La socióloga Maristella Svampa analiza el impacto que tiene la desaparición de Santiago Maldonado y la represión que se ejecuta en torno a las comunidades indígenas. Habló de la inflexión que implica este hecho pero apuntó también sobre los puntos ciegos de la agenda de DD.HH en la década pasada. Advirtió sobre el fuerte proceso de demonización de los mapuches conjuntamente con el crecimiento de la figura del enemigo interno. Y aclaró: “El Estado nunca pidió perdón por el genocidio cometido en el siglo XIX”. ESCUCHA EL AUDIO AQUÍ
Reclamos indígenas, a la ONU
James Anaya es relator especial de Naciones Unidas. Durante diez días se entrevistó con diferentes comunidades y luego presentará un informe en la ONU. Ayer pidió que “el Estado nacional dé mayor prioridad” a los derechos indígenas.
El relator especial sobre asuntos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, que pasó diez días en el país para evaluar la situación de las comunidades originarias, expresó ayer su “preocupación” por los desalojos y “la falta de seguridad jurídica” en cuanto a la propiedad comunitaria de tierras. El funcionario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU destacó también que la mayoría de los conflictos territoriales se presentan en el marco de disputas con propietarios privados y empresas, por lo que llamó a que “el Estado nacional dé mayor prioridad a garantizar los derechos de los pueblos indígenas de Argentina”. Durante su estadía, se entrevistó con referentes indígenas de todo el país y recibió un informe elaborado por organismos de derechos humanos.
“El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben redoblar esfuerzos para coordinar las acciones que emprenden a favor de los pueblos indígenas, incluyendo el relevamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la personería jurídica de las comunidades”, reclamó Anaya, en el marco de las observaciones preliminares de su visita, durante la que recorrió desde el 27 de noviembre las provincias de Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa.
Anaya puso énfasis en que existe cantidad de normativa legal para garantizar los derechos de los pueblos, entre ella la Constitución Nacional y la Ley 26.160, de 2006, que busca detener los desalojos y emprender un relevamiento de tierras para contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria. “El problema es la implementación de esas normas”, apuntó. En ese sentido, Anaya, que afirmó que está al tanto de “los homicidios contra integrantes de comunidades originarias”, destacó que es “preocupante” la vigencia de un “orden judicial” que dificulta “el reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria” y da lugar a la realización de desalojos, “en el marco de disputas territoriales entre miembros de pueblos indígenas y propietarios privados o empresas”.
Un caso emblemático analizado in situ por el relator de la ONU fue el de la comunidad qom La Primavera, en Formosa. El líder de ese pueblo, Félix Díaz, relató que “Anaya estuvo en la zona donde la policía formoseña reprimió y asesinó (el 23 de noviembre de 2010, cuando los qom hacían un corte de ruta en reclamo de tierras) al hermano Roberto López”. Díaz expresó que esperan que la visita permita abrir el diálogo en todo el país para que se oigan sus “urgentes necesidades”.
El relator también se valdrá para su informe de la presentación realizada por la Defensoría General de la Nación, junto a 18 organizaciones sociales –el CELS y el Serpaj, entre ellas–, que informaron que el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, integrante de la comunidad indígena Lule-Vilela de San Antonio, cometido el 16 de noviembre pasado, ocurrió en un contexto de “inseguridad jurídica”, “explotación a gran escala” de los recursos naturales y “corrimiento de la frontera agrícola–ganadera”. Para los organismos, el Estado nacional, al “no dar lugar a la participación real” de los pueblos, “anula toda posibilidad para que ejerzan su derecho a la libre determinación y autonomía”.
Por otra parte, Anaya subrayó que “un problema de la inseguridad jurídica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas es la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas dentro o cerca de los territorios y comunidades indígenas”. En este sentido, pidió que se regule “un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas en relación con las industrias extractivas y otros asuntos que les afectan”.
Entre los presentes, Néstor Jerez, vocero del consejo del pueblo Ocloya, Jujuy, relató que su pueblo sufre “amenazas con armas de fuego, el cerramiento de caminos ancestrales con portones eléctricos”. “Confiamos en que el informe –que el relator terminará en ‘no más de cuatro meses’ y presentará a fines de 2012– sirva como herramienta de visibilización de nuestros reclamos”, señaló.
Informe: Rocío Magnani.
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