domingo, 6 de agosto de 2017

CONTINÚA EL GENOCIDIO

CONTINÚA EL GENOCIDIO
Por Juan José Oppizzi
La policía de la Provincia de Chubut y la Gendarmería Nacional, con instrucciones expresas de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, procedieron a apalear, perseguir y detener a varios de los pobladores originarios del Pu Lof Cushamen. No conformes con eso, le siguió la quema de sus pertenencias y sus viviendas. Es la segunda vez que ocurre. En enero hubo un atropello similar. En esta ocasión, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, alguien llamado Pablo Nocetti, se apersonó en Esquel para dirigir el procedimiento y para dejar bien en claro que las órdenes provenían de su inmediata superiora y del inmediato superior de ésta, o sea del magnate que ejerce el cargo de Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri Blanco Villegas. Como a la cadena de mandos ejecutores de este despiadado atropello no le bastó con hacer lo que hizo, también empezó a intercambiar información con la vecina República de Chile. Ya dije en una reciente nota que la reunión de los mandatarios de ambos países fue la chispa que inició una andanada (una más) persecutoria contra la comunidad Mapuche. El principal objetivo es la familia del detenido Facundo Jones Huala. Y el principal motivo es que la comunidad ha empezado a organizarse en defensa propia, cosa que para los gobiernos provinciales de (por ahora) Chubut y Neuquén, y nacionales de la República Argentina y de la República de Chile resulta absolutamente intolerable. El funcionario Nocetti se ha golpeado el pecho con resonancias tarzanescas, al tiempo que ha declarado que todo el lío proviene de una misteriosa –y según él terrorífica– entidad aborigen llamada Resistencia Ancestral Mapuche, más atemorizante aún al identificarla por sus siglas: RAM. Con tono de matón esquinero, Nocetti prometió “…detener a todos y cada uno (con detener a todos, creo que ya detendría a cada uno)de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública en flagrancia, cada vez que se produzca algún daño o algún corte de ruta”. El problema es que tuvo que confesar que le “…falta probar quiénes son sus miembros, cómo actúan y quiénes los financian”, y también decir que “…los ataques ocurren en el medio del campo; nos cuesta mucho individualizar a los autores”. Cuesta entender cómo se le puede adjudicar a priori un delito a una persona o a una entidad cuando aún no se sabe quién es el autor, cómo actúa y quién lo financia, salvo que se apunte a prejuzgar maliciosamente.
Lo que ni Pablo Nocetti ni, mucho menos, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón ni Mauricio Macri Blanco Villegas han dicho es que este problema se originó cuando, en fecha reciente, unas extensas parcelas de bosques, montañas y lagos pasaron a las ya abundosas manos de los magnates internacionales Luciano Benetton y Joe Lewis. Y pasaron de una forma casi mágica: en algún caso hubo alguna firma de papeles y en algún otro caso hubo un simple pase de mano, es decir una apropiación de tierras ancestrales sin más derecho que el de las influencias derivadas del poder económico. Pero no basta que aparezcan vistosos títulos de propiedad respaldados por prestigiosas escribanías. Las tierras en cuestión están pobladas desde hace milenios por generaciones y generaciones de hombres y de mujeres que han sufrido y todavía sufren una aniquilación paulatina, cultural y física. Aun guiándonos por las premisas del despreciable capitalismo, su derecho de propiedad estaría dado por la posesión multisecular.
Y aquí vuelvo a dejar constancia de algo que resulta canallesco: el Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y presidido por el Qarashé (“autoridad”) Félix Díaz, otrora combatiente mediático a favor (decía él) de sus pares formoseños y ahora empleado a sueldo del Estado, se mostró particularmente suave con estas barbaridades. Como “autoridad” de aquel Consejo, debería decidir de una vez por todas si forma parte de la lucha de los pueblos originarios o si le da prioridad a otros intereses. En el primer caso, la actitud más digna sería la renuncia al cargo; y en el segundo caso, la más indigna sería la permanencia.

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