Tierras y desplazados: un atropello que no cesa

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La Capital - Rosario

26/12/2011. 

"Voracidad por tierras y complicidad oficial desplaza a familias de Santiago"

"En los relevamientos realizados en la provincia de Santiago registramos unos 200 casos —17 de gravedad— de conflictos por la tierra entre campesinos y empresas. En 2010, los cortes de ruta a 30 kilómetros de Santiago advertían sobre los riesgos de enfrentamientos y muertes.

Por Alfredo Montenegro / La Capital

"En los relevamientos realizados en la provincia de Santiago registramos unos 200 casos —17 de gravedad— de conflictos por la tierra entre campesinos y empresas. En 2010, los cortes de ruta a 30 kilómetros de Santiago advertían sobre los riesgos de enfrentamientos y muertes. No escucharon y así llegó el asesinato de Cristian Ferreyra, el último 16 de noviembre, y el ataque en el que balearon en Villa Matoque a dos miembros de Pequeños Productores del Salado Norte (Upsan)", señala Hugo "Lupo" Soria del Instituto de Cultura Popular (Incupo).

Ferreyra, campesino miembro del Mocase, de 23 años, fue atacado por una banda armada que responde a un empresario santafesino y presionaba a los pobladores de la comunidad santiagueña de San Antonio, cerca de Monte Quemado y a unos 350 kilómetros de la capital provincial.

"Desde entonces aumentan los casos de amenazas, presiones y ataques como los que terminaron la semana pasada con dos hermanos campesinos internados", resalta el comunicador y docente a La Capital.

"Los casos conocidos son frutos de la irracionalidad de empresarios y la inacción de los poderes del Estado. Unas 20 mil familias viven desde hace unas tres o cuatro generaciones en el campo, con un sistema de vida campesino y en comunidades originarias, tienen derechos en el marco de nuestras leyes, pero muchos no tienen papeles. Entonces llegan otros con títulos legítimos o un simple volante de compraventa y quieren tomar de hecho lo que compraron, con poseedores y todo", explica Soria, integrante de la Mesa Provincial de Tierra de Santiago del Estero.

"Pero esos pobladores tienen posesiones con ánimo de dueño, público, pacífico. Hay familias de cien años en el lugar, nacidas, criadas y tienen el derecho posesorio. Lo ocurrido en Copos es de la misma naturaleza que los hechos contra Ferreyra. Es una modalidad de gestión que tiene que ver con los negociados de tierra y los favores, que en términos de "oportunidades" proponen en la provincia a los que vienen a invertir en Santiago", remarca el educador y comunicador que vive en Añatuya.

"En los agronegocios hay una 30 por ciento de devolución de la inversión inicial realizada por un productor o firma. Luego, también recibe el 50 por ciento de lo que invirtió en infraestructura. Además, reciben una garantía jurídica", explica.

"La expansión de la frontera —agrega— con el cultivo intensivo de soja aumentó del valor de la tierra, pero desde ya hace diez años muchos hacen estos negocios. Hay voracidad por campos santiagueños. También existe complicidad de entidades públicas que avalan a quienes compran una propiedad". Soria remarcó la falta de decisión política del gobierno de Gerardo Zamora para reconocer los derechos de las familias campesinas: "Es hasta una cuestión de clase y de cómo se concibe a la realidad. Nos dijo que formemos un partido político y ganemos para cambiar todo".

Favores y adicionales."El que viene de afuera encuentra el favor policial tras pagar adicionales, con jueces que criminalizan al ancestral poblador y lo meten en el fuero penal, por considerarlo intruso y usurpador al invertir la situación. Eso no ocurriría si hubiera una ley de ordenamiento territorial y equidad en el fuero civil para hallar soluciones políticas y judiciales. Pero desde el gobierno no se visibiliza que el antiguo poblador vive arraigado con un sistema de vida y niegan para fomentar una trama perversa de inequidad, indefensión jurídica y criminalizando a los poseedores. Contratan seguridad, pequeños ejércitos de ocupación, con armas largas, de guerra", agrega.

"Los favores se pagan, corre dinero y hay abogados que están en el negocio. Saben que compran campos con poseedores adentro, hay como una fiebre dominial y como el monte es basura van con topadora y bandas armadas contra la gente", sostiene Soria, también miembro del Foro Argentino de Radios Universitarias y de radio Solidaridad de Añatuya.

Invisivilizados

“Las familias que están en el campo es como si no existieran para los gobernantes, están invisibilizadas, son ocultadas, no están contempladas como sujetos históricos y si no existen como sujeto histórico tampoco van a ser sujetos de derechos ni sujetos económicos”, remarcó el educador Soria.

Empresarios, funcionarios y desalojos

Desde 2009, se denuncia que la firma Servicios y Negocios S.A. de Yerba Buena Tucumán—propiedad de Ricardo Villa— intenta ocupar unas 15 mil hectáreas en las que se hallan unos 50 parajes habitados.

El 19 de diciembre los trabajadores Ariel y Néstor Palacios se resistieron a que alambrara tierras un grupo armado vinculado a funcionarios municipales de la familia Santillán, desde el secretario de Gobierno y su hijo, el hijo del secretario del Comisionado, la policía en Monte Quemado y un policía de Villa Matoque.

Mientras los hermanos Ledesma se reponen, "el juez Sarría Fringes, de Monte Quemado, quien tenía el caso Ferreyra, renunció y ahora se debe esperar que se constituya otro, ya estamos casi en feria judicial, época en que ocurren atrocidades porque los tramposos se mueven en irregularidades", dice Soria.

Ante ello, el Mocase involucra al gobierno de la provincia: "Todos los funcionarios del Ejecutivo provincial avalaron el accionar de la empresa, incluso cuando se detectaron topadoras y tractores robados con los que llevaban a cabo los trabajos así como personal de seguridad armado de la firma sin registrar".

"En la comisión estaban Publio Araujo, director de Bosques, quien avaló el plan de desmonte; la directora de Colonización; el jefe Camaño, de la policía de Santiago; la escribana de Estado, y personal del Comité de Crisis y Registro de poseedores dependientes de la Jefatura de Gabinete", dijeron.

"Grupos armados vigilan y amenazan a comunidades"

"El problema de tierras siempre ha estado, pero en los últimos tres años vienen sucediendo acciones de este calibre. Dos grupos armados de unas 15 personas vigilan a la comunidad de la Armonía, parque nacional Copo, extremo noreste de Santiago", alerta Deolinda Carrizo, responsable del equipo de comunicación del Mocase.

"Contratan gente armada y desde hace varios meses realizan actos que van contra la seguridad de las familias. Hay varios prófugos y amenazan a los compañeros. Recordó que por el asesinato de Ferreyra.

Por su parte, Cariló Olaiz, ingeniero agrónomo y miembro del Mocase Vía Campesina, remarcó que "en la comunidad de San Antonio, donde mataron a Cristian Piñeyra, también fue amenazado y golpeado un compañero de apellido Ladriel. Lo tomaron dos prófugos de la justicia", dijo Cariló Olaiz, ingeniero agrónomo y miembro del Mocase Vía Campesina. "Lo intentaron ahorcar con las sogas de su mochila, pero luego lo tiraron en el monte". "En agosto, antes de que mataran a Cristian, el juez había ido a la comunidad por las denuncias de amenazas a los pobladores. Pero no hizo nada, la policía recorrió algo de Monte Quemado, pero nada más", abundó.

Bosques nativos.Olaiz coordina el área de Bosques Nativos, Agroecología y Apicultura, vive en Quimilí, cabecera del departamento Moreno, al noreste provincial. La entidad lleva 21 años en el trabajo con comunidades campesinas del noroeste argentino. Es uno de los agrónomos que interviene también con veterinarios, trabajadores sociales y campesinos. "Habrá unos 250 militantes que intervienen en zonas de conflictos: Copos, Alberdi y Pellegrini, entre otras zonas. Sin la organización del campesino se hubieran apoderado de todo", sostiene.

La Mesa Provincial de Tierras integra a organizaciones como el Mocase, Fundapaz, Incupo, Programa Social Agropecuario, Greenpeace, Pastoral Social del Obispado de Santiago, entre otras.

El Mocase había denunciado tres veces ante el gobierno provincial la misma situación que luego corroboró el Comité de Emergencia, en marzo, junio y el 10 de agosto de 2011. En la denuncia escrita, la organización remarca que se incumplía la ley provincial 6841 (prohíbe el desmonte en territorios indígenas), la ley nacional 26.160 (emergencia de comunidad indígenas) y el Convenio 169 de la OIT.