El Fiscal Matheu intentará probar que la exposición a los agroquímicos fue la consecuencia de las enfermedades y las muertes en el barrio Ituzaingó Anexo

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SOCIEDAD › LA FISCALIA CORDOBESA INVESTIGA CUATRO CASOS DE USO DE AGROQUIMICOS SOBRE POBLACIONES

Al banquillo por rociar con glifosato

Después de las condenas a tres años a un empresario y a un aeroaplicador, en agosto pasado, la fiscalía investiga cuatro casos semejantes. Tres en el barrio Ituzaingó Anexo y otro en Alta Gracia. Podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años.

El fiscal Carlos Matheu apunta a lo más alto: probar que la exposición a los agroquímicos fue la consecuencia de las enfermedades y las muertes en el barrio Ituzaingó Anexo, de Córdoba. Los lugareños fueron víctimas de lluvias de agroquímicos en reiteradas oportunidades durante diez años. Ante la multiplicidad de casos de cáncer, malformaciones en bebés y de muertes, se abrieron tres causas judiciales. El fiscal a cargo de la “causa madre” amplió las imputaciones por el delito de “contaminación ambiental dolosa” y “contaminación dolosa continuada”. Así, regresaran al banquillo de los acusados los productores rurales Francisco Parra y Eduardo Gabrielli, y el aeroaplicador Edgardo Pancello, que ya fueron enjuiciados por haber fumigado el barrio en dos oportunidades. A ellos se suman los ingenieros agrónomos Fernando y Javier Amuchástegui, Marcelo Bolatti, Ernesto Fleyer y Alejandra Mendizábal, y el aeroaplicador Gustavo Peralta. “Se trata de actores clave que no pueden desconocer la normativa en materia de agroquímicos”, dijo Matheu a Página/12.

En agosto de este año, el juicio contra dos empresarios sojeros y un aeroaplicador sentó jurisprudencia en Latinoamérica. La Cámara I de Córdoba consideró que las fumigaciones “posiblemente afecten la salud”, por lo que determinó que Parra fue el autor del delito de contaminación ambiental en forma continuada, y Pancello, coautor por una fumigación realizada en 2008, y los condenó a tres años de cumplimiento condicional, y absolvieron al empresario Gabrielli.


En esta ocasión, los casos que se investigarán en la “causa madre” son cuatro: tres en Ituzaingó Anexo (uno de ellos en Capilla de los Remedios), y el cuarto en Los Cedros, cerca de Alta Gracia. La causa se abrió por la denuncia que realizaron 35 vecinos por fumigaciones ilegales en 2003 y 2004, sin embargo el último caso se añade por “conexión subjetiva”. Pancello está imputado por haber fumigado en las inmediaciones de un barrio privado llamado Las Quintas, donde residen unas treinta familias. Dado que el hecho data de 2007 y es la misma imputación, se agrega para que sea investigado por el mismo fiscal (ver aparte).

“Si no se comprueba la conexión entre las muertes y la fumigación, el delito queda consumado de todas maneras”, advirtió a este diario el fiscal de instrucción del Distrito 3, Turno 6, de Córdoba que investiga la causa. Es que “basta que exista la posibilidad de que haya peligro de contaminación del ambiente de un modo peligroso para las personas para que se considere delito”, explicó. De todas maneras, si fumigaron, los imputados también infringieron la ley de Agroquímicos de la provincia, que prohíbe utilizar endosulfán y glifosato en un radio menor a los 1500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas vigente desde 2005, entre otras normativas municipales. El barrio está sitiado de campos sojeros al este, norte y sur.

Las penas por las imputaciones determinadas hasta el momento son de tres a diez años, pero si se comprueban los casos de muerte podrían elevarse de diez a veinticinco.

Para poder probar su hipótesis, Matheu solicitó que el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) conforme un grupo interdisciplinario de especialistas cuya investigación estaría finalizada para mediados del próximo año. “Es muy difícil, pero no imposible”, reconoció. El punto más complejo se halla en que puede haber personas con predisposición genética al cáncer o distintos desencadenantes, como el tabaco. Por lo que en esos casos deberá investigarse qué generó la enfermedad.

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, es su sigla en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, existen 931 elementos químicos cancerígenos, entre ellos los agroquímicos, insecticidas y pesticidas. Ese dato también es tomado en cuenta por el fiscal.

En Ituzaingó viven unas cinco mil personas, de ellas 82 murieron de cáncer entre 2001 y 2009. En la actualidad al menos 143 padecen esa enfermedad: los números representan aproximadamente un tres por ciento de la población, “una cifra muy elevada” para los especialistas, señaló Matheu. En tanto, el año pasado, un relevamiento de la agrupación Madres de Ituzaingó determinó que de 145 niños el 80 por ciento tiene agrotóxicos en la sangre.

“Lo que se puede probar es la función acumulada del plaguicida”, señaló a Página/12 el biólogo y docente de la UNC Raúl Montenegro, también querellante en la causa junto al grupo de vecinos. Es decir que la investigación no se cierne al momento de aplicación del plaguicida, sino que se tiene en cuenta el después: “Eso se traslada al patio de la vivienda, queda depositado en los tanques de agua de las casas, está en el propio organismo de la persona”, explicó el especialista.

María Godoy, integrante de Madres de Ituzaingó, no se mostró sorprendida por la ampliación de las imputaciones. “Los ingenieros saben que hay ordenanzas que prohíben la fumigación en lugares poblados, sin embargo firmaban para dar el permiso”, acusó. Para ella, las entrañas del problema están en la educación: “Todo el mundo está en esto, la universidad los forma así, para el mercado, no para tener en cuenta la vida”, lamentó.

En tanto, el abogado de la organización informó que en la próxima semana solicitarán a la Justicia ser querellantes en la causa, para poder aportar distintas investigaciones que realizaron a lo largo de los años desde que se constituyeron.

Informe: Carla Perelló.
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Las imputaciones y los nombres

La ampliación de las imputaciones solicitadas por la fiscalía de instrucción Distrito 3, Turno 6, de Córdoba, a cargo de Carlos Matheu, se basa en fumigaciones que se realizaron en distintas áreas durante la vigencia de leyes que prohíben o limitan la aplicación de los agrotóxicos en lugares poblados. Más allá de eso, la acumulación de los residuos es lo que habría generado las enfermedades en dos barrios y es lo que el fiscal pretende probar. Las denuncias son de tres ocasiones en las que se habría fumigado en Ituzaingó Anexo y otra vez más en un barrio que no es cercano, pero cuya población padece las mismas enfermedades. Francisco Pancello fue quien efectivizó la fumigación en los dos lugares.

El 2 de marzo y el 18 de junio de 2004 los vecinos denunciaron que hubo fumigaciones aéreas y terrestres, respectivamente. Los productos que se aplicaron son los insecticidas clorpirifos (clase 2 Senasa) y cipermetrina. Los acusados de haber infringido la ordenanza municipal 10.590, de 2003, que prohíbe fumigar en un radio de 2500 metros del barrio Ituzaingó son el ingeniero agrónomo y explotador del campo Ernesto Fleyer, al aviador Pancello y su empleado, Gustavo Peralta. Pancello, además, figura como titular de la firma Aerofumigación de Corralito, que se dedica a la pulverización, desinfección y fumigación aérea y terrestre.

Jorge Gabrielli, en tanto, como dueño de uno de los campos adyacentes al barrio, está acusado de haber aplicado los herbicidas glifosato 24d y dicampa el 24 de junio de 2003. El ingeniero agrónomo Marcelo Bolatti sería quien avaló la fumigación con su firma.

Por la fumigación aérea realizada el 22 de diciembre de 2003 fue señalado Francisco Parra, quien también violó la ordenanza 10.590.

Por último, en Los Cedros, los habitantes del barrio Las Quintas Country Club denunciaron que el 19 de enero de 2007 y el 19 de febrero de 2007 se fumigó con insecticidas cipermetrina y endosulfán junto a la calle sin guardar distancia. Para entonces ya regía la ley provincial 9164 que dispone que plaguicidas y herbicidas clase 1 y 2 no deben aplicarse a menos de 1500 metros de áreas urbanizadas. Y, en caso de que sea terrestre (con camión mosquito), deben realizarse después de los 500 metros. Los dueños, responsables del campo, son los hermanos Fernando y Javier Amuchástegui, y quien habría firmado la receta fitosanitaria para aprobar la aplicación es Alejandra Mendizábal.