Contexto Global

EL TRATADO TRANSATLÁNTICO/ Un tifón amenaza a Europa

Por Lori Wallach*

Iniciadas en 2008, las discusiones sobre el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea culminaron el pasado 18 de octubre. Un buen presagio para Estados Unidos, que espera concluir una asociación de este tipo con el Viejo Continente. Proyecto que, de concretarse, someterá a los Estados a las normas del liberalismo.

Rainer Fetting, Van Gogh Gauguin ‐ El regreso de los gigantes, 1980 Podemos imaginarnos a multinacionales llevando a juicio a gobiernos cuya orientación política pudiese afectar las ganancias de sus empresas? ¿Es concebible que puedan reclamar –¡y obtener!– una generosa compensación por el lucro cesante ocasionado por un derecho laboral demasiado apremiante o por una legislación ambiental demasiado estricta? Por más inverosímil que parezca, este escenario no sucedió hace mucho tiempo.

Ya figuraba con todas las letras en el proyecto del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) negociado en secreto entre 1995 y 1997 por los veintinueve Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (1). Divulgada in extremis, especialmente por Le Monde diplomatique, la copia provocó en varios países una ola de protestas sin precedentes, obligando a sus promotores a guardarla en un cajón. Quince años después, vuelve con nuevo atuendo.

El Acuerdo Transatlántico (TTIP, por su sigla en inglés) que se viene negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea desde julio de 2013 es una versión modificada del AMI. Tiene previsto que las legislaciones vigentes en ambos lados del Atlántico se amolden a las normas de libre comercio establecidas por y para las grandes empresas europeas y estadounidenses, so pena de sanciones comerciales para los países contraventores, o de un resarcimiento de varios millones de euros para el querellante.

Según el calendario oficial, las negociaciones terminarían en un plazo de dos años. El TTIP combina, agravándolos, los puntos más nefastos de los acuerdos establecidos en el pasado. Si entrase en vigor, los privilegios de las multinacionales alcanzarían estatus de ley y dejarían a los gobernantes sin ningún margen de maniobra. Impermeable a las alternancias políticas y a las movilizaciones populares, se aplicaría por las buenas o por las malas, ya que sus disposiciones sólo podrían ser enmendadas con el consentimiento unánime de los signatarios. Duplicaría en Europa el espíritu y las modalidades de su modelo asiático, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés), actualmente a punto de adoptarse en doce países después de haber sido enérgicamente promovido por los círculos de negocios estadounidenses. Juntos, el TPP y el TTIP conformarían un imperio económico capaz de imponer sus condiciones fuera de sus fronteras: cualquier país que quiera establecer relaciones comerciales con Estados Unidos o con la Unión Europea se vería obligado a adoptar las reglas establecidas en el seno de su mercado común.

Tribunales especiales 

Las negociaciones del TPP y del TTIP transcurren a puertas cerradas ya que apuntan a eliminar sectores enteros del ámbito no comercial. Las delegaciones estadounidenses cuentan con más de seiscientos consultores designados por las multinacionales, que disponen de un acceso ilimitado a los documentos preparatorios y a los representantes de la administración. No se tiene que filtrar nada. Se dio orden de dejar fuera de las discusiones a periodistas y ciudadanos: serán informados a su debido tiempo, a la firma del tratado, es decir, cuando sea demasiado tarde para reaccionar.

En un arranque de sinceridad, el representante de comercio estadounidense Ronald “Ron” Kirk manifestó el interés “práctico” de “preservar un cierto grado de discreción y confidencialidad” (2). La última vez que circuló públicamente una versión borrador de un acuerdo en vías de formalización, señaló, las negociaciones fracasaron –una alusión al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, una versión ampliada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA); el proyecto, arduamente defendido por George W. Bush, se dio a conocer en 2001 en el sitio de internet de la administración–. A lo que la senadora Elizabeth Warren replicó que un acuerdo negociado sin ningún examen democrático no debería ser firmado jamás (3).

La imperiosa voluntad de sustraer de la mirada del público el tratado europeo‐estadounidense se puede comprender fácilmente. Mejor tomarse su tiempo para anunciar a los países los efectos que va a producir a todo nivel: desde la cima del Estado federal hasta los consejos municipales, pasando por las gobernaciones y las asambleas locales, los mandatarios deberán redefinir de principio a fin sus políticas públicas de manera tal que puedan satisfacer los apetitos del sector privado en los ámbitos que aún, en parte, se le escapaban. Seguridad alimentaria, normas de toxicidad, seguros de salud, precios de medicamentos, libertad de la red, protección de la vida privada, energía, cultura, derechos de autor, recursos naturales, formación profesional, equipamientos públicos, migración: ningún campo de interés general dejará de pasar por las horcas caudinas del libre comercio institucionalizado. La acción política de los mandatarios se verá limitada a negociar con las empresas o sus mandatarios locales las migajas de soberanía que les quieran conceder.

Ya está estipulado que los países signatarios van a asegurar la “conformidad de sus leyes, sus reglamentos y sus procedimientos” con las disposiciones del tratado. No hay duda de que van a controlar escrupulosamente que se honre este compromiso. Caso contrario, podrían ser objeto de demandas ante uno de los tribunales especialmente creados para arbitrar los litigios entre los inversores y los Estados, y dotados del poder para establecer sanciones comerciales contra estos últimos.

La idea puede parecer inverosímil; sin embargo se inscribe en la filosofía de los tratados comerciales en vigor. El año pasado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) condenó a Estados Unidos por sus latas de atún con la etiqueta “sin peligro para los delfines”, por la indicación del país de origen en carnes importadas o incluso por la prohibición del tabaco con sabor a caramelo, siendo estas medidas de protección consideradas como trabas para el libre comercio. También le infligió a la Unión Europea sanciones de varios cientos de millones de euros por haber rechazado importar organismos genéticamente modificados (OGM). La novedad introducida por el TTIP y el TPP es que les permitirían a las multinacionales demandar en nombre propio a un país signatario cuya política tuviera un efecto restrictivo sobre su devastación comercial.

Bajo semejante régimen, las empresas podrían oponerse a las políticas de salud, de protección ambiental o de regulación de las finanzas que se implementen en cualquier Estado, en reclamo de daños y perjuicios ante tribunales extrajudiciales. Compuestas por tres abogados de negocios, estas cortes especiales –que responden a las leyes del Banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– estarían habilitadas para condenar al contribuyente a pesadas compensaciones a partir del momento en que su legislación recorte los “futuros beneficios esperados” de una compañía.

Este sistema “inversor contra Estado”, que parecía tachado de la carta después de que se abandonara el AMI en 1998, fue restaurado a escondidas con el correr de los años. En virtud de varios acuerdos comerciales firmados por Washington, 400 millones de dólares pasaron del bolsillo del contribuyente al de las multinacionales a causa de la prohibición de productos tóxicos, de restricciones a la explotación del agua, del suelo o de los bosques, etcétera (4). Bajo la égida de estos mismos tratados, los procesos actualmente en curso –en asuntos de interés general, como las patentes de medicamentos, la lucha contra la contaminación o las leyes sobre el clima y las energías fósiles– hacen que las demandas por daños y perjuicios asciendan a 14.000 millones de dólares.

El TTIP cargaría todavía más la factura de esta extorsión legalizada, habida cuenta de la importancia de
los intereses en juego en el comercio transatlántico. Tres mil trescientas empresas europeas están
presentes en suelo estadounidense a través de veinticuatro mil filiales, que cualquier día de estos
pueden llegar a considerarse justificadas como para pedir un resarcimiento por perjuicio comercial.
Semejante oportunidad excedería por mucho los costos ocasionados por los tratados precedentes. Por
su lado, los países miembros de la Unión Europea se verían expuestos a un riesgo financiero todavía
más grande, sabiendo que catorce mil cuatrocientas compañías estadounidenses disponen en Europa
de una red de cincuenta mil ochocientas filiales. En total son setenta y cinco mil empresas que podrían
lanzarse a la caza de los tesoros públicos.

Oficialmente, este régimen debía servir en principio para consolidar la posición de inversores en países
en vías de desarrollo desprovistos de un sistema jurídico confiable; les permitiría hacer valer sus
derechos en caso de expropiación. Pero ni la Unión Europea ni Estados Unidos pasan precisamente por
zonas de no‐derecho; al contrario, disponen de una justicia funcional y plenamente respetuosa del
derecho a la propiedad. Ubicándolas a pesar de todo bajo la tutela de tribunales especiales, el TTIP
demuestra que su objetivo no es proteger a los inversores, sino aumentar el poder de las
multinacionales.

Condenados al capricho empresarial

Los abogados que componen estos tribunales no tienen que rendirle cuentas a ningún electorado.

Invirtiendo convenientemente los roles, pueden tanto oficiar de jueces como defender la causa de sus

poderosos clientes (5). Es un pequeño mundo el de los juristas de la inversión internacional: son nada

más que quince los que comparten el 55% de los casos tratados hasta el día de hoy. Evidentemente,

sus decisiones son inapelables.


Los “derechos” que tienen por misión defender son formulados de manera deliberadamente

aproximativa, y su interpretación raramente sirve a los intereses de las mayorías. Tal como sucede con

el derecho que se le concede al inversor de beneficiarse de un marco reglamentario conforme a sus

“previsiones” –que conviene interpretar como que el gobierno se abstendrá de modificar su política

una vez que la inversión haya tenido lugar–. En cuanto al derecho de obtener una compensación en

caso de “expropiación indirecta”, significa que los poderes públicos van a tener que sacar plata de su

bolsillo si su legislación provoca la disminución del valor de una inversión, incluso en el caso de que

esta misma legislación también se aplique a las empresas locales. Los tribunales reconocen asimismo el

derecho del capital a adquirir cada vez más tierras, recursos naturales, equipamientos, fábricas,

etcétera. Sin contrapartida por parte de las multinacionales: no tienen ninguna obligación para con los

Estados y pueden iniciar demandas dónde y cuándo se les plazca.


Algunos inversores tienen una idea muy extensiva de sus derechos inalienables. Recientemente se

pudo ver a compañías europeas iniciar demandas contra el aumento del salario mínimo en Egipto, o

contra la limitación de las emisiones tóxicas en Perú, con el NAFTA en este último caso como defensor

del derecho a contaminar del grupo estadounidense Renco (6). Otro ejemplo: el gigante del cigarrillo

Philip Morris, incomodado por las legislaciones antitabaco de Uruguay y Australia, citó a estos dos

países ante un tribunal especial. El grupo farmacéutico estadounidense Eli Lilly pretende hacerse

justicia frente a Canadá, culpable de haber puesto en práctica un sistema de patentes que vuelve más

accesibles ciertos medicamentos. El proveedor de electricidad sueco Vattenfall le reclama a Alemania

varios miles de millones de euros por su “giro energético”, que les impone más restricciones a las

fábricas de carbón y promete una salida de la energía nuclear.


No hay límite para las sanciones que un tribunal le puede infligir a un Estado en beneficio de una

multinacional. Hace un año se condenó a Ecuador a desembolsar la suma récord de 2.000 millones de

euros a una empresa petrolera (7). Incluso cuando los gobiernos ganan los juicios, tienen que saldar los

gastos de justicia y comisiones diversas que ascienden a un promedio de 8 millones de dólares por

caso, dilapidados en detrimento del ciudadano. Por lo cual los poderes públicos suelen preferir

negociar con el demandante a defender la causa en el tribunal. Así fue como el Estado canadiense se

ahorró una convocatoria al estrado, abrogando sin demora la prohibición de un aditivo tóxico utilizado

por la industria petrolera.


Sin embargo, las demandas no paran de crecer. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la cantidad de casos sometidos a los tribunales especiales se

multiplicó por diez desde 2000. Concebido a partir de 1950, el sistema de arbitraje comercial nunca fue

tan útil para los intereses privados como en 2012, año récord en cantidad de casos. Este boom creó un

próspero plantel de consultores financieros y abogados de negocios.


El proyecto de gran mercado estadounidense‐europeo existe desde hace largos años por el Diálogo

Económico Transatlántico (Trans‐Atlantic Business Dialogue, TABD), un lobby más conocido hoy como

Trans‐Atlantic Business Council (TABC). Creado en 1995 bajo el patrocinio de la Comisión Europea y del

Departamento de Comercio estadounidense, este foro de ricos empresarios milita por un diálogo

altamente constructivo entre las elites económicas de los dos continentes, la administración de

Washington y los comisarios de Bruselas. El TABC es un foro permanente que les permite a las

multinacionales coordinar sus ataques contra las políticas de interés general a ambos lados del

Atlántico.


Su objetivo, anunciado públicamente, es eliminar lo que denominan “discordias comerciales” (trade

irritants), es decir, operar en los dos continentes con las mismas reglas y sin que interfieran los poderes

públicos. “Convergencia regulatoria” y “reconocimiento mutuo” forman parte de los anuncios

semánticos que esgrimen para incitar a los gobiernos a que autoricen los productos y servicios que

contravienen las legislaciones locales‐

Las sirenas de la desregulación

Pero en lugar de promover una simple flexibilización de las leyes existentes, los activistas del mercado

transatlántico se proponen resueltamente escribirlas ellos mismos. La Cámara de Comercio

estadounidense y Business Europe, dos de las organizaciones patronales más grandes del planeta,

llamaron a los negociadores del TTIP a reunir alrededor de una mesa de trabajo una muestra de

grandes accionistas y de responsables políticos, para que “redacten en conjunto los textos de

regulación” que luego tendrán fuerza de ley en Estados Unidos y en la Unión Europea. Cabe

preguntarse, por otro lado, si la presencia de los políticos en el taller de escritura comercial es

verdaderamente indispensable…


De hecho, las multinacionales cuando exponen sus intenciones no abandonan la franqueza. Por

ejemplo en la cuestión de los OGM. Mientras que en Estados Unidos uno de cada dos estados busca

volver obligatoria una etiqueta que indique la presencia de OGM en un alimento –una medida apoyada

por el 80% de los consumidores del país–, los industriales del sector agroalimentario, tanto ahí como

en Europa, intentan que se prohíba este tipo de etiquetaje. La Asociación Nacional de Confiteros no se

anduvo con vueltas: “A la industria estadounidense le gustaría que el TTIP avanzara sobre esta cuestión

mediante la eliminación de etiquetaje de productos OGM y las normas de trazabilidad”. La muy

influyente Asociación de la Industria Biotecnológica (Biotechnology Industry Organization, BIO), de la

que forma parte el gigante Monsanto, se indigna por su parte de que productos que contienen OGM y

que se venden en Estados Unidos puedan ser rechazados en el mercado europeo. Por consiguiente,

desea que se cierre rápidamente la “brecha entre la desregulación de nuevos productos

biotecnológicos en Estados Unidos y su recepción en Europa” (8). Monsanto y sus amigos no esconden

su esperanza de que la zona de libre comercio transatlántico finalmente permita imponerles a los

europeos su “catálogo rebosante de productos OGM a la espera de aprobación y utilización” (9).

La ofensiva no es menos vigorosa en el frente de la vida privada. La Coalición del Comercio Digital

(Digital Trade Coalition, DTC), que agrupa a industriales de la web y de las altas tecnologías, presiona a

los negociadores del TTIP para que levanten las barreras que impiden que el flujo de datos personales

se derrame libremente de Europa a Estados Unidos. “El punto de vista actual de la Unión según la cual

Estados Unidos no proporciona una protección ‘adecuada’ de la vida privada no es razonable”, se

impacientan los lobistas. A la luz de las revelaciones de Edward Snowden acerca del sistema de

espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency, NSA), a esta opinión parcial

no le faltan condimentos. Sin embargo, no llega a la altura de la declaración del US Council for

International Business, (USCIB) una agrupación de empresas que, como Verizon, abastecieron

masivamente de datos personales a la NSA: “El acuerdo debería intentar circunscribir las excepciones,

como la seguridad y la vida privada, para garantizar que no sirvan como trabas encubiertas al

comercio”.


Las normas de calidad en la alimentación son otro de los blancos. La industria estadounidense de la

carne pretende obtener la supresión de la regla europea que prohíbe los pollos desinfectados con

cloro. En la vanguardia de este combate, el grupo Yum, propietario de la cadena de comida rápida

Kentucky Fried Chicken (KFC), puede contar con la fuerza de choque de las organizaciones patronales.

“La Unión sólo autoriza en las carcasas el uso de agua y vapor”, protesta la Asociación Norteamericana

de la Carne, mientras otro grupo de presión, el Instituto Estadounidense de la Carne, deplora el

“rechazo injustificado [por Bruselas] de carnes enriquecidas con agonistas beta, como el clorhidrato de

ractopamina”. La ractopamina es un medicamento que se usa para aumentar el tenor en carne magra

de porcinos y bovinos. A causa de los riesgos para la salud de los animales y los consumidores, está

prohibida en ciento sesenta países, entre los que se cuentan los Estados miembros de la Unión, Rusia y

China. Para la industria porcina estadounidense, esta medida de protección constituye una distorsión

de la libre competencia a la que el TTIP tiene que poner fin inmediatamente.


“Los productores estadounidenses de porcinos no van a aceptar más resultado que el levantamiento

de la prohibición europea de la ractopamina”, amenaza el Consejo Nacional de Productores de

Porcinos (National Pork Producers Council, NPPC). Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, los

industriales agrupados en el seno de Business Europe denuncian las “barreras que afectan las

exportaciones europeas hacia Estados Unidos, como la ley estadounidense sobre la seguridad

alimentaria”. Desde 2011, en efecto, esta ley autoriza a los servicios de control a retirar del mercado

los productos de importación contaminados. También en este punto se les pide a los negociadores del

TTIP que hagan tabula rasa.


Lo mismo para los gases de efecto invernadero. La organización Airlines for America (A4A), brazo

armado de los transportistas aéreos estadounidenses, estableció una lista de “reglamentos inútiles que

tienen un efecto considerable en [su] industria” y que el TTIP, por supuesto, puede tachar de la carta.

Encabezando esta lista figura el sistema europeo de intercambio de cuotas de emisiones, que obliga a

las compañías aéreas a pagar por su polución de carbono. Bruselas suspendió provisoriamente este

programa; A4A exige su supresión definitiva en nombre del “progreso”.

Pero es en el sector financiero donde la cruzada de los mercados se pone más virulenta. Cinco años

después de la irrupción de la crisis de las subprime, los negociadores estadounidenses y europeos

convinieron que las veleidades de regulación de la industria financiera ya habían cumplido su etapa. El

marco que quieren poner en práctica tiene previsto levantar todas las barreras en materia de

colocaciones de riesgo e impedirles a los gobiernos controlar el volumen, la naturaleza o el origen de

los productos financieros que estén en el mercado. En pocas palabras, se trata pura y exclusivamente

de borrar de la carta la palabra “regulación”.


¿De dónde viene este extravagante regreso a los viejos tiempos de Margaret Thatcher? Responde

principalmente a los votos de la Asociación de Bancos Alemanes, que no se olvida de expresar sus

“inquietudes” al respecto de la reforma de Wall Street adoptada después de la crisis de 2008. Uno de

los miembros más emprendedores en este caso es el Deutsche Bank, quien sin embargo recibió en

2009 cientos de miles de millones de dólares de la Reserva Federal estadounidense a cambio de títulos

adosados a créditos hipotecarios (10). El mastodonte alemán quiere terminar con la reglamentación

Volcker, piedra angular de la reforma de Wall Street, que según el banco en cuestión “tiene demasiado

peso para los bancos no estadounidenses”. Insurance Europe, la punta de lanza de las compañías de

seguros europeas, busca por su parte que el TTIP “suprima” las garantías colaterales que disuaden al

sector de aventurarse en colocaciones de alto riesgo.


En cuanto al Foro de Servicios Europeos, organización patronal a la que pertenece el Deutsche Bank, se

mueve entre los bastidores de las negociaciones transatlánticas para que las autoridades de control

estadounidenses dejen de meter la nariz en los asuntos de los grandes bancos extranjeros que operan

en su territorio. Del lado estadounidense se espera sobre todo que el TTIP entierre de una vez por

todas el proyecto europeo de impuesto a las transacciones financieras. El asunto parece estar ya

solucionado, ya que la misma Comisión Europea consideró a este impuesto como no conforme a las

reglas de la OMC (11). En la medida en que la zona de libre comercio transatlántico promete un

liberalismo más desenfrenado todavía que el de la OMC, y mientras el Fondo Monetario Internacional

(FMI) se oponga sistemáticamente a cualquier forma de control sobre los movimientos de capitales, la

enclenque “tasa Tobin” sigue sin inquietar a demasiada gente en Estados Unidos.


Pero las sirenas de la desregulación no sólo se dejan oír en la industria financiera. El TTIP planea abrir a

la competencia a todos los sectores “invisibles” o de interés general. Los Estados signatarios se verían

obligados no sólo a someter sus servicios públicos a la lógica del mercado sino también a renunciar a

toda intervención sobre los proveedores extranjeros de servicios que codician sus mercados. Los

márgenes de maniobra políticos en materia de salud, energía, educación, agua o transporte se

reducirían como piel de zapa. La inmigración tampoco se salva de la fiebre comercial, porque los

instigadores del TTIP se arrogan la facultad de establecer una política común en las fronteras –acaso

para facilitar la entrada de los que tienen un bien o un servicio para vender en detrimento de los otros–


Desde hace algunos meses, el ritmo de las negociaciones se intensifica. En Washington tienen buenas

razones para creer que los dirigentes europeos están dispuestos a cualquier cosa para reavivar un

crecimiento económico moribundo, por más que sea al precio de una negación de su pacto social. El

argumento de los promotores del TTIP, según el cual el libre comercio desregulado facilitaría los

intercambios comerciales y sería por lo tanto creador de empleos, aparentemente tiene más peso que

el temor a un sismo social. Las barreras aduaneras que todavía subsisten entre Europa y Estados

Unidos están sin embargo “ya bastante bajas”, como lo reconoce el representante estadounidense de

comercio (12). Los mismos artesanos del TTIP admiten que su objetivo principal no es aligerar las

barreras aduaneras, de todos modos insignificantes, sino imponer “la eliminación, la reducción o la

prevención de políticas nacionales superfluas” (13), siendo considerado “superfluo” todo lo que

entorpezca el tránsito de mercaderías, como la regulación de las finanzas, la lucha contra el

calentamiento global o el ejercicio de la democracia.

Es cierto que los estudios consagrados a las consecuencias del TTIP no se detienen para nada sobre sus

consecuencias sociales y económicas. Un informe citado a menudo, proveniente del Centro Europeo de

Economía Política Internacional (European Centre for International Political Economy, ECIPE), afirma

con la autoridad de un Nostradamus de escuela de comercio que el TTIP va a darle a la población del

mercado transatlántico un crecimiento de riqueza de 3 centavos per cápita y por día a partir de… 2029

(14).

A pesar de su optimismo, el mismo estudio evalúa en sólo 0,06% el alza del Producto Interno Bruto

(PIB) en Europa y Estados Unidos luego de la entrada en vigencia del TTIP. Otra vez, semejante

“impacto” es ampliamente irrealista, en la medida en que sus autores postulan que el libre comercio

“dinamiza” el crecimiento económico; una teoría regularmente refutada por los hechos. Además de

que una suba así de infinitesimal sería imperceptible. En comparación, la quinta versión del iPhone de

Apple generó en Estados Unidos una suba del PIB ocho veces mayor.


Casi todos los estudios acerca del TTIP fueron financiados por instituciones que favorecen el libre

comercio o por organizaciones patronales, razón por la cual los costos sociales del tratado no figuran,

no más que sus víctimas directas, que sin embargo se podrían contar en cientos de millones. Pero

todavía no se escuchó el “no va más”. Como lo mostraron las desventuras del AMI, del ALCA y de

ciertas rondas de negociaciones de la OMC, el uso del “comercio” como caballo de Troya para

desmantelar las protecciones sociales e instaurar la junta de los representantes ya fracasó en varias

oportunidades. Nada dice que esta vez no vaya a pasar lo mismo.


1. Véase “Le nouveau manifeste du capitalisme mondial”, Le Monde diplomatique, París, febrero de

1998.

2. “Some secrecy needed in trade talks: Ron Kirk”, Reuters, 13‐5‐12.

3. Zach Carter, “Elizabeth Warren opposing Obama trade nominee Michael Froman”, 19‐6‐13,

huffingtonpost.com

4. “Table of foreign investor‐state cases and claims under NAFTA and other US ‘trade’ dates”, Public

Citizen, agosto de 2013, www.citizen.org

5. Andrew Martin, “Treaty disputes roiled by bias charges”, 10‐7‐13, Bloomberg.com

6. “Renco uses US‐Peru FTA to evade justice for La Oroya pollution”, Public Citizen, 28‐11‐12.

7. “Ecuador to fight oil dispute fine”, AFP, 13‐10‐12.

8. “Commentaires sur l’Accord de partenariat transatlantique”, documento del BIO, Washington DC,

mayo de 2013.

9. “EU‐US high level working group on jobs and growth. Response to consultation by EuropaBio and

BIO”, ec.europa.eu

10. Shahien Nasiripour, “Fed opens books, revealing European megabanks were biggest beneficiaries”,

10‐1‐12, huffingtonpost.com

11. “Europe admits speculation taxes a WTO Problem”, Public Citizen, 30‐4‐10.

12. Correo de Demetrios Marantis, representante estadounidense de Comercio, a John Boehner,

vocero republicano en la Cámara de Representantes, Washington DC, 20‐3‐13, hhtp://ec.europa.eu

13. “Final report. High level working group on jobs and growth”, 11‐2‐13, http://ec.europa.eu

14. “TAFTA’s trade benefit: a candy bar”, Public Citizen, 11‐7‐13.


* Directora de Public Citizen’s Global Trade Watch, Washington DC, www.citizen.org

Traducción: Aldo Giacometti


Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur