Bochornoso Documento sobre uso de plaguicidas distribuido por el Ministerio de Agricultura de la Nación

FUNAM INFORMA

Fundación para la defensa del ambiente

Córdoba (Argentina), 16 de octubre de 2013

FIRMA el PETITORIO

Muy grave:

Documento sobre uso de plaguicidas distribuido por el Ministerio de Agricultura de la Nación promueve criterios que violan normas vigentes

en Argentina y aumentan riesgos sanitarios

En la redacción del documento participaron principalmente cámaras empresariales vinculadas a plaguicidas, colegios de ingenieros agrónomos y organismos públicos de agricultura

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, denunció que el documento pretende reducir al mínimo el ancho de las franjas periurbanas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea

Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Ni siquiera consultaron a áreas de salud y ambiente"

"Es inaceptable que el Estado, que es de todos, favorezca tan descaradamente a las corporaciones productoras de plaguicidas, a quienes los aplican y a los grandes productores de cultivos genéticamente modificados", agregó

FUNAM lanzó un petitorio nacional para hacer que ese documento deje de tener el aval del Ministerio de Agricultura de la Nación y se proteja la salud de las personas y el ambiente, y "no la salud financiera de las grandes corporaciones y de los pool de siembra"

Córdoba (Argentina), 16 de octubre de 2013. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, calificó de "muy grave" la distribución, por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación, de un documento sobre uso de plaguicidas "en el cual se promueven criterios que violan normas vigentes en Argentina".

El documento, presentado en el Parlamento Nacional, fue elaborado principalmente por cámaras empresariales vinculadas a plaguicidas y algunos organismos públicos de agricultura, como SENASA [1]. "Es como encargarle a un grupo de zorros que propongan las medidas para que un gallinero sea más seguro", ironizó FUNAM.

El Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente y premio Nóbel Alternativo, advirtió que el documento "fue claramente elaborado para frenar la creciente aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben la aplicación periurbana de plaguicidas en franjas con anchos superiores a los 500 metros . También es un intento desesperado para evitar que prospere la prohibición total de la aplicación aérea. No es casual que funcionarios de agricultura y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea hace ya cinco años que está prohibida la pulverización aérea de plaguicidas".  

Agregó que la intención implícita en el propio documento "es lograr la aprobación de una ley nacional de presupuestos mínimos que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas pero en franjas insignificantes, así no se perjudica el redituable negocio de los cultivos transgénicos. Lo inaceptable es que fue elaborado con el visto bueno del Estado y difundido desde el Ministerio de Agricultura de la Nación sin que participaran especialistas en salud, ecología y ciencias sociales, y sin darle participación a las ONGs, investigadores independientes y grupos de personas afectadas por el uso de plaguicidas. Fue un trabajo de lobby disfrazado de buena práctica agrícola".  

Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Peor aún, considera solamente a los ingenieros agrónomos como profesionales capacitados para manejar el tema plaguicidas, cuando carecen de formación universitaria para proteger a las personas de las bajas dosis de plaguicidas, y de sus efectos sobre el sistema hormonal, endocrino y reproductivo. Los ingenieros agrónomos han sido capacitados para disminuir la posibilidad de intoxicaciones agudas, no para prevenir la exposición crónica".   

"Es inaceptable que el Estado, que es de todos, favorezca tan descaradamente a las corporaciones productoras de plaguicidas, a quienes aplican esos venenos y a los grandes productores de cultivos genéticamente modificados", agregó. 

Las malintencionadas conclusiones del documento

El Dr. Raúl Montenegro indicó que el trabajo "incluye una desactualizada lista de distancias de protección para algunos países, pero sin analizar las normas vigentes en Argentina. Omite decir, por ejemplo, que la Comunidad Europea prohibió hace cinco años toda aplicación aérea de plaguicidas" (Directiva 2009/128/EC).

"Tras sostener la necesidad de establecer distancias pequeñas, para lo cual menciona por ejemplo a España con sus distancias de seguridad de 20 a 50 metros , el documento llega a la conclusión, sin fundamento alguno, que en Argentina las distancias deben ser de hasta 100 metros para aplicación terrestre, y de hasta 200 metros para aplicación aérea. Pero no conformes con esta reducción, el informe indica que tales distancias 'se podrán reducir' a partir de la evaluación que realice el profesional actuante. De este modo el propio Estado convalida la violación del Principio de Precaución establecido en el Artículo 4° de la ley Nacional de Ambiente 25675", recalcó Montenegro.

Agregó que entre otros errores técnicos graves "el documento solo considera como fuente de plaguicidas la deriva, esto es, los plaguicidas que escapan de su blanco y llegan fuera de los cultivos exponiendo peligrosamente a las personas y el ambiente. Omite mencionar que las partículas de suelo contaminado también llegan a la personas, y que no se puede recetar la aplicación de plaguicidas en un cultivo cualquiera sin saber cuánto plaguicida ya acumula ese terreno como resultado de aplicaciones anteriores. Para el documento, las autoridades de agricultura y los ingenieros agrónomos el suelo empieza de cero cada año, como si no tuviera residuos de plaguicidas acumulados, lo cual es una barbaridad técnica".

"El documento no hace ningún análisis sobre los efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana, los ecosistemas y algunas actividades particularmente afectadas, como la apícola. Peor aún, da a entender, sin siquiera analizar el grave problema de las bajas dosis, que las buenas prácticas evitan riesgos sanitarios y ambientales. Tal omisión es mucho más grave cuando consideramos que las personas que van a ser potencialmente expuestas ya tienen residuos de plaguicidas en sus tejidos, producto de exposiciones anteriores. En el caso de madres embarazadas que tienen residuos de plaguicidas, una parte es transferida por vía sanguínea a sus embriones y fetos. Y en el caso de madres que amamantan, siguen transmitiendo plaguicidas a sus bebés a través de la leche materna".

FUNAM destacó que el documento "tiene una parte en que se tratan con escaso orden varios temas, de 10 páginas, y una larga bibliografía de 20 páginas referida casi exclusivamente a los aspectos tecnológicos de la aplicación de plaguicidas. No hay ninguna referencia sobre los efectos negativos de las bajas dosis de plaguicidas sobre la salud, ni sobre epidemiología en poblaciones expuestas".

"Para completar la improvisación y desatino con que se redactó, el documento incluye un anexo con sugerencias para el uso de 'barreras vivas' y así reducir el efecto negativo de los plaguicidas. Aconseja por ejemplo que tales barreras deberán tener un ancho mínimo de 5 metros , y propone establecerlas a una distancia mínima de 50 metros del perímetro externo del Ejido Municipal'. Más allá de la ignorancia legal-administrativa, pues una municipalidad no tiene jurisdicción 'fuera' de su Ejido, la escueta página dedicada a 'barreras vivas' parece más un panfleto que una propuesta seria".

Peleados, pero no en materia de transgénicos  

Montenegro indicó que "algunas alianzas dejan al descubierto el inmoral doble discurso de los funcionarios. Mientras el gobernador José Manuel de la Sota y la presidenta Cristina de Kirchner se muestran públicamente como enemigos irreconciliables, sus respectivas áreas de agricultura coinciden en apoyar a las grandes corporaciones productoras de plaguicidas, a los aplicadores de veneno y a los grandes productores de soja y maíz transgénicos".

"Presidenta y gobernador no solo coincidieron en abrir las puertas de Argentina y de la ciudad de Malvinas Argentinas en Córdoba para que Monsanto pueda construir allí la más grande acondicionadora de semillas transgénicas del mundo. Los Ministerios de Agricultura de Córdoba y la Nación también suscribieron el documento sobre pautas para la aplicación de plaguicidas distribuido la semana pasada en Buenos Aires".

[1] Instituciones que elaboraron y consensuaron suscribieron el documento que está siendo distribuido desde el gobierno nacional: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (MAGyA) de la provincia de Córdoba, la Comisión Federal Fitosanitaria (CFF), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

Para mayor información contactar a:  

Prof. Dr. Raúl A. Montenegro

Presidente de FUNAM y Profesor Titular de Biología Evolutiva

(Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba)

Teléfono fijo: 03543-422236

Teléfono celular: 0351-155 125637

E-mail: biologomontenegro@gmail.com

Usted recibe este mensaje porque integra la lista de distribución de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM). Si desea ser borrado de la misma, responda este correo con la palabra "baja" en el asunto.

FUNAM
Fundación para la defensa del ambiente
Environment Defense Foundation
Casilla de Correo 83
Correo Central, (5000) Córdoba, Argentina.

FUNAM es una ONG fundada en 1982.
Tiene status consultivo en ECOSOC (Naciones Unidas, Nueva York).
FUNAM es Premio Global 500 de Naciones Unidas (1987).

FUNAM is a NGO created in 1982.
FUNAM has consultative status at ECOSOC (United Nations, New York).Global 500 Award from United Nations (1987).

PETITORIO

El Ministerio de Agricultura de la Nación debe dejar de avalar y distribuír el documento "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas" por ser técnicamente deficiente, por representar más a los intereses corporativos que a la protección de la salud y el ambiente, y por promover criterios que violan normas vigentes

Los gobiernos de la Nación, las provincias y las municipalidades deben alentar una política de Estado participativa y hecha con buena ciencia que le diga sí a la producción sustentable, al cuidado de la salud de las personas, a la protección de los ambientes nativos y a la soberanía alimentaria

Los abajo firmantes, miembros de ONGs, grupos de base, asambleas ciudadanas, autoconvocados, universidades, centros de investigación, otras instituciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas, ciudadanas y ciudadanos, rechazamos enfáticamente el documento elaborado por el Gobierno Nacional desde su Ministerio de Agricultura sobre uso de plaguicidas, habida cuenta que excluyó la participación de numerosos actores institucionales de la ciencia, la técnica, la sociedad civil y las comunidades afectadas.  

Consideramos además inaceptables algunas de sus conclusiones, como la sugerencia de establecer zonas periurbanas libres de aplicación de plaguicidas de hasta 100 metros para aplicación terrestre y de hasta 200 metros para aplicaciones aéreas, lo cual contradice la buena ciencia y el Principio de Precaución (Ley Nacional de Ambiente 25675, Artículo 4°).

Sostenemos que el documento producido agravará los conflictos socio-ambientales por aplicación de plaguicidas, además de aumentar, indirectamente, la morbilidad y la mortalidad de poblaciones expuestas.

Alertamos además, como lo ha denunciado la Cátedra de Biología Evolutiva (Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba) que al creciente uso de plaguicidas químicos -317 millones de kilogramos solamente en 2012- se suma el acumulado en suelo de residuos de plaguicidas utilizados en campañas anteriores, el acumulado en masas de agua y sedimentos de ríos y lagos, y el acumulado en el organismo de personas y otros organismos vivos.

Por otra parte, no se está considerando que las plantas genéticamente modificadas introducen al ambiente las proteínas insecticidas que ellas mismas producen en base a genes incorporados (como el Cry1Ab o el Cry1Ac, Bt), con lo cual las personas, otros organismos vivos y el ambiente reciben la suma de plaguicidas químicos tradicionales y proteínas insecticidas.

Lamentablemente, los plaguicidas no solo afectan la salud de las personas y deterioran la calidad de las aguas, los suelos, el aire y los alimentos, sino que también reducen la biodiversidad de ecosistemas naturales y las poblaciones de especies nativas expuestas, un hecho extremadamente grave en Argentina, donde, solamente a nivel de bosques nativos, ya se destruyó más del 80% de su superficie original. 

Ratificamos asimismo que los Ingenieros Agrónomos –reivindicados en el documento del Ministerio de Agricultura- carecen de formación profesional universitaria para proteger a las personas, al ambiente y a la biodiversidad de los efectos de las bajas dosis de plaguicidas, por cuanto sus carreras no los habilitan para conocer, evaluar y predecir los fenómenos de disrupción endocrina, depleción del sistema inmune, transferencia transgeneracional de residuos de plaguicidas y demás efectos sistémicos, resultado de la exposición de personas y ecosistemas a las citadas bajas dosis de plaguicidas.

Es cada vez más evidente que la masiva contaminación por plaguicidas y residuos de plaguicidas, su almacenamiento en ecosistemas y personas, y sus efectos múltiples sobre la salud humana y la integridad de los ecosistemas supera ampliamente las capacidades de una única profesión para prevenir efectos actuales y futuros.

Por todo lo anterior, además de rechazar la adopción de tal documento por parte del Estado, ratificamos la necesidad de que el gobierno y sus organismos aseguren la práctica de la buena ciencia, la participación de las personas y de las instituciones de la sociedad civil y la necesaria e impostergable necesidad de revisar, sobre una base participativa, la totalidad de los plaguicidas aprobados por el SENASA y la totalidad de los eventos transgénicos aprobados por la CONABIA.

Cuando un organismo nacional como el Ministerio de Agricultura privilegia en sus debates a los principales motores y beneficiarios de modelos de producción de alto impacto negativo, lo que está haciendo en realidad es favorecer y aceptar la contaminación que provocan los plaguicidas químicos y las proteínas insecticidas liberadas al ambiente por las plantas genéticamente modificadas, pero favoreciendo también la pérdida de salud, la mortalidad, la destrucción de ambientes nativos y cuencas hídricas, los desmontes, la merma acelerada de biodiversidad nativa, la exportación al exterior de nutrientes que no se renuevan y de agua virtual, y la pérdida de soberanía alimentaria.

Ratificamos asimismo que en Argentina debe formularse y aprobarse una ley nacional que establezca la obligatoriedad de realizar en forma continua y con base geográfica los registros de morbilidad y mortalidad por todas las causas, y que los resultados deben ser permanentemente expuestos en páginas Web. Al mismo tiempo, y dada la inclusión del mal de Parkinson en el listado de las enfermedades laborales asociadas a plaguicidas que reconoce Francia (Decreto 2012-665 del 4 de Mayo de 2012), al cual se agregaría el Linfoma Maligno no Hodgkins, también asociado a plaguicidas (Corte de Seguridad Social de Vaucluse, Francia, 11 de Abril de 2013), urge que Argentina tenga un listado actualizado de enfermedades laborales asociadas a plaguicidas.   

Convocamos al Ministerio de Agricultura de la Nación, y a los organismos que participaron de su convocatoria, a dejar sin efecto el mencionado documento, y se proceda a un mecanismo abierto, democrático y científicamente impecable de consulta que pueda producir guías y sugerencias de producción basadas en sustentabilidad real, mínimo impacto sanitario y ambiental y sobre todo, en el necesario respeto por las personas que ya han enfermado y muerto debido al uso indiscriminado de plaguicidas.

De lo contrario, si el Ministerio y los acompañantes de su iniciativa persisten en hacer pasar por técnico un informe sesgado, incompleto y hecho sin buena ciencia y sin suficiente participación, asumiremos que los únicos objetivos que se perseguían era aumentar las ganancias de quienes usan a la Argentina y a su gente como país de descarte, incrementar las ganancias por retenciones que obtiene el gobierno nacional, y tratar de frenar, con mala ciencia y sin participación, los crecientes conflictos socio-ambientales por uso de plaguicidas, la irrefrenable definición de zonas de no aplicación de plaguicidas y el enjuiciamiento de productores, ingenieros agrónomos y funcionarios públicos.

Del Estado depende ahora enmendar sus actos, abriendo una instancia de autocrítica y diálogo, o ratificar que la salud económica de Monsanto, de Syngenta, de Bayer y de las otras corporaciones internacionales, y del actual modelo extractivo, son más importantes que la salud de los niños, de las mujeres embarazadas y de los adultos expuestos a plaguicidas.

Finalmente, además de ratificar el escaso nivel técnico del documento "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas", exigimos que el Ministerio de Agricultura de la Nación cese su distribución y formalice la quita de su aval al citado informe.

Consideramos que los gobiernos de la Nación, de las provincias y de las municipalidades deben alentar la formulación de una política de Estado participativa y hecha con buena ciencia que promueva la producción sustentable (no la salud financiera de Monsanto, Syngenta y otras corporaciones), el cuidado de la salud de las personas (no su contaminación por plaguicidas), la protección de los ambientes nativos y las culturas campesinas (contra el desmonte y la expulsión de tenedores ancestrales) y la soberanía alimentaria (no la dedicación de la mayor parte del territorio nacional al cultivo hegemónico de especies transgénicas para exportación)

Siguen firmas, cada una acompañada de nombre y apellido, tipo y número de documento, institución a la que pertenece si corresponde, y lugar de residencia.