Petitorio: El Ministerio de Agricultura de la Nación debe dejar de avalar y distribuír el documento "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas"

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El Ministerio de Agricultura de la Nación debe dejar de avalar y distribuír el documento "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas" por ser técnicamente deficiente, por representar más a los intereses corporativos que a la protección de la salud y el ambiente, y por promover criterios que violan normas vigentes

Los gobiernos de la Nación, las provincias y las municipalidades deben alentar una política de Estado participativa y hecha con buena ciencia que le diga sí a la producción sustentable, al cuidado de la salud de las personas, a la protección de los ambientes nativos y a la soberanía alimentaria

Los abajo firmantes, miembros de ONGs, grupos de base, asambleas ciudadanas, autoconvocados, universidades, centros de investigación, otras instituciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas, ciudadanas y ciudadanos, rechazamos enfáticamente el documento elaborado por el Gobierno Nacional desde su Ministerio de Agricultura sobre uso de plaguicidas, habida cuenta que excluyó la participación de numerosos actores institucionales de la ciencia, la técnica, la sociedad civil y las comunidades afectadas.  

Consideramos además inaceptables algunas de sus conclusiones, como la sugerencia de establecer zonas periurbanas libres de aplicación de plaguicidas de hasta 100 metros para aplicación terrestre y de hasta 200 metros para aplicaciones aéreas, lo cual contradice la buena ciencia y el Principio de Precaución (Ley Nacional de Ambiente 25675, Artículo 4°).

Sostenemos que el documento producido agravará los conflictos socio-ambientales por aplicación de plaguicidas, además de aumentar, indirectamente, la morbilidad y la mortalidad de poblaciones expuestas.

Alertamos además, como lo ha denunciado la Cátedra de Biología Evolutiva (Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba) que al creciente uso de plaguicidas químicos -317 millones de kilogramos solamente en 2012- se suma el acumulado en suelo de residuos de plaguicidas utilizados en campañas anteriores, el acumulado en masas de agua y sedimentos de ríos y lagos, y el acumulado en el organismo de personas y otros organismos vivos.

Por otra parte, no se está considerando que las plantas genéticamente modificadas introducen al ambiente las proteínas insecticidas que ellas mismas producen en base a genes incorporados (como el Cry1Ab o el Cry1Ac, Bt), con lo cual las personas, otros organismos vivos y el ambiente reciben la suma de plaguicidas químicos tradicionales y proteínas insecticidas.

Lamentablemente, los plaguicidas no solo afectan la salud de las personas y deterioran la calidad de las aguas, los suelos, el aire y los alimentos, sino que también reducen la biodiversidad de ecosistemas naturales y las poblaciones de especies nativas expuestas, un hecho extremadamente grave en Argentina, donde, solamente a nivel de bosques nativos, ya se destruyó más del 80% de su superficie original. 

Ratificamos asimismo que los Ingenieros Agrónomos –reivindicados en el documento del Ministerio de Agricultura- carecen de formación profesional universitaria para proteger a las personas, al ambiente y a la biodiversidad de los efectos de las bajas dosis de plaguicidas, por cuanto sus carreras no los habilitan para conocer, evaluar y predecir los fenómenos de disrupción endocrina, depleción del sistema inmune, transferencia transgeneracional de residuos de plaguicidas y demás efectos sistémicos, resultado de la exposición de personas y ecosistemas a las citadas bajas dosis de plaguicidas.

Es cada vez más evidente que la masiva contaminación por plaguicidas y residuos de plaguicidas, su almacenamiento en ecosistemas y personas, y sus efectos múltiples sobre la salud humana y la integridad de los ecosistemas supera ampliamente las capacidades de una única profesión para prevenir efectos actuales y futuros.

Por todo lo anterior, además de rechazar la adopción de tal documento por parte del Estado, ratificamos la necesidad de que el gobierno y sus organismos aseguren la práctica de la buena ciencia, la participación de las personas y de las instituciones de la sociedad civil y la necesaria e impostergable necesidad de revisar, sobre una base participativa, la totalidad de los plaguicidas aprobados por el SENASA y la totalidad de los eventos transgénicos aprobados por la CONABIA.

Cuando un organismo nacional como el Ministerio de Agricultura privilegia en sus debates a los principales motores y beneficiarios de modelos de producción de alto impacto negativo, lo que está haciendo en realidad es favorecer y aceptar la contaminación que provocan los plaguicidas químicos y las proteínas insecticidas liberadas al ambiente por las plantas genéticamente modificadas, pero favoreciendo también la pérdida de salud, la mortalidad, la destrucción de ambientes nativos y cuencas hídricas, los desmontes, la merma acelerada de biodiversidad nativa, la exportación al exterior de nutrientes que no se renuevan y de agua virtual, y la pérdida de soberanía alimentaria.

Ratificamos asimismo que en Argentina debe formularse y aprobarse una ley nacional que establezca la obligatoriedad de realizar en forma continua y con base geográfica los registros de morbilidad y mortalidad por todas las causas, y que los resultados deben ser permanentemente expuestos en páginas Web. Al mismo tiempo, y dada la inclusión del mal de Parkinson en el listado de las enfermedades laborales asociadas a plaguicidas que reconoce Francia (Decreto 2012-665 del 4 de Mayo de 2012), al cual se agregaría el Linfoma Maligno no Hodgkins, también asociado a plaguicidas (Corte de Seguridad Social de Vaucluse, Francia, 11 de Abril de 2013), urge que Argentina tenga un listado actualizado de enfermedades laborales asociadas a plaguicidas.   

Convocamos al Ministerio de Agricultura de la Nación, y a los organismos que participaron de su convocatoria, a dejar sin efecto el mencionado documento, y se proceda a un mecanismo abierto, democrático y científicamente impecable de consulta que pueda producir guías y sugerencias de producción basadas en sustentabilidad real, mínimo impacto sanitario y ambiental y sobre todo, en el necesario respeto por las personas que ya han enfermado y muerto debido al uso indiscriminado de plaguicidas.

De lo contrario, si el Ministerio y los acompañantes de su iniciativa persisten en hacer pasar por técnico un informe sesgado, incompleto y hecho sin buena ciencia y sin suficiente participación, asumiremos que los únicos objetivos que se perseguían era aumentar las ganancias de quienes usan a la Argentina y a su gente como país de descarte, incrementar las ganancias por retenciones que obtiene el gobierno nacional, y tratar de frenar, con mala ciencia y sin participación, los crecientes conflictos socio-ambientales por uso de plaguicidas, la irrefrenable definición de zonas de no aplicación de plaguicidas y el enjuiciamiento de productores, ingenieros agrónomos y funcionarios públicos.

Del Estado depende ahora enmendar sus actos, abriendo una instancia de autocrítica y diálogo, o ratificar que la salud económica de Monsanto, de Syngenta, de Bayer y de las otras corporaciones internacionales, y del actual modelo extractivo, son más importantes que la salud de los niños, de las mujeres embarazadas y de los adultos expuestos a plaguicidas.

Finalmente, además de ratificar el escaso nivel técnico del documento "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas", exigimos que el Ministerio de Agricultura de la Nación cese su distribución y formalice la quita de su aval al citado informe.

Consideramos que los gobiernos de la Nación, de las provincias y de las municipalidades deben alentar la formulación de una política de Estado participativa y hecha con buena ciencia que promueva la producción sustentable (no la salud financiera de Monsanto, Syngenta y otras corporaciones), el cuidado de la salud de las personas (no su contaminación por plaguicidas), la protección de los ambientes nativos y las culturas campesinas (contra el desmonte y la expulsión de tenedores ancestrales) y la soberanía alimentaria (no la dedicación de la mayor parte del territorio nacional al cultivo hegemónico de especies transgénicas para exportación)

Siguen firmas, cada una acompañada de nombre y apellido, tipo y número de documento, institución a la que pertenece si corresponde, y lugar de residencia.