campos mencionados de San Jorge. Se fumiga sí, pero a 1.500 metros de las ciudades, simulacro en el que la sojización podría pasar a ser tal vez certificada como “responsable”.
Así gira la rueda del modelo de agronegocios en Argentina y en el mundo. El despoblamiento del campo, una agricultura sin agricultores y la supresión de la vida rural, se continúan profundizando y como si ello fuese poco, se legitima la concentración demográfica. ¿Contra el modelo de exclusión rural, retrocederemos acaso, protegiéndonos en las ciudades y en sus alrededores, donde ya no podremos ser productores ni artífices de nuestra propia vida, sino tan sólo consumidores destinados a la dependencia y a los avatares de los mercados globales? Deberemos acaso con resignación ver como las empresas y los mercados deciden qué se produce allí donde antes crecían nuestras verduras y pastaban nuestros animales? ¿Pelearemos por urbanizar las Villas de Emergencia y “por el derecho a vivir en la ciudad” ahora cada vez más favelizada o tugurizada, y con crecientes cordones de miseria?
Lo que podemos comprobar a diario y desde hace años es que, a los expulsados de sus tierras, los reciben las organizaciones sociales listas para tratarlos como si siempre hubiesen sido urbanos y consumidores. Les asignan unos metros cuadrados como hábitat y un subsidio. y pasan desde ese momento a engrosar los nuevos cordones suburbanos de pobreza. La propia historia queda atrás, ya no son campesinos, ya no son indígenas, dejan de ser trabajadores rurales o vecinos de pequeñas localidades, ahora son tan solo una tabla rasa sobre la que otros reescriben su propia historia, debiendo aprender un nuevo rol como consumidores y asistencializados, a la vez que asimilarse a una urbanidad periférica enferma, dominada por bandas o regidas directamente por el narcotráfico.
Si las luchas que comprometen nuestras acciones fueran todas como la de San Jorge, corremos el riesgo de que el árbol nos tape el bosque. ¿Cómo podríamos desarmar el coloniaje que significa el modelo productivo, y en el que nos encontramos sumidos hasta el cuello? ¿Acaso es posible alterar un sistema desde este tipo de parcialidades que conllevan la doble lectura de regularizar el modelo y a la vez legitimarlo? Pensamos frente a estos desafíos, que debemos continuar planteándonos desde las organizaciones, hacia dónde es que debemos dirigir nuestras acciones. Seamos conscientes que, por delante, y e3n este camino, tenemos la trampa de que se siembre soja certificada, según los acuerdos de la Mesa de la Soja Responsable, mesa en que además de los sojeros, se sientan diversas ONG sociales y ambientales, o acaso en una política nicho de cultivos orgánicos certificados a cargo de las mismas corporaciones que, como Cargill, mantienen a la Argentina dependiente de los mercados globales.
Por lo contrario, se trata en definitiva, para el GRR, de instalar un nuevo pensamiento. Nuestras luchas han estado enmarcadas en un ámbito global, y no justificamos dar simples batallas incesantes que nos conduzcan a callejones sin salida tal como nos proponen ciertas ONG, tales como la WWF, que juegan desembozadamente para la globalización. Ir tras la descontaminación de un río, se justifica desde las luchas locales y no cuando somos conscientes que, son cada vez más las aguas que pasan a estar contaminadas. Lo mismo cuando se nos proponen las luchas por la conservación del puma, o de la ballena austral, mientras sabemos que la civilización industrial nos ha conducido a una pavorosa extinción planetaria de biodiversidad, en que por año se pierden más de 200 especies. Algo parecido ocurriría si lucháramos por conseguir planes sociales para los que día a día llegan expulsados de sus tierras y de sus modos de vida. Nos negamos refutar cada una de las tesis de la sociedad del agronegocio, no queremos seguir y seguir jugando el juego que se nos propone, no se trata de enseñarles a los sojeros donde pueden fumigar y donde no, no podemos creer que la batalla sea contra el Glifosato específicamente o peor aún todavía, sea por obtener su recategorización en el SENASA. En realidad, en nada se distinguen esas luchas que se nos proponen desde espacios “ambientalistas” de lo que usualmente se denominan “Buenas prácticas agrícolas”, y que no son más que la forma en que se traslada la responsabilidad al productor y se legitima el modelo actual y el uso de agrotóxicos.
La realidad es que mientras en el plano global debemos dar la lucha junto con organizaciones hermanas que se oponen a las políticas de la Mesa de la Soja Responsable, por considerarlas nuevos maquillajes verdes, a nivel local nos enfrentamos con la entrega de nuestros territorios, tal como en el caso de Río Negro con China, o en el del Chaco con Arabia Saudita o Qatar. Si hoy nos vamos contentos a casa porque hemos conseguido que a 1.500 metros de la zona urbana no se fumigue, al menos deberíamos levantarnos mañana a pensar cómo haremos para lograr que este modelo de sojización devastadora se revierta y que puedan regresar a su terruño los millones de desplazados que, contenidos por el asistencialismo, viven en los cordones de pobreza de las grandes ciudades.
GRR Grupo de Reflexión Rural
16 de marzo de 2011
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| 04-05-2011 |
Honduras
Entre la soberanía alimentaria y la Palma Republic
La soberanía alimentaria consiste en la potestad de un pueblo para decidir qué, cómo y cuándo producir para alimentarse de manera amigable con la Madre Tierra. Esto significa identificar y cultivar los alimentos más nutritivos y necesarios para la dieta alimenticia.
La seguridad alimentaria, en cambio, consiste es tener satisfecho el estómago sin importar la calidad nutritiva, mucho menos saber el origen y la historia de los productos. Parte de la seguridad alimentaria son las donaciones de trigo, maíz y soya transgénicas que nos regalan los países ricos a los países empobrecidos sin importar las consecuencias en la salud. Con la seguridad alimentaria otros deciden sobre qué, cómo, cuánto y cuándo debe comer un pueblo.
En estos momentos Honduras y el mundo viven una de las peores alzas en el costo de la canasta básica familiar. Con todos los “esfuerzos” que la comunidad internacional hizo y hace para luchar contra el hambre, la hambruna sigue derrotando a todas las políticas internacionales contra el hambre.
Si en la década de 1990 había 800 millones de personas que padecían hambre, ahora ya suman más de 900 millones las y los hambrientos. ¡Casi una tercera parte de la humanidad (más de 2 mil millones de personas) está en situación de desnutrición! En Honduras, la desnutrición carcome a más 30% del total de la población. En el área rural del país, cerca del 60% de las y los niños están desnutridos.
La causa del hambre en el mundo, y en Honduras, no sólo es el acaparamiento inmoral de unos ricos que despilfarran la comida de otros. La causa principal para la hambruna en países como Honduras es que los empobrecidos jamás nos hemos preocupado de producir para alimentarnos. Nuestros gobernantes, siguiendo los dictámenes de grupos financieros como FMI y BM, y otros, impulsan e impulsaron la explotación de nuestras tierras para producir para exportar a cambio de unos centavos.
En el siglo XX, nos convirtieron en una Banana Republic para alimentar a los mercados externos. Ahora, en el siglo XXI, vamos camino a convertirnos en Palma Republic para alimentar a los motores. Actualmente la política agraria nacional hondureña consiste en el monocultivo de la palma africana. ¿De dónde viene esta política criminal en un país con el 70% de su población en pobreza?
Nos obligan a producir para exportar, y con los pocos dólares que deja la exportación nos venden los alimentos que ellos producen a precios altísimos. ¿A quién beneficia esto? ¿En qué restaurantes se sirven los camarones hondureños? ¿A dónde va a parar el café de calidad, mientras nosotros bebemos cáscara molida de café? ¿Acaso no es un crimen de lesa humanidad quemar alimentos para producir biocombustible en un planeta carcomido por el hambre?
Honduras, según el Ministro de Relaciones Exteriores, compra alrededor del 70% del maíz y arroz que consume. Mientras cerca de medio millón de campesinos hondureños deambulan sin tierras y buscando qué cultivar y qué comer. El gobierno actual está prácticamente obligando a los campesinos e indígenas del país para que cultiven palma africana para generar biocombustible (es el caso del pueblo garífuna y campesinos que deben por sus tierras al Estado). ¿Acaso esta criminalidad en un pueblo desnutrido tiene perdón divino?
Mientras el hambre ya tiene carta de ciudadanía en Honduras, y sus gobernantes promueven la “producción” para la exportación, monstruos multinacionales como Monsanto, Bayer, Syngenta, Nestlé, entre otros, dedicados al monopolio de la venta de insumos y productos agrícolas, acrecientan sus utilidades hasta en 60% en plena hambruna mundial.
Estas multinacionales, promotoras de transgénicos, prácticamente deciden qué y quién debe comer en el planeta de las y los empobrecidos. He aquí la materialización de la seguridad alimentaria. Ellos deciden lo que Ud. y yo debemos consumir. Mientras a nosotros nos obligan a producir para atiborrar de alimentos a los insaciables mercados de Nueva York, Londres, Madrid, y otras ciudades, habitados por desenfrenados estómagos de la civilización del despilfarro.
Y, ante este suicidio anunciado, ¿nos vamos a callar? Honduras no está condenada a subvencionar con su miseria la opulencia de los ricos. Tenemos que exigir a nuestros gobernantes a que promuevan técnica y financieramente a la pequeña agricultura para garantizar la alimentación del país ¿Acaso es imposible ponernos de acuerdo entre todos/as sobre qué, cómo y cuánto producir para alimentarnos? Nuestros ancestros, con sus limitaciones, vivieron dignamente por miles de años produciendo y alimentándose con lo que producían. Ellos producían lo que necesitaban, y el resto lo conseguían intercambiando con otros pueblos. ¿Si ellos lo lograron, por qué nosotros no? La soberanía alimentaria es una columna vertebral para la refundación de Honduras. Actuemos ahora y paremos la anunciada desgracia de la Palma Republic que se cierne sobre Honduras. De lo contrario las futuras generaciones nos maldecirán así como nosotros maldecimos a quienes hicieron, en el pasado siglo, de Honduras en una Banana Republic.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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| 05-05-2011 |
El bosque y la agricultura campesina en peligro
En Brasilia se vota esta semana un paquete de reformas a la ley forestal. Ese proyecto legislativo es promovido por el poderoso lobby agropecuario, así como por los grandes grupos corporativos de los agronegocios. Las implicaciones de estas reformas son de alcance global. La integridad del bosque tropical de la cuenca del río Amazonas, el más grande del mundo, está en juego.Se podría pensar que las amenazas sobre el bosque amazónico no son novedad. Después de todo, la floresta amazónica constantemente es agredida por la extracción maderera, la expansión de la ganadería y los grandes proyectos de la industria extractiva. Aunque los datos oficiales indican un importante descenso en la tasa de deforestación, la destrucción del bosque amazónico se mantiene inexorable. En la actualidad la deforestación es el principal emisor de gases de efecto invernadero en Brasil.
El vertiginoso crecimiento de la producción de soya no ha ayudado mucho en este proceso. El cultivo de la soya ha contribuido a la deforestación de manera directa solamente en algunas partes de lo que se denomina la Amazonia legal (que grosso modo abarca la tabla de escurrimiento del río Amazonas). Pero al desplazar a la ganadería de otras tierras ha promovido el crecimiento del hato ganadero en tierras de Amazonia. Además, la producción de soya ha afectado los suelos y ecosistemas en el Cerrado, una extensa sabana tropical (la más grande del mundo), con un altísimo costo ambiental en términos de biodiversidad.
El actual Código forestal data de 1965 y establece importantes medidas de protección del medio ambiente. Obliga a cada finca a mantener un área de protección permanente (APP) en las márgenes de ríos, laderas de montañas y otras zonas vulnerables. Además, obliga a los productores a mantener una reserva legal (RL), consistente en un área protegida al interior de las propiedades rurales. El tamaño de estas RL varía entre 80 por ciento para fincas en la zona amazónica y 20 por ciento en territorios de la sabana.
Las reformas disminuyen significativamente la protección en los márgenes de los ríos de manera importante. El requisito de las RL se flexibiliza en cada región: en Amazonia se pasa de 80 a 50 por ciento de la superficie de cada finca. Las pequeñas propiedades, definidas como predios inferiores a las 400 hectáreas, quedan exentas de esta condición. Las reformas amplían el régimen de amnistía para los que deforestaron antes de 2008, lo que abre la puerta a la impunidad. Desdibujando la protección forestal, el paquete de reformas pretende regularizar a los millones de propietarios rurales que incumplieron la legislación vigente. En este proceso se podrían estar dejando sin protección unos 700 mil kilómetros cuadrados, superficie que supera la de Francia. Brasil no cumplirá su objetivo (asumido en la cumbre de Copenhague en 2009) de reducir en 80 por ciento la deforestación en la cuenca del Amazonas.
El vertiginoso crecimiento de la producción de soya no ha ayudado mucho en este proceso. El cultivo de la soya ha contribuido a la deforestación de manera directa solamente en algunas partes de lo que se denomina la Amazonia legal (que grosso modo abarca la tabla de escurrimiento del río Amazonas). Pero al desplazar a la ganadería de otras tierras ha promovido el crecimiento del hato ganadero en tierras de Amazonia. Además, la producción de soya ha afectado los suelos y ecosistemas en el Cerrado, una extensa sabana tropical (la más grande del mundo), con un altísimo costo ambiental en términos de biodiversidad.
El actual Código forestal data de 1965 y establece importantes medidas de protección del medio ambiente. Obliga a cada finca a mantener un área de protección permanente (APP) en las márgenes de ríos, laderas de montañas y otras zonas vulnerables. Además, obliga a los productores a mantener una reserva legal (RL), consistente en un área protegida al interior de las propiedades rurales. El tamaño de estas RL varía entre 80 por ciento para fincas en la zona amazónica y 20 por ciento en territorios de la sabana.
Las reformas disminuyen significativamente la protección en los márgenes de los ríos de manera importante. El requisito de las RL se flexibiliza en cada región: en Amazonia se pasa de 80 a 50 por ciento de la superficie de cada finca. Las pequeñas propiedades, definidas como predios inferiores a las 400 hectáreas, quedan exentas de esta condición. Las reformas amplían el régimen de amnistía para los que deforestaron antes de 2008, lo que abre la puerta a la impunidad. Desdibujando la protección forestal, el paquete de reformas pretende regularizar a los millones de propietarios rurales que incumplieron la legislación vigente. En este proceso se podrían estar dejando sin protección unos 700 mil kilómetros cuadrados, superficie que supera la de Francia. Brasil no cumplirá su objetivo (asumido en la cumbre de Copenhague en 2009) de reducir en 80 por ciento la deforestación en la cuenca del Amazonas.
El diputado Aldo Rebelo (Partido Comunista de Brasil) es el patrocinador de la nueva ley. En su exposición de motivos de este proyecto, un florido y delirante discurso sobre la producción agrícola y las leyes, acusa a los países ricos de pretender imponer reglas de protección forestal que incumplieron en el pasado. Sobre la hipocresía de los países ricos se ha escrito mucho, pero el señor Rebelo no puede ignorar que su proyecto legislativo hace el juego a los grandes consorcios del agronegocio. Es evidente que en nada beneficia a los pequeños agricultores al quitarles la obligación de mantener una reserva legal. Las reformas al Código forestal no cambiarán el abandono en el que cayó la agricultura de pequeña escala en Brasil desde hace 20 años. Tampoco servirán para revertir el proceso de concentración de tierras que hoy afecta el agro en Brasil.
Según el lobby agropecuario que promueve las reformas, el actual Código forestal es obsoleto y ha sido superado por las circunstancias. Por ejemplo, el argumento de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) es que ese ordenamiento data de una época en la que la producción agropecuaria en Brasil era de baja productividad y tenía un peso reducido en la economía. Hoy las exportaciones del agronegocio brasileño sirven para apuntalar el saldo de la cuenta corriente y permiten cultivar una impresión de bonanza económica.
En el debate sobre el Código forestal no se debe olvidar las contradicciones de los gobiernos en Brasilia. Las medidas de protección tuvieron que coexistir con políticas de colonización, de ocupación de baldíos y el crecimiento de la frontera agrícola. La última de estas prioridades terminará por destruir la política ambiental en materia forestal.
El paquete de reformas es un retroceso lamentable. La protección forestal será desmantelada en aras de la expansión de una actividad agropecuaria y primario-exportadora insostenible. Las opciones que existen para una agricultura sostenible no son una prioridad para el paquete de reformas al Código forestal.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2011/05/04/index.php?section=opinion&article=026a1eco
Según el lobby agropecuario que promueve las reformas, el actual Código forestal es obsoleto y ha sido superado por las circunstancias. Por ejemplo, el argumento de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) es que ese ordenamiento data de una época en la que la producción agropecuaria en Brasil era de baja productividad y tenía un peso reducido en la economía. Hoy las exportaciones del agronegocio brasileño sirven para apuntalar el saldo de la cuenta corriente y permiten cultivar una impresión de bonanza económica.
En el debate sobre el Código forestal no se debe olvidar las contradicciones de los gobiernos en Brasilia. Las medidas de protección tuvieron que coexistir con políticas de colonización, de ocupación de baldíos y el crecimiento de la frontera agrícola. La última de estas prioridades terminará por destruir la política ambiental en materia forestal.
El paquete de reformas es un retroceso lamentable. La protección forestal será desmantelada en aras de la expansión de una actividad agropecuaria y primario-exportadora insostenible. Las opciones que existen para una agricultura sostenible no son una prioridad para el paquete de reformas al Código forestal.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2011/05/04/index.php?section=opinion&article=026a1eco
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