Senadores de Santa Fe y ley de Fitosanitarios: ¿sale contaminada o con salud?

ORGANIZACIONES SOCIALES SE REUNIERON CON SENADORES PROVINCIALES POR LAS REFORMAS A LA LEY DE AGROQUIMICOS (FITOSANITARIOS)

Representantes de 70 organizaciones sociales de la provincia se reunieron con los senadores provinciales de las Comisiones de Salud, Economía y Agricultura para exponer sus puntos de vista respecto de la actualización de la ley 11.273 referida al manejo de los venenos utilizados en la actividad agropecuaria.

En la reunión, los vecinos volvieron a expresar su preocupación por el incremento de las enfermedades y afecciones que aquejan a un número cada vez mayor de habitantes y reiteraron que, a la luz de las constancias científicas documentadas, ya no existen dudas del vínculo causal entre aquéllas dolencias y los agrotóxicos que, en cantidades cada vez mayores y creciente frecuencia, son aplicados indiscriminadamente en el medio rural.

Por tal motivo, hicieron entrega de un documento donde solicitan que el nuevo cuerpo legal contenga, entre otros puntos, la prohibición de fumigación aérea en toda la provincia, en línea con lo resuelto en idéntico sentido en la Unión Europea; una zona de protección como mínimo de 800 metros sin ningún tipo de fumigaciones, de acuerdo a recientes decisiones judiciales y la exclusión  de depósitos y venta de agrotóxicos de los ejidos urbanos. Asimismo reclamaron el inicio del retiro de los  peligrosos silos del interior de las localidades, retomando iniciativas paralizadas en la legislatura y la urgente realización de estadísticas y estudios epidemiológicos periódicos acorde a toda actividad peligrosa, inexplicablemente ausentes en nuestra provincia, tras largos 15 años.

Los vecinos, con una amplia representación del territorio provincial (entre otros,  provenientes de Reconquista, Rafaela, María Juana, Rosario, Santa Fe, etc.) objetaron que el inicio del expediente se hiciera por la comisión de Agricultura antes que por las de Salud y/o Ambiente.  Otro de los cuestionamientos principales se centró en la persistencia del erróneo enfoque legal que no prioriza la preservación del medio ambiente, al que coloca en el mismo nivel que la actividad lucrativa, lo cual se opone a  los presupuestos mínimos establecidos por la Ley General del Ambiente (nº 25675) derivada del art. 41 de la Constitución Nacional. Al respecto, se citó la reciente resolución N° 1238/11 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación en el caso “Ayuí Grande”, que otorga un status privilegiado a la protección del medio ambiente y  la salud humana, advirtiendo que de no adecuarse tal criterio, también se constituiría en un foco de costosas demandas.