Alertan sobre la derogación de la ley que prohibía el uso de agroquímicos en humedales

En diciembre se construyen grandes negocios.

En diciembre del año 1996, Menem publicó el último día hábil en el Boletín Oficial, el inicio de todos los estudios para la construcción de la represa hidroeléctrica de Paraná Medio, en manos de un conjunto de empresas multinacionales, lideradas por el que luego fue Presidente de los EEUU,  George Bush.

En diciembre del 2011, en silencio total, se conforma por Ley en Entre Ríos una Sociedad Anónima para muy pocos, que se hará cargo por 99 años de las tierras públicas de la provincia, las de los humedales o  deltas e islas. Su finalidad, trasladar el modelo de la simplificación sojera y del arroz a éstos territorios.

Aquella historia de la represa de paraná medio la detuvo todo un pueblo. La privatización total de nuestros deltas, la desaparición de las áreas naturales protegidas en dichos deltas, la posibilidad de utilizar venenos en las islas y sus aguas, la destrucción o contaminación de la biblioteca milenaria de diversidad biológica que todas estas islas contienen, serán destruídas por un grupo de personajes que han resuelto un gran negocio, siempre, como es ahora costumbre, para muy pocos. 

Pero lo que más sorprende, es el nivel de grosería e impunidad. Ocho meses de debate en la convención constituyente para que ahora veamos esta verguenza. La nueva Constitución de la provincia es tan fantásticamente clara cuando se destaca la protección de la diversidad biológica y sus corredores, sobre la conformación de bancos genéticos, más aún luego de la casi total destrucción del bosque nativo, otra gran deuda de éste y otros gobiernos por su terrible pasividad. Lo que la Constitución nos enseña sobre el fomento de la producción y consumo sustentables, la lucha contra el latifundio, las aguas como aguas del dominio público y de la provincia, la gestión compartida de las cuencas y sus sistemas de humedales, la libertad de los ríos frente a mega emprendimientos, los estudios de impacto y las evaluaciones ambientales estratégicas, el ordenamiento ambiental territorial, etc. Nada, absolutamente nada de lo que hoy nos vemos obligados a considerar por esta Sociedad de no tan anónimos, debería estar en el debate público. 

Deberíamos como sociedad y con las áreas competentes estar desarrollando el programa constitucional, que también simplemente es un lujo, y seguramente por ser tan claro y tocar intereses de supuestos excelentes negociontes de la cosa pública, hoy el contraste es tan grosero. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en un fallo ejemplar en el caso Ayuí, un mega emprendimiento arrocero en Corrientes. El caso en tratamiento ahora, es cien veces más grosero, escandaloso  e impugnable en todos los escenarios, de seguir adelante. 

La reciente ley 10.092,  es técnicamente tan difusa y poco clara, que  los responsables de las áreas de ambiente y producción, además del Señor Gobernador, deberían señalar muy claramente, si también Entre Ríos ha perdido sus miles y miles de hectareas de áreas naturales protegidas en humedales. Son solo dos leyes facil de encontrar en la biblioteca real o virtual de la Legislatura. La derogación genérica es tan grosera, que lo deben decir en voz alta para que todos podamos saber, si lo que el pueblo de Entre Ríos en la lucha contra la represa de paraná medio logró y el de Gualeguaychú propuso para los humedales del sur de Entre Ríos, éste gobierno las ha golpeado como leyes de áreas naturales protegidas, destruyéndolas en la oscuridad y el silencio de los cementerios, en secreto, rápido, para que nadie o los menos se informen. 

Estamos ante un gran negocio y un escándalo.

Jorge Daneri 

Nota. Este artículo es de libre publicación. 

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Alertan sobre la derogación de la ley que prohibía el uso de agroquímicos en humedales

Miércoles 18 de Enero de 2012 16:55 Ambiente

La nota en la cual se realiza la denuncia, fue firmada por Jorge Oscar Daneri, miembro de la Fundación M’Biguá, ciudadanía y justicia ambiental.

Desde la Fundación M’Biguá advirtieron que la nueva Legislatura de Entre Ríos, “sin debate parlamentario y sobre tablas -es decir, imposibilitando el estudio y el tiempo democrático mínimamente necesario para la reflexión y la participación cívica-, derogó la ley que prohibía la utilización del paquete tecnológico y químico de la cultura de los agroquímicos y plaguicidas en las islas privadas y públicas de nuestra provincia”.

En esta línea, apuntaron que la decisión “viene acompañada de una razón sustantiva. Concretar la privatización total de las tierras públicas en islas y por 99 años, y concentrarlas en muy pocos personajes, y de la mano de una Sociedad Anónima para la explotación agropecuaria y portuaria, ni más ni menos”.

“El gobierno no se da cuenta, que ha tirado una bomba, de esas que se dispersan por los territorios, haciendo mucho daño, a unos y otros, a los no nacidos aún, y a ellos mismos, el propio gobierno.

Esta decisión, además de ser un delito ecológico anunciado, casi no tipificado en la legislación argentina, pero un delito ecológico al fin, cae en una de sus ramificaciones como bomba sobre Areas Naturales Protegidas (ANP). Se viola todo, absolutamente todo. La misma provincia que ayer sancionó el proteger areas cultural y ambientalmente relevantes, ahora autoriza irresponsablemente las fumigaciones aplicando el modelo productivo de tierra firme y sin estudios de nada”, arremetieron en un comunicado.

“La misma provincia que suscribió un plan de estrategia de sustentabilidad en humedales con Santa Fe, Buenos Aires y la Nación en el año 2008, simplemente lo ignora y burla. La escala en la mala fe es de una dimensión que habilita a pensar cualquier cosa. Imagino a los gobernadores patagónicos permitiendo la fumigación de los parques nacionales y provinciales, o como en Salta, el escándalo cuando su Gobernador Romero desafecto ANP para el cultivo de soja en la selva de Yungas, el área de mayor diversidad biológica y con culturas originarias. Un caso que la Corte Suprema dijo lo que tenía que decir. Un escándalo. Pues bien, en Entre Ríos vamos al escándalo y el gobernador ha sido llevado a un camino sin salida honorable. Entonces es él quien que debe encontrarla”, subrayaron.

“Qué dirá la Secretaría de Ambiente de la Nación, o la provincia de Buenos Aires, o la de Santa Fe. Qué dirán los cuerpos ejecutivos de las convensiones internacionales sobre protección de la Diversidad Biológica o el de la convención de protección de los humedales de importancia internacional, como lo es el río paraná en sus sectores medios e inferior, inquirieron en la nota.

“Todas bombas desparramadas con explosión diferenciada. La escala de retroceso institucional es gigantésca y tan absurda. Volvemos a un debate de 20 años atrás. Destruimos la nueva constitución en tantos artículos fantásticos”, lamentaron.

“Y la salida es una sola”, propusieron. “De inmediato, derogar una norma que no es norma, porque es simplemente una gran vergüenza para una provincia que lideró las grandes luchas sociales y políticas en términos de conflictos socioambientales: la libertad de los ríos frente a la represa de Paraná Medio y sus intereses, la primera sentencia en el país en la lucha por los bosques nativos, la resistencia frente a Botnia y su modelo impuesto en la cuenca del río Uruguay y lo más importante, una Constitución Provincial que hoy es modelo para las nuevas reformas constitucionales y socioambientales en toda Sudamérica”, recalcaron.

“Los grandes exponentes de la confrontación frente al modelo sojero y concentrador de la tierra y la producción, son hoy los impulsores de la concentración de la tierra pública y del modelo que decían combatir en una provincia que no se puede quedar sin memoria. La palabra no se escucha, y el gobierno la tiene”, concluyeron.