Diarios de Urgencia
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LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA
Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo
13 de septiembre 2013
MÉXICO
EN EL PAÍS DONDE LOS NARCOS GOBIERNAN
Los jueces corruptos de Chiapas niegan la libertad al maestro Alberto Patishtán
Deberá cumplir otros 47 años de cárcel
México, DF.
“Ni Alberto Patishtán ni nosotros como abogados solicitaremos el indulto” al poder ejecutivo, explica Leonel Rivero, abogado defensor del profesor tzotzil, minutos después de que se conociera el fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Chiapas, que rechazó el reconocimiento de su inocencia. Con 13 años en la cárcel de una condena de 60, éste era el último recurso judicial dentro de México para lograr la excarcelación de Patishtán, originario de El Bosque, Chiapas.
Acusado de participar en el homicidio de siete policías en el año 2000 en el paraje Las Limas, Chiapas, Patishtán Gómez se encuentra encarcelado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. No se sabe aún si está enterado del fallo del tribunal, señala su abogado. “Ahora solamente queda recurrir al sistema interamericano de justicia”, adelanta Rivero en entrevista telefónica para Desinformémonos desde Tuxtla Gutiérrez.
El fallo “es una porquería para todos los mexicanos, y no nos vamos a rendir”, manifestó Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, al recibir la noticia en el plantón de vigilia que se instaló en la Ciudad de México desde el 11 de septiembre, frente al Consejo de la Judicatura del Poder Federal. El Comité por la Libertad de Patishtán señala que seguirán trabajando por la libertad de Alberto Patishtán “en base a lo que él mismo diga. Respetaremos lo que decida”, informa Rogelio Rueda, integrante del Comité.
A continuación, una nota de contexto publicada anteriormente
México. “Ánimo y gracias por creer en mi inocencia y luchar por mi libertad”, expresa el preso político Alberto Patishtán, ante la cuenta regresiva para conocer la última decisión del poder judicial sobre su inocencia. Desde la designación del magistrado responsable, el 2 de septiembre, no deben pasar más de diez días para saber si terminará la larga cadena de irregularidades que mantiene en prisión a este defensor de los derechos humanos.
El pasado 2 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, designó a su presidente -Freddy Gabriel Celis Fuentes- como responsable de elaborar el proyecto que resolverá la inocencia o culpabilidad de Alberto Patishtán, por lo que el proceso judicial de este profesor tzotzil entró en una etapa decisiva. A partir de esta designación, se fijó un plazo de 10 días hábiles para que Celis Fuentes y los otros dos magistrados que integran el Tribunal, Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño, sesionen para analizarlo y votarlo por mayoría o aprobarlo por unanimidad. El abogado del caso, Leonel Rivero, Anunció que el caso está enlistado para resolverse el día 12.
Los magistrados tienen la oportunidad histórica de hacer justicia devolviendo la libertad a un hombre inocente, y de regresar un poco de la legitimidad que ha perdido el sistema judicial al cometer y solapar todas las arbitrariedades que se han presentado a lo largo de estos 13 años, en los que Alberto Patishtán ha estado injustamente preso.
La sociedad civil demuestra que la organización para luchar contra la injusticia es posible, y que sólo basta con creer en la inocencia de un hombre para hacer todo lo necesario hasta arrancarlo de las entrañas de la cárcel. Además, se sienta un precedente en la lucha por la libertad de los presos políticos en México, al ser Patishtán un preso de conciencia que despertó la solidaridad en todos los sectores de la sociedad, y al ser un referente para la lucha por la libertad de otras personas que, por motivos políticos, han sido injustamente encarceladas.
10 días para conocer la injusticia
El profesor Alberto Patishtán Gómez es originario de la comunidad de El Bosque, Chiapas. Hasta el momento de su detención, trabajaba para la Secretaría de Servicios Educativos del estado; primero, como director del albergue escolar “Nicolás Bravo” en la comunidad El Azufre, municipio de Huitupán, puesto que desempeñó por dos años. Posteriormente tomó posesión como director de otro albergue, esta vez en la cabecera municipal. A partir de ahí trabajó como educador durante cinco años, tiempo en el que militó en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por su compromiso político y activa participación, fue integrante del Consejo Central de Lucha en la región norte de Chiapas.
De manera paralela, Alberto era presidente de una organización conocida como Sociedad de Solidaridad Social en El Bosque, cuyo principal objetivo era la construcción de alternativas de economía solidaria a través de proyectos productivos, procesos organizativos y el impulso al trabajo comunitario y la defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, mantenía una fuerte presencia con sus posiciones críticas en la organización ejidal. Desde ahí cuestionó al gobierno del presidente municipa, Manuel Gómez Ruiz, y la gestión de Ramiro Miceli Maza, diputado local priista. También denunció los malos manejos de los recursos del ayuntamiento, el enriquecimiento ilícito y los abusos de poder de los que eran objeto los habitantes de la región.
Sus denuncias y el reconocimiento de la comunidad a Alberto Patishtán como un líder, hicieron del profesor blanco de diferentes ataques que culminaron con su detención arbitraria, acusado de participar en una emboscada a una camioneta propiedad del ayuntamiento de El Bosque -el 12 de junio del 2000- a la altura de la comunidad Las Limas, en la que resultaron ocho agentes de Seguridad Pública del estado muertos y dos heridos, entre ellos el hijo del presidente municipal.
Según la Procuraduría General de la República, la emboscada fue planeada y en ella participaron, al menos, 10 personas, una de ellas Alberto Patishtán. Esta emboscada formó parte de diversos incidentes de violencia que desde el 2000 tuvieron lugar en El Bosque, a los que los habitantes consideraban como actos represivos en represalia por mostrar abierta simpatía con las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Después de la masacre, el ejército mexicano instaló un campamento con 900 elementos en Simojovel, argumentando que la zona era insegura y que sus labores estaban enfocadas a la protección de la población. Pero la realidad mostró otra cosa, pues en el periodo que el ejercitó estuvo en esta comunidad las denuncias de acoso fueron cotidianas: primero Lázaro Cárdenas, luego Luis Espinoza, Mercedes Isidoro, Yuquín, Berlín y Las Limas. En esta última, el acoso militar provocó el desplazamiento de familias, que ante los abusos de los militares optaron por huir a la montaña.
10 días para entender la estrategia del gobierno
La detención de Patishtán obedeció a una venganza política, aseguran quienes han seguido el caso desde el inicio. A raíz de su participación política, el profesor tzotzil se convirtió en un peligro para las autoridades, que pacientemente esperaron el momento oportuno para acallar su voz. Esta oportunidad tuvo lugar el 19 de junio del año 2000, cuando cuatro hombres vestidos de civil, sin orden de aprehensión, detuvieron al profesor Patishtán cuando se dirigía a su trabajo. Con un día de diferencia, también fue detenido el militante zapatista Salvador López González, quien también fue acusado de participar en la emboscada.
Como es de esperarse (porque aunque uno crea lo contrario, la realidad se empeña en reiterarlo), la detención de Alberto Patishtán se dio de manera violenta. Fue golpeado, humillado, torturado, conducido a un arraigo domiciliario -en el que estuvo cautivo por 30 días- mientras la procuraduría terminaba de confeccionar las pruebas suficientes para inculparlo.
Parte de las vejaciones padecidas consistieron en mantenerlo incomunicado y engañar al pueblo de El Bosque ocultando su paradero. Además, durante su detención y las primeras etapas del proceso jurídico no se consideró su condición de indígena y en sus declaraciones no participó ningún traductor. Por si esto fuera poco, a siete días de la emboscada se le tomó una prueba de rodizonato de sodio, que supuestamente resultó positiva. Se suma la declaración de un testigo que menciona haber visto al profesor poco antes de quedar inconsciente en medio de la emboscada, declaración que fue elaborada después de que el mismo testigo afirmó, en su primera declaración, “no haber reconocido a ningún participante de la emboscada”.
Patishtán ofreció diversas pruebas que daban cuenta no sólo de que no participó en la emboscada, sino de que en los momentos en que ésta ocurrió, él se encontraba en una reunión en el municipio de Huitiupan. Todas estas pruebas fueron rechazadas. La misma suerte corrieron los hermanos Salvador y Manuel López González, quienes abiertamente son simpatizantes zapatistas -originarios de la comunidad Unión Progreso, también del municipio de El Bosque-, y fueron acusados de los mismos delitos. Sin embargo, al no encontrárseles pruebas suficientes ambos fueron liberados.
10 días para mostrar la cadena de agravios
En Méxicola justicia se aplica a discrecionalidad, los procesos penales, dado lo inaudito de su naturaleza, carecen de legitimidad, y la deshonestidad del poder judicial queda de manifiesto cuando salen a la luz las irregularidades en los casos. Desgraciadamente la justicia mexicana no está acostumbrada a recular y mucho menos a reparar los daños causados a los inocentes que encarcela, al contrario, cuando se sabe descubierta y se siente acorralada se da a la tarea de entorpecer los procesos convirtiéndolos en largas cadenas de agravios. Esta cadena de desigualdades, en caso del profesor Alberto Patishtán, comenzó con su detención. Trece años después, aún no encuentra su final.
Pasados los 30 días de su arraigo, Alberto fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, “Cerro Hueco”, en Tuxtla Gutiérrez. Ahí, a pesar de las irregularidades en su caso, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lesiones y homicidio calificado, robo, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Las principales pruebas giraron en torno al hijo del presidente municipal, quien cambió su declaración, pareciera, para inculpar al profesor. También tomaron como prueba la libreta de apuntes de Patishtán, en la que las anotaciones para los juegos de basquetbol fueron interpretados como la planeación de la emboscada. Se sumó la prueba de rodizonato de sodio, tomada siete días después de los hechos.
El 18 de marzo del 2002, en el expediente penal número 126/2000, el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito dictó sentencia condenatoria contra el profesor Alberto Patishtán, considerándolo penalmente responsable de los delitos de Lesiones y Homicidio calificado, Robo Calificado y Daños, y Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Se le impuso una pena de 60 años de prisión y multa de mil 745 días de salario mínimo, por un monto total de 57 mil 61 pesos. Amparado en el derecho y argumentado que las pruebas presentadas fueron producto de un montaje, Alberto Patishtán interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, pero la respuesta fue la confirmación de la sentencia condenatoria. A partir de ahí, diversos procedimientos -como la solicitud de amparos y presentación de inconformidades- han sido la constante, y la constante de la justicia mexicana ha sido la negación de estos recursos.
El 1 julio de 2004, el preso político fue trasladado del Cereso número 1 al Cereso número14, “El Amate”, recién construido. En este lugar, junto con otros presos políticos, Patishtán creó el grupo conocido como “La Voz del Amate”. Esta organización se dedicó a la defensa de los derechos humanos de los presos y a denunciar las arbitrariedades sufridas por los indígenas en diferentes procesos penales. Esta lucha incansable alcanzó su primera victoria en 2008, con la liberación de la mayoría de sus integrantes.
La lucha por los derechos humanos le ha costado a Patishtán diversos castigos. Por ejemplo, en 2008 fue trasladado por un día al penal de Copaimalá -considerado como un penal de castigo. Después de una huelga de hambre de 21 días, el profesor fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 8 Norponiente, ubicado Guasave, Sinaloa.
Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno que garantice atención médica para el profesor, que sufre de glaucoma, enfermedad que le ha avanzado por la escasa atención recibid en los diversos penales en los que ha estado. A la fecha, Alberto Patishtán se encuentra en el Cereso número 5, en San Cristóbal de las Casas, en espera de que la justicia mexicana reconozca que su caso es una larga cadena de agravios y empiece a reparar uno a uno los daños, empezando por otorgarle su libertad.
10 días para la solidaridad
Desde la detención de Patishtán, diversas organizaciones se han solidarizado para elevar la exigencia de libertad del profesor. Los primeros en levantar la voz fueron los compañeros de la comunidad de El Bosque, quienes de manera incansable han luchado por la libertad de su profesor. También se suman los Solidarios de la Voz del Amate, organización que defiende los derechos humanos de los presos, además de organizaciones zapatistas, colectivos estudiantiles, secciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversos intelectuales y artistas.
En meses pasados, se sumaron más organizaciones a la exigencia de libertad para el preso tzotzil, de tal suerte que en el mes de junio se conformó el Comité por la Libertad de Alberto Patishtán, cuya primera acción consistió en la construcción de una red amplia de organizaciones y activistas que participan en las diferentes acciones por la libertad del profesor, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Más de 131, Integrantes de #YoSoy132, #YoSoy132 Académicos, Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Comité Estudiantil Metropolitano, Red de Apoyo a la Salud en Acteal, Servicios y Asesoría para la Paz, Ce-Ácatl y Tejiendo Resistencias.
A lo largo de varios meses, el comité, junto con los habitantes de la comunidad de El Bosque, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y los Solidarios de la Voz del Amate, dieron cuenta de las irregularidades en el proceso penal e impulsaron diferentes iniciativas para dar a conocer el caso y para que la sociedad civil reconozca en el profesor Patishtán a un hombre inocente, comprometido con su comunidad y con la educación, defensor de los derechos humanos, y padre que ha sufrido 13 años lejos de sus hijos. En suma, que lo reconozcan como suyo. Al trabajo del comité se sumaron otras voces, como intelectuales, académicos y artistas con distintas iniciativas. Algunos hacen videos, escriben desplegados o acuden hasta el penal en el que se encuentra el profesor, todos con la consigna de que Alberto Patishtán es inocente.
10 días que llegaron en una caravana
Una de las principales acciones impulsadas por el comité fue la caravana por la libertad de Alberto Patishtán. Setenta personas de diferentes organizaciones arribaron a Chiapas el 30 de octubre y regresaron a la ciudad de México el 1 de septiembre. Su tarea principal fue reunirse con el magistrado Freddy Gabriel Celis Fuentes. La caravana visitó al profesor en el Cereso.
En la reunión con el magistrado presidente, las organizaciones sociales expresaron sus inquietudes, en particular sobre la fecha en que sería nombrado el tercer magistrado, responsable de elaborar una propuesta de dictamen. Manifestaron su preocupación por las irregularidades en todo el proceso, pero expresaron su confianza en que la resolución devolverá la libertad a Patishtán. De no ser así, advirtieron, acudirán a instancias internacionales. La respuesta del magistrado presidente fue que él mismo conoce las irregularidades, e instó a las organizaciones a confiar en que los magistrados harán su labor y actuarán conforme a derecho.
Ya en el Cereso, debajo de una lona y en medio de la lluvia, Alberto Patishtán recibió a 40 integrantes de la caravana. Es difícil expresar toda la emoción del momento. Entre lágrimas y sonrisas, la caravana pasó cuatro horas cerca del profesor. Al término de la visita, quedó claro que aquella consigna de entrar a darle ánimos al profesor no se cumplió; el profesor terminó por dar ánimos, con palabras de aliento sobre la lucha y con expresiones cariñosas: “ánimo compas, que acá yo estoy tranquilo, ánimo y gracias por creer en mi inocencia y luchar por mi libertad”. Un día después del arribo de la caravana al Distrito Federal, llegó la noticia sobre la designación de Celis como tercer magistrado.
10 días para tener al profesor libre
Quienes decidimos luchar por la libertad de Alberto Patishtán estamos seguros que vamos a conseguirlo, y que Alberto estará pronto entre nosotros. Quienes hemos decidido trabajar hasta arrancarlo de la cárcel lo hacemos con la plena convicción de su inocencia. Creemos que no es justo que un hombre íntegro como él purgue una condena de 60 años por un delito que no cometió.
Nosotros nos dirigimos a Alberto con la familiaridad de quienes no se conocen, pero se saben compañeros por haber andado juntos el mismo camino. Le dijimos que, al igual que él, estamos comprometidos con la justicia y la transformación de este país. Le dijimos que nos hace falta, que lo necesitamos en la calle marchando, en los foros discutiendo, en las aulas enseñando, en su comunidad participando. Lo necesitamos libre.
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MÉXICOEn México se libera a narcos, pero no indígenas o activistas, señala Sandino Rivero
Ratifica tribunal sentencia a Patishtán
El abogado señaló que se agotan vías para su liberación
La defensa presentó sólo tesis de la Suprema Corte sobre hechos diferentes, indica juzgado
Por Alfredo Méndez
Viernes 13 de septiembre de 2013
El primer tribunal colegiado de circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, declaró ayer infundado el incidente de reconocimiento de inocencia interpuesto por el indígena Alberto Patishtán Gómez, lo que significa que ratificó la sentencia de 60 años de prisión, informó el abogado Sandino Rivero.
Estamos profundamente decepcionados de la actuación del Poder Judicial de la Federación, ya que sólo en un Estado como este se puede liberar a narcotraficantes o a personas que han cometido delitos graves y no a indígenas, a pobres y a luchadores sociales, lamentó el defensor en entrevista colectiva afuera de las oficinas del tribunal.
Es claro que el Poder Judicial de la federación o cuando menos una mayoría o un gran sector no está con el ánimo de sacar adelante todos los argumentos a favor de los derechos humanos, ni la reforma constitucional en esa materia.
Rivero afirmó que con el fallo de los magistrados Freddy Gabriel Celis Fuentes (presidente y responsable de elaborar el proyecto), Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño se han agotado las instancias del derecho nacional mexicano para que Patishtán Gómez busque su liberación por la vía jurídica.
Agregó que queda la opción de llevar su asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una tarjeta informativa, el tribunal informó que las únicas pruebas que aportó la defensa de Patishtán para apoyar el reconocimiento de inocencia fueron tesis que dictó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otros reconocimientos de inocencia, en particular los relacionados con el caso de la matanza de Acteal.
Las jurisprudencias, tesis y sentencias emitidas por la Corte no son aptas ni tienen el alcance de invalidar las pruebas que sostienen la sentencia condenatoria, debido a que provienen de hechos diferentes a los que dieron origen a la sentencia condenatoria de Alberto Patishtán Gómez, puntualizó el órgano jurisdiccional.
Añadió que lo resuelto en este incidente de reconocimiento de inocencia no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado; así como tampoco respecto a las consideraciones de la sentencia condenatoria y mucho menos del amparo directo 58/2003, donde se analizó como acto reclamado.
Patishtán aún podría solicitar un indulto al presidente Enrique Peña Nieto, aunque el artículo 97 del Código Penal Federal prohíbe al Ejecutivo federal otorgar el perdón a un condenado por delito intencional contra la vida, como es el caso del profesor tzotzil.
Patishtán Gómez, quien está preso en el penal de San Cristóbal, fue detenido el 19 de junio de 2000, acusado de participar en una emboscada que dejó seis policías estatales y uno municipal muertos en una carretera ubicada entre los municipios de Simojovel y El Bosque, en el norte de la entidad, por lo cual fue sentenciado a 60 años de cárcel, de los cuales ya cumplió 13.
“Ni Alberto Patishtán ni nosotros como abogados solicitaremos el indulto” al poder ejecutivo, explica Leonel Rivero, abogado defensor del profesor tzotzil, minutos después de que se conociera el fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Chiapas, que rechazó el reconocimiento de su inocencia. Con 13 años en la cárcel de una condena de 60, éste era el último recurso judicial dentro de México para lograr la excarcelación de Patishtán, originario de El Bosque, Chiapas.
Acusado de participar en el homicidio de siete policías en el año 2000 en el paraje Las Limas, Chiapas, Patishtán Gómez se encuentra encarcelado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. No se sabe aún si está enterado del fallo del tribunal, señala su abogado. “Ahora solamente queda recurrir al sistema interamericano de justicia”, adelanta Rivero en entrevista telefónica para Desinformémonos desde Tuxtla Gutiérrez.
El fallo “es una porquería para todos los mexicanos, y no nos vamos a rendir”, manifestó Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, al recibir la noticia en el plantón de vigilia que se instaló en la Ciudad de México desde el 11 de septiembre, frente al Consejo de la Judicatura del Poder Federal. El Comité por la Libertad de Patishtán señala que seguirán trabajando por la libertad de Alberto Patishtán “en base a lo que él mismo diga. Respetaremos lo que decida”, informa Rogelio Rueda, integrante del Comité.
A continuación, una nota de contexto publicada anteriormente
México. “Ánimo y gracias por creer en mi inocencia y luchar por mi libertad”, expresa el preso político Alberto Patishtán, ante la cuenta regresiva para conocer la última decisión del poder judicial sobre su inocencia. Desde la designación del magistrado responsable, el 2 de septiembre, no deben pasar más de diez días para saber si terminará la larga cadena de irregularidades que mantiene en prisión a este defensor de los derechos humanos.
El pasado 2 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, designó a su presidente -Freddy Gabriel Celis Fuentes- como responsable de elaborar el proyecto que resolverá la inocencia o culpabilidad de Alberto Patishtán, por lo que el proceso judicial de este profesor tzotzil entró en una etapa decisiva. A partir de esta designación, se fijó un plazo de 10 días hábiles para que Celis Fuentes y los otros dos magistrados que integran el Tribunal, Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño, sesionen para analizarlo y votarlo por mayoría o aprobarlo por unanimidad. El abogado del caso, Leonel Rivero, Anunció que el caso está enlistado para resolverse el día 12.
Los magistrados tienen la oportunidad histórica de hacer justicia devolviendo la libertad a un hombre inocente, y de regresar un poco de la legitimidad que ha perdido el sistema judicial al cometer y solapar todas las arbitrariedades que se han presentado a lo largo de estos 13 años, en los que Alberto Patishtán ha estado injustamente preso.
La sociedad civil demuestra que la organización para luchar contra la injusticia es posible, y que sólo basta con creer en la inocencia de un hombre para hacer todo lo necesario hasta arrancarlo de las entrañas de la cárcel. Además, se sienta un precedente en la lucha por la libertad de los presos políticos en México, al ser Patishtán un preso de conciencia que despertó la solidaridad en todos los sectores de la sociedad, y al ser un referente para la lucha por la libertad de otras personas que, por motivos políticos, han sido injustamente encarceladas.
10 días para conocer la injusticia
El profesor Alberto Patishtán Gómez es originario de la comunidad de El Bosque, Chiapas. Hasta el momento de su detención, trabajaba para la Secretaría de Servicios Educativos del estado; primero, como director del albergue escolar “Nicolás Bravo” en la comunidad El Azufre, municipio de Huitupán, puesto que desempeñó por dos años. Posteriormente tomó posesión como director de otro albergue, esta vez en la cabecera municipal. A partir de ahí trabajó como educador durante cinco años, tiempo en el que militó en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por su compromiso político y activa participación, fue integrante del Consejo Central de Lucha en la región norte de Chiapas.
De manera paralela, Alberto era presidente de una organización conocida como Sociedad de Solidaridad Social en El Bosque, cuyo principal objetivo era la construcción de alternativas de economía solidaria a través de proyectos productivos, procesos organizativos y el impulso al trabajo comunitario y la defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, mantenía una fuerte presencia con sus posiciones críticas en la organización ejidal. Desde ahí cuestionó al gobierno del presidente municipa, Manuel Gómez Ruiz, y la gestión de Ramiro Miceli Maza, diputado local priista. También denunció los malos manejos de los recursos del ayuntamiento, el enriquecimiento ilícito y los abusos de poder de los que eran objeto los habitantes de la región.
Sus denuncias y el reconocimiento de la comunidad a Alberto Patishtán como un líder, hicieron del profesor blanco de diferentes ataques que culminaron con su detención arbitraria, acusado de participar en una emboscada a una camioneta propiedad del ayuntamiento de El Bosque -el 12 de junio del 2000- a la altura de la comunidad Las Limas, en la que resultaron ocho agentes de Seguridad Pública del estado muertos y dos heridos, entre ellos el hijo del presidente municipal.
Según la Procuraduría General de la República, la emboscada fue planeada y en ella participaron, al menos, 10 personas, una de ellas Alberto Patishtán. Esta emboscada formó parte de diversos incidentes de violencia que desde el 2000 tuvieron lugar en El Bosque, a los que los habitantes consideraban como actos represivos en represalia por mostrar abierta simpatía con las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Después de la masacre, el ejército mexicano instaló un campamento con 900 elementos en Simojovel, argumentando que la zona era insegura y que sus labores estaban enfocadas a la protección de la población. Pero la realidad mostró otra cosa, pues en el periodo que el ejercitó estuvo en esta comunidad las denuncias de acoso fueron cotidianas: primero Lázaro Cárdenas, luego Luis Espinoza, Mercedes Isidoro, Yuquín, Berlín y Las Limas. En esta última, el acoso militar provocó el desplazamiento de familias, que ante los abusos de los militares optaron por huir a la montaña.
10 días para entender la estrategia del gobierno
La detención de Patishtán obedeció a una venganza política, aseguran quienes han seguido el caso desde el inicio. A raíz de su participación política, el profesor tzotzil se convirtió en un peligro para las autoridades, que pacientemente esperaron el momento oportuno para acallar su voz. Esta oportunidad tuvo lugar el 19 de junio del año 2000, cuando cuatro hombres vestidos de civil, sin orden de aprehensión, detuvieron al profesor Patishtán cuando se dirigía a su trabajo. Con un día de diferencia, también fue detenido el militante zapatista Salvador López González, quien también fue acusado de participar en la emboscada.
Como es de esperarse (porque aunque uno crea lo contrario, la realidad se empeña en reiterarlo), la detención de Alberto Patishtán se dio de manera violenta. Fue golpeado, humillado, torturado, conducido a un arraigo domiciliario -en el que estuvo cautivo por 30 días- mientras la procuraduría terminaba de confeccionar las pruebas suficientes para inculparlo.
Parte de las vejaciones padecidas consistieron en mantenerlo incomunicado y engañar al pueblo de El Bosque ocultando su paradero. Además, durante su detención y las primeras etapas del proceso jurídico no se consideró su condición de indígena y en sus declaraciones no participó ningún traductor. Por si esto fuera poco, a siete días de la emboscada se le tomó una prueba de rodizonato de sodio, que supuestamente resultó positiva. Se suma la declaración de un testigo que menciona haber visto al profesor poco antes de quedar inconsciente en medio de la emboscada, declaración que fue elaborada después de que el mismo testigo afirmó, en su primera declaración, “no haber reconocido a ningún participante de la emboscada”.
Patishtán ofreció diversas pruebas que daban cuenta no sólo de que no participó en la emboscada, sino de que en los momentos en que ésta ocurrió, él se encontraba en una reunión en el municipio de Huitiupan. Todas estas pruebas fueron rechazadas. La misma suerte corrieron los hermanos Salvador y Manuel López González, quienes abiertamente son simpatizantes zapatistas -originarios de la comunidad Unión Progreso, también del municipio de El Bosque-, y fueron acusados de los mismos delitos. Sin embargo, al no encontrárseles pruebas suficientes ambos fueron liberados.
10 días para mostrar la cadena de agravios
En Méxicola justicia se aplica a discrecionalidad, los procesos penales, dado lo inaudito de su naturaleza, carecen de legitimidad, y la deshonestidad del poder judicial queda de manifiesto cuando salen a la luz las irregularidades en los casos. Desgraciadamente la justicia mexicana no está acostumbrada a recular y mucho menos a reparar los daños causados a los inocentes que encarcela, al contrario, cuando se sabe descubierta y se siente acorralada se da a la tarea de entorpecer los procesos convirtiéndolos en largas cadenas de agravios. Esta cadena de desigualdades, en caso del profesor Alberto Patishtán, comenzó con su detención. Trece años después, aún no encuentra su final.
Pasados los 30 días de su arraigo, Alberto fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, “Cerro Hueco”, en Tuxtla Gutiérrez. Ahí, a pesar de las irregularidades en su caso, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lesiones y homicidio calificado, robo, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Las principales pruebas giraron en torno al hijo del presidente municipal, quien cambió su declaración, pareciera, para inculpar al profesor. También tomaron como prueba la libreta de apuntes de Patishtán, en la que las anotaciones para los juegos de basquetbol fueron interpretados como la planeación de la emboscada. Se sumó la prueba de rodizonato de sodio, tomada siete días después de los hechos.
El 18 de marzo del 2002, en el expediente penal número 126/2000, el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito dictó sentencia condenatoria contra el profesor Alberto Patishtán, considerándolo penalmente responsable de los delitos de Lesiones y Homicidio calificado, Robo Calificado y Daños, y Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Se le impuso una pena de 60 años de prisión y multa de mil 745 días de salario mínimo, por un monto total de 57 mil 61 pesos. Amparado en el derecho y argumentado que las pruebas presentadas fueron producto de un montaje, Alberto Patishtán interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, pero la respuesta fue la confirmación de la sentencia condenatoria. A partir de ahí, diversos procedimientos -como la solicitud de amparos y presentación de inconformidades- han sido la constante, y la constante de la justicia mexicana ha sido la negación de estos recursos.
El 1 julio de 2004, el preso político fue trasladado del Cereso número 1 al Cereso número14, “El Amate”, recién construido. En este lugar, junto con otros presos políticos, Patishtán creó el grupo conocido como “La Voz del Amate”. Esta organización se dedicó a la defensa de los derechos humanos de los presos y a denunciar las arbitrariedades sufridas por los indígenas en diferentes procesos penales. Esta lucha incansable alcanzó su primera victoria en 2008, con la liberación de la mayoría de sus integrantes.
La lucha por los derechos humanos le ha costado a Patishtán diversos castigos. Por ejemplo, en 2008 fue trasladado por un día al penal de Copaimalá -considerado como un penal de castigo. Después de una huelga de hambre de 21 días, el profesor fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 8 Norponiente, ubicado Guasave, Sinaloa.
Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno que garantice atención médica para el profesor, que sufre de glaucoma, enfermedad que le ha avanzado por la escasa atención recibid en los diversos penales en los que ha estado. A la fecha, Alberto Patishtán se encuentra en el Cereso número 5, en San Cristóbal de las Casas, en espera de que la justicia mexicana reconozca que su caso es una larga cadena de agravios y empiece a reparar uno a uno los daños, empezando por otorgarle su libertad.
10 días para la solidaridad
Desde la detención de Patishtán, diversas organizaciones se han solidarizado para elevar la exigencia de libertad del profesor. Los primeros en levantar la voz fueron los compañeros de la comunidad de El Bosque, quienes de manera incansable han luchado por la libertad de su profesor. También se suman los Solidarios de la Voz del Amate, organización que defiende los derechos humanos de los presos, además de organizaciones zapatistas, colectivos estudiantiles, secciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversos intelectuales y artistas.
En meses pasados, se sumaron más organizaciones a la exigencia de libertad para el preso tzotzil, de tal suerte que en el mes de junio se conformó el Comité por la Libertad de Alberto Patishtán, cuya primera acción consistió en la construcción de una red amplia de organizaciones y activistas que participan en las diferentes acciones por la libertad del profesor, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Más de 131, Integrantes de #YoSoy132, #YoSoy132 Académicos, Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Comité Estudiantil Metropolitano, Red de Apoyo a la Salud en Acteal, Servicios y Asesoría para la Paz, Ce-Ácatl y Tejiendo Resistencias.
A lo largo de varios meses, el comité, junto con los habitantes de la comunidad de El Bosque, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y los Solidarios de la Voz del Amate, dieron cuenta de las irregularidades en el proceso penal e impulsaron diferentes iniciativas para dar a conocer el caso y para que la sociedad civil reconozca en el profesor Patishtán a un hombre inocente, comprometido con su comunidad y con la educación, defensor de los derechos humanos, y padre que ha sufrido 13 años lejos de sus hijos. En suma, que lo reconozcan como suyo. Al trabajo del comité se sumaron otras voces, como intelectuales, académicos y artistas con distintas iniciativas. Algunos hacen videos, escriben desplegados o acuden hasta el penal en el que se encuentra el profesor, todos con la consigna de que Alberto Patishtán es inocente.
10 días que llegaron en una caravana
Una de las principales acciones impulsadas por el comité fue la caravana por la libertad de Alberto Patishtán. Setenta personas de diferentes organizaciones arribaron a Chiapas el 30 de octubre y regresaron a la ciudad de México el 1 de septiembre. Su tarea principal fue reunirse con el magistrado Freddy Gabriel Celis Fuentes. La caravana visitó al profesor en el Cereso.
En la reunión con el magistrado presidente, las organizaciones sociales expresaron sus inquietudes, en particular sobre la fecha en que sería nombrado el tercer magistrado, responsable de elaborar una propuesta de dictamen. Manifestaron su preocupación por las irregularidades en todo el proceso, pero expresaron su confianza en que la resolución devolverá la libertad a Patishtán. De no ser así, advirtieron, acudirán a instancias internacionales. La respuesta del magistrado presidente fue que él mismo conoce las irregularidades, e instó a las organizaciones a confiar en que los magistrados harán su labor y actuarán conforme a derecho.
Ya en el Cereso, debajo de una lona y en medio de la lluvia, Alberto Patishtán recibió a 40 integrantes de la caravana. Es difícil expresar toda la emoción del momento. Entre lágrimas y sonrisas, la caravana pasó cuatro horas cerca del profesor. Al término de la visita, quedó claro que aquella consigna de entrar a darle ánimos al profesor no se cumplió; el profesor terminó por dar ánimos, con palabras de aliento sobre la lucha y con expresiones cariñosas: “ánimo compas, que acá yo estoy tranquilo, ánimo y gracias por creer en mi inocencia y luchar por mi libertad”. Un día después del arribo de la caravana al Distrito Federal, llegó la noticia sobre la designación de Celis como tercer magistrado.
10 días para tener al profesor libre
Quienes decidimos luchar por la libertad de Alberto Patishtán estamos seguros que vamos a conseguirlo, y que Alberto estará pronto entre nosotros. Quienes hemos decidido trabajar hasta arrancarlo de la cárcel lo hacemos con la plena convicción de su inocencia. Creemos que no es justo que un hombre íntegro como él purgue una condena de 60 años por un delito que no cometió.
Nosotros nos dirigimos a Alberto con la familiaridad de quienes no se conocen, pero se saben compañeros por haber andado juntos el mismo camino. Le dijimos que, al igual que él, estamos comprometidos con la justicia y la transformación de este país. Le dijimos que nos hace falta, que lo necesitamos en la calle marchando, en los foros discutiendo, en las aulas enseñando, en su comunidad participando. Lo necesitamos libre.
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MÉXICOEn México se libera a narcos, pero no indígenas o activistas, señala Sandino Rivero
Ratifica tribunal sentencia a Patishtán
El abogado señaló que se agotan vías para su liberación
La defensa presentó sólo tesis de la Suprema Corte sobre hechos diferentes, indica juzgado
Por Alfredo Méndez
Viernes 13 de septiembre de 2013
El primer tribunal colegiado de circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, declaró ayer infundado el incidente de reconocimiento de inocencia interpuesto por el indígena Alberto Patishtán Gómez, lo que significa que ratificó la sentencia de 60 años de prisión, informó el abogado Sandino Rivero.
Estamos profundamente decepcionados de la actuación del Poder Judicial de la Federación, ya que sólo en un Estado como este se puede liberar a narcotraficantes o a personas que han cometido delitos graves y no a indígenas, a pobres y a luchadores sociales, lamentó el defensor en entrevista colectiva afuera de las oficinas del tribunal.
Es claro que el Poder Judicial de la federación o cuando menos una mayoría o un gran sector no está con el ánimo de sacar adelante todos los argumentos a favor de los derechos humanos, ni la reforma constitucional en esa materia.
Rivero afirmó que con el fallo de los magistrados Freddy Gabriel Celis Fuentes (presidente y responsable de elaborar el proyecto), Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño se han agotado las instancias del derecho nacional mexicano para que Patishtán Gómez busque su liberación por la vía jurídica.
Agregó que queda la opción de llevar su asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una tarjeta informativa, el tribunal informó que las únicas pruebas que aportó la defensa de Patishtán para apoyar el reconocimiento de inocencia fueron tesis que dictó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otros reconocimientos de inocencia, en particular los relacionados con el caso de la matanza de Acteal.
Las jurisprudencias, tesis y sentencias emitidas por la Corte no son aptas ni tienen el alcance de invalidar las pruebas que sostienen la sentencia condenatoria, debido a que provienen de hechos diferentes a los que dieron origen a la sentencia condenatoria de Alberto Patishtán Gómez, puntualizó el órgano jurisdiccional.
Añadió que lo resuelto en este incidente de reconocimiento de inocencia no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado; así como tampoco respecto a las consideraciones de la sentencia condenatoria y mucho menos del amparo directo 58/2003, donde se analizó como acto reclamado.
Patishtán aún podría solicitar un indulto al presidente Enrique Peña Nieto, aunque el artículo 97 del Código Penal Federal prohíbe al Ejecutivo federal otorgar el perdón a un condenado por delito intencional contra la vida, como es el caso del profesor tzotzil.
Patishtán Gómez, quien está preso en el penal de San Cristóbal, fue detenido el 19 de junio de 2000, acusado de participar en una emboscada que dejó seis policías estatales y uno municipal muertos en una carretera ubicada entre los municipios de Simojovel y El Bosque, en el norte de la entidad, por lo cual fue sentenciado a 60 años de cárcel, de los cuales ya cumplió 13.
Indigna a defensores la injusta condena al tzotzil
por Emir Olivares y Alma Muñoz
Tristeza e indignación fueron las sensaciones de las decenas de personas que se congregaron en la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la capital del país, para exigir la liberación de Alberto Patishtán Gómez al conocer que el tribunal del caso ratificó la injusta sentencia de 60 años de prisión contra el profesor tzotzil.
Insuficientes resultaron los llamados de justicia realizados por diversos personajes de la academia, los derechos humanos, legisladores y del espectáculo. Tampoco alcanzaron el ayuno y la velada cultural que varias personas –encabezadas por Héctor Patishtán, hijo del educador– mantuvieron desde la tarde del miércoles a las afueras del CJF.
América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco e integrante del Comité por la Libertad de Alberto Patishtán, fue la primera en recibir la noticia vía telefónica desde Chiapas por parte del abogado del profesor, Leonel Rivero. La expresión de su rostro respondió a la impaciencia de las decenas de personas que ansiosas esperaban la resolución. La rabia y las lágrimas invadieron el espacio.
Desconsolado, Héctor Pati-shtán tomó el micrófono y dijo que él, su familia y otras personas no dejarán de luchar por la libertad de su padre, por lo que convocó a la sociedad a que no nos abandonen. La actriz Julieta Egurrola y Trinidad Ramírez, del FPDT, de inmediato lo abrazaron y le pidieron fortaleza. En tanto, el profesor emérito de la UNAM Adolfo Gilly manifestó vía telefónica su indignación.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, expresó: La justicia mexicana nos brinda otra triste lección, indignante por la decisión que tomaron los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito, quienes negaron la libertad al profesor Patishtán. Con esta sentencia confirmamos la falta de voluntad de resarcir la justicia que le ha sido negada de manera reiterada.
En entrevista telefónica, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano lamentó el hecho. Esta sentencia es totalmente injusta, fuera de lugar. Creo que el Poder Judicial está en este caso quebrantando la ley. Se está reafirmando una muy grave injusticia, que por una parte nos deja ver una falta de rectitud, y por otra, de sensibilidad de este tribunal colegiado.
El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, lamentó el fallo. Estamos tristes porque esperábamos otra resolución, había razones y argumentos para que el profesor fuera liberado; perplejos porque el Poder Judicial desaprovechó la oportunidad para corregir el proceso; y preocupados porque hay derechos humanos, como el acceso a la justicia y a un debido proceso, que siguen comprometidos en el país. Hay impunidad, Patishtán no es culpable.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que la resolución del tribunal es desconcertante, debido a que había elementos que mostraban las irregularidades en el proceso contra el educador. Este caso, dijo, representa cómo el sistema de justicia en México niega los derechos a los indígenas y recordó que, por ejemplo, la ciudadana de origen francés Florence Cassez, acusada de secuestro, fue liberada tras una resolución de la Suprema Corte al encontrarse irregularidades en el proceso.
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MÉXICO
OPINIÓN
Alberto Patishtán y los maestros
por Adolfo Gilly
La denegación de justicia al profesor tzotzil Alberto Patishtán es una decisión material y simbólica capital en la política de desmantelamiento de los pilares constitucionales de la nación emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto (elegido apenas con 37 por ciento de los votos atribuidos) y por sus aliados en el Pacto por México, el PAN y el PRD.Los maestros movilizados en las plazas y calles de México y de otras muchas ciudades del país son, por el contrario, símbolo y realidad, en conciencia y en acción, de una nación que busca cómo defenderse y resistir al vendaval de las finanzas, los ricos, el crimen, la intromisión policial, militar y logística del poderoso vecino del norte y la ineptitud –real o simulada– de sus propios gobernantes.
* * *
La televisión, en tanto instrumento de Estado, está cumpliendo en esta ofensiva, hoy como nunca, la función de punta de lanza de la desinformación y la deseducación del pueblo; y de ariete brutal hoy contra los maestros, ayer contra los estudiantes de #YoSoy132 y siempre contra toda movilización de este pueblo en defensa de su vida, su nación y sus derechos.Esa ofensiva plagada de mentiras, ignorancia e interés se propone desmantelar a sabiendas y con prisa los cimientos constitucionales sobre los cuales se alza todavía hoy el pacto estatal mexicano: con prisa, porque no quieren dar tiempo a la organización de la resistencia nacional contra esos planes; a sabiendas, porque la propaganda para la entrega del petróleo y de otras riquezas de la nación al capital extranjero –y a su poderío militar– está hecha de un indescriptible tejido de mentiras y falacias que sus autores no pueden ignorar.
No es la menor de ellas la afirmación de que la entrega de la explotación del subsuelo a los capitales extranjeros sería la continuación fiel del pensamiento y la política del presidente Lázaro Cárdenas. Es preciso carecer de escrúpulos morales e intelectuales para decirlo.
En estos días y meses el gobierno federal, con sus aliados y subordinados en el Pacto por México, quiere destruir, en una especie de guerra relámpago, los pilares legales seculares alzados por el pueblo de México y una generación de gobernantes leales a la nación y a su pueblo, y no al dinero.
* * *
La joya de la corona política que esta ofensiva se propone recuperar para el mando presidencial es la ciudad autónoma de México, perdida para ellos desde la insurrección cívica y electoral de 1997.
La Presidencia sueña con restablecer su mando inmediato sobre la sede de los poderes nacionales, esta ciudad antigua, democrática, organizada, solidaria, plebeya y respondona. En estos días quiere que el gobierno de la ciudad se haga cargo de la represión contra los maestros, los estudiantes, los trabajadores electricistas, los universitarios y otros sectores que se han plantado en las calles frente a la ofensiva privatizadora.
Los maestros tienen razón. Sin movilización, las declaraciones, las reuniones y los diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene en ruinas tantas instalaciones escolares y publica libros de texto plagados de errores de ortografía, dice querer evaluar a los maestros cuando lo que en realidad se propone es destruir sus derechos laborales y sus organizaciones.
El mismo sentido tienen las intenciones y la política para destruir a las normales rurales, focos de enseñanza para los pueblos campesinos e indígenas y de resistencia en defensa de sus derechos, sus bienes, sus historias, sus idiomas y sus vidas.
* * *
En esta turbulencia la confirmación de la arbitraria condena al profesor Alberto Patishtán, la decisión judicial según la cual debería pasar en las cárcel los próximos 47 años de su vida, adquiere un peso y unas dimensiones de alcance nacional mucho más allá del tribunal que la dictó.
Esta decisión dice que el gobierno federal está decidido a cumplir las amenazas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto en la Ibero: responder con la violencia del Estado a las demandas y las acciones de los pueblos campesinos e indígenas en defensa de sus derechos, sus pueblos y sus vidas.
La condena contra el profesor Patishtán es una amenaza declarada contra los maestros en movimiento; contra los pueblos indígenas en todo el territorio nacional; contra los pueblos zapatistas de Chiapas y sus gobiernos autónomos; y, a más largo alcance, contra la autonomía, la independencia y los derechos de maestros, profesores y estudiantes en todo el sistema educativo nacional.
Tomemos muy en serio esta sentencia contra un hombre inocente.
Los maestros tienen razón. Alberto Patishtán debe ser liberado. Los derechos laborales no se tocan. El subsuelo y el suelo de México pertenecen a la nación y al pueblo mexicano.
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Alberto Patishtán: mensaje de Estado
Por Luis Hernández Navarro
Alberto Pathistán no es una secuestradora francesa como Florence Cassez, ni un narcotraficante como Rafael Caro Quintero, ni uno de los asesinos de la matanza de Acteal. Es un profesor toztzil, integrante de la otra campaña, injustamente preso desde hace 13 años. Ella, ellos y él no son lo mismo. A Cassez, Caro Quintero y los paramilitares de Chenalhó la justicia los dejó en libertad a pesar de ser culpables. Al maestro Pathistán el sistema de justicia lo tiene en la cárcel no obstante ser inocente.El Poder Judicial tuvo estos días la posibilidad de enmendar el daño hecho con el indígena tzotzil del municipio de El Bosque. Pero este jueves el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con sede en Chiapas declaró infundadas las pruebas con las cuales sus abogados buscaban obtener su absolución.
Ignominia sobre oprobio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ser cómplice de la injusticia y se lavó las manos. Apenas el pasado mes de marzo, su primera sala resolvió, por tres votos contra dos, no retener la competencia sobre el incidente de reconocimiento de inocencia del maestro. El proceso fue retornado al tribunal que declaró infundadas las pruebas a favor de Pathistán.
En un país en donde la aplicación del derecho tiene tras de sí un fuerte sesgo político y en donde los jueces rara vez son independientes del Ejecutivo, la resolución de los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo distrito, Freddy Gabriel Félix Fuentes, Manuel de Jesús González Suárez y Arturo Eduardo Centeno Garduño, sólo puede interpretarse como un mensaje de Estado. Un mensaje enviado tanto al mismo encarcelado como a quienes ven en él un emblema de la lucha contra la injusticia. El maestro es un rehén del poder.
Alberto Pathistán no es cualquier detenido: es el preso político de mayor notoriedad en el país. Es una figura emblemática del movimiento indígena, en que se resume la discriminación racial, el desaseo procesal y el uso faccioso de la justicia que privan hacia los pueblos originarios. Un símbolo de dignidad frente a los abusos del poder.
Literalmente, miles de voces dentro y fuera de México han exigido su liberación inmediata. El pueblo creyente, el EZLN, el movimiento indígena, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Amnistía Internacional y cientos de organismos defensores de derechos humanos e intelectuales públicos están convencidos de su inocencia y demandan su libertad. Es a ellos a quienes el Estado dijo su última palabra: sus razones no me importan; los escucho pero no les hago caso.
La historia es conocida. El 12 de julio de 2000, en el paraje Las Lagunas de Las Limas, Simojovel, fueron emboscados siete policías. Ese día y a esa hora, Pathistán estaba a muchos kilómetros de distancia de ese lugar. No importó. Igual lo responsabilizaron de los asesinatos. Fue sentenciado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y lesiones calificadas. En su juicio no hubo traductores. Los testigos mintieron y no se presentaron evidencias sólidas de su culpa. A los jueces les tuvo sin cuidado. Él fue a parar a la cárcel.
En todo el país, los pueblos indígenas resisten la devastación ambiental y el despojo de sus tierras, territorios, aguas y semillas. Para enfrentar la inseguridad pública y defenderse han formado policías comunitarias. Mantener en prisión a Pathistán es un aviso del México de arriba de lo que les puede suceder si persisten con la obstinación con la que lo han hecho, en la defensa de sus recursos naturales y sus formas de ejercer justicia.
Cientos de miles de maestros exigen la derogación de las reformas laborales disfrazadas de educativas recientemente aprobadas por el Congreso. En sus movilizaciones y su pliego petitorio demandan que el profesor detenido, uno de los suyos, sea liberado. Negarle que salga de la cárcel es una advertencia de lo que les aguarda a ellos de no suspender sus acciones de desobediencia.
El zapatismo sigue empecinado en autogobernarse y conservar las armas, al margen de las instituciones gubernamentales. Sigue siendo una fuente de inspiración y ejemplo para muchas comunidades indígenas en el país. Tener tras las rejas al adherente de la otra campaña es un aviso de que la guerra contra los rebeldes del sureste mexicano no ha terminado.
En un país en el que el derecho se aplica regularmente contra la justicia, al Estado mexicano le tiene sin cuidado el que Alberto Pathistán sea inocente y el que su juicio esté lleno de irregularidades. No le incomoda el que su encarcelamiento sea un escándalo internacional. Quiere, simple y llanamente, mandar un mensaje para que quienes simpatizan con el profesor y su causa escarmienten. No lo logrará. Como lo hace Pathistán, los muchos que se solidarizan con él, resisten y seguirán resistiendo.
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MÉXICO
La guerra contra los pueblos y sus resistencias
Por Gilberto López y Rivas
La reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI) realizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 17 y 18 de agosto pasados, luego del curso de la Escuelita Zapatista, constituyó una dramática denuncia, con testimonios contundentes, de la guerra desatada por el mal gobierno contra los pueblos originarios en todo el país, donde se confunden sus fuerzas represivas con las corporaciones capitalistas que protege, incluyendo las del crimen organizado, dando por resultado la invasión de territorios, el saqueo de recursos, la afectación del medio ambiente, la criminalización de las resistencias y la amenaza a la sobrevivencia misma de la vida comunitaria.Uno a uno, los delegados de las diversas etnias-pueblos-tribus-naciones fueron exponiendo la naturaleza de los agravios cometidos en su contra, indignados contra los poderosos que no tienen respeto por la palabra, que la traicionan y violentan una y otra vez a lo largo y ancho de este país que se llama México, pero sin asumirse en ningún caso como víctimas inermes o actores sumisos, sino como sujetos pletóricos de esperanza y fuerza para refundarse y reconstituirse en la defensa de sus territorios, identidades, lenguas, modos de vida y organización: Nos reconocemos en el camino de nuestra historia y nuestros antepasados que son presente, futuro y espejo de la autonomía ejercida en los hechos, como única vía del porvenir de nuestra existencia y que se vuelve nuestra vida comunitaria en asambleas, prácticas espirituales, culturales, autodefensa y seguridad, proyectos educativos y de comunicación propios, reivindicaciones culturales y territoriales en las ciudades por los pueblos desplazados o invadidos con una memoria histórica viva (pronunciamiento de la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso).
El Congreso Nacional Indígena, surgido al calor de los Diálogos de San Andrés por iniciativa del EZLN, se manifestó por la liberación inmediata de todos los presos políticos en nuestro país, y particularmente por la del tzotzil Alberto Patishtán, quien lleva ya 13 años en prisión injustamente, purgando una condena de 60 años, y que constituye el caso paradigmático y representativo de los numerosos indígenas en el país que purgan condenas o tienen órdenes de aprehensión por defender el territorio, el agua, los bosques, la tierra o los lugares sagrados; por oponerse a la presencia de las corporaciones mineras, eólicas, turísticas, farmacéuticas, constructoras de presas, termoeléctricas, gasoductos y autopistas; por enfrentarse al crimen organizado y los grupos paramilitares como integrantes de policías comunitarias y grupos de autodefensa basados en la organización colectiva; por reclamar sus derechos como pueblos de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia internacional en la materia.
Un común denominador de los cerca de 100 conflictos que se denunciaron ante la presencia de integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI -CG) del EZLN lo constituye el hecho de que el Estado mexicano, en sus diversos ámbitos de autoridad y niveles de gobierno, aparece como ejecutor de políticas públicas y acciones ilegales y contrarias al beneficio de los pueblos, y como protector de las corporaciones, en su mayoría extranjeras, y cómplice de los delincuentes en toda la extensión de los territorios; las fuerzas armadas y policiacas se proyectan en la narrativa del CNI como ejércitos de ocupación, más preocupados por mantener bajo control a las policías comunitarias, como en el caso de la CRAC-PC de Guerrero, que a los sicarios mismos, y en algunas regiones, como Michoacán, abiertamente en connivencia con los capos de los cárteles.
Por su parte, la comandanta Miriam, integrante del CCRI-CG, y en nombre de las bases de apoyo, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en su intervención en el Congreso Nacional Indígena, tomó como propios todos los problemas y situaciones en todos los rincones de la patria mexicana expuestos por los delegados, porque son los mismos problemas que padecemos todos, despojándonos de nuestra madre tierra, aire, agua, riquezas naturales. Pero los malos gobiernos neoliberales y las empresas trasnacionales reinan con el dinero, y por eso imponen proyectos de muerte en nuestros territorios. Pero como pueblos originarios y dueños de las riquezas naturales tenemos que defender a como dé lugar, sin importar las consecuencias, porque nuestra madre tierra, con ella vivimos y con ella respiramos... y cuando defendemos nos persiguen, nos encarcelan y nos matan. Nos acusan de transgresores de la ley y nos condenan a muchos años de prisión, como si fuéramos delincuentes. En cambio, ellos son los verdaderos delincuentes, vendepatrias. Ellos están libres, como si no fuera delito todo lo que han hecho con nosotros, por sus leyes que tienen, y con sus leyes se protegen. Los y las zapatistas dejaron claro su mensaje a los malos gobernantes: Que ya no nos dejaremos, como pueblos originarios, que nos quiten nuestra madre tierra y las riquezas naturales. Nosotros como zapatistas luchamos por nuestras 13 demandas para el pueblo mexicano, y también luchamos por la autonomía donde el pueblo mande y el gobierno obedece. Para lograr todo esto se necesita conciencia, voluntad y sacrificio, y resistir todo tipo de agresiones. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, para poder rechazar todos los planes de muerte que imponen los neoliberales se necesita organizarse, unir nuestras fuerzas, nuestro dolor, unir nuestra rebeldía y luchar por democracia, libertad y justicia.
Las y los delegados decidieron reconocer, apoyar y animar las luchas por la autonomía y libre determinación de todos los pueblos que conforman el Congreso Nacional Indígena, desde la península de Yucatán hasta la de Baja California, haciendo suyo el futuro de sus pueblos.
por Emir Olivares y Alma Muñoz
Tristeza e indignación fueron las sensaciones de las decenas de personas que se congregaron en la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la capital del país, para exigir la liberación de Alberto Patishtán Gómez al conocer que el tribunal del caso ratificó la injusta sentencia de 60 años de prisión contra el profesor tzotzil.
Insuficientes resultaron los llamados de justicia realizados por diversos personajes de la academia, los derechos humanos, legisladores y del espectáculo. Tampoco alcanzaron el ayuno y la velada cultural que varias personas –encabezadas por Héctor Patishtán, hijo del educador– mantuvieron desde la tarde del miércoles a las afueras del CJF.
América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco e integrante del Comité por la Libertad de Alberto Patishtán, fue la primera en recibir la noticia vía telefónica desde Chiapas por parte del abogado del profesor, Leonel Rivero. La expresión de su rostro respondió a la impaciencia de las decenas de personas que ansiosas esperaban la resolución. La rabia y las lágrimas invadieron el espacio.
Desconsolado, Héctor Pati-shtán tomó el micrófono y dijo que él, su familia y otras personas no dejarán de luchar por la libertad de su padre, por lo que convocó a la sociedad a que no nos abandonen. La actriz Julieta Egurrola y Trinidad Ramírez, del FPDT, de inmediato lo abrazaron y le pidieron fortaleza. En tanto, el profesor emérito de la UNAM Adolfo Gilly manifestó vía telefónica su indignación.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, expresó: La justicia mexicana nos brinda otra triste lección, indignante por la decisión que tomaron los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito, quienes negaron la libertad al profesor Patishtán. Con esta sentencia confirmamos la falta de voluntad de resarcir la justicia que le ha sido negada de manera reiterada.
En entrevista telefónica, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano lamentó el hecho. Esta sentencia es totalmente injusta, fuera de lugar. Creo que el Poder Judicial está en este caso quebrantando la ley. Se está reafirmando una muy grave injusticia, que por una parte nos deja ver una falta de rectitud, y por otra, de sensibilidad de este tribunal colegiado.
El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, lamentó el fallo. Estamos tristes porque esperábamos otra resolución, había razones y argumentos para que el profesor fuera liberado; perplejos porque el Poder Judicial desaprovechó la oportunidad para corregir el proceso; y preocupados porque hay derechos humanos, como el acceso a la justicia y a un debido proceso, que siguen comprometidos en el país. Hay impunidad, Patishtán no es culpable.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que la resolución del tribunal es desconcertante, debido a que había elementos que mostraban las irregularidades en el proceso contra el educador. Este caso, dijo, representa cómo el sistema de justicia en México niega los derechos a los indígenas y recordó que, por ejemplo, la ciudadana de origen francés Florence Cassez, acusada de secuestro, fue liberada tras una resolución de la Suprema Corte al encontrarse irregularidades en el proceso.
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OPINIÓN
Alberto Patishtán y los maestros
por Adolfo Gilly
La denegación de justicia al profesor tzotzil Alberto Patishtán es una decisión material y simbólica capital en la política de desmantelamiento de los pilares constitucionales de la nación emprendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto (elegido apenas con 37 por ciento de los votos atribuidos) y por sus aliados en el Pacto por México, el PAN y el PRD.Los maestros movilizados en las plazas y calles de México y de otras muchas ciudades del país son, por el contrario, símbolo y realidad, en conciencia y en acción, de una nación que busca cómo defenderse y resistir al vendaval de las finanzas, los ricos, el crimen, la intromisión policial, militar y logística del poderoso vecino del norte y la ineptitud –real o simulada– de sus propios gobernantes.
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La televisión, en tanto instrumento de Estado, está cumpliendo en esta ofensiva, hoy como nunca, la función de punta de lanza de la desinformación y la deseducación del pueblo; y de ariete brutal hoy contra los maestros, ayer contra los estudiantes de #YoSoy132 y siempre contra toda movilización de este pueblo en defensa de su vida, su nación y sus derechos.Esa ofensiva plagada de mentiras, ignorancia e interés se propone desmantelar a sabiendas y con prisa los cimientos constitucionales sobre los cuales se alza todavía hoy el pacto estatal mexicano: con prisa, porque no quieren dar tiempo a la organización de la resistencia nacional contra esos planes; a sabiendas, porque la propaganda para la entrega del petróleo y de otras riquezas de la nación al capital extranjero –y a su poderío militar– está hecha de un indescriptible tejido de mentiras y falacias que sus autores no pueden ignorar.
No es la menor de ellas la afirmación de que la entrega de la explotación del subsuelo a los capitales extranjeros sería la continuación fiel del pensamiento y la política del presidente Lázaro Cárdenas. Es preciso carecer de escrúpulos morales e intelectuales para decirlo.
En estos días y meses el gobierno federal, con sus aliados y subordinados en el Pacto por México, quiere destruir, en una especie de guerra relámpago, los pilares legales seculares alzados por el pueblo de México y una generación de gobernantes leales a la nación y a su pueblo, y no al dinero.
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La joya de la corona política que esta ofensiva se propone recuperar para el mando presidencial es la ciudad autónoma de México, perdida para ellos desde la insurrección cívica y electoral de 1997.
La Presidencia sueña con restablecer su mando inmediato sobre la sede de los poderes nacionales, esta ciudad antigua, democrática, organizada, solidaria, plebeya y respondona. En estos días quiere que el gobierno de la ciudad se haga cargo de la represión contra los maestros, los estudiantes, los trabajadores electricistas, los universitarios y otros sectores que se han plantado en las calles frente a la ofensiva privatizadora.
Los maestros tienen razón. Sin movilización, las declaraciones, las reuniones y los diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene en ruinas tantas instalaciones escolares y publica libros de texto plagados de errores de ortografía, dice querer evaluar a los maestros cuando lo que en realidad se propone es destruir sus derechos laborales y sus organizaciones.
El mismo sentido tienen las intenciones y la política para destruir a las normales rurales, focos de enseñanza para los pueblos campesinos e indígenas y de resistencia en defensa de sus derechos, sus bienes, sus historias, sus idiomas y sus vidas.
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En esta turbulencia la confirmación de la arbitraria condena al profesor Alberto Patishtán, la decisión judicial según la cual debería pasar en las cárcel los próximos 47 años de su vida, adquiere un peso y unas dimensiones de alcance nacional mucho más allá del tribunal que la dictó.
Esta decisión dice que el gobierno federal está decidido a cumplir las amenazas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto en la Ibero: responder con la violencia del Estado a las demandas y las acciones de los pueblos campesinos e indígenas en defensa de sus derechos, sus pueblos y sus vidas.
La condena contra el profesor Patishtán es una amenaza declarada contra los maestros en movimiento; contra los pueblos indígenas en todo el territorio nacional; contra los pueblos zapatistas de Chiapas y sus gobiernos autónomos; y, a más largo alcance, contra la autonomía, la independencia y los derechos de maestros, profesores y estudiantes en todo el sistema educativo nacional.
Tomemos muy en serio esta sentencia contra un hombre inocente.
Los maestros tienen razón. Alberto Patishtán debe ser liberado. Los derechos laborales no se tocan. El subsuelo y el suelo de México pertenecen a la nación y al pueblo mexicano.
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Alberto Patishtán: mensaje de Estado
Por Luis Hernández Navarro
Alberto Pathistán no es una secuestradora francesa como Florence Cassez, ni un narcotraficante como Rafael Caro Quintero, ni uno de los asesinos de la matanza de Acteal. Es un profesor toztzil, integrante de la otra campaña, injustamente preso desde hace 13 años. Ella, ellos y él no son lo mismo. A Cassez, Caro Quintero y los paramilitares de Chenalhó la justicia los dejó en libertad a pesar de ser culpables. Al maestro Pathistán el sistema de justicia lo tiene en la cárcel no obstante ser inocente.El Poder Judicial tuvo estos días la posibilidad de enmendar el daño hecho con el indígena tzotzil del municipio de El Bosque. Pero este jueves el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con sede en Chiapas declaró infundadas las pruebas con las cuales sus abogados buscaban obtener su absolución.
Ignominia sobre oprobio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ser cómplice de la injusticia y se lavó las manos. Apenas el pasado mes de marzo, su primera sala resolvió, por tres votos contra dos, no retener la competencia sobre el incidente de reconocimiento de inocencia del maestro. El proceso fue retornado al tribunal que declaró infundadas las pruebas a favor de Pathistán.
En un país en donde la aplicación del derecho tiene tras de sí un fuerte sesgo político y en donde los jueces rara vez son independientes del Ejecutivo, la resolución de los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo distrito, Freddy Gabriel Félix Fuentes, Manuel de Jesús González Suárez y Arturo Eduardo Centeno Garduño, sólo puede interpretarse como un mensaje de Estado. Un mensaje enviado tanto al mismo encarcelado como a quienes ven en él un emblema de la lucha contra la injusticia. El maestro es un rehén del poder.
Alberto Pathistán no es cualquier detenido: es el preso político de mayor notoriedad en el país. Es una figura emblemática del movimiento indígena, en que se resume la discriminación racial, el desaseo procesal y el uso faccioso de la justicia que privan hacia los pueblos originarios. Un símbolo de dignidad frente a los abusos del poder.
Literalmente, miles de voces dentro y fuera de México han exigido su liberación inmediata. El pueblo creyente, el EZLN, el movimiento indígena, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Amnistía Internacional y cientos de organismos defensores de derechos humanos e intelectuales públicos están convencidos de su inocencia y demandan su libertad. Es a ellos a quienes el Estado dijo su última palabra: sus razones no me importan; los escucho pero no les hago caso.
La historia es conocida. El 12 de julio de 2000, en el paraje Las Lagunas de Las Limas, Simojovel, fueron emboscados siete policías. Ese día y a esa hora, Pathistán estaba a muchos kilómetros de distancia de ese lugar. No importó. Igual lo responsabilizaron de los asesinatos. Fue sentenciado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y lesiones calificadas. En su juicio no hubo traductores. Los testigos mintieron y no se presentaron evidencias sólidas de su culpa. A los jueces les tuvo sin cuidado. Él fue a parar a la cárcel.
En todo el país, los pueblos indígenas resisten la devastación ambiental y el despojo de sus tierras, territorios, aguas y semillas. Para enfrentar la inseguridad pública y defenderse han formado policías comunitarias. Mantener en prisión a Pathistán es un aviso del México de arriba de lo que les puede suceder si persisten con la obstinación con la que lo han hecho, en la defensa de sus recursos naturales y sus formas de ejercer justicia.
Cientos de miles de maestros exigen la derogación de las reformas laborales disfrazadas de educativas recientemente aprobadas por el Congreso. En sus movilizaciones y su pliego petitorio demandan que el profesor detenido, uno de los suyos, sea liberado. Negarle que salga de la cárcel es una advertencia de lo que les aguarda a ellos de no suspender sus acciones de desobediencia.
El zapatismo sigue empecinado en autogobernarse y conservar las armas, al margen de las instituciones gubernamentales. Sigue siendo una fuente de inspiración y ejemplo para muchas comunidades indígenas en el país. Tener tras las rejas al adherente de la otra campaña es un aviso de que la guerra contra los rebeldes del sureste mexicano no ha terminado.
En un país en el que el derecho se aplica regularmente contra la justicia, al Estado mexicano le tiene sin cuidado el que Alberto Pathistán sea inocente y el que su juicio esté lleno de irregularidades. No le incomoda el que su encarcelamiento sea un escándalo internacional. Quiere, simple y llanamente, mandar un mensaje para que quienes simpatizan con el profesor y su causa escarmienten. No lo logrará. Como lo hace Pathistán, los muchos que se solidarizan con él, resisten y seguirán resistiendo.
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MÉXICO
La guerra contra los pueblos y sus resistencias
Por Gilberto López y Rivas
La reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI) realizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 17 y 18 de agosto pasados, luego del curso de la Escuelita Zapatista, constituyó una dramática denuncia, con testimonios contundentes, de la guerra desatada por el mal gobierno contra los pueblos originarios en todo el país, donde se confunden sus fuerzas represivas con las corporaciones capitalistas que protege, incluyendo las del crimen organizado, dando por resultado la invasión de territorios, el saqueo de recursos, la afectación del medio ambiente, la criminalización de las resistencias y la amenaza a la sobrevivencia misma de la vida comunitaria.Uno a uno, los delegados de las diversas etnias-pueblos-tribus-naciones fueron exponiendo la naturaleza de los agravios cometidos en su contra, indignados contra los poderosos que no tienen respeto por la palabra, que la traicionan y violentan una y otra vez a lo largo y ancho de este país que se llama México, pero sin asumirse en ningún caso como víctimas inermes o actores sumisos, sino como sujetos pletóricos de esperanza y fuerza para refundarse y reconstituirse en la defensa de sus territorios, identidades, lenguas, modos de vida y organización: Nos reconocemos en el camino de nuestra historia y nuestros antepasados que son presente, futuro y espejo de la autonomía ejercida en los hechos, como única vía del porvenir de nuestra existencia y que se vuelve nuestra vida comunitaria en asambleas, prácticas espirituales, culturales, autodefensa y seguridad, proyectos educativos y de comunicación propios, reivindicaciones culturales y territoriales en las ciudades por los pueblos desplazados o invadidos con una memoria histórica viva (pronunciamiento de la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso).
El Congreso Nacional Indígena, surgido al calor de los Diálogos de San Andrés por iniciativa del EZLN, se manifestó por la liberación inmediata de todos los presos políticos en nuestro país, y particularmente por la del tzotzil Alberto Patishtán, quien lleva ya 13 años en prisión injustamente, purgando una condena de 60 años, y que constituye el caso paradigmático y representativo de los numerosos indígenas en el país que purgan condenas o tienen órdenes de aprehensión por defender el territorio, el agua, los bosques, la tierra o los lugares sagrados; por oponerse a la presencia de las corporaciones mineras, eólicas, turísticas, farmacéuticas, constructoras de presas, termoeléctricas, gasoductos y autopistas; por enfrentarse al crimen organizado y los grupos paramilitares como integrantes de policías comunitarias y grupos de autodefensa basados en la organización colectiva; por reclamar sus derechos como pueblos de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia internacional en la materia.
Un común denominador de los cerca de 100 conflictos que se denunciaron ante la presencia de integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI -CG) del EZLN lo constituye el hecho de que el Estado mexicano, en sus diversos ámbitos de autoridad y niveles de gobierno, aparece como ejecutor de políticas públicas y acciones ilegales y contrarias al beneficio de los pueblos, y como protector de las corporaciones, en su mayoría extranjeras, y cómplice de los delincuentes en toda la extensión de los territorios; las fuerzas armadas y policiacas se proyectan en la narrativa del CNI como ejércitos de ocupación, más preocupados por mantener bajo control a las policías comunitarias, como en el caso de la CRAC-PC de Guerrero, que a los sicarios mismos, y en algunas regiones, como Michoacán, abiertamente en connivencia con los capos de los cárteles.
Por su parte, la comandanta Miriam, integrante del CCRI-CG, y en nombre de las bases de apoyo, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en su intervención en el Congreso Nacional Indígena, tomó como propios todos los problemas y situaciones en todos los rincones de la patria mexicana expuestos por los delegados, porque son los mismos problemas que padecemos todos, despojándonos de nuestra madre tierra, aire, agua, riquezas naturales. Pero los malos gobiernos neoliberales y las empresas trasnacionales reinan con el dinero, y por eso imponen proyectos de muerte en nuestros territorios. Pero como pueblos originarios y dueños de las riquezas naturales tenemos que defender a como dé lugar, sin importar las consecuencias, porque nuestra madre tierra, con ella vivimos y con ella respiramos... y cuando defendemos nos persiguen, nos encarcelan y nos matan. Nos acusan de transgresores de la ley y nos condenan a muchos años de prisión, como si fuéramos delincuentes. En cambio, ellos son los verdaderos delincuentes, vendepatrias. Ellos están libres, como si no fuera delito todo lo que han hecho con nosotros, por sus leyes que tienen, y con sus leyes se protegen. Los y las zapatistas dejaron claro su mensaje a los malos gobernantes: Que ya no nos dejaremos, como pueblos originarios, que nos quiten nuestra madre tierra y las riquezas naturales. Nosotros como zapatistas luchamos por nuestras 13 demandas para el pueblo mexicano, y también luchamos por la autonomía donde el pueblo mande y el gobierno obedece. Para lograr todo esto se necesita conciencia, voluntad y sacrificio, y resistir todo tipo de agresiones. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, para poder rechazar todos los planes de muerte que imponen los neoliberales se necesita organizarse, unir nuestras fuerzas, nuestro dolor, unir nuestra rebeldía y luchar por democracia, libertad y justicia.
Las y los delegados decidieron reconocer, apoyar y animar las luchas por la autonomía y libre determinación de todos los pueblos que conforman el Congreso Nacional Indígena, desde la península de Yucatán hasta la de Baja California, haciendo suyo el futuro de sus pueblos.
Superado el ámbito policial, lo narco ha saltado al universo psicosocial hasta instalarse en un proceso de resocialización inclusivo de colectivos cada vez más extensos, desde líderes políticos hasta campesinos, en lo que ha decidido llamarse "la narcocultura". Sus aspectos utilitarios, estéticos, morales; su cosmovisión y su filosofía edifican buena parte de la nueva identidad colombiana, mexicana y latinoamericana. En La proteica narcocultura. Peligrosa fascinación http://bit.ly/15xhBTP podrás constatar la magnitud de este fenómeno.
ResponderEliminarGracias Lilian. Gran artículo: agrego el final del mismo pero recomiendo toda su lectura:
EliminarLa otra conquista
Las narconaciones cada vez tienen menos vergüenza de ser como son y sus valores conforman una diáspora indetenible. Negarlo sería un grave error. La narcocultura no indigna a ninguno y apenas se percibe la naturalización que experimenta. Aunque cante a la violencia no evidencia trasgresión formal de ningún fundamento del Estado (escudada en las propias libertades individuales) y a pesar de que congregue elementos morales excluyentes, reacomoda hasta los valores religiosos latinoamericanos en su beneficio.
El narcotráfico ha entrado con todo a la cultura Latinoaméricana, mientras abre de par en par la puerta a aquellos hombres y mujeres que, lejos de estar inmiscuidos en su mundo, visten, se comportan e imitan el estilo. Pese a esta realidad constatable, la elite de "los bien educados" y "guardianes de los principios morales", se empeña en negar su propagación asegurando que el narcosistema de valores está circunscrito al rancho (chabola) y los territorios en conflicto. Nada más incierto. Cada noche la narcocultura entra fanfarrona a las casas por la televisión o por la radio, las revistas del corazón o mediante el twitter de modelos y famosillas. ¿Qué repercusiones podría tener tal evasión?
Esta es la guerra que no se puede combatir de manera efectiva con el exclusivo uso de las armas. Detrás de la alarmante cifra de homicidios violentos que registra América Latina en la actualidad y que constituyen el 20 % del total mundial (BID 2013), se ha declarado otra guerra en el terreno simbólico, la proteica narcocultura conquista el espacio cultural. Si se le quiere ganar al narcotráfico, la verdadera batalla habrá de librarse en la esfera del pensamiento mediante la conquista de las aspiraciones de sus ciudadanos.
http://weakerties.com/leer_articulo/47/la-proteica-narcocultura-peligrosa-fascinacion
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