Una jueza ordenó suspender las fumigaciones en zonas de Junín
La medida generó polémica y un productor la calificó de absurda y carente de fundamentos. Una asociación de campesinos presentó un recurso de amparo ambiental.
En una disposición judicial sin precedentes al menos en San Luis, la jueza de Concarán María Ucello ordenó "el cese de toda actividad de pulverización con sustancias químicas de uso agropecuario" en las zonas de influencia de Santa Martina y Ojo del Río, dos poblaciones rurales del Departamento Junín.
La prohibición de fumigar cualquiera sea su destino llegó en plena siembra y fue dispuesta mientras se resuelve el recurso de amparo ambiental colectivo presentado por la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara contra estas prácticas en el noreste provincial en protección de la salud humana.
Ucella firmó esta orden el pasado viernes 13 y al tomar estado público hace dos días, ya generó las primeras reacciones. El presidente de la filial San Luis de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Daniel Lusich, consideró absurda la medida y carente de fundamentos por el desconocimiento de los ciclos agrícolas que muestra el escrito judicial.
Desde el 13 diciembre rige la prohibición de fumigar mientras resuelven el amparo.
El expediente se tramita en el Juzgado Civil, Comercial, Minas y Laboral de la Tercera Circunscripción y fue iniciado por la presidenta y vice de la asociación, María del Carmen Frete y Fabián Luna, patrocinados por María Isabel Arce.
Los campesinos se quejan desde 2010 contra Mariano, Mauricio y Maximiliano Ponzio porque dicen que cuando fumigan sus campos agrícolas ponen en riesgo la salud de las poblaciones cercanas.
Un primer recurso de amparo había sido rechazado por la jueza Ucello, pero ante una apelación los jueces de Cámara Mario Alonso y Luis Manuel Sosa, con la disidencia de Sandra Piguillén, ordenan que se tramite la acción en primera instancia.
La superficie afectada por la medida judicial y sus límites están especificados en la orden de la jueza, por lo que en la zonas próximas a las poblaciones de Ojo del Río y Santa Martina, donde también practican agricultura bajo riego por pivote, despertó incertidumbre sobre la continuidad de la campaña.
Allí se encuentran en plena siembra de maíz de segunda y soja.
No sólo las entidades de productores que defienden la siembra directa reaccionaron ante la orden judicial. Ya están al tanto y mantienen reuniones en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia y entidades gremiales vinculadas a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
La Asociación de Campesinos del Valle del Conlara pide que se prohíba todo tipo de fumigaciones vinculadas al sector agropecuario, basado en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, 45 y 48 de la Constitución de San Luis y el artículo 30 de la Ley General de Ambiente.
La entidad que lidera Frete también encabezó las recientes protestas en el Valle del Conlara y que incluyeron cortes de rutas, contra una empresa multinacional que en campos alquilados próximos a Santa Rosa del Conlara produce semillas de soja y maíz adaptadas a las regiones semiáridas.
La prohibición de fumigar cualquiera sea su destino llegó en plena siembra y fue dispuesta mientras se resuelve el recurso de amparo ambiental colectivo presentado por la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara contra estas prácticas en el noreste provincial en protección de la salud humana.
Ucella firmó esta orden el pasado viernes 13 y al tomar estado público hace dos días, ya generó las primeras reacciones. El presidente de la filial San Luis de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Daniel Lusich, consideró absurda la medida y carente de fundamentos por el desconocimiento de los ciclos agrícolas que muestra el escrito judicial.
Desde el 13 diciembre rige la prohibición de fumigar mientras resuelven el amparo.
El expediente se tramita en el Juzgado Civil, Comercial, Minas y Laboral de la Tercera Circunscripción y fue iniciado por la presidenta y vice de la asociación, María del Carmen Frete y Fabián Luna, patrocinados por María Isabel Arce.
Los campesinos se quejan desde 2010 contra Mariano, Mauricio y Maximiliano Ponzio porque dicen que cuando fumigan sus campos agrícolas ponen en riesgo la salud de las poblaciones cercanas.
Un primer recurso de amparo había sido rechazado por la jueza Ucello, pero ante una apelación los jueces de Cámara Mario Alonso y Luis Manuel Sosa, con la disidencia de Sandra Piguillén, ordenan que se tramite la acción en primera instancia.
La superficie afectada por la medida judicial y sus límites están especificados en la orden de la jueza, por lo que en la zonas próximas a las poblaciones de Ojo del Río y Santa Martina, donde también practican agricultura bajo riego por pivote, despertó incertidumbre sobre la continuidad de la campaña.
Allí se encuentran en plena siembra de maíz de segunda y soja.
No sólo las entidades de productores que defienden la siembra directa reaccionaron ante la orden judicial. Ya están al tanto y mantienen reuniones en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia y entidades gremiales vinculadas a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
La Asociación de Campesinos del Valle del Conlara pide que se prohíba todo tipo de fumigaciones vinculadas al sector agropecuario, basado en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, 45 y 48 de la Constitución de San Luis y el artículo 30 de la Ley General de Ambiente.
La entidad que lidera Frete también encabezó las recientes protestas en el Valle del Conlara y que incluyeron cortes de rutas, contra una empresa multinacional que en campos alquilados próximos a Santa Rosa del Conlara produce semillas de soja y maíz adaptadas a las regiones semiáridas.
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