"Estamos viviendo un genocidio invisible que mata a través del saqueo y la contaminación"
por Esteban Stanich
Resaltan la paradoja desnudando la hipocresía. Un cachetazo para percibir este genocidio definido como invisible. Se concientiza, se resiste, se denuncia "En pleno furor de los derechos humanos vivimos un genocidio que parece no ser percibido pero mata por contaminación, por exclusión y por enfermedades como cáncer cuyas causas son disfrazadas". Machado Aráoz, autor de la citada frase e integrante del colectivo Sumaj Kawsay, oficia de fiscal en las audiencias que se realizan desde ayer (y hasta mañana) en la sede de Adiunt.
El juicio (en sus tres instancias en diferentes partes del país) es impulsado por decenas de organizaciones sociales de diversa índole. Su objetivo es dar a conocer la forma en la que las megaempresas operan en connivencia con el Gobierno que facilita el saqueo mediante leyes que lo sustentan jurídicamente y las consecuencias de este sistema neocolonizador. "Así funciona este engranaje de dominación. Es la lógica de la acumulación y devastación. Es la expropiación de la ciudadanía en su forma más elemental", agregó Machado, en su exposición ante representantes de organizaciones sociales de toda la región.
Durante la jornada de ayer, se explicó cómo este proceso detallado por el docente catamarqueño se replicó con exactitud en los casos de Minera Alumbrera y Agua Rica. El esplendor de normativas al servicio del saqueo, en plena etapa menemista, y su continuidad en la actualidad con un gobierno nacional ligado a las corporaciones mineras pese al creciente rechazo social.
Tanto las dos mineras mencionadas, como los casos de las empresas Repsol y Monsanto (durante la jornada de hoy) y el ingenio Ledesma (mañana) serán condenadas por este ejercicio de justicia popular presentado como alternativa ante la expropiación del sistema jurídico al servicio de las corporaciones.
Este domingo también será el turno para que el Tribunal tome protagonismo: será el momento de la sanción simbólica. Recrearán aquello que las instituciones formales, en su gran mayoría, como pilares del método extractivo-acumulativo, deciden evitar: la condena al saqueo. "Por esto estamos obligados a restituir nuestro derechos como comunidad. El derecho del árbol a echar raíces, del viento a soplar y el de la lluvia a caer. Defender el derecho a la vida, incluso peleando en contra de la ley", incitó Marcos Pastrana, referente de la comunidad diaguita-calchaquí de Tafí del Valle, y fiscal en esta audiencia.
Al Tribunal del NOA lo integran Mirta Baravalle (Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Carlos María Pagano Fernández (doctor en Filosofía por la Rheinsch-Westfälische Technische Hochschule Aachen de Alemania y profesor de la Universidad Nacional de Salta) y Eva Gamboa (Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas). Junto a ellos también figura Eduardo Rosenzvaig, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Artes de la UNT, ausente ayer por problemas de salud. Todos ellos, en base a las argumentaciones de los referentes de las ONG que integran la Fiscalía, explicarán por qué estas multinacionales merecen la condena popular.
La génesis del juicio ético y su continuidad
El inicio de las audiencias contra las grandes empresas tuvo lugar, la semana pasada, en la ciudad chubutense de Trelew cuando las ONG condenaron a Repsol y Pan American Energy y a las mineras Proyecto Potasio Río Colorado y Pan American Silver.
Tras las audiencias en el NOA, se realizará la tercera etapa, el 30 de septiembre y 1 de octubre, en la zona de la Triple Frontera donde se enjuiciarán a las firmas Cargill, Alto Paraná, Microsoft, Telefónica y Google.
En tanto, los días 28 y 30 de octubre, tendrá lugar la audiencia final de este juicio en Buenos Aires. Una vez emitida la sentencia, los organizadores la enviarán a los medios de comunicación e instancias políticas y jurídicas que puedan hacer frente a los impactos causados por las transnacionales en Argentina.
Así como en Tucumán, en cada una de las audiencias en las diferentes zonas del país, representantes de organizaciones populares actúan como fiscales exponiendo las denuncias. Se analiza el sistema corporativo de cada empresa enjuiciada, características del territorio donde se instaló el proyecto, el perfil de explotación realizada e impactos generados, así como el surgimiento de resistencias populares.
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