"La mayoría de los senadores está relacionada con los agronegocios" *
El titular del CePronat cargó contra los legisladores de la Cámara alta luego de que el proyecto de ley de fitosanitarios, que contaba con media sanción, perdiera estado parlamentario.
Guillermo Acrich
La discusión acerca de cuáles son las distancias libres de agroquímicos en la provincia de Santa Fe murió en un cajón de la Cámara de Senadores. A principios de julio, después de haber transcurrido dos años desde su presentación y con una trabajosa media sanción que se consiguió en Diputados, el proyecto perdió estado parlamentario. Los ambientalistas ya estallaron en bronca y desde la provincia aún no decidieron si avanzarán en una iniciativa propia o sólo se limitarán a hacer cumplir la norma que está vigente, que incluso legisladores del oficialismo consideran obsoleta.
En tal sentido, uno de los autores del proyecto en la Cámara baja, Antonio Riestra (Pares-FPCyS), dijo a Cruz del Sur que “lo ideal” sería construir consensos legislativos en base a los nuevos elementos que aparecieron en los últimos meses, como prohibir de manera definitiva la fumigación con avionetas, pero advirtió que “lo posible” para que la ley salga es insistir con el texto que ya fue discutido. “A mí me parece que el reingreso de la iniciativa facilitaría la tarea para que en forma rápida el proyecto se vuelva a estudiar en comisiones. Además, como se estila, cuando ello sucede únicamente va a la comisión de Asuntos Constitucionales”, indicó.
Al respecto, el dirigente del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), Carlos Manessi, se despojó de cualquier tipo de eufemismos y fue directo al hueso para referirse a los legisladores que no trataron el proyecto que establece prohibir la aplicación aérea de glifosato dentro de los 1.000 metros del límite de la planta urbana y su aplicación terrestre dentro de los 500 metros de la misma, de las escuelas rurales, de parques industriales, de complejos deportivos y cursos de agua. Además de la prohibición del uso de la fosfina (con el que se fumiga en los camiones).
“La gran mayoría de los senadores está relacionada con los agronegocios o ligada a las corporaciones de la soja, ya sea directa o indirectamente. Algunos son productores, otros están en la venta de químicos y también están los que tercerizan los trabajos en el campo. Por eso nosotros pedíamos que todos aquellos legisladores que estaban vinculados al monocultivo de la soja se aparten de la discusión porque tienen intereses reales sobre el tema, es decir, son juez y parte; y no está bien”, disparó Manessi.
Luego, el titular del Cepronat calificó de “mala leche” a “estos tipos” porque “dejaron caer el proyecto cuando estaban en receso invernal, la disputa de la Copa América y el proceso electoral en marcha. Creo que ellos pensaban que iba a pasar desapercibido, pero todos los que integramos la campaña Paren de Fumigar no vamos a dejar que esto quede en la nada, vamos a hacer todo lo posible para que la gente sepa quiénes son los que no hicieron nada en el Senado”, añadió.
Como el proyecto perdió estado parlamentario en la comisión de Salud, tanto Manessi como otras entidades medioambientales apuntaron a sus integrantes: los justicialistas Danilo Capitani (San Jerónimo), Cristina Berra (San Martín), Alberto Crossetti (Belgrano) y José Baucero (Garay), más el radical Eduardo Galaretto (FPCyS). “Teníamos un proyecto que obviamente era superador a lo existente, porque por primera vez contemplaba 500 metros libres de glifosato y se prohibía la utilización de fosfina”, dijo el director del Cepronat.
Por su parte el ministro de la Producción, Juan José Bertero, no adelantó qué pasos tomará la provincia sobre la posibilidad de presentar una nueva ley de fitosanitarios, que contemple las particularidades específicas que hoy tiene el modelo dependiente de la sojización, o dejar todo en manos de la Legislatura santafesina. Sólo se limitó a decir que el tema será tratado en el Comité Interministerial de Salud Ambiental que creó el gobernador Hermes Binner el año pasado, mediante el decreto Nº 815.
“Habría que preguntarle a los legisladores por qué dejaron que el proyecto pierda estado parlamentario”, dijo Bertero, quien de esa manera se quitó el peso de opinar sobre el trazo fino del texto. Sí reiteró que, como garantía sanitaria para evitar las consecuencias de los agroquímicos, la ley actual deja en manos de los municipios y comunas que definan su línea agronómica (los límites de sus fronteras agropecuarias), y son estos el primer eslabón de la cadena de responsabilidades.
Recién este año el 80 por ciento de las localidades delimitaron hasta dónde se puede sembrar, aclaró Bertero, quien también señaló que en la medida que todas las ciudades y pueblos hagan lo mismo el Estado provincial podría “regular” mejor la actividad de las fumigaciones. En tanto, el diputado Riestra dijo que la respuesta no puede esperar mucho tiempo más “porque la encrucijada que estamos con la siembra directa es tremenda y mucho más por las modificaciones genéticas que está teniendo la soja, entonces en el campo construyeron un enorme desierto”.
Por último, el dirigente de Pares confía en que una vez que se retome la actividad legislativa el proyecto de ley vuelva a ser discutido en Diputados y con los mismos niveles de adhesión y compromiso que tuvo la media sanción que salió en su oportunidad. A su vez, criticó a la Nación porque encorsetó al glifosato como un producto de banda verde, de baja toxicidad, y eso genera muchos conflictos de intereses y la falsa dicotomía de rentabilidad económica versus salud pública.
Clave
Pese a los llamados telefónicos a sus respectivos celulares, fue infructuoso comunicarse con los senadores Danilo Capitani (presidente de la comisión de Salud) y José Baucero (jefe del bloque de senadores del PJ).
En tal sentido, uno de los autores del proyecto en la Cámara baja, Antonio Riestra (Pares-FPCyS), dijo a Cruz del Sur que “lo ideal” sería construir consensos legislativos en base a los nuevos elementos que aparecieron en los últimos meses, como prohibir de manera definitiva la fumigación con avionetas, pero advirtió que “lo posible” para que la ley salga es insistir con el texto que ya fue discutido. “A mí me parece que el reingreso de la iniciativa facilitaría la tarea para que en forma rápida el proyecto se vuelva a estudiar en comisiones. Además, como se estila, cuando ello sucede únicamente va a la comisión de Asuntos Constitucionales”, indicó.
Al respecto, el dirigente del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), Carlos Manessi, se despojó de cualquier tipo de eufemismos y fue directo al hueso para referirse a los legisladores que no trataron el proyecto que establece prohibir la aplicación aérea de glifosato dentro de los 1.000 metros del límite de la planta urbana y su aplicación terrestre dentro de los 500 metros de la misma, de las escuelas rurales, de parques industriales, de complejos deportivos y cursos de agua. Además de la prohibición del uso de la fosfina (con el que se fumiga en los camiones).
“La gran mayoría de los senadores está relacionada con los agronegocios o ligada a las corporaciones de la soja, ya sea directa o indirectamente. Algunos son productores, otros están en la venta de químicos y también están los que tercerizan los trabajos en el campo. Por eso nosotros pedíamos que todos aquellos legisladores que estaban vinculados al monocultivo de la soja se aparten de la discusión porque tienen intereses reales sobre el tema, es decir, son juez y parte; y no está bien”, disparó Manessi.
Luego, el titular del Cepronat calificó de “mala leche” a “estos tipos” porque “dejaron caer el proyecto cuando estaban en receso invernal, la disputa de la Copa América y el proceso electoral en marcha. Creo que ellos pensaban que iba a pasar desapercibido, pero todos los que integramos la campaña Paren de Fumigar no vamos a dejar que esto quede en la nada, vamos a hacer todo lo posible para que la gente sepa quiénes son los que no hicieron nada en el Senado”, añadió.
Como el proyecto perdió estado parlamentario en la comisión de Salud, tanto Manessi como otras entidades medioambientales apuntaron a sus integrantes: los justicialistas Danilo Capitani (San Jerónimo), Cristina Berra (San Martín), Alberto Crossetti (Belgrano) y José Baucero (Garay), más el radical Eduardo Galaretto (FPCyS). “Teníamos un proyecto que obviamente era superador a lo existente, porque por primera vez contemplaba 500 metros libres de glifosato y se prohibía la utilización de fosfina”, dijo el director del Cepronat.
Por su parte el ministro de la Producción, Juan José Bertero, no adelantó qué pasos tomará la provincia sobre la posibilidad de presentar una nueva ley de fitosanitarios, que contemple las particularidades específicas que hoy tiene el modelo dependiente de la sojización, o dejar todo en manos de la Legislatura santafesina. Sólo se limitó a decir que el tema será tratado en el Comité Interministerial de Salud Ambiental que creó el gobernador Hermes Binner el año pasado, mediante el decreto Nº 815.
“Habría que preguntarle a los legisladores por qué dejaron que el proyecto pierda estado parlamentario”, dijo Bertero, quien de esa manera se quitó el peso de opinar sobre el trazo fino del texto. Sí reiteró que, como garantía sanitaria para evitar las consecuencias de los agroquímicos, la ley actual deja en manos de los municipios y comunas que definan su línea agronómica (los límites de sus fronteras agropecuarias), y son estos el primer eslabón de la cadena de responsabilidades.
Recién este año el 80 por ciento de las localidades delimitaron hasta dónde se puede sembrar, aclaró Bertero, quien también señaló que en la medida que todas las ciudades y pueblos hagan lo mismo el Estado provincial podría “regular” mejor la actividad de las fumigaciones. En tanto, el diputado Riestra dijo que la respuesta no puede esperar mucho tiempo más “porque la encrucijada que estamos con la siembra directa es tremenda y mucho más por las modificaciones genéticas que está teniendo la soja, entonces en el campo construyeron un enorme desierto”.
Por último, el dirigente de Pares confía en que una vez que se retome la actividad legislativa el proyecto de ley vuelva a ser discutido en Diputados y con los mismos niveles de adhesión y compromiso que tuvo la media sanción que salió en su oportunidad. A su vez, criticó a la Nación porque encorsetó al glifosato como un producto de banda verde, de baja toxicidad, y eso genera muchos conflictos de intereses y la falsa dicotomía de rentabilidad económica versus salud pública.
Clave
Pese a los llamados telefónicos a sus respectivos celulares, fue infructuoso comunicarse con los senadores Danilo Capitani (presidente de la comisión de Salud) y José Baucero (jefe del bloque de senadores del PJ).
* Publicado en Diario Cruz del Sur de Rosario
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