Campaña Nacional contra la Violencia Institucional

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EXIGIMOS LA INMEDIATA RENUNCIA DE GRACIELA CHAYEP, ministra de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba.

RAUL PINO, Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria de Córdoba.

Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, exigimos la renuncia de estos dos funcionarios de la provincia de córdoba y las inmediatas explicaciones del jefe de gabinete, OSCAR GONZALES y del gobernador JOSE MANUEL de la SOTA.
A 200 años de la abolición de la tortura en la Asamblea General Constituyente de 1813, y más de 30 años de la vuelta de la democracia en nuestro país, no podemos permitir ni tolerar como ciudadanos y hombres de plenos derechos, la practicas carcelarias aberrantes denunciadas en las penitenciarías de la provincia de córdoba, como la que arrojo la inspección judicial realizada esta semana en el penal de “San Martin” de la ciudad de córdoba, por el fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, donde se comprobó la existencial, de dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos setenta centímetros cada una, que eran utilizados por los guardias para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas, como denunciaron con mucho temor varios de los internos en las entrevistas que realizo el fiscal. Cabe aclarar que el fiscal vienen investigando esta situación en otras provincias como Buenos Aires, Mendoza y Chaco, donde a pesar de las graves denuncias, en ningún otro lugar encontrar elementos probatorios de ejecución de torturas como en córdoba, como tampoco la hostilidad de los funcionarios de gobierno.
La ministra Chayep, al contrario de permitir o colaborar con la investigación federal, lo que quizás sería más lógico, obstaculizo sistemáticamente la investigación impidiendo que el fiscal inspeccionara la cárcel de Bouwer, (donde también se receptaron denuncias de este tipo), efectuando denuncias contra el fiscal y haciendo declaraciones políticas en contra del estado nacional. Esto no deja solo para pensar que conoce muy bien el estado del sistema carcelario cordobés, como responsable del mismo junto con su Secretario Penitenciario, Raúl Pino, y que por obvias razones no quieren que se investigue. Es imposible justificar desde una institución democrática estas prácticas medievales.
Todo esto demuestra una vez mas cual es la concepción política del gobierno provincial y de su gobernador José Manuel de la Sota, en términos de seguridad (con mano dura y represión), inclusión y respeto de los derechos humanos. No tan solo que hay compromiso para combatir estas prácticas aberrantes, sino que se la ejerce como método para el disciplinamiento, lejos de los mecanismos de inclusión, trabajo y educación, dirigidos a futuras reinserciones sociales.
Todo esto en medio de una semana donde los hechos de corrupción del gobierno provincial están en primera plana, con renuncias de funcionarios y hermetismo oficial, se pone en evidencia que sin dudas el gobernador está más preocupado por su candidatura presidencial para el 2015 que por resolver los profundos problemas de su provincia.
REPUDIAMOS PROFUNDAMENTE ESTAS PRÁCTICAS VIOLENTAS DENTRO DE LOS PENALES DE LA PROVICIA COMO TAMBIEN LA ACTITUD DE LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DE OBSTACULIZAR LA INVETIGACION EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD Y JUSTICIA.
EXIGIMOS LA RENUNCIA DE LA MINISTRA “GRACIELA CHAYEP” Y EL SECRETARIO “RAUL PINO”, COMO TAMBIEN LA URGENTES EXPLICACIONES DEL CASO DEL JEFE DE MINISTRO OSCAR GONZALES Y EL `PROPIO GOBERNADOR JOSE MANUEL DE LA SOTA.
BASTA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL
BASTA DE TORTURAS Y ABUSO POLICIAL
BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS POR CODIGO DE FALTAS
APARICION CON VIDA DE FACUNDO RIVERA ALEGRE
JUSTICIA POR LOS CASOS DE GATILLO FACIL DE ALVARO ZARANDON, LUCAS FUNES Y ANDRES FUENTES.

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EL PAIS › EL CASO DE ROBERTO YRUSTA, MUERTO ESTE AÑOhttp://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/219790-63552-2013-05-11.html

Lazos perversos en el penal

Uno de los casos más terribles de tortura, en las cárceles de San Martín o Bouwer, en la provincia de Córdoba, es el de Roberto Agustín Yrusta. Sus familiares denunciaron, a distintos medios periodísticos y a la Justicia, que el hombre, de 36 años, pasó “por todo tipo de torturas, tormentos y malos tratos por parte del Servicio Penitenciario de Córdoba, desde la permanencia por largos períodos en buzones o celdas de castigo”. En el penal de San Martín le aplicaron “el submarino seco (una bolsa de plástico en la cabeza que le corta la respiración), fue golpeado, amenazado y atado, encadenado a una cama, entre otras aberraciones”.

Según la denuncia recibida por la Coordinadora Anticarcelaria, que realiza acciones en defensa de los presos, un oficial de apellido Flores “lo perseguía a Roberto en forma permanente, lo insultaba, lo amenazaba y lo empezaron a torturar”. Una hermana de Yrusta sostuvo que “en la cárcel de San Martín recibía ese trato y fue igual cuando lo pasaron al penal de Bouwer. Cada vez que íbamos nosotros, tenía las cadenas marcadas en los brazos. Una vuelta le quebraron un brazo y nunca fue atendido por un médico ni enyesado”.

“Cuando lo pasaron a Bouwer siguieron maltratándolo y torturándolo, porque los guardias iban de acá para allá, al lugar donde estaba mi hermano, de manera que nunca lo dejaban en paz.” De acuerdo con la denuncia, Yrusta vivió esas situaciones durante tres años consecutivos. A fines del año pasado, hizo denuncias públicas a través de la prensa, durante una visita que un canal de televisión de la Capital Federal hizo a la cárcel. “Desde entonces, las torturas se hicieron cada vez más graves.” Yrusta murió a principios de año en la cárcel de Santa Fe, a la que había sido trasladado.