Los funcionarios del agronegocio deberán rendir cuentas.

Naturaleza de Derechos

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Cuando decimos que la omisión legislativa en Argentina ha permitido, en materia de agrotóxicos y OGM, el funcionamiento de un sistema reglamentario pernicioso para la sociedad, hacemos referencia a que a través de personas en cargos claves dentro de la administración pública nacional, el agronegocio ha obtenido en forma coordinada y uniforme resoluciones administrativas del Estado amoldadas a la perfección a sus intereres económicos. Un modelo normativo diseñado para ocultar los impactos de miles de formulados comerciales de agrotóxicos y más de 60 organismos genéticamente modificados y darles visto bueno para favorecer el negocio de las grandes corporaciones, sin importar los impactos en la salud humana y la biodiversidad.

Efectivamente luego de más de una década en la praxis contra el agronegocio, nos encontramos frente a un mismo modus operandi de funcionarios de carrera o designación polìtica, que al estar en cargos estratégicos, son los que definen y consolidan con sus decisiones autócratas, el modelo del agronegocio en detrimento de la sociedad. Los mencionamos:

1.- Martin Lema, Coordinación y Dirección de Biotecnología, (2004-2020).

2.- Moises Burachik, secretario de la CONABIA y miembro del Comité Asesor de OGM en el SENASA (2004-2013).

3.- Juan Carlos Batista, Director de Inocuidad Alimentaria (1992-2018).

4.- Diego José Ciancaglini, Dirección de Agroquímicos del SENASA (2004-continua).

5.- Daniel Mazzarella, Coordinador de Registros de Fitosanitarios - Dirección de Agroquímicos y Biológicos (2003-continua).

Con estas cinco personas, principalmente, se ha decidido la suerte actual de la alimentación de toda la población en Argentina, la que ha quedado expuesta a consumir diariamente alimentos con residuos de venenos. También se ha decidido la suerte de la diversidad biológica que en nuestro país se ha ido degradando significativa y muy peligrosamente con la liberación desencajada de OGM.

Se trata de funcionarios que forman parte de un engranaje que ha sido útil para las empresas del agronegocio como Bayer, Monsanto, Syngenta, Dow, entre otras, las que han utilizado la administración pública de acuerdo a sus intereses económicos, obteniendo autorizaciones para liberar y comercializar OGM y agrotóxicos, a espaldas de la población, poniendo en peligro la salud pública y la biodiversidad.

También, tienen mucho que ver con la reciente aprobación (directa e indirectamente) del Trigo Transgénico y la exposición de la población a consumir un alimento tan esencial como el pan, modificado genéticamente y con residuos del agrotóxico Glufosinato de Amonio en niveles muy peligrosos (5000 microgramos/k contra los 30 microgramos/k que prevé la Unión Europea). En el caso de Moises Burachik, es el actual Director de Asuntos Regulatorios de Bioceres, empresa que tiene la gestión económica del Trigo HB4. Este OGM se evalúo y analizó con una normativa que él mismo diseñó cuando se encontraba en la esfera pública.

Estos funcionarios, son los mismos que:

aceptaron los estudios de Monsanto/Bayer, sin ninguna mirada crítica ni observación para obtener las autorizaciones de sus venenos,

consideraron que los OGM de edición genética no deben tener - como regla - ningún tipo de evaluación,

opinaron que no obstante que la IARC declaró probable cancerígeno al Glifosato, no debe ser revisado y que el principio precautorio es inaplicable,

ignoraron la prohibición de los neonicotinoides en la Unión Europea en defensa de las abejas y siguen autorizando su uso en la Argentina que las termina matando,

permiten que los alimentos y el agua que consume la población tengan residuos de agrotóxicos que son agentes cancerígenos, disruptores endocrinos o que fueron prohíbidos en Europa o por la misma ANMAT para uso domiciliario,

no exigen las evaluaciones sobre efectos crónicos, cancerígenos y sinérgicos de los formulados comerciales de agrotóxicos y de los OGM

se niegan hacer una reválida de todos los agrotóxicos autorizados y a una revisión de los OGM con toda la información científica disponible sobre los riesgos que representan para la salud y la biodiversidad

integran (algunos) el Consejo Asesor Científico de ILSI (en algunos casos concretos como Moises Burachik fue en simultáneo con la función pública) o bien han recibido algún financiamiento para sus publicaciones o invitados a sus congresos. El problema es que ILSI, es una organización que se dedica a realizar incidencia política ante la administración pública y tiene como accionistas a las mismas corporaciones del agronegocio como Bayer/Monsanto y Syngenta.

Esta semana daremos intervención a la justicia federal penal para que sean investigados. Van a tener el derecho de defenderse, aun cuando ellos no le hayan dado el derecho a la población a elegir a no estar expuesta a los OGM ni los agrotóxicos, ni hayan cumplido con sus deberes de funcionarios públicos velando por la salud pública, la diversidad biológica y el bien común, sino por el contrario - y muy eficazmente - por los intereses corporativos de las empresas del agronegocio. Hasta acá.

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