Santa Fe: por una nueva Ley de Agrotóxicos...por una ley de agroecología

Basta de agrotóxicos, fertilizantes químicos y transgénicos.

Es la hora de la agroecología, la producción orgánica y la soberanía productiva y alimentaria.

viernes, 21 de noviembre de 2014

La doctrina militar colombiana ahora se aplica en Paraguay

20 de noviembre 2014
ESPECIAL PARAGUAY

VEA EL VIDEO DEL PROGRAMA SEMANAL “CONTINENTES”, que por Hispan TV dirige Sebastián Salgado.

http://youtu.be/d_gqY8D1R4g

En el programa dedicado a PARAGUAY, bajo el título de: ¿Dictadura o democracia?

Debaten en el mismo, un representante del Frente Guazú y el director de RESUMEN LATINOAMERICANO, Carlos Aznárez

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PARAGUAY
La doctrina enseñada por Colombia a los militares y policías de Lugo y ahora con Cartes
Aumentan los “falsos positivos” en la lucha contra la guerrilla

Este año la Fuerza de Tarea Conjunta mató a dos hermanos desarmados, disparó y acuchilló a una mujer. Hace dos años acribilló a un sordomudo y el sábado a un joven también desarmado, con indicios de tortura y ejecución.
E'a noviembre 18, 2014


Esta imagen corresponde al asesinato en Kuruzu de Hierro. Familiares y vecinos urgan el lugar de sus muertos.
En todos los casos se los presentó como muertos en “combate”. A dos de ellos, se los vistió con uniforme de camuflaje. A uno, el sordomudo, Agustín Ledesma, se le ubicó una metralla con una ristra de balas. Este caso es del 11 de aril del 2012.
En el caso más reciente, el pasado sábado, un comando rodeó un hogar en el Núcleo 4, Arroyito, con orden de allanamiento, y disparó, según los testimonios, sin más. La nueva víctima es Vicente Ojeda, del Núcleo 4 Arroyito. Vicente tiene tres puntos negros –sin orificio de salida- en el pecho que indicarían que le dispararon de espaldas. Ojeda es hermano de “soldadito”, muerto ya, integrante, según el informe policial, de la Agrupación Campesina Armada.
También es cuñado de los Jara Larrea, los considerados cabecillas de este grupo armado.
Según toda la comunidad, no hubo enfrentamiento, ni el muchacho tenía armas, nada, una “simple ejecución de inoncente”, al decir del líder comunitario Marciano Jara.


La foto de Vicente Ojeda de cuando prestaba el servicio militar.

En Kuruzu de Hierro
No hace mucho, el 5 de setiembre, en Kuruzu de Hierro, Concepción, dos hermanos (Hermenegildo y Marcos Ovelar) fueron asesinados por la Fuerza de Tarea Conjunta. Una tía de ellos sobrevivió (con la mandíbula destrozada) no solo a las balas sino a las cuchilladas que, ya en el camino a Ermergencias Médicas, le propinaron.
En la chacra, en el crepúsculo, fueron víctimas de un comando policial militar. Sin mediar palabras, esta fuerza acribilló a esta gente. Al percatarse “del error”, lo camuflaron de combatientes. Andaban buscando a apoyos logísticos del Ejército Paraguayo del Pueblo, diría el ministro del Interior Francisco José De Vargas.
“Nada que ver. Es una mentira. Se los puede acusar de muchas cosas menos de eso”, asume con énfasis monseñor Pablito Cáceres.
“En shorcito estaba uno de ellos, el otro con vaquero”, nos comenta Benjamín Valiente, de la Pastoral Social.

Posibles tortura y ejecución de la Fuerza de Tarea Conjunta

En Arroyito, Concepción, muchísimas personas aseguran que no hubo enfrentamiento sino descomunal y delirante acción de la FTC. El sábado mataron a Vicente Ojeda, 25 años, cuñado de los presuntos cabecillas del ACA.
E'a noviembre 17, 2014

Vicente Ojeda, con su familia, se encontraban en su rutina diaria cuando un allanamiento rodeó la casa. “Oguahe, ovyejy ikuei ha disparáma vói, sostiene el tío homónimo del fallecido, Vicente Ojeda.
“Omondyipa ikuei mitakuera pe ha ojuka hikuei la che sobrino pe”. “Nahéi enfrentamiento”, dice también la señora del fallecido, Zunilda Jara Larrea, hermana de los considerados cabecillas del ACA, Agrupación Campesina Armada.
Los disparos tumbaron a Vicente Ojeda, pero no los mató. Murió en el camino al hospital. Según testigos, en el camino, le dieron golpes de culata en la cabeza que pudieron haber terminado con la vida del muchacho. Y sospechan de una bala “de gracia” que terminó con su vida, con orificio de entrada en la espalda.



La comunidad del Núcleo 4 se encuentra en asamblea.

Según el relato oficial, cuando llegó el comando fue recibido por balas y que incluso se escaparon personas del lugar.
“Todas las balas tienen un solo sentido”. Toda la comunidad del Núcleo 4 del asentamiento Arroyito sostiene esta situación como evidencia de que no se trató de un enfrentamiento sino de una delirante acción policial militar.
Además, contradicen la versión oficial de que se escaparon algunas personas. “Ma’aiko oje escapta. Orodea paite voiko la óga”, refiere una fuente que pidió protección de nombre.
Los miembros del Núcleo 4 y otros núcleos del asentamiento se encuentran en este momento en asamblea.

Nota de Redacción: En nuestro poder contamos con la foto de Ojeda, con dos puntos negros en el pecho que parecen del impacto de bala por la espalda. Estamos discutiendo (sin duda muy importante) publicar la imagen o cómo hacerlo.

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PARAGUAY
Los “falsos positivos”: la doctrina militar colombiana ahora se aplica en Paraguay
Se impuso un clima de guerra donde “absolutamente todo vale”

El experto en militarización Abel Irala sostiene que producir falsos positivos en la lucha contra la pretendida guerrilla se está tornando común. "Hay un vacío absoluto de instituciones para defender a las víctimas".
E'a noviembre 18, 2014 -


Se ha impuesto "el todo vale" en la lucha contra la pretendida guerrilla. Fuente: Ultima Hora.

-Abel Irala, qué está ocurriendo. Ya hay varias personas inocentes que son presentadas como muertas en combate por la Fuerza de Tarea Conjunta.

El gran riesgo era justamente esto. Hubo una serie de situaciones que se dieron previa a la militarización, modificación de la ley, teníamos una zona norte caracterizada por operativos militares. En determinado territorio, tiempo, en formas más agudas eran los estados de excepción: derechos ciudadanos interrumpidos, con una fuerza especial.

-Sí, claro, pero por qué se produce esta especie de “naturalización” de las muertes de personas que nada tienen que ver con los combatientes.

Bueno, entendemos que esta militarización está acompañada por medios de comunicación y actores importantes que vinculan la lucha por la tierra con una actividad delincuencial vinculada al terrorismo.

-Cómo y qué se consigue
Es, por una parte, una vinculación intencional, planificada de actividades terroristas con luchas y reivindicaciones campesinas a favor del agronegocio. A esto se ha sumado un proceso renovado, desde la era Franco ejecución de dirigentes, asesinatos selectivos.

-Y esto de hacer aparecer a muertos sin arte ni parte en “el combate” como caídos enfrentamiento
Bueno, la táctica de los falsos positivos comenzó en el 2012 con Agustín Ledesma (18 años, sordomudo, en el 2012), pero fue frenada en su momento por la movilización ciudadana.
A partir del cambio de la ley (que establece uso de las fuerzas militares cuando el Ejecutivo lo crea conveniente), el asecho a las organizaciones es contante. Estamos ante un clima de guerra donde absolutamente todo vale. La institucionalidad del Estado paraguayo queda reducida a un solo poder, el Poder Ejecutivo, gravísimo para nuestra democracia. Esta militarización fácilmente se puede extender a otros departamentos. Un problema grave.

-¿Qué lo que más te preocupa de todo esto?
El debido proceso está siendo aniquilado, borrado. Ejecutar y matar a personas sospechadas. Tienen derecho a morir, no a ser juzgadas ni ser puestas frente a la Justicia
Esa justicia se ha desmantelado, El Código Penal, la Constitución, el respeto a la vida, a la libertad, todo está en juego, es gravísimo.

-¿Cómo ves esta tendencia de que se naturalicen las muertes sin justificación?
Por lo menos hay un silencio importante de varias organizaciones que son las que deben estar constantemente. El presidente (Horacio Cartes) se comprometió a informar, pero no hay informes. Les dan atribución de manejo a su antojo. Son fuerzas militares que actúan dentro de la doctrina del enemigo interno.
-Se percibe un vacío institucional. ¿Ante qué instancias se puede acudir frente a los atropellos de la Fuerza de Tarea Conjunta?

En el caso de Kuruzu de Hierro (dos hermanos acribillados y una señora con la mandíbula destrozada y acuchillada camino a Emergencias Médicas) habíamos enviado una nota a la Fiscalía General, a la Corte, 5 de setiembre. No hay respuestas. ¿Quién mató a esas personas?, qué es la Fuerza Tarea Conjunta. ¿Quién ordena, quien es responsable, ¿el fiscal?, ¿el jefe de la fuerza militar?

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PARAGUAY

2014-11-17
Las Fuerzas de Tarea Conjunta de Paraguay procuran liberar a dos capturados por el EPP



Prueba de vida: El 22 de octubre, el Ejército de Liberación Paraguayo (EPP) divulgó un video en el que aparecen con vida los secuestrados Arlan Fick y Edelio Morínigo. El EPP los secuestró esta primavera, y las fuerzas de seguridad paraguayas procuran regresarlos a sus hogares de manera segura. [Imagen: Captura del video del EPP]
Las fuerzas armadas y policiales paraguayas están usando estrategias de inteligencia para intentar localizar y asegurar una liberación segura de Arlan Fick y el Sargento Primero de la Policía Edelio Morínigo, quienes fueron secuestrados por los guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en abril y julio de este año, respectivamente.

Las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay, un equipo conformado por efectivos militares y policiales, está liderando el operativo para localizar a Fick, de 17 años, y a Morínigo, de 25 años, y regresarlos a sus hogares de manera segura. Su única misión es combatir al EPP, especialmente en la región ubicada al norte del país.

“Estamos realizando nuestros trabajos de búsqueda para ubicar efectivamente dónde están [los rehenes]. La estrategia apunta a la intensificación del trabajo de inteligencia”, señaló el Jefe de Comunicaciones de las FTC, Teniente Coronel Víctor Urdapilleta. “Estamos viendo la forma de llegar a ellos, preservando la vida de los secuestrados, que es lo más importante”.

El 22 de octubre, el Ejército de Liberación Paraguayo (EPP) divulgó un video en el que ambas víctimas aparecen con vida. En la filmación se ve a los dos capturados en un campamento, rodeados de cuatro integrantes del EPP vestidos con uniforme militar y armados bajo una tienda que lleva la inscripción de “Cárcel del Pueblo”.

El primero en hablar en el video fue Morínigo, quien se dirigió a sus familiares en idioma guaraní, pidiéndoles calma y diciendo que se encontraba bien de salud y que no había sido torturado ni maltratado.

Luego, Fick se dirigió también a su familia, leyendo un escueto comunicado en el que dijo que “los de EPP cumplirán su promesa [de liberarlo]”. El joven, cuyos padres son brasileños, también solicitó la intervención del gobierno de Brasil en las negociaciones de su rescate. Desde que el caso se tornó público, el agregado de la Policía Federal en Asunción, delegado Zulmar Pimentel, colabora con las autoridades paraguayas.

Pago de rescate

El EPP aún mantiene cautivo a Fick, a pesar de que su familia ya ha pagado un rescate por su liberación.

En una conferencia realizada el 20 de mayo, Alcido Fick, padre del joven secuestrado, declaró que había pagado un rescate de US$500.000 por la liberación de su hijo, más la entrega de víveres valuados en US$50.000 a una comunidad pobre de la zona norte de Paraguay.

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La mafia que mató al periodista Medina, también mató a 115 campesinos

17 de noviembre de 2014,

No provocaron tanto escándalo como el caso del periodista y la mayoría de ellos sigue en total impunidad. El Informe Chokokue recopila 115 casos de campesinos ajusticiados desde 1989 hasta 2013. "Fueron asesinados por el mismo poder criminal", sostiene el investigador Hugo Valiente.

Por Andrés Colmán Gutiérrez




Eran aproximadamente las 22.00 del viernes 31 de mayo de 2013. Antonio Carlos Moreira dos Santos salió a revisar las obras de la nueva vivienda que estaba edificando en la colonia Laterza Kue, en el distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú, cuando varias siluetas humanas emergieron de entre las sombras y lo rodearon. Pudo ver el fugaz brillo metálico de las armas, cuando estallaron los fogonazos.

Su hermano Joao Batista lo encontró caído y ya sin vida en el suelo, junto al portón de su casa, junto a varios cartuchos de escopeta y vainillas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros.

Antonio Carlos era un ciudadano de origen brasileño, quien emigró al Paraguay en 1984, cuando tenía solo 13 años de edad, junto a su familia, una de las primeras que se establecieron en un proyecto de colonización impulsada por el agroempresario griego Euthymio Ioannidis, protegido del entonces ministro del Interior de la dictadura stronista, Sabino Montanaro.

El griego y sus socios se habían adueñado ilegalmente de 2.999 hectáreas de tierras que pertenecían a la familia Laterza y la habían vendido a colonos brasileños, pero tras obtener fraudulentamente los títulos de propiedad, las transfirieron a nombre de sus propias empresas y empezaron a perseguir con pistoleros armados a los colonos, iniciando un grave conflicto social.

Antonio Carlos llevaba 30 años viviendo en la colonia, junto a otras 12 familias que se resistieron a abandonar las tierras, a pesar de las presiones y amenazas. Habían integrado la Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo (Covefode), vinculada al Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), desde donde se movilizaban para defender sus derechos, hasta que la noche del 31 de mayo, los asesinos lo silenciaron para siempre, al igual como habían hecho antes con otros dos colonos de Laterza Kue, Almir Brandt Kurtz y Bruno Carlos da Silva.

Aunque se abrió una investigación a nivel judicial, nunca hubo avances significativos para atrapar a los asesinos. El de Antonio Carlos Moreira dos Santos es uno más entre los casos de 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas que fueron asesinados desde la caída de la dictadura y que están consignados en el Informe Chokokue, una minuciosa investigación llevada adelante por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Crímenes que no despiertan indignación

La gran conmoción mediática y la repulsa ciudadana que provocó recientemente el asesinato del periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en Curuguaty, junto con su acompañante Antonia Almada, no se ha sentido de manera similar en otros casos de crímenes atroces, como los consignados en el Informe Chokokue.

"El sector campesino es uno de los más discriminados, junto al de los indígenas. Es difícil despertar la solidaridad de los medios comerciales, cuyos propietarios, en muchos casos, tienen intereses con los dueños de tierras, así como la gente de la ciudad no se siente identificada con la del campo y, muchas veces, tiene una versión distorsionada de la lucha campesina", explica Hugo Valiente, quien coordinó el equipo técnico que investigó lo datos para el Informe Chokokue.

Una primera versión del informe ya se había presentado en 2007, cuando se documentaron 77 ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas desde 1989 hasta el 2005. Ahora, una nueva versión abarca hasta 2013, en que las muertes violentas de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas documentadas suman 115.

"Quizás no hubo la misma indignación en los medios ante los asesinatos de campesinos como en el caso de Pablo Medina, aunque desde la masacre de Curuguaty (junio de 2013) hemos sentido mucho mayor interés de la ciudadanía por lo que está pasando en el campo. Lo de Curuguaty fue un parteaguas importante, ya que la movilización sobre el caso generó una mirada diferente en la población, que cree menos en la versión oficial, por la manera en que se encubrió la responsabilidad del Estado", destaca Hugo Valiente.





El investigador considera como un hecho muy positivo que los medios de comunicación y gran parte de la ciudadanía se hayan mostrado mucho más indignados por el asesinato del periodista Pablo Medina, aunque no cree que esa indignación haga que se pueda vencer la impunidad.

"Es la diferencia que hay entre la indignación ciudadana que existe en México por la masacre de los estudiantes en Iguala, y la indignación que hay en Paraguay por el asesinato de un periodista en Canindeyú. En México esa indignación producirá consecuencias, en el Paraguay probablemente no lo hará", establece.


Víctimas distintas, la misma mafia

Al libro de 180 páginas del Informe Chokokue que la Codehupy entregó en estos días a las Redacciones de los medios de comunicación, acompaña un mapa desplegable del Paraguay, en el cual están ubicados los 115 nombres de los campesinos asesinados, en los respectivos lugares donde fueron acribillados.


El departamento donde más se produjeron las ejecuciones de campesinos es Canindeyú (25 asesinatos), seguido por San Pedro (21), Concepción (16), Caaguazú (15), Alto Paraná (12) y Cordillera (10).

Entre los presidentes de la República, durante cuyos mandatos hubo más asesinatos de campesinos, existe un empate entre Juan Carlos Wasmosy y Luis González Macchi, con 28 víctimas cada uno, seguidos por Nicanor Duarte Frutos (22 asesinatos), Fernando Lugo (9), Andrés Rodríguez (8), Federico Franco (6) y Raúl Cubas (3). El periodo de Horacio Cartes aún no está contabilizado en la investigación.

"Cerca de un 30% de los asesinatos fueron cometidos por policías y militares, pero la gran mayoría por sicarios al mando de los dueños de la tierra. Son matones contratados directamente para asesinar o guardias parapoliciales de estancias, que actúan como un ejército privado de exterminio", destaca Hugo Valiente.

Ante la consulta de si existe relación entre quienes asesinaron al periodista Pablo Medina y a su acompañante Antonia Almada, con quienes ajusticiaron a los dirigentes campesinos, el investigador es enfático: "Sí, quizás no sean las mismas personas que dispararon el gatillo, pero es el mismo poder criminal. Hay una conexión entre los dueños de las tierras, los intereses ligados al agronegocio y el poder político local con el narcotráfico. Es la misma mafia".

Una impunidad generalizada

De los 115 casos de campesinos asesinados, la gran mayoría siguen en la impunidad total, asegura Hugo Valiente.

"Solamente hubo 8 casos que tuvieron algún tipo de investigación judicial y se logró aprehender a algunos de los sicarios. De estos 8 casos, hay uno solo, el de Danilson Acosta Duarte, un niño de 11 años, de la Federación Nacional Campesina, asesinado en Caazapá, que fue ejecutado por un guardia parapolicial, que pudo ser arrestado y condenado a doce años de prisión", explica.

Entre los casos más emblemáticos de impunidad encontrados, el investigador muestra el de Mariano Roque Jara Báez, un dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), asesinado por un sicario que lo acribilló en su propia casa, en la colonia Santa Catalina, distrito de Curuguaty, el 26 de noviembre de 2010.

"Es un caso terrible, que ocurrió unos años antes de la masacre de Curuguaty, en la misma región. En este caso, un sector de la Policía, que al parecer no obedecía a la misma cadena de mando del Ministerio Público, incluso llegó a atrapar al sicario y mantenerlo preso, pero la fiscala Ninfa Aguilar lo liberó inmediatamente y el caso quedó completamente en la impunidad, como la mayoría de los otros casos", indica.

En una de sus conclusiones, el Informe Chokokue afirma: "El Paraguay estará lejos de ser una democracia, mientras los militantes de los excluidos sociales organizados puedan ser sancionados con la seguridad de que esos crímenes quedarán impunes, debido al poder que detentan los victimarios. La misma noción de una comunidad política, cuya unión nacional se fundamenta en la pretendida igualdad entre sus integrantes, se diluye si triunfa la muerte como un recurso válido del quehacer público”.

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