Dario Avila:
Los docentes y los padres de los niños afectados deberían propiciar una denuncia penal basada en la ley nacional de residuos peligrosos 24.051 que sanciona con la pena de prisión de 3 a 10 años a toda aquella persona que utilizando estos venenos, contamine de "un modo peligroso para la salud", en el caso de los niños, y docentes y demás personal, el agua, el suelo, "el aire y el ambiente en general", tal como ha ocurrido en este caso ya que hay niños-según la nota periodística- que han resultados afectados por la fumigación, el delito es claro. Hay antecedentes jurisprudenciales que avalan esta posición, el caso mas reciente, es el de la Escuela Santa Anita N° 44 de Entre Ríos cuyos propietarios del campo, el dueño de la empresa aerofumigadora y el fumigador, acaban de ser condenado por este "delito penal" por haber fumigado en sus campos colindantes a la Escuela Rural y haber afectado a los niños y personal de la Escuela. Es necesario avanzar en este tipo de denuncias para que hechos tan graves como estos, no se vuelvan a repetir.
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