UNIVERSIDAD DE RIO CUARTO Rechazo a los fondos mineros. Sin embargo la UBA los acepto

UNIVERSIDAD DE RIO CUARTO Rechazo a los fondos mineros. Sin embargo la UBA los acepto ...

Rechazo a los fondos mineroshttp://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-198474-2012-07-12.html

Por Darío Aranda   La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) rechazó dinero proveniente de
Minera La Alumbrera (el mayor yacimiento metalífero de Argentina) y, con
un duro documento votado por el Consejo Superior, se sumó a otras cuatro
universidades nacionales que ya explicitaron su negativa a recibir fondos
de la megaminería. “Estos modelos extractivos se sustentan en la lógica
desplegada por el capitalismo tardío, que a través de capitales
transnacionales impulsan la megaminería y el agronegocio extractivista que
afectan derechos fundamentales de las poblaciones”, afirma en sus
fundamentos la Universidad de Río Cuarto, brinda su apoyo a las
comunidades afectadas por el modelo extractivo y solicita al Estado
nacional la revisión de las leyes de la dictadura militar y de la década
del ’90 que benefician la actividad extractiva.

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) es una empresa compuesta
con la Universidad Nacional de Tucumán, el Estado catamarqueño y el Estado
nacional. Tiene bajo su concesión el yacimiento Bajo La Alumbrera,
explotado desde hace quince años por el consorcio suizo-canadiense Xstrata
(50 por ciento), Goldcorp (37,5) y Yamana Gold (12,5), que extrae oro y
cobre.

Por la ley nacional 14.771, sancionada en 1958 durante la presidencia de
Arturo Frondizi, se obliga a YMAD a distribuir utilidades entre las
universidades nacionales. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y
luego durante la última dictadura militar, se modificó un artículo clave
(número cinco) de la ley 14.771 y se habilitó el ingreso del capital
privado y transnacional a YMAD. Ese fue el germen para que, en la
actualidad, tres empresas extranjeras se queden con el 80 por ciento de
las utilidades obtenidas de un recurso no renovable.

En 2009 comenzó a implementarse la distribución entre universidades y
ocasionó un debate con dos aristas principales: la universidad pública
financiada por el sector privado y, segundo punto, que ese dinero además
provenga de una actividad cuestionada por sus aspectos ambientales,
sociales y sanitarios. La UNRC ya había rechazado fondos en 2009 y 2010,
pero en junio pasado votó una resolución para su rechazo definitivo.
Fueron 19 votos para aprobar la resolución, cinco en contra y dos
abstenciones.

“América latina es concebida como región exportadora de materia prima
provocando una reconfiguración de los territorios que destruye formas
culturales, estilos de vida y profundiza la dominación, en detrimento de
los principios de justicia social y ambiental”, afirma la UNRC en la
resolución 150 y remarca la necesidad de “acompañar alternativas de
políticas socio-económicas y culturales” que permitan dejar el “carácter
de región periférica-dependiente como proveedora de materias primas de los
países del Norte y de las potencias emergentes”.

Desde 2008 ya son más de veinte las facultades de diversas casas de
estudio de todo el país que rechazaron el dinero proveniente de Alumbrera.
Y, con la UNRC, ya son cinco las universidades públicas que rechazaron los
fondos: Luján, General Sarmiento, Mar del Plata y la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC). Esta última fue la que con mayor dureza cuestionó la
megaminería: “Se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia
mayoría de los informes recogidos por este Consejo Superior, que la
actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la
utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña
severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus
comunidades”.

La UNRC hace propios en su resolución argumentos de su vecina UNC: “Las
actividades productivas de Minera La Alumbrera tienen impactos
socio-ambientales de corto, mediano y largo plazo”. Destaca el alto
consumo de agua (cien millones de litros por día, casi el doble del
consumo de toda Catamarca), la afectación de ríos, contaminación por
drenajes ácidos y la “grave e irreversible destrucción de ecosistemas”.

En su parte resolutiva, la Universidad compromete su apoyo a las
comunidades del país afectadas por las “actividades extractivistas”,
solicita al Estado la nacionalización de los recursos naturales y también
le pide la revisión de la normativa que posibilita la megaminería
transnacional. En particular, solicita la “derogación de las leyes de la
dictadura militar y de la década neoliberal de los ’90 que promueven la
actividad de las transnacionales en desmedro del bien público y del
debilitamiento del propio Estado nacional”. La resolución le propone al
Consejo Interuniversitario Nacional que “exhorte a los legisladores
nacionales” a modificar el marco normativo minero.

Este año, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Rosario y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata
cuestionaron la megaminería y el modelo agropecuario actual por sus
impactos sociales, ambientales y sanitarios en las poblaciones.

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Silvia C. Leanza.