Bandera, Santiago del Estero: aqui está la bandera intoxicada

NO TOCA BOTÓN

En enero del presente año, un Concejal de la ciudad de Pinto cansado de la indiferencia de las autoridades locales y provinciales respecto a prácticas agrocidas (lavar aspersores terrestres en aguas del Río Salado, entre otras), decide finalmente llevar su denuncia a la Web (agenciafe.com) y esperar despierte el interés de algún funcionario.

Fernando MATTEO (el denunciante) no se equivocó:

1. El fiscal federal general de Tucumán, doctor Antonio Gustavo Gomez tomó participación de oficio y pidió la intervención de la Justicia Federal santiagueña:
2. GOMEZ Remitió las actuaciones al fiscal Pedro SIMON;
3. SIMON (no toca botón) envió los actuados a la Fiscal María Eugenia CARABAJAL;
4. CARABAJAL (no toca botón) la rebotó a la fiscal Celia Inés MUSSI
5. MUSSI hizo lo propio hacia la Jueza Rosa FALCO de RAINERI;
6. RAINERI (por fin) ordenó se cite a declarar al concejal denunciante.

Hasta el día de la fecha, el Dr. Fernando MATTEO no ha sido citado, ni siquiera informado de la decisión federal. Se enteró “de la noticia” tras leer un diario, como lo haría cualquiera de nosotros. Además, la noticia tomó estado público recién cuando se inició la Feria Judicial y se paralizaron todos los juzgados. Nadie toca botón.

Desde el momento de la denuncia (26 de enero) a la fecha, se HAN lavado miles de mosquitos fumigadores en aguas publicas, en canales de riego a cielo abierto y en idéntico canal que provee de agua a la represa colectora de la Ciudad de Bandera, agua que es bombeada prácticamente sin tratamientos para consumo masivo de una población de alrededor de 12.000 almas.

Otra persona leyó el mismo matutino (NuevoDiario del 28/6, Pág. 25); Por vivir en la ciudad de Bandera sabe que los dichos del concejal MATTEO son absolutamente veraces y que su denuncia tiene características de urgente y, también sabe:

1. Que en beneficio del Cocejal Fernando MATTEO...., tiene que respaldar la denuncia, y
2. Que en beneficio de los pueblos de interior  sojero, tiene que respaldar la denuncia, y
3. Que en beneficio de “mejores prácticas agrícolas”, tiene que respaldar la denuncia.

Y lo hizo a la página Web del Fiscal Federal General Dr. Antonio Gustavo GOMES:

Quien suscribe la presente, Victor KRIEGER FABBRONI, DNI 7995395 con domicilio en Av. San Martín 37 de la ciudad de Bandera (3064) – Sgo. del Estero, intenta comunicarme con v/juzgado a raíz de una publicación del matutino santiagueño NUEVO DIARIO, que en su página 25 de la edición del 28 del cte., puede leerse lo siguiente:

“El fiscal de 1° Instancia en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación, doctora Celia Inés MUSSI, solicitó que se cite a un concejal de la ciudad de Pinto , depto. Aguirre, para que brinde declaración testimonial en relación a una denuncia pública que realizó –a través de una página web- dando cuenta de que productores de la zona lavaban maquinarias con agroquímicos en las aguas del Río Salado…..Las actuaciones con relación al caso se iniciaron cuando –de oficio- el fiscal federal general de Tucumán, doctor Antonio Gustavo Gomez, tomó participación y pidió la intervención de la Justicia Federal santiagueña, remitiendo las actuaciones al fiscal Pedro SIMON, quien tras analizar la cuestión determinó que la competencia era de la provincia, y en consecuencia envió los actuados a la Fiscal María Eugenia Carabajal, quien por la fecha de la denuncia declaró la incompetencia al considerar que le correspondía entender en el caso a su par Celia Inés BUSSI, quien ayer emitió dictamen solicitando a la jueza Rosa Falco de Raineri que se cite al concejal Fernando MATTEO para que testimonie en relación a la denuncia que realizó el 20 de enero del corriente año a través de la página web agenciafe.com”.

• Que razón del presente es ratificar todo lo dicho en su denuncia por el concejal Fernando Matteo de la ciudad de Pinto (40 km al s/oeste de la ciudad de Bandera).
• Que lo denunciado se corresponde con lo que ocurre en mi ciudad, pero con el agravante que en nuestro caso la contaminación por lavado y vertidos de agrotóxicos por agrofumigadores terrestres se produce en un canal a cielo abierto que alimenta la represa de la que se bombea (casi en crudo) la única fuente de agua pública (no potable) para una ciudad de aprox. 12.000 habitantes.

• Que esta realidad (que ya lleva 20 años) ha degradado considerablemente nuestra calidad de vida a punto tal, que finalmente se constituyera en una denuncia que movilizara a la COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE AGROTÓXICOS hacia Bandera.
• Que la denuncia fue realizada por el concejal Julio Roberto Antinori (fallecido de cáncer) y ratificada por la CNIA en el informe respectivo que pongo a su disposición.
• Que el daño ambiental ocasionado hasta el momento resultaría menor (comparativamente) al que se espera a futuro, considerando:
• Que ese canal atraviesa todos los campos sojeros de la margen derecha de la ruta 21;
• Que la actividad soja-excluyente se ha incrementado cuali-cuantivamente;
• Que los agrotóxicos son cada vez más poderosos y concentrados;
• Que a pesar de ello, las plagas se hacen resistentes debiéndose recurrir a mezclas sin asistencia técnica, a voluntad y capricho de “contratista”.
• Que la detección y denuncia de estas actividades ilegales y clandestinas confrontan con la imposibilidad de ejercer control sobre los aspersores, puntualmente,  y sobre la actividad en general;
• Que si bien resulta difícil su control y detección, contamos con el beneficio de la “obviedad” ya que sabemos que lo hicieron, lo hacen y lo SEGUIRÁN haciendo de esta manera, y no de otra, toda vez que el agua del canal es un recurso “disponible, económico y cuenta con clandestinidad asegurada por los dueños de las tierras”.
• Que tan importante como castigar a los transgresores, es detener estas prácticas irresponsables que se extienden a pozos en las inmediaciones de los pueblos, galpones ocultos entre las viviendas, etc.
• Que los aspersores terrestres, hasta la fecha, carecen de numero de registro identificable "desde el aire";
• Que lo dicho, más el agotamiento de los recursos jurídicos municipales y provinciales, nos lleva a la necesidad de recurrir a las autoridades máximas en la materia.

¿Algún funcionario se animará a “TOCAR BOTÓN”?


Victor KRIEGER FABBRONI,