El decreto Nº 27/2018, firmado por Macri y todo su Gabinete –como corresponde en cada DNU– deroga una decena de leyes y realiza modificaciones en puertos, aviación, patentes, bienes del Estado, licitaciones, energía y seguros, entre otros, pero además modifica la “normativa penal, procesal penal y tributaria, (acciones) que le están expresamente vedadas al Poder Ejecutivo Nacional, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional)”, sentenció Barcesat.
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